Gloria Ramírez Guerrero
Expediente 351/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gloria Ramírez Guerrero
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no fue impugnado el auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que para el caso de que haya exhibido documentos originales que obren en el expediente, contará con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibido de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Basilio Cabrera Benítez en cuanto mandatario jurídico de Gloria Ramírez Guerrero -carácter que se le reconoce en términos de la carta poder que anexa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Amparo-, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 351/2023. 2. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En la especie se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.];". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De conformidad con los artículos y fracciones transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en numeral 18 del ordenamiento legal en cita, es decir: A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, O a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Entonces, siguiendo el marco jurídico, el acto reclamado identificado, se ubica dentro de la segunda regla antes enunciada. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la resolución incidental de liquidación emitida el primero de agosto de dos mil veintidós, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo indirecto 245/2022, de fecha doce de julio de dos mil veintidós, parcialmente, sólo en lo que resuelve en contrario a los intereses de la aquí quejosa, esto es, aplica de manera incorrecta los incrementos periódicos a las pensiones, como lo establece el artículo 172 de la ley anterior del seguro social. De lo narrado en la demanda, concatenado con sus anexos, se obtiene que la quejosa se duele de la afectación siguiente: ". Una vez resuelto el amparo interpuesto por el Instituto demandado, mismo que quedó radicado ante el Primer Juzgado de Distrito con número del juicio 245/2022, la H. Junta dejó insubsistente la anterior resolución, dictando una nueva en su lugar con fecha 01 primero de agosto del año 2022 dos mil veintidós, en la cual la autoridad responsable: RESUELVE. PRIMERO.- De acuerdo con la Ejecutoria que se cumplimenta, se deja sin efecto la Resolución Incidental de Liquidación de fecha 22 de octubre del 2021. SEGUNDO.- Resultó procedente el incidente de liquidación interpuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social. TERCERO. En consecuencia, de lo anterior, se CONDENA al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, . a pagar en favor de la C. GLORIA RAMÍREZ GUERRERO, la cantidad de $83,551.28 (Ochenta y tres mil quinientos cincuenta y un pesos con veintiocho centavos moneda nacional) cantidad que ampara el periodo del 04 de octubre de 2011 al 30 de abril de 2019, por concepto de pago de diferencias de pensión de viudez y orfandad, a razón de un salario base de 560.50 pesos, salvo error u omisión aritmética en la que se haya incurrido y sin perjuicio de las mensualidades y demás prestaciones que se sigan venciendo a partir del 01 uno de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, hasta su total liquidación. CUARTO. Se concede a la demandada el término de 72 horas contadas a partir de la notificación del presente se le haga, para que dé cumplimiento al resolutivo que antecede. .". Atento a lo anterior y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, ya que dicha resolución fue dictada en cumplimiento al juicio de amparo 245/2022 del índice de este Órgano Jurisdiccional, de modo que, no es factible tener al quejoso por notificado en la data en que señala en la demanda de amparo -uno de marzo de dos mil veintitrés-; en este sentido, es evidente que el acto reclamado es atacado de forma extemporánea, además es importante decir, que el impetrante de ampero no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o, cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, de conformidad con lo establecido y alcances contenidos en el ordinal 17 de la ley de la materia, la promoción de la demanda de amparo debió hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado o en que se hizo sabedor del mismo, esto es, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Por ello, resulta patente que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra del acto combatido -del treinta y uno de agosto al veintitrés de septiembre de dos mil veintidós- ha fenecido pues la demanda fue presentada hasta el veintitrés de marzo del año en curso, por lo que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Sustenta lo anterior, el criterio jurisprudencial, cuyo rubro y texto refieren: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Igualmente, por similitud jurídica, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 175, tomo IX- Marzo, Octava época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, CUANDO SE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. De la lectura del artículo 21 de la Ley de Amparo, se advierte que para iniciar el computo del término previsto para la interposición de la demanda de garantías, deberá tomarse en consideración cuando surte efectos la notificación que se haga el quejoso, según la ley del acto. En el caso, la Ley que regula el acto reclamado, es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; sin embargo en dicho ordenamiento legal no existe ningún artículo que establezca cuando deben surtir sus efectos las notificaciones de carácter personal lo que si ocurre en otras leyes que establecen un medio artificial o no natural para determinar cuando surte efectos una notificación, como es el caso de la Ley de Amparo (artículo 34, fracciones I y II). Ante la aludida admisión del Código adjetivo citado, es evidente que debe estarse a la manera lógica y natural en que surte sus efectos una notificación personal, es decir al momento que se haya tenido conocimiento del acto así notificado". Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de dicho ordenamiento legal, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando únicamente para tal efecto a las personas a que alude, por así solicitarlo. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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