Gloria Quezada de la Torre
Expediente 1630/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1630/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gloria Quezada de la Torre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El once de diciembre de dos mil quince, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho correspondía, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que a la fecha lo hubiere hecho; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con el estado de autos y la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El dieciséis de octubre de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva en esa propia fecha, en la que por una parte se sobreseyó el juicio de garantías y por la otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en los términos y para los efectos siguientes: ."para el efecto de que las autoridades responsables devuelvan a la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, la cantidad que se contiene en el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, con número de servicio 104 080 402 333 por la suma de $6,439.51 (SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N), que pagó por concepto de derecho de alumbrado público por el periodo del treinta de junio al treinta y uno de julio de dos mil quince." Posteriormente, por auto de trece de noviembre de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia de mérito; por lo que se procedió a requerir a las autoridades responsables Presidente Municipal y Director de Finanzas, ambos del distrito judicial de Loreto, Zacatecas, para que dieran cumplimiento a la sentencia protectora dictada en el juicio de amparo en que se actúa (f. 189 a199). Lo cual se realizó mediante el oficio registrado con el número 23269 (215), por el cual la Síndica Municipal de Loreto, Zacatecas, en cumplimiento a lo requerido al Presidente Municipal y Director de Finanzas, ambos del distrito judicial de Loreto, Zacatecas, informó haber devuelto a la parte quejosa la cantidad de $6,439.51 (SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 51/100 M.N.), adjuntando al efecto copia simple con firma de recibido del cheque póliza número 003845 de la Institución bancaria BBVA Bancomer, expedido a favor de la quejosa Gloria Quezada de la Torre. Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto ahí precisado; y además, existe constancia de que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector de garantías siguiendo los lineamientos que fueron establecidos para su cabal cumplimiento, pues de las constancias analizadas se aprecia que hicieron entrega a la quejosa del cheque número 003845 valioso por la cantidad de $6,439.51 (SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 51/100 M.N.), por concepto de derecho de alumbrado público; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ, QUE NO TIENE DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En veinticinco de noviembre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con un escrito registrado con el número 23269, con anexo que se acompaña.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de noviembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta que remite la Síndica Municipal de Loreto, Zacatecas, del que se advierte que da respuesta a los diversos oficios 32993/2015 y 32994/2015, dirigidos al Presidente Municipal y Director de Finanzas del aludido lugar; y en atención a su contenido, como lo solicita dicha autoridad, ténganse como delegados de su parte a los licenciados en Derecho J. Jesús Guerrero Montoya y Yazmin Fabiola Vega Calvillo; de igual forma, por hechas sus manifestaciones en el sentido de que acude a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de garantías, que consiste en devolver a la parte quejosa la cantidad de $6,439.51 (seis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 51/100 moneda nacional), para lo cual adjunta copia simple con firma de recibido del cheque póliza 0003845, expedido de la cuenta BBVA Bancomer del municipio de Loreto, Zacatecas, a favor de la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, de la que se advierte el nombre y firma de su autorizado licenciado Juan Carlos Martínez González, Con lo anterior, DESE VISTA a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DIAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento que en su caso haya otorgado dicha autoridad responsable al fallo constitucional. Lo anterior, sin que pase desapercibido que la mencionada autoridad manifiesta que para acreditar su personalidad adjunta constancia certificada expedida a su favor por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Zacatecas, sin que acompañe tal documento. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. Olivia
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a trece de noviembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el dieciséis de octubre de dos mil quince, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de garantías y por otra se concedió a la quejosa Gloria Quezada de la Torre, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de requiérase a las autoridades responsables Presidente y Tesorero Municipales, ambos de Loreto, Zacatecas; para que acaten en sus términos el fallo protector de que se trata e informen sobre su cumplimiento dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la legal notificación de este auto y remitan las constancias que así lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1630/2015, estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. A continuación el Secretario da cuenta al Juez, el escrito signado por el Agente del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado con número 20439, mediante el que formula alegatos ministeriales. A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por recibido el mencionado escrito y acuérdese lo procedente en la etapa respectiva. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas. Al respecto, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendidos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, Presidente y Tesorero Municipal de Loreto Zacatecas, Jefe de Departamento Jurídico de la Zona Zacatecas de la División de Distribución Bajío de la Comisión Federal de Electricidad con sede en esta ciudad, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente. Acto continuo, se abre el período probatorio, en el que se hace constar las documentales ofrecidas por la autoridad señala como responsable, Jefe de Departamento Jurídico de la Zona Zacatecas de la División de Distribución Bajío de la Comisión Federal de Electricidad con sede en esta ciudad, consistente en: Informe general del servicio eléctrico del quejoso e historial de facturación de dieciséis de junio de dos mil quince. Asimismo se hace constar con las pruebas documentales ofrecidas por las autoridades señaladas como responsables Presidente Municipal y Tesorero de Loreto Zacatecas, consistentes en: sesión ordinaria de treinta de octubre de dos mil catorce. Al respecto, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que se hace constar que el Agente del Ministerio Publico Adscrito a este Juzgado sí formuló pedimento. Al no existir diligencia pendiente por desahogar, se da por concluida la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia correspondiente. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1630/2015; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el treinta y uno de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y remitida en esa propia fecha a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: IV. AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente Municipal de Loreto, Zacatecas. Director de Finanzas del Municipio de Loreto, Zacatecas. Comisión Federal de Electricidad. V. ACTO RECLAMADO: El cobro del derecho de alumbrado público del servicio 104 080 402 333 correspondiente al periodo del treinta de junio al treinta y uno de julio de dos mil quince. SEGUNDO. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La parte quejosa manifestó que el acto reclamado resultaba violatorio de los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En treinta y uno de agosto de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda, se registró en el libro de Gobierno con el número 1630/2015, se solicitó el informe con justificación, se otorgó la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Seguido el juicio por sus trámites legales, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver en esta instancia el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Y ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: El cobro del derecho de alumbrado público correspondiente al periodo del treinta de junio al treinta y uno de julio del dos mil quince, contenido en el aviso-recibo número de servicio 1104 080 402 333 expedido a nombre de GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, por la Comisión Federal de Electricidad, en el que se establece un cargo por la cantidad de $6,439.51 (SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 51/100 M. N) por el referido concepto. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la siguiente tesis de rubro y texto: SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad. II.2.1. Certeza. Conviene precisar que la Comisión Federal de Electricidad (por conducto del Jefe del Departamento Jurídico de la Zona Zacatecas, de la División de Distribución Bajío), con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó los actos reclamados; sin embargo, señaló que Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo, por lo que debería decretarse el sobreseimiento. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, en el capítulo relativo a los actos reclamados de su demanda, señala que reclama los actos tendientes al cumplimiento, aplicación, recaudación y ejecución de los decretos a través de la Comisión Federal de Electricidad, organismo encargado de realizar el cobro del Derecho de Alumbrado Público. Al respecto, debe decirse que efectivamente, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD no es autoridad responsable para los efectos del amparo, dado que el concepto de derecho de alumbrado público, no es de supra subordinación, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos referidos señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos que se reclamen a particulares sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción II, párrafo segundo del citado numeral 5° de la Ley de Amparo y cuyas funciones están determinadas por una norma general. Por lo que debe decirse que en el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia en comento, ya que dicho acto, que a través de este medio extraordinario de defensa se combate, no constituye un acto equivalente al de una autoridad, sino que son cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones del suministro de energía eléctrica proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad, los cuales son de naturaleza exclusivamente comercial. Así lo ha precisado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CIX/2013 (10a.), con registro 2005149, en materia civil, del tenor literal siguiente: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ÉSTE SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. La interpretación del artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, conduce a sostener que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generadas en el marco del contrato de tal suministro o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es decretar el sobreseimiento por lo que se refiere a la Comisión Federal de Electricidad, en lo que concierne al acto reclamado a dicha autoridad. Por otra parte, las autoridades responsables Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Loreto, Zacatecas, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados. III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". El Presidente y Tesorera, ambos del Municipio de Loreto, Zacatecas, hacen referencia a que en el presente juicio de amparo se surten las causales de improcedencia prevista por el artículo 73, fracciones XI y XVIII de la Ley de Amparo, respectivamente. Sin embargo, dichas manifestaciones carecen de sustento jurídico, ya que las citadas autoridades responsables fundamentan su causal de improcedencia en un precepto legal que es incongruente con la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN.- Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Al no existir diversa causa de improcedencia planteada por las partes, ni advertida de manera oficiosa por este órgano jurisdiccional se procede examinar el fondo del asunto. IV. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Ahora bien, el destacado acto se funda en una norma declarada inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, procede suplir la deficiencia de la queja y observar la Jurisprudencia respectiva a fin de dejar insubsistente la aplicación de esa disposición, aunque no se haya reclamado la ley ni señalado como autoridad responsable al órgano legislativo correspondiente o denunciado algún vicio de constitucionalidad de la norma en que se sustenta el acto, dado que la suplencia consiste en juzgar el acto reclamado que se apoya en una disposición inconstitucional en términos de lo establecido por la Jurisprudencia, con todas sus consecuencias jurídicas. Es aplicable al tema la Jurisprudencia P.J. 6/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 7, Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISIÓN. El citado precepto establece que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin expresar que opere sólo en cierto tipo de amparos, por lo que es dable interpretar que dicho beneficio procesal resulta aplicable en los juicios de amparo directo y en los indirectos, en primera instancia o en revisión, tal como se sostuvo en la exposición de motivos del proceso legislativo que culminó con la reforma del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951." Asimismo, por las razones que la informan se invoca la Jurisprudencia P.J. 104/207, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 14, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Debe suplirse la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Esta conclusión se justifica por las siguientes razones: 1) el Juez constitucional tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto, y para casos futuros en relación con el quejoso, por lo que, por mayoría de razón, tiene facultades para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al caso de su conocimiento; 2) de actualizarse el juicio de analogía, se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, dando lugar en consecuencia al surgimiento del deber del juzgador para hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido; 3) el Juez constitucional tiene el deber de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen; y 4) el Juez constitucional tiene el deber de actuar conforme a derecho, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de la jurisprudencia temática invocada, pues ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico." Y, por último también se cita la Jurisprudencia P.J. 4/2006, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA, AUNQUE NO SE HAYA PLANTEADO EN LA DEMANDA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. De los procesos legislativos que culminaron con las reformas a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951, el 16 de enero de 1984 y el 7 de abril de 1986, así como del texto del actual artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada, se advierte que si el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe suplirse la queja deficiente aunque en la demanda no se hayan reclamado dichas leyes, ni se haya señalado como autoridades responsables a los órganos legislativos correspondientes o denunciado algún vicio de constitucionalidad de la norma en que se apoya o sustenta el acto. La suplencia debe consistir en juzgar que el acto reclamado se apoya en una disposición inconstitucional en los términos establecidos por la jurisprudencia, con todas sus consecuencias jurídicas, para cumplir con la intención del Poder Reformador de garantizar la constitucionalidad de los actos de autoridad.". Previamente conviene dejar establecido que aun cuando la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, haya realizado con anterioridad algún diverso pago del que se refiere a la demanda de amparo por concepto del servicio de alumbrado público de referencia, si bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece la causal de improcedencia del juicio de garantías por consentimiento expreso de la ley cuando se reclama con motivo de su primer acto de aplicación, ello se refiere solamente a la ley y no a los actos de aplicación; y en ese contexto, la indicada prerrogativa procesal contenida en el artículo 79, fracción I, de la legislación reglamentaria citada, no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, y si lo que se va analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P.J. 8/2006, publicada en la página 9, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY. El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento de la ley cuando no se reclame con motivo de su primer acto de aplicación, pero dicha causal es aplicable solamente a la ley y no los actos de aplicación; en consecuencia, si la prerrogativa procesal contenida en el artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, y lo que se va a analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación." Precisado lo anterior, en el presente asunto la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, reclama de las autoridades señaladas como responsables Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Loreto, Zacatecas, el cobro del derecho por servicio de alumbrado público, regulado en el artículo 24, de la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil quince, el cual establece: "Artículo 24. Al importe de consumo de energía eléctrica en cada contrato que el usuario tenga celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, se aplicará el 8% en concepto de pago de derechos por el servicio público de alumbrado que se preste en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común, excepto los contemplados en la tarifa 9 relativa a la energía empleada para riego agrícola, facultándose a aquella para la recaudación de este derecho en base a los convenios existentes y a la Ley de Ingresos del Estado". Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las leyes o códigos locales que establecen como referencia para su cobro la cantidad que se paga por el consumo de energía eléctrica por concepto de alumbrado público, son inconstitucionales, porque invaden la esfera de atribuciones de la federación y contravienen la Constitución General de la República, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica, lo que dio origen a la Jurisprudencia 6/88 del rubro y texto siguientes: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República." En torno a este tema, debe acotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, los órganos jurisdiccionales están obligados a aplicar la jurisprudencia que emita el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, este Juzgado Federal en acatamiento del criterio jurisprudencial antes invocado hace propios los razonamientos que en el mismo se contienen, sin ser necesario expresar otras consideraciones, por tener exacta aplicación al tema materia de la litis constitucional que aquí se plantea. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª./V/2003, consultable en la página 327, del Tomo XVII, Febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL. La aplicación de la jurisprudencia por el órgano jurisdiccional puede hacerse de modos diferentes. Así, existen casos en los que al aplicarla el órgano hace suyas las razones contenidas en la tesis, como sucede cuando al examinar una de las cuestiones controvertidas se limita a transcribir el texto de la tesis sin necesidad de expresar otras consideraciones; o cuando estudia el problema debatido expresando razonamientos propios y los complementa o fortalece con la reproducción de alguna tesis de jurisprudencia relativa al tema. Sin embargo, esto no ocurre en el caso en que exista una jurisprudencia que establezca la inconstitucionalidad de la ley aplicada en el acto reclamado, pues en este supuesto el juzgador no hace un examen del tema debatido y resuelto por aquélla, sino que simplemente la aplica porque le resulta obligatoria, independientemente de que comparta sus razonamientos y sentido, es decir, en este caso el Juez o tribunal sólo ejercen su libertad de jurisdicción en la determinación relativa a si el caso concreto se ajusta o no a los supuestos que lleven a la aplicación de la jurisprudencia, mas no en el criterio que en ésta se adopta." Corolario de lo anterior, al resultar inconstitucional el artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil quince, por establecer una contribución especial sobre energía eléctrica, en cuanto fija un cobro del ocho por ciento sobre el consumo de energía por concepto de derecho del servicio de alumbrado público, cuando ello sólo corresponde a la Federación, y dado que el acto reclamado está apoyado en disposiciones declaradas inconstitucionales, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que las autoridades responsables devuelvan a la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, la cantidad que se contiene en el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, con número de servicio 104 080 402 333 por la suma de $6,439.51 (SEIS MIL CUATROCIENTO STREINTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N), que pagó por concepto de derecho de alumbrado público por el período del treinta de juniol al treinta y uno de julio de dos mil quince. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 188/2004 de rubro y texto siguiente: AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.- Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente se RESUELVE: PRIMERO- Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, contra el acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad (por conducto del Jefe del Departamento Jurídico de la Zona Zacatecas, de la División de Distribución Bajío), con sede en esta ciudad por los motivos expuestos en el considerando II.2.1. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, contra el acto reclamado a las autoridades responsables Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Loreto, Zacatecas, para los efectos señalados en el último considerando. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de Secretario con quien actúa, licenciado Juan García Trejo.- DOY FE.
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