Graciela Garcia Ocadiz

Expediente 689/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
689/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Graciela Garcia Ocadiz
  • Sandra Astorga Garcia
  • GRACIELA GARCIA OCADIZ y Otros.
  • SANDRA ASTORGA GARCIA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 51199/2021, recibido vía interconexión y signado por el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual transcribe el proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 1000/2021 de su índice; en atención a su contenido y como lo solicita el homologo Federal, se hace de su conocimiento que, mediante proveído de once de noviembre pasado, se ordenó notificar a la tercera interesada Martha Patricia Vargas Pérez la determinación contenida en auto de dieciocho de octubre del año en curso, en los términos solicitados por dicho juzgador. Asimismo, por oficio 1107 del índice de este Juzgado de la misma fecha, se remitieron los acuerdos y notificaciones respectivas, el cual fue recibido por ese órgano jurisdiccional el dieciséis del presente mes y año. Notifíquese por oficio vía interconexión al Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercera interesada (esta última en cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece de septiembre del año en curso)... y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil veintiuno. Visto, el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de veinte de octubre pasado, se recibió el oficio 46892/2021, proveniente del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien solicitó se notificara a la tercera interesada Martha Patricia Vargas Pérez la determinación contenida en dicho auto -dieciocho de octubre del año en curso-, haciéndole que cuenta con el plazo de tres días, para señalar domicilio en el municipio de Puebla, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes se le realizarían por medio de lista. Ahora bien, tomando en consideración que únicamente se notificó dicho auto por lista a las partes, sin que le informara el plazo antes citado a la tercera interesada de referencia; por tanto, hágase del conocimiento la tercera interesada citada, que en el juicio de amparo 1000/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cuenta con el plazo de tres días, siguientes a aquel en que surta efectos la presente notificación, para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Puebla, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes se le realizarán por lista, aun las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, mediante atento oficio remítasele al Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, copia certificada del auto de veinte de octubre y del presente proveído con las constancias de notificación respectivas. Notifíquese por lista a la tercera interesada Martha Patricia Vargas Pérez, el presente proveído y por oficio al Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.

  4. Principal

    A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan la demanda de amparo promovida por Graciela García Ocadiz y Sandra Astorga García; autos admisorio y el de separación de juicios de ocho de octubre de dos mil veintiuno, emitidos por este juzgado en el juicio de amparo en que se actúa, informe justificado de la autoridad responsable, y auto por el cual se señala día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Así mismo, la secretaria certifica que transcurrió el plazo de ocho días para que las partes se impusieran del contenido del informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas en autos: I. Por parte de la autoridad responsable 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la documental, consistente en: -Copia certificada de diversas constancias que derivan del toca penal 132/2021, de su índice (fojas 177 a 194). Documental, agregada al presente controvertido constitucional, mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 195 y 196). II. Las recabadas por este juzgado en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, consistentes en: -Copia certificada actuaciones que obran en el citado toca de apelación -132/2021-, de la 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, las cuales se encuentra integradas al presente expediente de las fojas 313 a 327. Documental, agregada al presente controvertido constitucional, mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno (foja 328). Enseguida, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relatadas por la secretaria, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no ejercieron su derecho de formularlos, ni el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento alguno. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos; con lo que se da por concluido el periodo de referencia. Enseguida, al no existir escrito u oficio pendiente por acordar ni diligencia por practicar, concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, el suscrito Juez de Distrito dicta, S E N T E N C I A : V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 689/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, promovido por Graciela García Ocadiz y Sandra Astorga García, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintiuno (fojas 2 a 13), ante buzón judicial y remitido el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Graciela García Ocadiz y Sandra Astorga García, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo son las siguientes, en calidad de ORDENADORAS Y EJECUTORAS: A.- LOS CC. MAGISTRADOS DE LA PRIMERA SALA EN MATERIA PENAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO. Con domicilio oficial en Ciudad Judicial. B.- LOS CC. MAGISTRADOS DE LA SEGUNDA SALA EN MATERIA PENAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO. Con domicilio oficial en Ciudad Judicial. C.- LOS CC. MAGISTRADOS DE LA TERCERA SALA EN MATERIA PENAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO. Con domicilio oficial en Ciudad Judicial. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades señaladas reclamo: LA ILEGAL OMISIÓN DE ADMITIR, TRAMITAR Y RESOLVER LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LAS SUSCRITAS, EN CONTRA DE LOS AUTOS DE FECHAS 1 Y 7 DE ABRIL DE 2021, QUE CONCEDEN LA LIBERTAD BAJO CAUCIÓN DE LOS PROCESADOS SALVADOR GONZÁLEZ VARGAS, MARÍA TERESA MARTÍNEZ GARAY Y MARÍA DE LOURDES GARAY ALVARADO, Y EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021, DICTADA EN CONTRA DE MARTHA PATRICIA VARGAS PÉREZ, EN EL PROCESO 46/2017, DE LOS DEL JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, EN EL QUE TENEMOS EL CARÁCTER DE VÍCTIMAS, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LAS RESPONSABLES." (Fojas 2 y 3). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 1, 17 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Radicación de la demanda, admisión y separación de juicios. Demanda de amparo y admisión. Por auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno (fojas 14 a 20), se radicó la demanda con el juicio de amparo indirecto número 689/2021, se admitió a trámite, sin incidente de suspensión, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento de la autoridad tercera interesada, así como, de la parte tercera interesada, y se le dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 24). Separación de autos Mediante acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno (fojas 331 a 334), se determinó procedente la separación de juicios, por lo que ordenó remitir copias certificadas del expediente en que se actúa -689/2021- a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para el turno y trámite de los juicios separados. Además, se determinó conocer únicamente de la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la omisión de admitir, tramitar y resolver el recurso de apelación interpuesto por las quejosas 1. Graciela García Ocadiz y 2. Sandra Astorga García, contra el auto de uno de abril de dos mil veintiuno -por el que se concedió la libertad bajo caución a la procesada María de Lourdes Garay Alvarado-, derivado de la causa penal 46/2017 del índice del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, del que conoce la 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en los autos del toca penal 132/2021. Tercero. Parte tercera interesada. El veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se tuvo como autoridad tercera interesada al agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, quien fue emplazado al presente controvertido en la misma data (foja 78), y no compareció. Y, el treinta y uno de agosto siguiente se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada María de Lourdes Garay Alvarado, quien fue emplazada el dos de septiembre del año en curso (foja 152), y no compareció al presente juicio. Cuarto. Cita para audiencia constitucional. Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 267 y 268), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad penal con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, así como de la revisión del informe justificado y del diverso complementario, se advierte que las quejosas 1. Graciela García Ocadiz y 2. Sandra Astorga García, esencialmente reclaman: De la 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca penal 132/2021, de su índice, lo siguiente: La omisión de admitir, tramitar y resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto de uno de abril de dos mil veintiuno -por el que se concedió el beneficio de la libertad bajo caución a la procesada María de Lourdes Garay Alvarado-, derivado de la causa penal 46/2017 del índice del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La autoridad responsable 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla negó la existencia del acto reclamado (foja 292). Ahora bien, de las constancias que remitió con apoyo a su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierte: El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la sala responsable radicó el recurso de apelación hecho valer por las quejosas en contra del auto de uno de abril de la misma anualidad, bajo el toca de apelación 132/2021, de su índice y entre otras cosas, señaló las diez horas con cuarenta minutos del catorce de septiembre siguiente para el desahogo de la audiencia de vista (fojas 294 a 297). Asimismo, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -catorce de julio de dos mil veintiuno-, esa autoridad de apelación no había resuelto dicho medio de impugnación; por tanto, se desvirtúa dicha negativa y se tiene por cierto el acto reclamado Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido que se transcriben: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Cuarto. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso, al ser los actos reclamados de naturaleza omisiva, se traducen en la abstención de actuar por parte de las autoridades responsables, lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica del quejoso; de ahí que no se consuma en un sólo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, pues sus efectos son de tracto sucesivo por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata; razón por la cual en esta clase de actos no corre el término genérico de quince días para promover el sumario constitucional, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, al tratarse de actos omisivos que crean una situación permanente mientras se subsana, puede reclamarse en cualquier tiempo. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." Quinto. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para poder analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica que obliga a indagar, previo al estudio de fondo, si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, esta autoridad federal advierte, de oficio, que respecto de la omisión reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que 1. Graciela García Ocadiz y 2. Sandra Astorga García, reclaman de la 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca penal 132/2021, de su índice, lo siguiente: La omisión de admitir, tramitar y resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto de uno de abril de dos mil veintiuno -por el cual concedió el beneficio de la libertad bajo caución a la procesada María de Lourdes Garay Alvarado-, derivado de la causa penal 46/2017 del índice del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla. En ese sentido, de las constancias que remitió la responsable 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, se advierte en lo que interesa, lo siguiente: 1. El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la sala responsable radicó el recurso de apelación hecho valer por las quejosas en contra del auto de uno de abril de la misma anualidad, y entre otras cosas, señaló las diez horas con cuarenta minutos del catorce de septiembre siguiente para el desahogo de la audiencia de vista (fojas 294 a 297). 2. El quince de septiembre del año en curso, la responsable resolvió dicho medio de impugnación, cuyo resolutivo es del tenor siguiente: "(.) ÚNICO. Se CONFIRMA el auto de primer grado que dio a esa alzada, dictado el 1 uno de abril de 2021 dos mil veintiuno, dentro del proceso 46/2017, por el juez penal del distrito judicial de Huejotzingo" (fojas 298 a 307). 3. Resolución que notificó a la parte apelante, aquí quejosas, el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico señalado para tal efecto, del que incluso acusaron de recibo correspondiente (fojas 325 y 326). De lo anterior, se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la responsable atendió el recurso de apelación hecho valer por las quejosas, pues lo admitió a trámite, y el quince de septiembre siguiente resolvió dicho medio de impugnación, notificando a las recurrentes el veintisiete de septiembre siguiente. Por tanto, resulta evidente que se han destruido todos los efectos de la omisión reclamada por 1. Graciela García Ocadiz y 2. Sandra Astorga García, en forma total e incondicional, como si se le hubiere otorgado el amparo, es decir, como si la mencionada omisión no hubiera dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal se sobresee en la presente contienda constitucional. Atento a lo anterior, este Juzgador se encuentra imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación respeto del acto reclamado en estudio, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Sexto. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por 1. Graciela García Ocadiz y 2. Sandra Astorga García, contra el acto reclamado a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, precisado en el considerando tercero y por las razones expuestas en el diverso quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando sexto. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercera interesada (esta última en cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece de septiembre del año en curso), debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020- y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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