Gloria Moreno Murillo
Expediente 1310/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1310/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gloria Moreno Murillo
- Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. CUMPLE PREVENCION. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en autos. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Vista la demanda de amparo promovida por Gloria Moreno Murillo, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito judicial de Zacapu, Michoacán, consistentes en: El auto de diecisiete de octubre del año en curso, donde el Juez responsable decretó la suspensión de la medida cautelar de alimentos provisionales en favor de la ahora quejosa, dentro del juicio familiar 599/2019. Al igual que, el auto trece de noviembre del presente año, en el que se le dijo que las peticiones que realizaba, las tenía que hacer en el controvertido 907/2017, donde se decretó a su cargo la pensión alimenticia provisional que aduce. En ese contexto, una vez precisados los actos reclamados, este órgano de control constitucional estima que por lo que hace al señalado con el número uno (1), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.." Por su parte los diversos ordinales 17 y 18 de la Ley de la Materia establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe instarse en los plazos legales, y el que en esta determinación importa se contabilizará a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; Hipótesis que apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado, como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales, y en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. Ahora bien, de la lectura integra de la presente demanda y de sus anexos se advierte que al quejoso se le notificó el auto que en este apartado se analiza, el día veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve; ya que así lo manifiesta en su escrito inicial de demanda, procediendo a hacer el cómputo debido, para la presentación de la demanda constitucional: QUEJOSO FECHA DE NOTIFICACIÓN TRASCURSO DEL PLAZO 24 DE OCTUBRE DE 2019 DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. Descontándose los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre, uno, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho y veinte de noviembre por ser días inhábiles. Dicho en otras palabras, la demanda de amparo se presentó cuando ya había fenecido el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues esta fue recibida hasta el tres de diciembre de dos mil diecinueve, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en Morelia, Michoacán. Finalmente, en el caso concreto, no se actualizan las excepciones que alude el numeral 17 de la Ley de Amparo, puesto que la quejosa no reclama la constitucionalidad de una ley a partir de su vigencia; no combate la sentencia definitiva de su proceso penal; el acto reclamado no trastoca derechos agrarios y el acto que reclama no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, para que se pueda presentar en cualquier tiempo. Por otra parte, en relación con el acto reclamado marcado con el número dos (2) este juzgador estima que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, con relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del artículo 107 de la referida Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Asimismo, el 107, fracción III, inciso b), constitucional, establece: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine esta ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [...]" En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En esa línea, el acto reclamado a estudio, no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que dicho acto no afecta de manera directa derechos sustantivos. Es así, ya que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional, respecto del acto aquí reclamado, no se actualiza, porque no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudiera ser la administración de justicia, libertad, patrimonio, entre otros. Lo anterior, porque en el caso particular el solicitante de la acción constitucional se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del procedimiento del juicio origen, sin embargo, el acto reclamado por aquella no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. De tal suerte, la afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el impetrante es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción prevista para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Máxime que la autoridad responsable únicamente le dijo que debía elevar su petición en el diverso controvertido, por lo que no se le deja en un estado de indefensión con dicha determinación. En virtud de lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
por este medio se notifica al quejoso y autorizados, el proveído del trece de diciembre de dos mil diecinueve, que en síntesis dice: CUMPLE PREVENCION. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en autos. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Vista la demanda de amparo promovida por Gloria Moreno Murillo, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito judicial de Zacapu, Michoacán, consistentes en: El auto de diecisiete de octubre del año en curso, donde el Juez responsable decretó la suspensión de la medida cautelar de alimentos provisionales en favor de la ahora quejosa, dentro del juicio familiar 599/2019. Al igual que, el auto trece de noviembre del presente año, en el que se le dijo que las peticiones que realizaba, las tenía que hacer en el controvertido 907/2017, donde se decretó a su cargo la pensión alimenticia provisional que aduce. En ese contexto, una vez precisados los actos reclamados, este órgano de control constitucional estima que por lo que hace al señalado con el número uno (1), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.." Por su parte los diversos ordinales 17 y 18 de la Ley de la Materia establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe instarse en los plazos legales, y el que en esta determinación importa se contabilizará a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; Hipótesis que apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado, como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales, y en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. Ahora bien, de la lectura integra de la presente demanda y de sus anexos se advierte que al quejoso se le notificó el auto que en este apartado se analiza, el día veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve; ya que así lo manifiesta en su escrito inicial de demanda, procediendo a hacer el cómputo debido, para la presentación de la demanda constitucional: QUEJOSO FECHA DE NOTIFICACIÓN TRASCURSO DEL PLAZO 24 DE OCTUBRE DE 2019 DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. Descontándose los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre, uno, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho y veinte de noviembre por ser días inhábiles. Dicho en otras palabras, la demanda de amparo se presentó cuando ya había fenecido el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues esta fue recibida hasta el tres de diciembre de dos mil diecinueve, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en Morelia, Michoacán. Finalmente, en el caso concreto, no se actualizan las excepciones que alude el numeral 17 de la Ley de Amparo, puesto que la quejosa no reclama la constitucionalidad de una ley a partir de su vigencia; no combate la sentencia definitiva de su proceso penal; el acto reclamado no trastoca derechos agrarios y el acto que reclama no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, para que se pueda presentar en cualquier tiempo. Por otra parte, en relación con el acto reclamado marcado con el número dos (2) este juzgador estima que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, con relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del artículo 107 de la referida Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Asimismo, el 107, fracción III, inciso b), constitucional, establece: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine esta ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [...]" En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En esa línea, el acto reclamado a estudio, no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que dicho acto no afecta de manera directa derechos sustantivos. Es así, ya que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional, respecto del acto aquí reclamado, no se actualiza, porque no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudiera ser la administración de justicia, libertad, patrimonio, entre otros. Lo anterior, porque en el caso particular el solicitante de la acción constitucional se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del procedimiento del juicio origen, sin embargo, el acto reclamado por aquella no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. De tal suerte, la afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el impetrante es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción prevista para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Máxime que la autoridad responsable únicamente le dijo que debía elevar su petición en el diverso controvertido, por lo que no se le deja en un estado de indefensión con dicha determinación. En virtud de lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA QUEJOSA Y AUTORIZADOS LA DETERMINACIÓN QUE DICE. Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1310/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN. Para estar en posibilidad de acordar lo procedente, con fundamento en los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, por escrito cumpla en sus términos con lo siguiente: UNICO. Bajo protesta de decir verdad, mencione la fecha en que le fueron notificados los actos reclamados (ya sea por lista o de manera personal), ya que fue omisa al respecto. Lo anterior en acatamiento a la jurisprudencia 2a. /J. 161/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1079, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA ENQUETUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Apercíbase a la parte promovente que de no cumplir con lo acordado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, atento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por la peticionaria o en su caso por su apoderado jurídico con facultades amplias, pues su autorizada carece de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se le tiene como su autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en su líbelo, toda vez que bajo dichos términos fueron señalados. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la arte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da
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Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1310/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN. Para estar en posibilidad de acordar lo procedente, con fundamento en los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, por escrito cumpla en sus términos con lo siguiente: UNICO. Bajo protesta de decir verdad, mencione la fecha en que le fueron notificados los actos reclamados (ya sea por lista o de manera personal), ya que fue omisa al respecto. Lo anterior en acatamiento a la jurisprudencia 2a. /J. 161/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1079, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA ENQUETUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Apercíbase a la parte promovente que de no cumplir con lo acordado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, atento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por la peticionaria o en su caso por su apoderado jurídico con facultades amplias, pues su autorizada carece de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se le tiene como su autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en su líbelo, toda vez que bajo dichos términos fueron señalados. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la arte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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