Gonzalo Levi Obregón Salinas
Expediente 281/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gonzalo Levi Obregón Salinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy el quejoso no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el amparo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las copias certificadas de los expedientes 1417/2018 y 18/2019, así como dos dvds, que adjuntó a su informe justificado.
- Principal
V I S T O para resolver el juicio de amparo 281/2021-IV; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticuatro de julio de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Gonzalo Levy ... por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ... promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo y tercero de esta sentencia. Por razón de distribución de asuntos, la demanda de amparo fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estrado de México con residencia en esta Ciudad, la cual quedó radicada con el número 409/2020 y se admitió por auto de veintisiete de julio de dos mil veinte, y por diverso de veintisiete de noviembre del año próximo pasado el citado órgano jurisdiccional determinó declinar el asunto por conocimiento previo a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México con residencia en esta Ciudad. Mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, este órgano de control constitucional aceptó el conocimiento previo y radicó el juicio de amparo con el número 969/2020-III. En acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, se ordenó la separación de juicios, respecto de los actos reclamados al Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con relación al expediente 19/2019, consistentes en: La omisión de determinar las medidas tendientes para garantizar el derecho del menor de iniciales G.M.O.S., para llevar a cabo las convivencias determinadas en la sentencia de nueve de diciembre de dos mil diecinueve dictada por el Juez Sexto Familiar de Atizapán de Zaragoza, México, que fueron solicitadas a través del libelo exhibido el veinte de julio de dos mil veinte en el expediente 19/2019. El acuerdo emitido el veintiuno de julio de dos mil veinte en el expediente 19/2019, relativo al juicio especial de violencia familiar promovido por Gonzalo Levy Obregón Salinas, en contra de Martín Eduardo Santiago López, Verónica García Ramón y Pamela Santiago García. El informe justificado de veintinueve de julio de dos mil veinte, rendido con motivo de los actos reclamados que emanan del expediente 19/2019. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto que se advierte del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, este juzgador advierte que la parte quejosa reclama: 1. El acuerdo emitido el veintiuno de julio de dos mil veinte en el expediente 19/2019, por el que se omitió determinar las medidas tendientes para garantizar el derecho del menor de iniciales G.M.O.S., para llevar a cabo las convivencias determinadas en la sentencia de nueve de diciembre de dos mil diecinueve dictada por el Juez Sexto Familiar de Atizapán de Zaragoza, México, que fueron solicitadas a través del libelo exhibido el veinte de julio de dos mil veinte en el expediente 19/2019. 2. El informe justificado de veintinueve de julio de dos mil veinte, rendido con motivo de los actos reclamados que emanan del expediente 19/2019. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al rendir su informe justificado acepta el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Lo que se corrobora de las constancias que remitió como complemento a su informe con justificación la autoridad responsable consistentes en copias certificadas del expediente 19/2019, relativo al juicio especial de violencia familiar promovido por Gonzalo Levy Obregón Salinas, en contra de Martín Eduardo Santiago López, Verónica García Ramón y Pamela Santiago García, a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizan las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, en relación al acto reclamado identificado con el número 1), el suscrito estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De conformidad con la disposición invocada, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar. De ahí es donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. Entonces, tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. Ahora bien, el artículo 1.360 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece que se reconocen como recursos los de revocación, apelación y queja; en tanto, que el numeral 1.361 de la citada legislación precisa que los recursos no son renunciables. Por su parte, el numeral 1.362 del Código en cita, señala que los autos que no fueren apelables y los decretos son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Bajo el esquema apuntado, y con respecto al acto reclamado por la parte quejosa consistente en el acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veinte, debe indicarse que el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, legislación que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado en la presente instancia (expediente 19/2019 relativo procedimiento especial de violencia familiar) prevé como medio de defensa el recurso de revocación, el cual procede en contra de los autos y decretos, como en el caso sucede con el proveído dictado el veintiuno de julio de dos mil veinte, por el cual el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, no acordó favorable la solicitud que formuló el quejoso Gonzalo Levy Obregón Salinas, mediante escrito presentado el veinte de ese mismo mes y año. A través del citado escrito el quejoso antes nombrado solicitó al Juez responsable modificar la guarda y custodia de su menor hijo de iniciales G.M.O.S., decretada por sentencia a favor de Verónica Santiago García, así como dictar las medidas para garantizar el régimen de convivencias establecido con el infante, ambas determinaciones emitidas por el Juez Sexto Familiar de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en diverso juicio. De lo anterior, se colige que la procedencia del juicio biinstancial se encuentra sujeta a que previamente se controvierta el acto reclamado en el juicio de origen mediante el recurso ordinario (recurso de revocación), el cual, como se dijo, constituye un medio ordinario de defensa que tiene como efecto modificar, revocar o nulificar la determinación impugnada en esta vía. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto del referido acto reclamado, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud que previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es, el de revocación. Además, en este caso no se configura ninguna de las excepciones al principio de definitividad que contempla el numeral 61, fracción XVIII, de la normatividad de la materia. En otro contexto, y con respecto al acto reclamado por la parte quejosa identificado con el número 2), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que disponen los diversos numerales 1°, fracción I y 5° fracción II de la ley citada. Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos legales antes reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos u omisiones que no provienen de una autoridad, entendiéndose por ésta lo conceptualizado en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Aquello es así, porque el preindicado artículo 1° del citado ordenamiento legal, precisa que el juicio constitucional procede, entre otros supuestos, contra actos u omisiones de autoridad; de ahí que, lo anterior -interpretado a contrario sensu- se reduce al hecho de que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos u omisiones que no provengan de una autoridad; por tanto, el artículo 5°, fracción II, que define quién tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, y la fracción XXIII del artículo 61, del mencionado ordenamiento jurídico, que refiere la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien de la propia Ley de Amparo, resulta incuestionable que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclaman actos u omisiones que no son considerados de autoridad para efectos de aquél. Ahora, de los artículos invocados con antelación se desprende, por un lado, que el juicio de amparo es procedente, únicamente, respecto de actos de autoridad que violen derechos humanos y, por otro, que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. El acto reclamado, por regla general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo el rasgo distintivo del acto de autoridad la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico, ocasionando un agravio que puede provenir de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser unilateral, imperativo y coercitivo. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo el acto reclamado debe consistir en un acto de autoridad en el que concurran los siguientes elementos: a) Unilateralidad, esto es que no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita, b) Imperatividad que significa que la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes, c) Coercitividad que implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado. Así las cosas, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, y precisarse que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Ahora bien, debe destacarse que, en la especie, el promovente de amparo reclama el informe justificado rendido por el Juez Séptimo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, respecto de los actos reclamados en el juicio 19/2019; circunstancia que evidencia que tal acto no emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo; por tanto, no puede considerarse como un acto de autoridad. Para demostrar lo anterior, es menester considerar el contenido normativo de los preceptos 115, 116, 117 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión. (.) Artículo 116. Al pedirse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado al requerir el informe previo. (.) Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. (.) Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que: No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esta Ley;" Como se puede advertir, la rendición del informe justificado, no es una conducta emitida voluntaria e unilateralmente por la autoridad, sino que se trata de una obligación que le es impuesta al reconocérsele el carácter de responsable en los juicios de amparo; obligación que incluso, de no ser acatada en sus términos, acarrea consecuencias perniciosas para la propia autoridad, no solo porque se puede presumir la certeza de los actos que se le atribuyen en los juicios de amparo, sino además, porque la omisión de su rendición actualiza una conducta sancionable a través de la imposición de una multa, misma que debe ser solventada con el peculio de la persona física titular de la autoridad requerida. De igual forma, la rendición del informe justificado, tiene el propósito de exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo, y en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; en síntesis, se trata de una conducta justificatoria del acto u actos que se le atribuyen a las autoridades a través del juicio constitucional, que nace no de la unilateralidad de las facultades de imperio de la autoridad, sino de un mandato jurisdiccional. Así pues, se puede concluir que los informes justificados derivan de un mandato judicial bajo los apercibimientos respectivos, y se emiten por las autoridades en un procedimiento jurisdiccional (juicio de amparo) en el que no actúan en una relación de supra a subordinación respecto de los quejosos, sino en un plano de coordinación para con éstos, y en una relación de subordinación frente al juzgador constitucional, al igual que los peticionarios de la Justicia Federal. De esta manera, es inconcuso que la rendición de los informes justificados, no implica una facultad discrecional o potestativa y unilateral de las autoridades, sino un deber procesal cuya inobservancia genera consecuencias perniciosas para aquéllos, al implicar directamente el desacato de una orden jurisdiccional; razón por la que, como se expuso al inicio de la presente argumentación, se puede afirmar que los informes justificados no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es aplicable la tesis aislada XXVII.3o.75 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1734 del Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, con número de registro 2008968, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos. En relación con esto, su artículo 5o., fracción II, refiere que, con independencia de su naturaleza formal, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse tendría esos mismos efectos. La creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados; siendo éstas las de subordinación, supraordinación y coordinación, y conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues sólo desde esa posición sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otro lado, de los artículos 115 a 118 de la propia ley, se deduce que el informe justificado es un documento que el ente señalado como responsable rinde en el juicio de amparo en cumplimiento de un mandato del Juez de control constitucional, y mediante él, se remiten constancias y se hacen manifestaciones relacionadas con la certeza del acto reclamado, su legalidad o constitucionalidad, su fundamento, y determinados datos en amparo en materia agraria. Así, dicho informe es un acto que se da en un proceso en el cual quien lo emite tiene el carácter de parte, sujeta a una relación de subordinación frente al Juez, y de coordinación frente a su contraparte, generalmente el quejoso. Y si bien su rendición se da en el marco de una norma, ésta no lo traduce en una facultad, sino en un "deber procesal" que, de incumplirse, por regla general, hace que se presuma cierto el acto reclamado e, incluso, que se sancione a la obligada, en términos del artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Consecuentemente, el informe justificado no es un acto que se verifique en una relación de supra a subordinación de su emisor frente a otros sujetos; luego, no es un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo." En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1027, visible en la página 707 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese, y vía electrónica a la representante especial del menor de iniciales G.O.M.S.
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar y emplazar a juicio a la parte tercera interesada Verónica.los proveídos de siete de junio y diecinueve de abril de dos mil veintiuno, mismos que en síntesis establecen: SÍNTESIS PROVEÍDO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO: ".Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la tercera interesada.no ha sido emplazada al presente juicio de amparo, promovido por.por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales. Por tanto, con fundamento en los artículos 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial adscrito para que se constituya en el domicilio de la tercera interesada antes nombrada ubicado en.y la emplace a juicio, corriéndole traslado con copia de la demanda, del auto admisorio, acuerdo de diez de diciembre de dos mil veinte y del presente proveído. Asimismo, la requiera para que señale usuario para recibir notificaciones vía electrónica a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, designe domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez); bajo apercibimiento que, de no hacerlo dentro del término de tres días legalmente computados, sin previo acuerdo, se tendrán las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, aún para las notificaciones de tipo personal de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo." SÍNTESIS PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO: ".ADMISIÓN Y ANOTACIONES Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, al que acompaña copia certificada del juicio de amparo 969/2020-III, del índice de este juzgado, formado con motivo de la separación de juicios en la demanda de amparo promovida por.por propio derecho, y en representación de su menor hijo de iniciales de.por lo que este juzgado se avoca el conocimiento de la demanda en comento. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase y regístrese bajo el número 281/2021-IV. INCIDENTE DE SUSPENSION Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo toda vez que este ya fue resuelto. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a la audiencia constitucional por videoconferencia, para lo cual deberán manifestar su voluntad de manera previa a la fecha señalada para tal efecto. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR Ahora, toda vez que en el presente caso se encuentran involucrados los intereses del menor identificado con las iniciales de.descendiente del quejoso y de su contraparte en el juicio de origen, con fundamento en el artículo 8° de la Ley de Amparo, 4°, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, requiérase al Titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Estado de México, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones designe un asesor jurídico dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de su notificación, para que represente al menor en cita; hecho lo anterior, se constituya en el local de este Juzgado Federal a aceptar y protestar el cargo encomendado. Lo que deberá hacer del conocimiento a este órgano jurisdiccional, ya que se deben tomar todas las medidas relacionadas con los menores, apercibido que de no cumplir con lo solicitado, con fundamento en el numeral 237, del ordenamiento invocado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. En el entendido que, en la diligencia en la que el asesor jurídico acepte y proteste el cargo encomendado ante este órgano jurisdiccional, se le deberá correr traslado con copia de la demanda de amparo y del auto admisorio. REQUERIMIENTO A AUTORIDADES Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Asimismo, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Para tal efecto, se les apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 260, fracción II y 251, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, respectivamente. La información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1232); o al correo (2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx); confirmando en la extensión 1231. Por otro lado, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificaran por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, pues así lo señaló expresamente. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación..."
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la tercera interesada Verónica ..., no ha sido emplazada al presente juicio de amparo, promovido por Gonzalo .... Por tanto, con fundamento en los artículos 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial adscrito para que se constituya en el domicilio de la tercera interesada antes nombrada ubicado en ..., y la emplace a juicio, corriéndole traslado con copia de la demanda, del auto admisorio, acuerdo de diez de diciembre de dos mil veinte y del presente proveído. Asimismo, la requiera para que señale usuario para recibir notificaciones vía electrónica a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, designe domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez); bajo apercibimiento que, de no hacerlo dentro del término de tres días legalmente computados, sin previo acuerdo, se tendrán las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, aún para las notificaciones de tipo personal de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo.
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