Gonzalo Muñoz Centeno
Expediente 1490/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1490/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gonzalo Muñoz Centeno
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente Gonzalo Muñoz Centeno interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual, se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo, la misma se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; por lo tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1490/2016-III-D. Así pues, debe señalarse que de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Gonzalo Muñoz Centeno, reclama a la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla el acto siguiente: "A)-. DEL CIUDADANO JUEZ SÉPTIMO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, RECLAMO LA NEGATIVA AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL GARANTICE MI LIBERTAD PERSONAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROCESALES DENTRO DE LOS AUTOS DEL PROCESO NUMERO 269/2010 DE LOS DEL ÍNDICE DE ESE JUZGADO, NEGATIVA QUE SE ENCUENTRA EN UN TOTAL ESTADO DE ILEGALIDAD YA QUE EL PROCESO BAJO EL CUAL OTORGUE LA CAUCIÓN DE CUARENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, HA SIDO RESERVADO POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR UN PLAZO DE UN AÑO, DEBIDO A QUE ME FUE OTORGADO EL PERDÓN A MI FAVOR POR PARTE DE LAS AGRAVIADAS, DÁNDOSE COMO PAGADAS EN LA RESERVARSE NINGUNA ACCIÓN PENAL O CIVIL. 1.- LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, DE LOS CUALES DE MANERA ENUNCIATIVA, Y NO LIMITATIVA, LOS HAGO CONSISTIR, EN LA IMPOSIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE DEVOLVER EL DINERO QUE EXHIBÍ COMO CAUCIÓN DENTRO DEL PROCESO 269/2010 POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, VULNERANDO EL ARTICULO 1° DE NUESTRA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (.)" Así pues, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza respecto del acto reclamado indicado, pues se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. El artículo referido dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, siempre y cuando el quejoso no sea tercero extraño al juicio natural. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Ahora bien, la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar el auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del proceso penal 269/2010 del índice del Juzgado Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, que niega la devolución de los montos referentes a la caución ofrecida en dicho proceso penal con la cual garantizó la libertad provisional bajo caución concedida; sin embargo, tal determinación es susceptible de ser impugnada a través del recurso de revocación a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que dispone lo siguiente: Artículo 267.- El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación. En efecto, se aprecia que el recurso de revocación resulta procedente en contra de las resoluciones que no concedan el recurso de apelación, por lo que, al no encuadrar el acto reclamado en ninguno de los supuestos que alude el artículo 273 del citado ordenamiento, que prevé la procedencia del recurso de apelación, se concluye que es el recurso de revocación el procedente en el presente caso, al ser un auto de mero trámite, que el mismo juzgador que la dictó deba examinar nuevamente la cuestión para el efecto de confirmar, modificar o dejar sin efectos y dictar la resolución que corresponda. Lo anterior es así, ya que al accionante de amparo le reviste el carácter de parte en el proceso de origen, por ser el procesado, lo que implica que se encuentra haciendo valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio y, en razón de ello estuvo en aptitud de interponer el medio de impugnación referido en contra del auto que hoy reclama. Bajo ese contexto, se colige que el promovente se encontraba obligado a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de revocación que prevé el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla y, al no haberlo hecho, no se respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de modo que respecto del acto que reclama en la presente instancia, se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Al respecto, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, resulta aplicable al caso la siguiente jurisprudencia VI.1o.P. J/47 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito cuyo rubro y texto son: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye un auto de trámite y/o su correspondiente notificación durante la secuela procesal, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dichos actos pueden ser modificados, revocados o nulificados; respecto del primero, mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, en relación con el segundo, mediante el incidente de nulidad de notificación contemplado en los diversos artículos 46, fracción XIV y 349 del mismo ordenamiento legal; medios de impugnación ordinarios que deben agotarse previamente al intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. Por lo expuesto, se insiste que el acto que en esta vía se combate debió ser impugnado a través del medio de impugnación antes referido, tomando en cuenta que el acto reclamado no se trata de alguno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, la parte inconforme es parte en el proceso penal de la que deriva el acto reclamado, tal como lo manifiesta en el escrito de demanda de amparo que se analiza y, por consiguiente, no le asiste el carácter de tercero extraño al procedimiento. Consecuentemente, en el caso es dable afirmar que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.3o.C. J/62 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de amparo; y, por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las persona que indica por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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