Gloria Valencia González
Expediente 464/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gloria Valencia González
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa estado auto. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió en el plazo legal el auto dictado el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 27 a 35) en que se desechó su demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Devolución de cuaderno de pruebas. Finalmente, mediante oficio que al efecto se libre devuélvase a la autoridad responsable Juez Séptimo en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, el cuaderno de prueba consistente en el juicio 73/2017, de su índice. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Téngase por recibido el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el cuaderno de amparo directo 453/2018, en razón de que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Gloria Valencia González, contra actos del Juez Séptimo en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otras autoridades responsables, a quien le reclama los autos de treinta de enero del dos mil diecisiete, así como todos los emitidos con posterioridad, éstos dictados en el procedimiento, así como el de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, pronunciado en etapa de ejecución de sentencia, en el juicio ordinario civil 73/2017. AVOCAMIENTO. Por lo que este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Gloria Valencia González, contra actos del Juez Séptimo en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otras autoridades responsables, y se ordena acusar recibo al Tribunal Colegiado remitente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 464/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Gloria Valencia González, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto reclamado en primer término, consistente en: ". el auto dictado por el juez séptimo de lo civil de este distrito judicial de Morelia, Michoacán, de fecha 30 de enero del año 2017, en el cual la autoridad responsable admite la demanda ordinaria civil promovida por el ahora tercero perjudicado, AUTO QUE SE IMPUGNA POR ESTA VÍA COMO VIOLATORIO DEL PROCEDIMINETO, así como todos y cada uno de los acuerdos dictados por la autoridad responsable con posterioridad dentro del juicio ordinario civil número 73/2017." Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. El citado numeral en la fracción en comento, previene: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.." Por su parte los diversos ordinales 17 y 18 de la Ley de la Materia establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe instarse en los plazos legales, los cuales se contabilizarán de la siguiente manera: I. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; II. A partir del día siguiente al en que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto o resolución que reclama; III. A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiere ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado, como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales, y en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras la quejosa no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso de la propia quejosa, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en determinada fecha del acto reclamado, el cual debe producir la convicción de que el interesado se enteró en forma directa, plena y completa del acto combatido. Finalmente, la tercera hipótesis establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de la parte quejosa, quien manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Ahora bien, de los antecedentes que narra en su escrito inicial de demanda bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa precisa que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintiséis de abril del año en curso, mediante notificación que le fue practicada por el actuario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil, de este distrito judicial. Empero, no se deja de lado la manifestación que en ese mismo apartado realiza la quejosa, al indicar que inconforme con la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil diecisiete, en el juicio ordinario civil 73/2017, interpuso recurso de apelación. Por lo que se deduce, que respecto de este acto reclamado la quejosa si compareció a juicio, dado que interpuso el referido recurso; por tanto tuvo conocimiento con anterioridad a la fecha de haber sido dictada la sentencia de trece de septiembre de dos mil diecisiete, en el juicio ordinario civil 73/2017, y resulta indudable que tuvo conocimiento antes de esa data. Por ello, si presentó su demanda constitucional hasta el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, es más que evidente la extemporaneidad de la presente. Dicho en otras palabras, la demanda de amparo se presentó cuando ya había fenecido en exceso el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues esta fue presentada hasta el dieciséis de mayo del año en curso, ante la propio autoridad responsable (17, reverso). Además, no se surte ninguno de los supuestos de excepción establecidos en el aludido numeral, en virtud de que en el caso concreto, la quejosa no reclama la constitucionalidad de una ley a partir de su vigencia; no tiene la calidad de reo, ni el acto que reclama importa un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro o la incorporación forzosa al servicio del Ejercito o Armada Nacionales. Máxime que la quejosa compareció a juicio, tan es así que apeló la sentencia dictada en el juicio de donde derivan los actos reclamados. Asimismo, respecto del acto reclamado que nos ocupa, también se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la diversa causa de improcedencia prevista en el citado artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 107 fracción V y 172 fracción XII, todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Artículo 172. "En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previsto en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo; [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa como ya se dijo con antelación le causa perjuicio el auto de treinta de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual la responsable admitió a trámite la demanda ordinaria civil, auto que impugna en esta vía como violatorio del procedimiento, así como todos y cada uno de los acuerdos dictados con posterioridad dentro del juicio 73/2017. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable; en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que México es parte, en favor de la promovente, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, para advertir que la parte quejosa se duele de una determinación de la responsable que, como se vio, es indudable que se trata de un acto meramente intraprocesal. Lo anterior se dice, en la medida en que al trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, constituye una violación procesal susceptible de combatirse vía amparo directo, en contra de la sentencia dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil, dentro del toca civil I-357/2017, que confirmó la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil diecisiete, por el Juez Séptimo en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro del juicio ordinario civil 73/2017. En este orden de ideas, el acto impugnado en sede constitucional tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación. En consecuencia, tomando en consideración que la impetrante no presentó su demanda en tiempo y que no se trata de un acto de imposible reparación, con fundamento en los artículos 113, 61 fracción XXIII, en relación con numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda por lo que hace al acto reclamado señalado en primer término. En otro orden de ideas y por lo que hace al acto reclamado mencionado en segundo término, que se hace consistir en: ". el auto dictado por la autoridad responsable de fecha de 25 de Abril del año en curso, relativo al termino de tres días que se otorgan para dar cumplimiento a la sentencia definitiva que obra en el juicio principal, y en la cual se me concede el termino de tres días para cumplir con la sentencia o se procederá a su ejecución forzosa." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo , ambas contrario sensu y la segunda además de manera analógica en virtud de jurisprudencia que más adelante se citara. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que con respecto al auto que se reclama no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Esto es así, tomando en cuenta que si un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra la última resolución emitida en esa etapa; entonces, resulta improcedente este juicio de amparo, ya que la resolución atacada es un acto intermedio dentro de esa etapa y no la última. En este orden de ideas, se obtiene que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que el auto por el que se requiere a la parte quejosa para que cumpla con la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 73/2017, trae consigo un acto de imposible reparación, ello se viene acarreando desde el dictado de la sentencia que puso fin al juicio ordinario civil, por lo que su impugnación en esta etapa no alcanza para modificar la eficacia de la cosa juzgada. Se insiste, en el caso no se actualizan las hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo porque lo que la parte quejosa pretende ya quedó firme, debido a que constituye un tópico que ya fue tratado en la sentencia. Por consiguiente, con el dictado del acto reclamado es inconcuso que no se afecta derecho sustantivo ajeno a los que se puedan vulnerar por la propia ejecución de la sentencia, lo que constituye un requisito sine qua non para la procedencia extraordinaria o de excepción del juicio de amparo indirecto respecto de actos en la etapa de ejecución. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Al respecto, por las razones que la sustentan es aplicable la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1721 del Tomo XVII enero de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías en lo que también corresponde al acto reclamado en segundo término. SE FORMA TOMO DE PRUEBAS. Con las constancias que acompañó la autoridad responsable, fórmense un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley , hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciada Gabriela Yañez Rivas, y al profesionista restante en términos restringidos por no contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE. Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Téngase por recibido el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el cuaderno de amparo directo 453/2018, en razón de que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Gloria Valencia González, contra actos del Juez Séptimo en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otras autoridades responsables, a quien le reclama los autos de treinta de enero del dos mil diecisiete, así como todos los emitidos con posterioridad, éstos dictados en el procedimiento, así como el de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, pronunciado en etapa de ejecución de sentencia, en el juicio ordinario civil 73/2017. AVOCAMIENTO. Por lo que este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Gloria Valencia González, contra actos del Juez Séptimo en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otras autoridades responsables, y se ordena acusar recibo al Tribunal Colegiado remitente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 464/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Gloria Valencia González, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto reclamado en primer término, consistente en: ". el auto dictado por el juez séptimo de lo civil de este distrito judicial de Morelia, Michoacán, de fecha 30 de enero del año 2017, en el cual la autoridad responsable admite la demanda ordinaria civil promovida por el ahora tercero perjudicado, AUTO QUE SE IMPUGNA POR ESTA VÍA COMO VIOLATORIO DEL PROCEDIMINETO, así como todos y cada uno de los acuerdos dictados por la autoridad responsable con posterioridad dentro del juicio ordinario civil número 73/2017." Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. El citado numeral en la fracción en comento, previene: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.." Por su parte los diversos ordinales 17 y 18 de la Ley de la Materia establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe instarse en los plazos legales, los cuales se contabilizarán de la siguiente manera: I. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; II. A partir del día siguiente al en que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto o resolución que reclama; III. A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiere ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado, como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales, y en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras la quejosa no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso de la propia quejosa, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en determinada fecha del acto reclamado, el cual debe producir la convicción de que el interesado se enteró en forma directa, plena y completa del acto combatido. Finalmente, la tercera hipótesis establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de la parte quejosa, quien manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Ahora bien, de los antecedentes que narra en su escrito inicial de demanda bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa precisa que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintiséis de abril del año en curso, mediante notificación que le fue practicada por el actuario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil, de este distrito judicial. Empero, no se deja de lado la manifestación que en ese mismo apartado realiza la quejosa, al indicar que inconforme con la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil diecisiete, en el juicio ordinario civil 73/2017, interpuso recurso de apelación. Por lo que se deduce, que respecto de este acto reclamado la quejosa si compareció a juicio, dado que interpuso el referido recurso; por tanto tuvo conocimiento con anterioridad a la fecha de haber sido dictada la sentencia de trece de septiembre de dos mil diecisiete, en el juicio ordinario civil 73/2017, y resulta indudable que tuvo conocimiento antes de esa data. Por ello, si presentó su demanda constitucional hasta el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, es más que evidente la extemporaneidad de la presente. Dicho en otras palabras, la demanda de amparo se presentó cuando ya había fenecido en exceso el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues esta fue presentada hasta el dieciséis de mayo del año en curso, ante la propio autoridad responsable (17, reverso). Además, no se surte ninguno de los supuestos de excepción establecidos en el aludido numeral, en virtud de que en el caso concreto, la quejosa no reclama la constitucionalidad de una ley a partir de su vigencia; no tiene la calidad de reo, ni el acto que reclama importa un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro o la incorporación forzosa al servicio del Ejercito o Armada Nacionales. Máxime que la quejosa compareció a juicio, tan es así que apeló la sentencia dictada en el juicio de donde derivan los actos reclamados. Asimismo, respecto del acto reclamado que nos ocupa, también se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la diversa causa de improcedencia prevista en el citado artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 107 fracción V y 172 fracción XII, todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Artículo 172. "En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previsto en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo; [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa como ya se dijo con antelación le causa perjuicio el auto de treinta de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual la responsable admitió a trámite la demanda ordinaria civil, auto que impugna en esta vía como violatorio del procedimiento, así como todos y cada uno de los acuerdos dictados con posterioridad dentro del juicio 73/2017. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable; en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que México es parte, en favor de la promovente, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, para advertir que la parte quejosa se duele de una determinación de la responsable que, como se vio, es indudable que se trata de un acto meramente intraprocesal. Lo anterior se dice, en la medida en que al trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, constituye una violación procesal susceptible de combatirse vía amparo directo, en contra de la sentencia dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil, dentro del toca civil I-357/2017, que confirmó la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil diecisiete, por el Juez Séptimo en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro del juicio ordinario civil 73/2017. En este orden de ideas, el acto impugnado en sede constitucional tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación. En consecuencia, tomando en consideración que la impetrante no presentó su demanda en tiempo y que no se trata de un acto de imposible reparación, con fundamento en los artículos 113, 61 fracción XXIII, en relación con numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda por lo que hace al acto reclamado señalado en primer término. En otro orden de ideas y por lo que hace al acto reclamado mencionado en segundo término, que se hace consistir en: ". el auto dictado por la autoridad responsable de fecha de 25 de Abril del año en curso, relativo al termino de tres días que se otorgan para dar cumplimiento a la sentencia definitiva que obra en el juicio principal, y en la cual se me concede el termino de tres días para cumplir con la sentencia o se procederá a su ejecución forzosa." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo , ambas contrario sensu y la segunda además de manera analógica en virtud de jurisprudencia que más adelante se citara. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que con respecto al auto que se reclama no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Esto es así, tomando en cuenta que si un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra la última resolución emitida en esa etapa; entonces, resulta improcedente este juicio de amparo, ya que la resolución atacada es un acto intermedio dentro de esa etapa y no la última. En este orden de ideas, se obtiene que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que el auto por el que se requiere a la parte quejosa para que cumpla con la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 73/2017, trae consigo un acto de imposible reparación, ello se viene acarreando desde el dictado de la sentencia que puso fin al juicio ordinario civil, por lo que su impugnación en esta etapa no alcanza para modificar la eficacia de la cosa juzgada. Se insiste, en el caso no se actualizan las hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo porque lo que la parte quejosa pretende ya quedó firme, debido a que constituye un tópico que ya fue tratado en la sentencia. Por consiguiente, con el dictado del acto reclamado es inconcuso que no se afecta derecho sustantivo ajeno a los que se puedan vulnerar por la propia ejecución de la sentencia, lo que constituye un requisito sine qua non para la procedencia extraordinaria o de excepción del juicio de amparo indirecto respecto de actos en la etapa de ejecución. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Al respecto, por las razones que la sustentan es aplicable la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1721 del Tomo XVII enero de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías en lo que también corresponde al acto reclamado en segundo término. SE FORMA TOMO DE PRUEBAS. Con las constancias que acompañó la autoridad responsable, fórmense un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley , hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciada Gabriela Yañez Rivas, y al profesionista restante en términos restringidos por no contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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