Gonzalo Levi Obregón

Expediente 647/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
647/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Gonzalo Levi Obregón

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual anexa copia de la resolución pronunciada en el recurso de queja número 138/2020, de fecha diecinueve de noviembre del año próximo pasado, cuyo punto resolutivo dispone: ".ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por... por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada en contra del auto dictado el treinta de septiembre de dos mil veinte por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, en el juicio de amparo indirecto 647/2020". Acúsese recibo a la Superioridad, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    Agréguese el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el cual acusa recibo del recurso de queja promovido por la parte quejosa e informa que lo admitió con el número 138/2020, de lo cual se toma conocimiento.

  3. Principal

    Agréguese el escrito del quejoso ... por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales G.M.O.S, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de desechamiento de treinta de septiembre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, y en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del medio de impugnación hecho valer, ríndase el informe correspondiente expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de treinta de septiembre de esta anualidad, al que se acompañará el original y copia del escrito de agravios, así como copia certificada de todo lo actuado.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio signado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, con el cual remite digitalizadas las constancias del expediente 556/2020 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Gonzalo Levi Obregón, por propio derecho, y en representación de su menor hijo de iniciales G.M.O.S, contra actos del Juez Sexto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, toda vez que mediante proveído de tres de septiembre del año en curso, declinó el conocimiento del asunto por razón de turno a favor de este órgano de control constitucional, toda vez que el acto reclamado en dicha demanda está vinculado con los actos que fueron materia del diverso juicio de amparo 395/2020-IV del índice de este juzgado Federal. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO Ahora bien, tomando en consideración que la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ya realizó el cargo respectivo en el turno de demandas, este órgano federal acepta el conocimiento previo de la demanda promovida por Gonzalo Levi Obregón Salinas, por propio derecho, y en representación de su menor hijo de iniciales G.M.O.S, al estimarse que se actualizan los supuestos establecidos en los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis; acúsese recibo al homólogo federal. ANOTACIÓN Vista la demanda promovida por Gonzalo Levi Obregón Salinas, por propio derecho, y en representación de su menor hijo de iniciales G.M.O.S, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 647/2020-IV. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable: "Lo constituye el informe justificado, identificado con el número de oficio 1205/2020, rendido por el Juez Sexto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, del Poder Judicial del Estado de México, con fundamento en el artículo 111 fracción II) y párrafo segundo, toda vez que bajo protesta de decir verdad, el suscrito no tuve oportunidad para ampliar, dentro del 395/2020, radicado ante el C. Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, ya que fue sobreseído." DESECHAMIENTO En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que disponen los diversos numerales 1°, fracción I 2 y 5° fracción II 3 de la ley citada. Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos legales antes reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos u omisiones que no provienen de una autoridad, entendiéndose por ésta lo conceptualizado en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Aquello es así, porque el preindicado artículo 1° del citado ordenamiento legal, precisa que el juicio constitucional procede, entre otros supuestos, contra actos u omisiones de autoridad; de ahí que, lo anterior -interpretado a contrario sensu- se reduce al hecho de que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos u omisiones que no provengan de una autoridad; por tanto, el artículo 5°, fracción II, que define quién tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, y la fracción XXIII del artículo 61, del mencionado ordenamiento jurídico, que refiere la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien de la propia Ley de Amparo, resulta incuestionable que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclaman actos u omisiones que no son considerados de autoridad para efectos de aquél. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable, para efectos del juicio constitucional, es aquella que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, que omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas; asimismo, los particulares tienen calidad de autoridad responsable, cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad que afectan derechos fundamentales, cuyas funciones están determinadas por una norma general. En abundamiento, es conveniente citar que la palabra "autoridad" proviene del vocablo "auctoritate", cuyo significado se traduce al derecho o poder de mandar, regir y/o gobernar, en otras palabras, es el poder de imponer obediencia. Con motivo de lo anterior, el concepto de autoridad se entendía como la capacidad de utilizar la fuerza pública para interponer determinaciones unilaterales; sin embargo, esa definición se ha ido ampliando a través del tiempo, debido al nacimiento de autoridades administrativas y a la complejidad de las relaciones jurídicas entre éstas y los particulares. Ahora, de los artículos invocados con antelación se desprende, por un lado, que el juicio de amparo es procedente, únicamente, respecto de actos de autoridad que violen derechos humanos y, por otro, que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado El acto reclamado, por regla general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo el rasgo distintivo del acto de autoridad la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico, ocasionando un agravio que puede provenir de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser unilateral, imperativo y coercitivo. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo el acto reclamado debe consistir en un acto de autoridad en el que concurran los siguientes elementos: a) Unilateralidad, esto es que no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita. b) Imperatividad que significa que la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes. c) Coercitividad que implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado. Así las cosas, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, y precisarse que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Ahora bien, debe destacarse que, en la especie, el promovente de amparo reclama el informe justificado rendido por Juez Sexto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, dentro del juicio de amparo 395/2020, del índice estadístico de este Juzgado de Distrito; circunstancia que evidencia que tal acto no emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo; por tanto, no puede considerarse como un acto de autoridad. Para demostrar lo anterior, es menester considerar el contenido normativo de los preceptos 115, 116, 117 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión. (.) Artículo 116. Al pedirse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado al requerir el informe previo. (.) Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. (.) Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que: No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esta Ley;" Como se puede advertir, la rendición del informe justificado, no es una conducta emitida voluntaria e unilateralmente por la autoridad, sino que se trata de una obligación que le es impuesta al reconocérsele el carácter de responsable en los juicios de amparo; obligación que incluso, de no ser acatada en sus términos, acarrea consecuencias perniciosas para la propia autoridad, no solo porque se puede presumir la certeza de los actos que se le atribuyen en los juicios de amparo, sino además, porque la omisión de su rendición actualiza una conducta sancionable a través de la imposición de una multa, misma que debe ser solventada con el peculio de la persona física titular de la autoridad requerida. De igual forma, la rendición del informe justificado, tiene el propósito de exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo, y en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; en síntesis, se trata de una conducta justificatoria del acto u actos que se le atribuyen a las autoridades a través del juicio constitucional, que nace no de la unilateralidad de las facultades de imperio de la autoridad, sino de un mandato jurisdiccional. Así pues, se puede concluir que los informes justificados derivan de un mandato judicial bajo los apercibimientos respectivos, y se emiten por las autoridades en un procedimiento jurisdiccional (juicio de amparo) en el que no actúan en una relación de supra a subordinación respecto de los quejosos, sino en un plano de coordinación para con éstos, y en una relación de subordinación frente al juzgador constitucional, al igual que los peticionarios de la Justicia Federal. De esta manera, es inconcuso que la rendición de los informes justificados, no implica una facultad discrecional o potestativa y unilateral de las autoridades, sino un deber procesal cuya inobservancia genera consecuencias perniciosas para aquéllos, al implicar directamente el desacato de una orden jurisdiccional; razón por la que, como se expuso al inicio de la presente argumentación, se puede afirmar que los informes justificados no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es aplicable la tesis aislada XXVII.3o.75 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1734 del Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, con número de registro 2008968, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos. En relación con esto, su artículo 5o., fracción II, refiere que, con independencia de su naturaleza formal, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse tendría esos mismos efectos. La creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados; siendo éstas las de subordinación, supraordinación y coordinación, y conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues sólo desde esa posición sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otro lado, de los artículos 115 a 118 de la propia ley, se deduce que el informe justificado es un documento que el ente señalado como responsable rinde en el juicio de amparo en cumplimiento de un mandato del Juez de control constitucional, y mediante él, se remiten constancias y se hacen manifestaciones relacionadas con la certeza del acto reclamado, su legalidad o constitucionalidad, su fundamento, y determinados datos en amparo en materia agraria. Así, dicho informe es un acto que se da en un proceso en el cual quien lo emite tiene el carácter de parte, sujeta a una relación de subordinación frente al Juez, y de coordinación frente a su contraparte, generalmente el quejoso. Y si bien su rendición se da en el marco de una norma, ésta no lo traduce en una facultad, sino en un "deber procesal" que, de incumplirse, por regla general, hace que se presuma cierto el acto reclamado e, incluso, que se sancione a la obligada, en términos del artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Consecuentemente, el informe justificado no es un acto que se verifique en una relación de supra a subordinación de su emisor frente a otros sujetos; luego, no es un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, como lo solicita se ordena realizarle todo tipo de notificaciones vía electrónica por conducto del usuario "Dr.GonzaloLevi". Asimismo, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo al usuario "Dr.GonzaloLevi"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Téngase como correo electrónico el que indica a fin de que este Juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Se tienen por autorizadas a las personas que se mencionan en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de lo de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales en este juicio. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; así como a los Secretarios y Actuarios, a supervisar y dar fe de que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, asimismo en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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