Gonzalo Irving Barrera Hernández y Otros.

Expediente 779/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 33 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
779/2023
Año
2023
Actuaciones
33
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Gonzalo Irving Barrera Hernández y Otros.
  • Josué Gutiérrez Rodríguez y Otros.
  • Luis Humberto Burgueño Paz y Otros.
  • Carlos Cristóbal Rubio Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio con evidencia criptográfica del Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el que informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la 5. Junta de Gobierno y de la 6. Dirección General, ambos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) a través de la Subdirectora de Procesos Judiciales de dicho consejo, contra la interlocutoria de seis de octubre del año en curso; el cual quedó radicado con el número 513/2023, y por estar relacionado con el diverso 442/2023 lo turnó a la misma ponencia; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio con evidencia criptográfica de la Subdirectora de Procesos Judiciales, como delegada de las autoridades responsables 5. Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y 6. Dirección General del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT); atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la suspensión definitiva de seis de octubre de dos mil veintitrés. En ese tenor, desde este momento solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que se integre debidamente este expediente, sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, oficio con el escrito de expresión de agravios y boleta de turno de manera digitalizada. En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario a fin de que esté en posibilidades de substanciar el recurso en cuestión; por tanto, una vez que se cuente con dicha papeleta de turno relativa al medio de impugnación, sin ulterior acuerdo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 3 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícese la vinculación de las constancias a fin de adoptarse como eje rector la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, se instruye al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado Federal, así como a la sección de actuaría para que así se pueda visualizar la totalidad de las constancias que lo integran, garantizando tanto la vinculación del expediente electrónico, como la actualización de los datos de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00, extensión 1238. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, vía oficio a las autoridades responsables, así como a la Agente del Ministerio Público adscrita, en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción II, inciso C, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, el estado de autos y, dada la declaración de días inhábiles por fuerza mayor del diecisiete al veintisiete de este mes y anualidad, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, atento al principio de expedites de justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, se deja sin efectos y se difiere la audiencia constitucional que se encontraba prevista para el veintitrés de octubre de este año; por tanto, en su lugar se señalan las diez horas con quince minutos del veintitrés de noviembre del dos mil veintitrés. Por otra parte, agréguese el informe justificado (relativo a la ampliación de demanda), rendido por la Subdirectora de Procesos Judiciales, como delegada de las autoridades responsables 5. Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y 6. Dirección General del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT); con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona en su informe y como domicilio el que señala. Se autoriza el uso de medios electrónicos, tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintidós de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. Notifíquese.

  4. Incidental

    Visto para resolver los autos el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 779/2023-VII. R e s u l t a n d o: PRIMERO. Por auto de doce de julio de dos mil veintitrés, se ordenó formar el presente incidente de suspensión, se requirió el informe previo a las autoridades señaladas inicialmente como responsables y se fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental, la cual tuvo lugar el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. SEGUNDO. Mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se proveyó respecto de la suspensión provisional por lo que hace a las autoridades responsables 5. Dirección General del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y 6. Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, derivado de la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, se les requirió su informe previo y señaló fecha para el verificativo de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Actos reclamados. De la lectura del escrito de ampliación de demanda, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los atribuidos a las siguientes autoridades: 5. Dirección General del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; la iniciativa, propuesta y solicitud de emisión del Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en particular los artículos 3, fracciones I y VI; 6, inciso h); 7 y 10, fracciones I y II, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de julio de dos mil veintitrés, en su carácter de norma autoaplicativa. 6. Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; la aprobación y emisión de dicho reglamento. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable: 6. Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, al rendir su informe previo aceptó la existencia de los actos reclamados (promoción 14448). No obstante la negativa de la autoridad responsable 5. Dirección General del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), al rendir su informe previo (promoción 14448), se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen, al advertirse la participación en el proceso legislativo, como se desprende del "Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de julio de dos mil veintitrés. Se invoca al efecto la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, registro 191452, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." TERCERO. Negativa de la suspensión definitiva. Conviene establecer que el artículo 128 de la Ley de Amparo dispone que los requisitos para decretar la suspensión, con excepción de los casos que proceda de oficio, son: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La primera fracción del artículo en cita prevé la acreditación del interés suspensional, es decir, que puede solicitar la suspensión la parte quejosa, entendiéndose por tal, el titular del derecho objetivo que se aduce afectado con el acto de autoridad que tilda de inconstitucional. De esa forma, le recae al peticionario del amparo la carga de probar, aun de manera indiciaria, que el acto reclamado trastoca su esfera de derechos, para así considerar que quien solicita la medida cautelar se trata de la misma persona que aduce la transgresión de sus prerrogativas; ello, con el fin de conceder la medida cautelar. En primer lugar, respecto de las normas combatidas, no resulta procedente la suspensión solicitada, toda vez que se trata de un acto de naturaleza consumada en contra de los cuales es improcedente conceder la medida cautelar que se solicita, pues equivaldría a darle efectos restitutorios propios de sentencia que se dicte en el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número quinientos cincuenta y siete que aparece publicada en la página trescientos setenta y uno del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si estos tienen el carácter de consumados pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios, que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Por analogía, la jurisprudencia 602, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el apéndice de 1995, tomo III, página 437, que establece: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo." Así como la jurisprudencia 175, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, julio de mil novecientos noventa y nueve, página 775, que a la letra establece: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." CUARTO. Concesión de la suspensión por cuanto hace a las consecuencias de los actos reclamados, respecto a los artículos 3, fracciones I y VI; 6, inciso h); 7 y 10, fracciones I y II, del reglamento reclamado; por guardar relación con porciones normativas del decreto inicialmente tildado de inconstitucionalidad (numerales 33 y 39). Debe señalarse que el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que la suspensión es improcedente cuando afecte al orden público e interés social, para lo cual no basta con que el acto se funde formalmente en una ley de interés público o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la medida causaría perjuicios al interés social o que implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público por las características propias del acto. Ahora, en el caso, la parte quejosa solicitó la suspensión en esencia, para el efecto de que no se le aplique la normatividad reglamentaria reclamada, específicamente los artículos 3, fracciones I y VI; 6, inciso h); 7 y 10, fracciones I y II, del Reglamento de Beca del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, con motivo de su entrada en vigor. Conforme a lo previsto en el referido artículo 128 de la Ley de Amparo, en torno a la acreditación del interés suspensional, tal requisito fue satisfecho indiciariamente, porque se estima que no se siguen perjuicios al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, aunado a que en la demanda de amparo, la parte quejosa en esencia solicitó la medida cautelar para que se impidan los efectos y consecuencias derivados del Decreto reclamado. Lo anterior, pues debe tenerse en cuenta que atento a la prevención formulada por este juzgado el veintidós de junio del año en curso, en el escrito de desahogo los quejosos aclararon que lo que les depara perjuicio es que pretenden obtener becas, aunado a que en el escrito inicial manifestaron bajo protesta de decir verdad que solicitaron una beca en el mes de febrero de dos mil veintitrés, en el marco de la "Convocatoria de Becas Nacional (tradicional 2023", emitida por el entonces denominado "CONACYT" y, al efecto, exhibieron una impresión de la respectiva solicitud de mérito, a las cuales, el uno de febrero de este año, se asignó su correspondiente clave de solicitud. Ahora bien, los artículos 3, fracciones I y VI; 6, inciso h); 7 y 10, fracciones I y II, así como su primer transitorio del reglamento ahora reclamado, establecen: -Que las becas para cursar programas de estudios o estancias en salud o de investigación, y apoyos complementarios se otorgarán de buena fe, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y atendiendo los requisitos, términos, condiciones y procedimientos que resulten estrictamente necesarios, con base en los principios: de acceso universal, autoridad republicana, autonomía académica, colaboración, asignación sin interrupción, permanencia social y técnica. -Que los convenios de asignación de beca o de colaboración deberán contener como mínimo los elementos que establece el numeral 6, entre los que se encuentra: las previsiones en materia de propiedad intelectual (inciso h). -Que el otorgamiento de becas nacionales se realizará con base en las categorías del Sistema Nacional de Posgrados y sus correspondientes criterios de asignación establecidos en la Ley General, y las demás disposiciones aplicables. -Que las modalidades de beca o apoyo complementario podrán ser nacionales o en el extranjero, financiadas con recursos provenientes del Consejo Nacional de manera directa o cofinanciados en los términos de los convenios de colaboración, así como de la legislación y normativa aplicables, y podrán ser, de manera enunciativa más no limitativa, de posgrado (se otorga para cursar programas de posgrado en el país o en el extranjero) y, de consolidación (se otorga para llevar a cabo proyectos de investigación humanística o científica, desarrollo tecnológico o innovación, que contribuyan al avance del conocimiento en alguna de las áreas y campos del saber científico, al desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia o innovación abierta, o bien, a la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales). -Que dicho Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su parte, los citados numerales 33 y 39 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, establecen: -En el ámbito de sus competencias, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones operarán los mecanismos e instrumentos de fomento y apoyo, según su naturaleza, objeto y regulación, conforme a las siguientes bases y principios, garantizando el acceso universal a becas a las personas estudiantes que contemple la Agenda Nacional, en universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector público. -Que la selección de personas beneficiarias se realizará mediante procedimientos públicos, transparentes, eficientes y equitativos, en los que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición o clase social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo de las dependencias y entidades se destinarán de manera preponderante a becas de posgrado y posdoctorado, a apoyos económicos para las personas integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores que se encuentren realizando actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías o innovación en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público, así como a proyectos y actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación relacionados con las áreas estratégicas o prioritarias del desarrollo nacional y los temas de interés público nacional o de atención indispensable considerados en la Agenda Nacional, en los términos de dicha Ley; lo anterior, conforme a la disponibilidad presupuestaria, el Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional y de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que correspondan, así como las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector público, establecerán programas para otorgar becas y apoyos complementarios a estudiantes que realicen estudios de posgrado o estancias posdoctorales en universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales y del extranjero. El Consejo Nacional, sin tomar en cuenta la situación laboral de las personas solicitantes, otorgará becas nacionales y apoyos complementarios con base en las siguientes categorías del Sistema Nacional de Posgrados y sus correspondientes criterios de asignación, entre los que se encuentran los programas de posgrado impartidos por universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector público, que estén orientados a la profesionalización de las personas. En esta categoría, el Consejo Nacional, conforme a la disponibilidad presupuestaria, asignará becas nacionales a estudiantes que no la reciban de la institución en la que realicen estudios de doctorado, de maestría o de especialidad en las áreas y los temas que defina la Junta de Gobierno del Consejo Nacional conforme a la Agenda Nacional, siempre y cuando aquélla no les cobre colegiaturas u otros conceptos equivalentes. Además, dará preferencia a quienes cursen programas que impliquen prácticas inmersivas en los sectores público o social; categoría en la que el citado Consejo Nacional, conforme a la disponibilidad presupuestaria, podrá asignar becas nacionales a estudiantes que no los reciban de la institución en la que realicen estudios de doctorado, de maestría o de especialidad en las áreas y los temas que defina la Junta de Gobierno del Consejo Nacional conforme a la Agenda Nacional, siempre y cuando aquélla se comprometa a no cobrar colegiaturas u otros conceptos equivalentes a la persona becaria. Además, dará preferencia a quienes cursen programas que impliquen prácticas inmersivas en los sectores público o social. En todo caso, la asignación de becas y apoyos similares, así como la ministración de los recursos correspondientes se hará directamente a las personas estudiantes sin la intermediación de coordinaciones, asociaciones, fundaciones o instituciones académicas o de la sociedad civil de ningún tipo. Asimismo, conviene tener presente el contenido del noveno transitorio del Decreto inicialmente reclamado que establece: "Noveno. Los procedimientos y actos jurídicos en general cuya tramitación haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, que se encuentren pendientes de resolución, se atenderán de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento en que fueron iniciados." Ahora bien, en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé el derecho fundamental a la educación y, en lo que aquí interesa, su fracción V, tutela que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica; así como también la obligación del Estado de apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, proveyendo recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. De igual forma, es conveniente citar que el numeral 73, fracción XXIX-F Constitucional, establece la facultad que tiene el Congreso para legislar y expedir leyes en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Conforme a lo anterior, de aplicar lo previsto en los citados numerales del Reglamento reclamado, pudiera vulnerar el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica que defiende la parte quejosa, en tanto que, evitar que accedan a la beca peticionada con antelación a la entrada en vigor de dicho cuerpo normativo, podría implicar coartar el derecho de acceso a los recursos y estímulos garantizados a rango Constitucional para el caso de cubrir los requisitos establecidos, previo a los que contempla ahora las normas señaladas como actos reclamados, conforme a los procedimientos a los que se encontraban sujetos en ese momento. Por ende, se estima procedente examinar el otorgamiento de la suspensión, a la luz de la apariencia del buen derecho, respecto de las restricciones que se pudieran ver contenidas en los numerales reclamados, con respecto a lo garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se prevé la institución jurídica de la apariencia del buen derecho en materia de suspensión, al referir que una vez que se solicite la suspensión del acto reclamado, la autoridad jurisdiccional de amparo, tiene la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho en relación con el orden público y el interés social. Respecto de ese tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sostuvo la importancia de realizar el análisis ponderado, de la apariencia del buen derecho, para evitar que se ejecute el acto reclamado de modo irreparable así como la obligación de verificar que con la medida cautelar solicitada, no se afecte el orden público y el interés social. El criterio referido es localizable en la página 315, Tomo XXX, correspondiente al mes de Diciembre de dos mil nueve, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO." Conforme a lo anterior, a la luz de la apariencia del buen derecho, se estima necesario destacar que de la intelección de la norma reglamentaria con relación al Decreto inicialmente reclamado, se desprende una restricción conforme al orden de prelación para la asignación de becas a los integrantes de las instituciones públicas, con respecto a los estudiantes que pertenezcan a una institución privada y, por ende, es presumiblemente inconstitucional, atento a las bases y categorías que a su vez, el artículo 7 remite a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para el otorgamiento de becas nacionales. Es así, porque al estar obligados a acatar la norma general y reglamentaria, indirectamente discriminan y estigmatizan a los estudiantes en función de que los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo de las dependencias y entidades se destinarán de manera preponderante a becas de posgrado y posdoctorado, a apoyos económicos para las personas integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores que se encuentren realizando actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías o innovación en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación DEL SECTOR PÚBLICO (artículo 39 del Decreto, en relación con el diverso 7 del Reglamento). Mientras que por cuanto hace a los pertenecientes al sector privado, no se contiene disposición en similar sentido; sino por el contrario, se establece que el Consejo Nacional, conforme a la disponibilidad presupuestaria asignará becas nacionales a estudiantes que no la reciban de la institución en la que realicen estudios de doctorado, de maestría o de especialidad en las áreas y los temas que defina la Junta de Gobierno del Consejo Nacional conforme a la Agenda Nacional, siempre y cuando aquélla no les cobre colegiaturas u otros conceptos equivalentes (artículo 33). Lo anterior, dando preferencia a quienes cursen programas que impliquen prácticas inmersivas en los sectores público o social; categoría en la que el citado Consejo Nacional, conforme a la disponibilidad presupuestaria, podrá asignar becas nacionales a estudiantes que no los reciban de la institución en la que realicen estudios de doctorado, de maestría o de especialidad en las áreas y los temas que defina la Junta de Gobierno del Consejo Nacional conforme a la Agenda Nacional, siempre y cuando aquélla se comprometa a no cobrar colegiaturas u otros conceptos equivalentes a la persona becaria. Además, dará preferencia a quienes cursen programas que impliquen prácticas inmersivas en los sectores público o social (artículo 39 del Decreto, en relación con el diverso 7 del Reglamento). En ese sentido, tales disposiciones contienen una distinción con respecto a los estudiantes del sector público, con los de instituciones de sector privado; además, se estima que pudiera ser discriminatoria y contraria lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el diverso numeral 3 de la Carta Magna no hace distinción de los destinatarios de los estímulos o recursos, mientras que la Ley reglamentaria a través del decreto aquí reclamado, efectúa una diferenciación con respecto al orden de preferencia para acceder a esos apoyos a los estudiantes que pertenezcan a instituciones privadas. En esos términos, haciendo una ponderación de la apariencia del buen derecho, tales numerales tiene la categoría sospechosa de discriminar y estigmatizar a los estudiantes que pertenezcan a instituciones privadas. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva para el ÚNICO EFECTO de que no se le apliquen los efectos y consecuencias exclusivamente de las porciones normativas contenidas en los artículos 3, fracciones I y VI; 6, inciso h); 7 y 10, fracciones I y II, de dicho reglamento, como consecuencia de los diversos numerales 33 y 39 del referido Decreto, siempre y cuando se reúnan los requerimientos para que, en su caso, se dé continuidad al procedimiento de asignación de becas que prevalecía con antelación a los citados dispositivos normativos; sin que ello implique que el otorgamiento de la presente medida tenga como efecto que el 4. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, deba otorgar diversas becas a las peticionadas sin satisfacción de los requisitos legales previstos para tal efecto, o bien, cancelar las otorgadas en febrero de dos mil veintitrés, pues ello evidentemente se encuentra condicionado a los preceptos establecidos con antelación a las referidas normas reclamadas; es decir, la presente concesión dado el carácter provisional con el que se emite, no es con efectos restitutorios dado que éstos, son propios de la sentencia definitiva. Lo anterior, tomando en consideración que al rendir su informe previo la Subdirectora de Procesos Judiciales, en su carácter de delegada del 4. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) -promoción 10707-, adjuntó como prueba el legajo de copias certificadas (que manifiesta bajo protesta de decir verdad que es reproducción integra de su original), en las que obran: -La carta asignación de becas a los aquí quejosos, de seis de julio de dos mil veintitrés. -La Convocatoria "Bases Nacionales para Estudios de Posgrado 2023". -La relación de alumnos postulados a dicha convocatoria, que tienen asignado el 100% de colegiatura, remitida a su vez el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Aunado a que al rendir su informe justificado dicha autoridad (promoción 13482), aclaró que la asignación de dichas becas desde el pasado cinco y seis de julio de dos mil veintitrés les fue informado a cada uno de los quejosos la "Carta de Asignación", misma que acredita que fueron seleccionados en el marco de la "Convocatoria Becas Nacionales (Tradicional) 2023-1" y con ello les fue asignado el apoyo de becas correspondiente, con fecha de inicio uno de febrero de dos mil veintitrés; con independencia que al rendir su informe previo refiera que la norma tildada de inconstitucional en vía de ampliación, no le es aplicable a los impetrantes, pues se parte del supuesto de que los quejosos atribuyen las consecuencias que con su entrada en vigor puedan tener en las becas otorgadas y no en una nueva convocatoria (como lo refieren las autoridades responsables). En la inteligencia de que, la medida cautelar surtirá sus efectos, siempre y cuando los actos no deriven de alguna cuestión ajena a los preceptos aquí tildados de inconstitucionales. Además, se concede la medida sin necesidad de que se otorgue garantía porque no afecta terceros, en términos de lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Finalmente, no pasa inadvertido que el Pleno de nuestro Máximo Tribunal emitió el Acuerdo General Plenario 6/2023, de once de septiembre de dos mil veintitrés, por el que dispone el aplazamiento en el dictado de la resolución de los amparos en revisión del conocimiento de los tribunales colegiados de circuito, en los que subsista el problema de constitucionalidad del decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación, publicado en el diario oficial de la federación del ocho de mayo de dos mil veintitrés -RECLAMADO INICIALMENTE-; sin embargo, en el caso concreto el pronunciamiento relativo a la medida cautelar no queda supeditado a la resolución que de fondo se emita en el juicio principal del que deriva esta incidencia, pues ésta debe pronunciarse una vez que sea peticionada, en términos de lo previsto en los numerales 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por 1. Gonzalo Irving Barrera Hernández, como representante común de los quejosos 2. Carlos Cristóbal Rubio Hernández, 3. Oscar Bernardo Morales Jiménez, 4. Josué Gutiérrez Rodríguez, 5. Luis Humberto Burgueño Paz, 6. Karen Betzabeth Onofre Rodríguez, 8. Leonardo Sebastián Gómez Pérez, 9. Iván Díaz de León Rodríguez, 10. Jossian Abimelec García Quijano, 11. Daniel Lagunes Nava y 12. Francisco Ariel Arenas Enciso, por las razones indicadas en el considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por 1. Gonzalo Irving Barrera Hernández, como representante común de los quejosos 2. Carlos Cristóbal Rubio Hernández, 3. Oscar Bernardo Morales Jiménez, 4. Josué Gutiérrez Rodríguez, 5. Luis Humberto Burgueño Paz, 6. Karen Betzabeth Onofre Rodríguez, 8. Leonardo Sebastián Gómez Pérez, 9. Iván Díaz de León Rodríguez, 10. Jossian Abimelec García Quijano, 11. Daniel Lagunes Nava y 12. Francisco Ariel Arenas Enciso, dadas las razones indicadas y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese.

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