Gloria Quezada de la Torre
Expediente 168/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gloria Quezada de la Torre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de dieciséis del presente mes y año, para manifestar lo que a su derecho correspondiera, respecto del acto realizado por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se le concedió para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este resolutor procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: El uno de abril de dos mil dieciséis se inició la audiencia constitucional que culminó con el dictado de la sentencia el cuatro del citado mes y año, en la que se concedió a la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, el amparo y protección de la justicia federal solicitados en los términos siguientes: [.] "Corolario de lo anterior, al resultar inconstitucional el artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil quince, por establecer una contribución especial sobre energía eléctrica, en cuanto fija un cobro del ocho por ciento sobre el consumo de energía por concepto de derecho del servicio de alumbrado público, cuando ello solo corresponde a la Federación, y dado que el acto reclamado está apoyado en disposiciones declaradas inconstitucionales, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que las autoridades responsables devuelvan a la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, la cantidad de cinco mil ochocientos trece pesos con cuarenta y ocho centavos, relativo al servicio 104 080 402 333, correspondiente al periodo del treinta de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que pagó por concepto de derecho de alumbrado público declarado inconstitucional." [fojas 55-65]; [.] En proveído de veintiocho de abril de dos mil dieciséis causó ejecutoria dicho fallo y se procedió a requerir a las autoridades responsables Presidente y Director de Finanzas Municipales de Loreto, Zacatecas, para que cumplieran con la ejecutoria de amparo y remitieran las constancias que acreditaran dicha circunstancia [f. 78]. Al respecto, mediante oficio recibido el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la Síndica Municipal de Loreto, Zacatecas, remitió copia de la póliza del cheque 0004477 de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, por la cantidad de cinco mil ochocientos trece pesos con cuarenta y ocho centavos, con acuse de recibo a favor de la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, por concepto de devolución del derecho de alumbrado público respecto del aviso recibo 104 080 402 333, materia de la protección constitucional concedida [f. 82-84]. Con lo anterior, en auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que expresara lo que a su derecho correspondiera [f. 85]; sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Conforme a lo antes expuesto, atendiendo a que en la sentencia protectora se concedió a la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que el Presidente y la Directora de Finanzas Municipales de Loreto, Zacatecas, le devolvieran la cantidad antes indicada que en su oportunidad pagó como importe por concepto de derecho de alumbrado público; y atendiendo a que de las constancias que obran en autos se advierte que se acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden; por lo tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, y atendiendo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del mismo, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se otorgó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico ni histórico ni es de relevancia documental que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del Punto Décimo Primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables, personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
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En dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con el oficio con registro 9468, con anexo que se adjunta.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Síndica Municipal de Loreto, Zacatecas, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de abril del presente año, respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, remite copia de la póliza del cheque número 0004477 de fecha cuatro de mayo del año en curso, por la cantidad de cinco mil ochocientos trece pesos con cuarenta y ocho centavos, con acuse de recibo a favor de la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE; lo anterior, por concepto de devolución del importe relativo al Derecho de Alumbrado Público, materia de la protección constitucional concedida; con lo anterior, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Órgano Jurisdiccional, con base en las constancias que obran en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento que en su caso haya otorgado la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
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En veintiocho de abril de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, --------------------------------------------------------- C E R T I F I C O : ------------------------------ Que del doce al veinticinco de abril del presente año, transcurrió el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el cuatro del presente mes y año, dentro del juicio de amparo número 168/2016-3, promovido por GLORIA QUEZADA DE LA TORRE.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el cuatro de abril del año en curso, en la que se concedió a la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, el amparo y protección de la justicia federal solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de la Materia en vigor, requiérase a las autoridades responsables Presidente y Director de Finanzas Municipales de Loreto, Zacatecas; para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la legal notificación de este auto, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitan las constancias que así lo acrediten, apercibidas que no hacerlo así sin causa justificada se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la ciudad de México, en términos del artículo 258 de la Ley en consulta; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
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VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 168/2016-3; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cinco de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridades responsables: Presidente Municipal de Loreto, Zacatecas. Tesorera Municipal de Loreto, Zacatecas (denominación correcta). Comisión Federal de Electricidad. Actos reclamados: El cobro de la cantidad de cinco mil ochocientos trece pesos con cuarenta y ocho centavos, por concepto de derecho de alumbrado público, relativo al servicio 104 080 402 333, correspondiente al periodo del treinta de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por proveído de ocho de febrero del dos mil dieciséis se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público Federal adscrito; se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y existencia de los actos reclamados. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, así como de los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en el cobro de la cantidad de cinco mil ochocientos trece pesos con cuarenta y ocho centavos, por concepto de derecho de alumbrado público, relativo al servicio 104 080 402 333, correspondiente al periodo del treinta de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, presunción o certeza, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Las autoridades responsables Presidente y Tesorera del Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas; así como la Comisión Federal de Electricidad (a través de Jefe del Departamento Jurídico de ese organismo), al rendir su respectivo informe justificado manifestaron que son ciertos los actos reclamados (f. 31-36 y 41-43). TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión que debe analizarse de manera oficiosa, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". El Presidente y Tesorera del Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, en el informe justificado que rindieron de manera conjunta, hacen valer la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo (se precisa que ese precepto y fracción se establecen a la ley abrogada y corresponden a la fracción XIII del numeral 61 de la vigente), aduciendo, esencialmente, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, al cubrir el primer pago por consumo de energía eléctrica, en el que se comprende el 8% por concepto de derecho de alumbrado público. La causa de improcedencia es infundada, en razón de que el pago de una contribución en forma lisa y llana no constituye una manifestación de la voluntad que entrañe el consentimiento del acto que se reclame, como en la especie lo es el cobro por concepto de derecho de alumbrado público que se tilda de inconstitucional. Tiene aplicación al tema, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE. Si el quejoso presenta la demanda de amparo en contra de una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, ello no constituye la manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la ley que la establece ya que, dada la naturaleza de las normas fiscales, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente, refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada." Asimismo, las citadas responsables hacen valer el diverso motivo de improcedencia que consigna la fracción XVIII del precitado numeral 73 (se aclara que esos normativos también corresponden a la Ley de Amparo abrogada, pues en la vigente corresponden a la fracción XXIII del ordinal 61), que establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando resulte de alguna disposición de la ley; refiriendo que al estipularse en los artículos 31 y 115 de la Constitución Federal el pago de impuestos y el funcionamiento del Municipio libre, respaldan también el cobro del derecho del alumbrado público los numerales 48 y 49, fracción XVI de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, lo cual no puede contravenir la Carta Magna. La citada causa de improcedencia debe desestimarse, en razón de que es evidente que las apuntadas consideraciones se encuentran relacionadas con el tema de fondo que aquí se plantea, como lo es la inconstitucionalidad del 8% por concepto de derecho de alumbrado público que se reclama. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". En cambio, esta resolutora advierte que, por cuanto hace al acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, en razón de que, como lo aduce el Jefe del Departamento Jurídico de ese organismo en su informe justificado, no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, en razón de que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia citada, señala que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; empero, cuando la Comisión Federal de Electricidad, en observancia de lo dispuesto por una Ley de Ingresos Municipal y de acuerdo con el convenio celebrado con el Ayuntamiento, determina y recauda el pago por el derecho del servicio de alumbrado público, emitiendo el aviso-recibo correspondiente, no realiza actos de autoridad, porque no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de coordinación como particular en auxilio de la administración pública municipal. Sirven de apoyo al tema, las jurisprudencias siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la determinación y el cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, pues: 1) el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sino sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Esto es, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad o son equiparables a éste para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. Así, el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no constituye ni es equivalente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo."; y, "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El corte o la suspensión del fluido de energía eléctrica contratado por falta de pago oportuno, no puede ser considerado por esa sola circunstancia, un acto de autoridad ni uno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad o equiparable a éste." Conforme a los criterios jurisprudenciales precitados, la Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que al realizar el cobro del derecho de alumbrado público, no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación jurídica concreta que infrinja la esfera legal del gobernado, motivo por el cual cobra vigencia la causa de improcedencia invocada; consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, debe sobreseerse respecto a los actos reclamados de dicho organismo público descentralizado. CUARTO. Estudio de la constitucionalidad del acto concreto de aplicación. En el presente asunto el acto reclamado consiste en el cobro del derecho de alumbrado público que se contiene en el aviso recibo exhibido por la parte quejosa, por la cantidad de cinco mil ochocientos trece pesos con cuarenta y ocho centavos, relativo al servicio 104 080 402 333, correspondiente al periodo del treinta de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Ahora bien, el destacado acto se funda en una norma declarada inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, procede suplir la deficiencia de la queja y observar la jurisprudencia respectiva a fin de dejar insubsistente la aplicación de esa disposición, aunque no se haya reclamado la ley ni señalado como autoridad responsable al órgano legislativo correspondiente o denunciado algún vicio de constitucionalidad de la norma en que se sustenta el acto, dado que la suplencia consiste en juzgar el acto reclamado que se apoya en una disposición inconstitucional en términos de lo establecido por la jurisprudencia, con todas sus consecuencias jurídicas. Es aplicable al tema la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISIÓN. El citado precepto establece que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin expresar que opere sólo en cierto tipo de amparos, por lo que es dable interpretar que dicho beneficio procesal resulta aplicable en los juicios de amparo directo y en los indirectos, en primera instancia o en revisión, tal como se sostuvo en la exposición de motivos del proceso legislativo que culminó con la reforma del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951." Asimismo, por las razones que la informan, se invoca la jurisprudencia P.J. 104/207, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 14, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Debe suplirse la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Esta conclusión se justifica por las siguientes razones: 1) el Juez constitucional tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto, y para casos futuros en relación con el quejoso, por lo que, por mayoría de razón, tiene facultades para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al caso de su conocimiento; 2) de actualizarse el juicio de analogía, se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, dando lugar en consecuencia al surgimiento del deber del juzgador para hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido; 3) el Juez constitucional tiene el deber de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen; y 4) el Juez constitucional tiene el deber de actuar conforme a derecho, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de la jurisprudencia temática invocada, pues ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico." Y, por último también se cita la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA, AUNQUE NO SE HAYA PLANTEADO EN LA DEMANDA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. De los procesos legislativos que culminaron con las reformas a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951, el 16 de enero de 1984 y el 7 de abril de 1986, así como del texto del actual artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada, se advierte que si el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe suplirse la queja deficiente aunque en la demanda no se hayan reclamado dichas leyes, ni se haya señalado como autoridades responsables a los órganos legislativos correspondientes o denunciado algún vicio de constitucionalidad de la norma en que se apoya o sustenta el acto. La suplencia debe consistir en juzgar que el acto reclamado se apoya en una disposición inconstitucional en los términos establecidos por la jurisprudencia, con todas sus consecuencias jurídicas, para cumplir con la intención del Poder Reformador de garantizar la constitucionalidad de los actos de autoridad.". Previamente conviene dejar establecido que la indicada prerrogativa procesal contenida en el artículo 79, fracción I, de la legislación reglamentaria citada, no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, y si lo que se va analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación. Así lo estableció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P.J. 8/2006, publicada en la página 9, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY. El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento de la ley cuando no se reclame con motivo de su primer acto de aplicación, pero dicha causal es aplicable solamente a la ley y no los actos de aplicación; en consecuencia, si la prerrogativa procesal contenida en el artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, y lo que se va a analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación." Precisado lo anterior, en el presente asunto la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE reclama el cobro del derecho por servicio de alumbrado público, regulado en el artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil quince, el cual establece: "Artículo 24. Al importe de consumo de energía eléctrica en cada contrato que el usuario tenga celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, se aplicará el 8% en concepto de pago de derechos por el servicio público de alumbrado que se preste en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común, excepto los contemplados en la tarifa 9 relativa a la energía empleada para riego agrícola, facultándose a aquella para la recaudación de este derecho en base a los convenios existentes y a la Ley de Ingresos del Estado." Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las leyes o códigos locales que establecen como referencia para su cobro la cantidad que se paga por el consumo de energía eléctrica por concepto de alumbrado público, son inconstitucionales, porque invaden la esfera de atribuciones de la federación y contravienen la Constitución General de la República, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5, subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica, lo que dio origen a la jurisprudencia 6/88 del rubro y texto siguientes: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República." En torno a este tema, debe acotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, los órganos jurisdiccionales están obligados a aplicar la jurisprudencia que emita el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, este Juzgado Federal en acatamiento del criterio jurisprudencial antes invocado hace propios los razonamientos que en el mismo se contienen, sin ser necesario expresar otras consideraciones, por tener exacta aplicación al tema materia de la litis constitucional que aquí se plantea. Corolario de lo anterior, al resultar inconstitucional el artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil quince, por establecer una contribución especial sobre energía eléctrica, en cuanto fija un cobro del ocho por ciento sobre el consumo de energía por concepto de derecho del servicio de alumbrado público, cuando ello solo corresponde a la Federación, y dado que el acto reclamado está apoyado en disposiciones declaradas inconstitucionales, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que las autoridades responsables devuelvan a la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, la cantidad de cinco mil ochocientos trece pesos con cuarenta y ocho centavos, relativo al servicio 104 080 402 333, correspondiente al periodo del treinta de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que pagó por concepto de derecho de alumbrado público declarado inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 188/2004 de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.- Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente se, RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 168/2016-3, promovido por GLORIA QUEZADA DE LA TORRE contra el acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, por los motivos indicados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, contra el acto reclamado al Presidente y Tesorera del Municipio de Loreto, Zacatecas, por las razones y para los efectos precisados en el considerando cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida de Secretario con quien actúa, licenciado José de Jesús Martínez Torres, hoy cuatro de abril de dos mil dieciséis, en que las labores del Juzgado permitieron concluir el dictado de esta sentencia. DOY FE.
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