Gloria Quezada de la Torre

Expediente 281/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
281/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
27/05/2016

Partes del expediente

  • Gloria Quezada de la Torre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifico: Que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora. Doy fe. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta al Secretario en Funciones de Juez con el estado de autos y la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, por auto de diecisiete de mayo del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Síndica Municipal de Loreto, Zacatecas, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, sin que lo haya hecho; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El cinco de abril de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia en el presente juicio de garantías, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; y por otra se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en los términos siguientes: . . ."Corolario de lo anterior, al resultar inconstitucional el artículo 80 de la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por establecer una contribución especial sobre energía eléctrica, en cuanto fija un cobro del ocho por ciento sobre el consumo de energía por concepto de derecho del servicio de alumbrado público, cuando ello sólo corresponde a la Federación, y dado que el acto reclamado está apoyado en disposiciones declaradas inconstitucionales, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable devuelva a la quejosa ********************, la cantidad de ********************, contenida en el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, con número de servicio servicio ********************, pagada por concepto de derecho de alumbrado público por el período del ********************". . . (f. 103-112). En auto emitido el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia protectora de garantías, y se requirió por su cumplimiento (f. 121). Al efecto, la Síndica Municipal de Loreto, Zacatecas, remitió simple de la póliza de cheque número 004458 a nombre de la quejosa, por la cantidad de $4,617.22, en la que obraba firma de recibido el cuatro de mayo del año en curso (f. 125-127). En atención a lo anterior, en auto de diecisiete de mayo de la presente anualidad, se dio vista a la quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto (f. 128). Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto la autoridad responsable regresara a la promovente del amparo la cantidad de ********************, contenida en el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, con número de servicio servicio ********************, pagada por concepto de derecho de alumbrado público por el período del ********************; y además existe constancia de que la Síndica Municipal de Loreto, Zacatecas, el cuatro de mayo de la presente anualidad, entregó a la quejosa el cheque número 004458 por la cantidad antes citada, lo que corroboró con la póliza de cheque relativa que exhibió; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, y por lo tanto este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm

  2. Principal

    En diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se da cuenta al Secretario en Funciones de Juez con un oficio registrado con el número 9469 y anexo que se adjunta.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el oficio signado por la Síndica Municipal de Loreto, Zacatecas, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia protectora de garantías emitida en el presente asunto, remite copia simple de la póliza de cheque número 004458 a nombre de la quejosa, por la cantidad de $4,617.22, de la que se advierte firma de recibido el cuatro de mayo del año en curso; con su contenido se ordena darle vista, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a su legal notificación, manifieste lo que su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado se pronunciará sobre el cumplimiento dado al fallo protector de mérito conforme a las constancias que obran en este expediente, y las constancias aportadas por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm.

  3. Principal

    En veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ------------------------------------------------------------------------ C E R T I F I C A:---------------------------- Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para las autoridades responsables foráneas del doce al veinticinco de abril del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el día cinco del mes y año citados.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta al Secretario encargado del despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por el cinco de abril del año en curso, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; y por otra, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia y 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables respecto de las que se concedió la protección constitucional, Presidente Municipal y Director de Finanzas, ambos de Loreto, Zacatecas, para que dentro del término de TRES DÍAS, den cabal cumplimiento a la sentencia protectora de garantías, y remitan las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento de que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se les impondrá una multa que en su momento se determinará, y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 281/2016-1; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridades responsables: Presidente Municipal de Loreto, Zacatecas. Director de Finanzas del Municipio de Loreto, Zacatecas. Comisión Federal de Electricidad. Actos reclamados: La aplicación de Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, concretamente en cuanto al artículo que establece el cobro por derecho de alumbrado público, lo que se traduce en la recaudación de ese derecho, a través de la Comisión Federal de Electricidad, en lo que relativo al periodo del treinta y uno de diciembre de dos mil quince al treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, mediante el recibo relativo al número de servicio 104 080 402 333. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 14, 16, 31, fracción IV, y 73, fracción XXIX, inciso 5, subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por proveído de veintidós de febrero del dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y existencia de los actos reclamados. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, así como de los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: El cobro del derecho de alumbrado público correspondiente al periodo del treinta y uno de diciembre de dos mil quince al treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, contenido en el aviso-recibo del número de servicio 104 080 402 333, a nombre de GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, en el que se establece un cargo por cuatro mil seiscientos diecisiete pesos con veintidós centavos, por el referido concepto. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, presunción o certeza, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Las autoridades responsables Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Loreto, Zacatecas, así como Comisión Federal de Electricidad, por conducto del Jefe del Departamento Jurídico de la Zona Zacatecas, de la División de Distribución Bajío, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las documentales que el Jefe del Departamento Jurídico de la Zona Zacatecas, de la División de Distribución Bajío Comisión Federal de Electricidad, acompañó a su informe justificado, consistentes en facturación del cobro del uso de fluido eléctrico, en la que se aprecia también el relativo al derecho de alumbrado público, del periodo comprendido del treinta y uno de diciembre de dos mil quince al treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, así como con las exhibidas por la quejosa con su escrito de demanda, consistentes en copias fotostáticas simples del aviso recibo y de la impresión electrónica relativa al pago del servicio y periodo de que se trata, esta última de la institución bancaria Banamex; documentos que gozan de eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de esta última legislación, ya que se trata de documentos privados que no fueron objetados. TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En primer término, conviene precisar, que la Comisión Federal de Electricidad (por conducto del Jefe del Departamento Jurídico de la Zona Zacatecas, de la División de Distribución Bajío), con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, no obstante que aceptó los actos reclamados, señaló que dicha Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo, por lo que dice, deberá decretarse el sobreseimiento con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora, de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa, en el capítulo relativo a los actos reclamados, señala que reclama los actos tendientes al cumplimiento, aplicación, recaudación y ejecución de los decretos a través de la Comisión Federal de Electricidad, organismo encargado de realizar el cobro del Derecho de Alumbrado Público. Al respecto, debe decirse que efectivamente, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD no es autoridad responsable para los efectos del amparo, dado que el concepto de derecho de alumbrado público, no es de supra a subordinación, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos referidos señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos que se reclamen a particulares sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción II párrafo segundo del citado numeral 5 de la Ley de Amparo, cuyas funciones están determinadas por una norma general. Por lo que debe decirse que en el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia en comento, ya que dicho acto, que a través de este medio extraordinario de defensa se combate, no constituye uno equivalente al de una autoridad, sino que son cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones del suministro de energía eléctrica proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad, los cuales son de naturaleza exclusivamente comercial. Así lo ha precisado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CIX/2013 (10a.), con registro 2005149, en materia civil, del tenor literal siguiente: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ÉSTE SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. La interpretación del artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, conduce a sostener que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generadas en el marco del contrato de tal suministro o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es decretar el sobreseimiento por lo que se refiere a la Comisión Federal de Electricidad, en lo que concierne al acto reclamado a dicha autoridad. El Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Loreto, Zacatecas, refieren que en el presente juicio se surten las causales de improcedencia previstas por el artículo 73, fracciones XI y XVIII, de la Ley de Amparo abrogada. Sin embargo, dichas manifestaciones carecen de sustento jurídico. Así pues, por cuanto se refiere a la primera de las causales en mención, no se advierte su actualización, pues contrario a lo que aducen las mencionadas responsables, el hecho de que la quejosa haya realizado el pago del servicio de energía eléctrica y, como consecuencia, el relativo al concepto de derecho de alumbrado público, por las cantidades asentadas en el aviso recibo respectivo, no significa que consintiera el acto reclamado, pues tal pago solamente lo realizó para evitar el corte del suministro de energía eléctrica; sin embargo, presentó su el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, es decir dentro del término de quince días que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, si se atiende a la fecha que como límite de pago se aprecia en el aviso recibo, es decir, trece de febrero citado. En lo referente a la diversa causal de improcedencia, que invocan las mencionadas autoridades, se estima innecesario su estudio, ya que únicamente aluden a la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, que establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley, pero sin que relacionen dicha fracción con alguna disposición legal; máxime que la suscrita juzgadora no advierte que sea de obvia y objetiva constatación. Tiene aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 137/2006, resultado de la contradicción de tesis 142/2006-SS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 365, tomo XXIV, octubre de 2006, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN.- Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". Al no existir diversa causa de improcedencia planteada por las partes, ni advertida de manera oficiosa por este órgano jurisdiccional se procede examinar el fondo del asunto. CUARTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. En el caso tenemos que la parte quejosa reclama el cobro del derecho de alumbrado público únicamente por el periodo correspondiente del treinta y uno de diciembre de dos mil quince al treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, contenido en el aviso-recibo a nombre de Gloria Quezada De La Torre, número de servicio 104 080 402 333, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, en el que se establece un cargo por cuatro mil seiscientos diecisiete pesos con veintidós centavos, equivalente al ocho por ciento del consumo de energía eléctrica que se contiene en el referido aviso recibo, con fecha límite de pago al trece de febrero de dos mil dieciséis; contribución que encuentra soporte legal en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del dos mil dieciséis, del Municipio de Loreto, Zacatecas. Sobre el tema, debe indicarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las leyes y códigos locales que establecen el cobro del derecho de alumbrado público tomando como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad prevén un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local; por tal motivo, decretó que al tratarse de una contribución al consumo de fluido eléctrico, las legislaturas locales invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República. El invocado criterio se recoge en la siguiente jurisprudencia: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República.". Luego, nos encontramos ante el acto de aplicación de una norma legal que, si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como la referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Aplica a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente. "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Debe suplirse la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Esta conclusión se justifica por las siguientes razones: 1) el Juez constitucional tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto, y para casos futuros en relación con el quejoso, por lo que, por mayoría de razón, tiene facultades para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al caso de su conocimiento; 2) de actualizarse el juicio de analogía, se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, dando lugar en consecuencia al surgimiento del deber del juzgador para hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido; 3) el Juez constitucional tiene el deber de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen; y 4) el Juez constitucional tiene el deber de actuar conforme a derecho, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de la jurisprudencia temática invocada, pues ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico." De igual forma, es necesario precisar que aun cuando la quejosa Gloria Quezada de la Torre realizara con anterioridad diverso pago del materia de la demanda de amparo, por concepto del derecho de alumbrado público y conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, se actualizaría la causal de improcedencia del juicio por consentimiento expreso de la ley cuando se reclama con motivo de su primer acto de aplicación, ello se refiere solamente a la ley y no a los actos de aplicación; de ahí que la prerrogativa procesal contenida en el artículo 79, fracción I, de la legislación reglamentaria citada, no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, debido a que si la materia de análisis es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P.J. 8/2006, publicada en la página 9, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY. El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento de la ley cuando no se reclame con motivo de su primer acto de aplicación, pero dicha causal es aplicable solamente a la ley y no los actos de aplicación; en consecuencia, si la prerrogativa procesal contenida en el artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, y lo que se va a analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación." Precisado lo anterior, como se dijo, la quejosa Gloria Quezada de la Torre reclama de las autoridad señaladas como responsables Presidente Municipal y Director de Finanzas, ambos del Municipio de Loreto, Zacatecas, el cobro del derecho por servicio de alumbrado público, regulado por la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Zacatecas. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las leyes o códigos locales que establecen como referencia para su cobro la cantidad que se paga por el consumo de energía eléctrica por concepto de alumbrado público, son inconstitucionales, porque invaden la esfera de atribuciones de la federación y contravienen la Constitución General de la República, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica, lo que dio origen a la jurisprudencia 6/88, reproducida párrafos atrás. En torno a este tema, debe acotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, los órganos jurisdiccionales están obligados a aplicar la jurisprudencia que emita el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, este Juzgado Federal, en acatamiento del criterio jurisprudencial invocado, hace propios los razonamientos que en el mismo se contienen, sin ser necesario expresar otras consideraciones, por tener exacta aplicación al tema materia de la litis constitucional que aquí se plantea. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª./V/2003, consultable en la página 327, del Tomo XVII, Febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL. La aplicación de la jurisprudencia por el órgano jurisdiccional puede hacerse de modos diferentes. Así, existen casos en los que al aplicarla el órgano hace suyas las razones contenidas en la tesis, como sucede cuando al examinar una de las cuestiones controvertidas se limita a transcribir el texto de la tesis sin necesidad de expresar otras consideraciones; o cuando estudia el problema debatido expresando razonamientos propios y los complementa o fortalece con la reproducción de alguna tesis de jurisprudencia relativa al tema. Sin embargo, esto no ocurre en el caso en que exista una jurisprudencia que establezca la inconstitucionalidad de la ley aplicada en el acto reclamado, pues en este supuesto el juzgador no hace un examen del tema debatido y resuelto por aquélla, sino que simplemente la aplica porque le resulta obligatoria, independientemente de que comparta sus razonamientos y sentido, es decir, en este caso el Juez o tribunal sólo ejercen su libertad de jurisdicción en la determinación relativa a si el caso concreto se ajusta o no a los supuestos que lleven a la aplicación de la jurisprudencia, mas no en el criterio que en ésta se adopta." Corolario de lo anterior, al resultar inconstitucional el artículo 80 de la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por establecer una contribución especial sobre energía eléctrica, en cuanto fija un cobro del ocho por ciento sobre el consumo de energía por concepto de derecho del servicio de alumbrado público, cuando ello sólo corresponde a la Federación, y dado que el acto reclamado está apoyado en disposiciones declaradas inconstitucionales, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable devuelva a la quejosa Gloria Quezada de la Torre, la cantidad de cuatro mil seiscientos diecisiete pesos con veintidós centavos, contenida en el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, con número de servicio servicio 104 080 402 333, pagada por concepto de derecho de alumbrado público por el período del treinta y uno de diciembre de dos mil quince al treinta y uno de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 188/2004 de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.- Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, contra el acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, contra el acto reclamado a las autoridades responsables Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Loreto, Zacatecas, para los efectos señalados en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida de la Secretaria con quien actúa, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy cinco de abril de dos mil dieciséis, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.

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