Gloria Quezada de la Torre
Expediente 1086/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1086/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gloria Quezada de la Torre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En veinticuatro de septiembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de diez de septiembre de la presente anualidad, para manifestar lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En veinticuatro de septiembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta al Juez el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado, ha transcurrido el término que se le concedió para tal efecto a la propia quejosa, en consecuencia y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El treinta de julio de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva en esa misma fecha, en la que se concedió a la quejosa Gloria Quezada de la Torre, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en los términos y para los efectos que enseguida se precisan: Procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que las autoridades responsables devuelvan a la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, la cantidad que se contiene en el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, con número de servicio 104 080 402 333 por la suma de $5,865.29 (cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos 29/100 M.N), que pagó por concepto de derecho de alumbrado público por el período del treinta de abril al treinta y uno de mayo de dos mil quince. Posteriormente, por auto de veintiocho de agosto de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia de mérito; por lo que se procedió a requerir al Presidente y Tesorero Municipales del Municipio de Loreto, Zacatecas, para que dentro del término de tres días dieran cumplimiento a la sentencia protectora dictada en el juicio de amparo en que se actúa (f.134). Por escrito de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, signado por la Sindica Municipal de Loreto Zacatecas, informó a este Juzgado sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual acompaño a su escrito copia del cheque 23713972 del Banco BBVA Bancomer por la cantidad de $5,865.29 (Cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos 29/100 Moneda Nacional), inserto en una póliza cheque del que se observa, fue entregado al autorizado de la quejosa licenciado Juan Carlos Martínez González. Conforme con lo anterior mediante acuerdo de fecha diez de septiembre de dos mil quince, se ordenó dar vista a la quejosa por el termino de TRES DÍAS, para que se pronunciara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con el apercibimiento, de no realizar manifestación alguna, este Juzgado se pronunciaría sobre su cumplimiento.(f.140) De las constancias que integran el expediente, se desprende que se otorgó a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal para el efecto, de que se le devolviera la cantidad de $5,865.29 (cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos 29/100 M.N), misma que erogó por concepto de Derecho de Alumbrado Público, del número de servicio 104 080 402 333, a nombre de la quejosa, del período del treinta de abril al treinta y uno de mayo de dos mil quince. Por su parte la Sindica Municipal de Loreto Zacatecas, exhibió las constancias con las que demostró ( copia del cheque y Póliza respectiva), haber efectuado el pago a la quejosa por la cantidad $5,865.29 (cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos 29/100 M.N); en ese sentido, se desprende que se acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". El presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- DOY FE. ALP
- Principal
En diez de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con un escrito registrado con número de folio 18031, y anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de septiembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta suscrito por Ericka Priscila Díaz Salas, en su carácter de Sindica Municipal de Loreto, Zacatecas, mediante el cual en representación del Presidente Municipal y Director de Finanzas, ambos del municipio en mención, informa dio cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente sumario, adjuntando copia del cheque 23713972, por la cantidad de $5,865.29 (cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos 29/100 moneda nacional), a cargo de GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, que acredita la devolución a dicha quejosa por concepto de restitución del pago por derecho de alumbrado público a cargo de ese municipio; con lo anterior, DESE VISTA a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DIAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento que en su caso hayan otorgado dichas autoridades responsables al fallo constitucional. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el ordinal 9 de la Ley de la Materia invocada, se tiene como delegados de la referida autoridad a los profesionistas que al efecto designa. Finalmente, la oficiante manifiesta adjuntar constancia certificada expedida por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Zacatecas con el que acredita la personalidad con la que comparece, sin que el citado documento haya sido adjuntado al líbelo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE.
- Principal
En veintiocho de agosto de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para las partes del seis al diecinueve de agosto del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de julio de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 1086/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el Secretario, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el treinta de julio del año en curso, en la que se concedió a la quejosa , el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y tomando en consideración que el acto reclamado por el que se concedió la protección constitucional se traduce en la inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil quince, del municipio de Loreto, Zacatecas, el cual no podrá ser declarado insubsistente con la concesión de amparo, ya que únicamente no debe ser aplicado a la parte quejosa. En atención a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de la Materia en vigor, requiérase únicamente al Presidente y Tesorero Municipales del Municipio de Loreto, Zacatecas, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la legal notificación de este auto, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitan las constancias que así lo acrediten, apercibidas que no hacerlo así sin causa justificada se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 de la Ley en consulta; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. *María del Carmen* En esta fecha se giraron los oficios 22842, 22843 y 22844
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS DEL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1086/2015, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. A continuación se da cuenta con un pedimento número 369/2015, registrado con el número de folio15044, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo que el Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por recibido el mencionado pedimento y acuérdese lo procedente en la etapa respectiva. Acto seguido, la Secretaria procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación a la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han -quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Loreto, Zacatecas y Jefe del Departamento Jurídico de la Zona Zacatecas de la División de Distribución Bajío de la Comisión Federal de Electricidad. A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa adjuntó a la demanda de garantías con que se formó el presente juicio de garantías, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano; así como las documentales que exhibió el Jefe del Departamento Jurídico de la Zona Zacatecas de la División de Distribución Bajío de la Comisión Federal de Electricidad, con su informe justificado; a lo que el Secretario encargado del despacho acuerda: Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las documentales antes señaladas; luego, al no haber más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el período probatorio, y se pasa a la etapa de alegatos, en la que la Secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita sí presentó pedimento, por lo que, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegato y se cierra la etapa de alegatos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, y se procede a dictar la resolución siguiente: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1086/2015;y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Presidente Municipal de Loreto, Zacatecas. Director de Finanzas del Municipio de Loreto, Zacatecas. Comisión Federal de Electricidad. ACTOS RECLAMADOS: El cobro del derecho de Alumbrado Público del servicio 104 080 402 333, relativo al 8% correspondiente al mes de mayo de dos mil quince. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La empresa quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo indirecto. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil quince, ordenó su admisión y registro bajo expediente 1086/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver en esta instancia el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de una autoridad que reside dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión del acto reclamado. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que la persona moral quejosa reclama: El cobro del derecho de Alumbrado Público del servicio 104 080 402 333, relativo al 8% correspondiente al mes de mayo de dos mil quince. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la siguiente tesis de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.2.1. Certeza. Conviene precisar que la Comisión Federal de Electricidad (por conducto del Jefe del Departamento Jurídico de la Zona Zacatecas, de la División de Distribución Bajío), con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó los actos reclamados; sin embargo, señaló que Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo, por lo que debería decretarse el sobreseimiento con apoyo en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa, en el capítulo relativo a los actos reclamados de su demanda, señala que reclama los actos tendientes al cumplimiento, aplicación, recaudación y ejecución de los decretos a través de la Comisión Federal de Electricidad, organismo encargado de realizar el cobro del Derecho de Alumbrado Público. Al respecto, debe decirse que efectivamente, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD no es autoridad responsable para los efectos del amparo, dado que el concepto de derecho de alumbrado público, no es de supra subordinación, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos referidos señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos que se reclamen a particulares sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción II, párrafo segundo del citado numeral 5° de la Ley de Amparo y cuyas funciones están determinadas por una norma general. Por lo que debe decirse que en el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia en comento, ya que dicho acto, que a través de este medio extraordinario de defensa se combate, no constituye un acto equivalente al de una autoridad, sino que son cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones del suministro de energía eléctrica proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad, los cuales son de naturaleza exclusivamente comercial. Así lo ha precisado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CIX/2013 (10a.), con registro 2005149, en materia civil, del tenor literal siguiente: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ÉSTE SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. La interpretación del artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, conduce a sostener que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generadas en el marco del contrato de tal suministro o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es decretar el sobreseimiento por lo que se refiere a la Comisión Federal de Electricidad, en lo que concierne al acto reclamado a dicha autoridad. II.2.2. Las autoridades responsables Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Loreto, Zacatecas, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados. III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". El Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Loreto, Zacatecas, hacen referencia a que en el presente juicio de amparo se surten las causales de improcedencia prevista por el artículo 73, fracciones XI y XVIII de la Ley de Amparo, respectivamente. Sin embargo, dichas manifestaciones carecen de sustento jurídico, ya que las citadas autoridades responsables fundamentan su causal de improcedencia en un precepto legal que es incongruente con la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN.- Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Al no existir causa de improcedencia planteada por las partes, ni advertida de manera oficiosa por este órgano jurisdiccional se procede examinar el fondo del asunto. IV. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Ahora bien, el destacado acto se funda en una norma declarada inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, procede suplir la deficiencia de la queja y observar la Jurisprudencia respectiva a fin de dejar insubsistente la aplicación de esa disposición, aunque no se haya reclamado la ley ni señalado como autoridad responsable al órgano legislativo correspondiente o denunciado algún vicio de constitucionalidad de la norma en que se sustenta el acto, dado que la suplencia consiste en juzgar el acto reclamado que se apoya en una disposición inconstitucional en términos de lo establecido por la Jurisprudencia, con todas sus consecuencias jurídicas. Es aplicable al tema la Jurisprudencia P.J. 6/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 7, Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISIÓN. El citado precepto establece que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin expresar que opere sólo en cierto tipo de amparos, por lo que es dable interpretar que dicho beneficio procesal resulta aplicable en los juicios de amparo directo y en los indirectos, en primera instancia o en revisión, tal como se sostuvo en la exposición de motivos del proceso legislativo que culminó con la reforma del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951." Asimismo, por las razones que la informan se invoca la Jurisprudencia P.J. 104/207, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 14, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Debe suplirse la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Esta conclusión se justifica por las siguientes razones: 1) el Juez constitucional tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto, y para casos futuros en relación con el quejoso, por lo que, por mayoría de razón, tiene facultades para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al caso de su conocimiento; 2) de actualizarse el juicio de analogía, se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, dando lugar en consecuencia al surgimiento del deber del juzgador para hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido; 3) el Juez constitucional tiene el deber de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen; y 4) el Juez constitucional tiene el deber de actuar conforme a derecho, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de la jurisprudencia temática invocada, pues ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico." Y, por último también se cita la Jurisprudencia P.J. 4/2006, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA, AUNQUE NO SE HAYA PLANTEADO EN LA DEMANDA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. De los procesos legislativos que culminaron con las reformas a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951, el 16 de enero de 1984 y el 7 de abril de 1986, así como del texto del actual artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada, se advierte que si el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe suplirse la queja deficiente aunque en la demanda no se hayan reclamado dichas leyes, ni se haya señalado como autoridades responsables a los órganos legislativos correspondientes o denunciado algún vicio de constitucionalidad de la norma en que se apoya o sustenta el acto. La suplencia debe consistir en juzgar que el acto reclamado se apoya en una disposición inconstitucional en los términos establecidos por la jurisprudencia, con todas sus consecuencias jurídicas, para cumplir con la intención del Poder Reformador de garantizar la constitucionalidad de los actos de autoridad.". Previamente conviene dejar establecido que aun cuando la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, haya realizado con anterioridad algún diverso pago del que se refiere a la demanda de amparo por concepto del servicio de alumbrado público de referencia, si bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece la causal de improcedencia del juicio de garantías por consentimiento expreso de la ley cuando se reclama con motivo de su primer acto de aplicación, ello se refiere solamente a la ley y no a los actos de aplicación; y en ese contexto, la indicada prerrogativa procesal contenida en el artículo 79, fracción I, de la legislación reglamentaria citada, no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, y si lo que se va analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P.J. 8/2006, publicada en la página 9, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY. El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento de la ley cuando no se reclame con motivo de su primer acto de aplicación, pero dicha causal es aplicable solamente a la ley y no los actos de aplicación; en consecuencia, si la prerrogativa procesal contenida en el artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, y lo que se va a analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación." Precisado lo anterior, en el presente asunto la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, reclama de las autoridades señaladas como responsables Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Loreto, Zacatecas, el cobro del derecho por servicio de alumbrado público, regulado en el artículo 24, de la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil quince, el cual establece: "Artículo 24. Al importe de consumo de energía eléctrica en cada contrato que el usuario tenga celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, se aplicará el 8% en concepto de pago de derechos por el servicio público de alumbrado que se preste en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común, excepto los contemplados en la tarifa 9 relativa a la energía empleada para riego agrícola, facultándose a aquella para la recaudación de este derecho en base a los convenios existentes y a la Ley de Ingresos del Estado". Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las leyes o códigos locales que establecen como referencia para su cobro la cantidad que se paga por el consumo de energía eléctrica por concepto de alumbrado público, son inconstitucionales, porque invaden la esfera de atribuciones de la federación y contravienen la Constitución General de la República, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica, lo que dio origen a la Jurisprudencia 6/88 del rubro y texto siguientes: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República." En torno a este tema, debe acotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, los órganos jurisdiccionales están obligados a aplicar la jurisprudencia que emita el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, este Juzgado Federal en acatamiento del criterio jurisprudencial antes invocado hace propios los razonamientos que en el mismo se contienen, sin ser necesario expresar otras consideraciones, por tener exacta aplicación al tema materia de la litis constitucional que aquí se plantea. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª./V/2003, consultable en la página 327, del Tomo XVII, Febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL. La aplicación de la jurisprudencia por el órgano jurisdiccional puede hacerse de modos diferentes. Así, existen casos en los que al aplicarla el órgano hace suyas las razones contenidas en la tesis, como sucede cuando al examinar una de las cuestiones controvertidas se limita a transcribir el texto de la tesis sin necesidad de expresar otras consideraciones; o cuando estudia el problema debatido expresando razonamientos propios y los complementa o fortalece con la reproducción de alguna tesis de jurisprudencia relativa al tema. Sin embargo, esto no ocurre en el caso en que exista una jurisprudencia que establezca la inconstitucionalidad de la ley aplicada en el acto reclamado, pues en este supuesto el juzgador no hace un examen del tema debatido y resuelto por aquélla, sino que simplemente la aplica porque le resulta obligatoria, independientemente de que comparta sus razonamientos y sentido, es decir, en este caso el Juez o tribunal sólo ejercen su libertad de jurisdicción en la determinación relativa a si el caso concreto se ajusta o no a los supuestos que lleven a la aplicación de la jurisprudencia, mas no en el criterio que en ésta se adopta." Corolario de lo anterior, al resultar inconstitucional el artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil quince, por establecer una contribución especial sobre energía eléctrica, en cuanto fija un cobro del ocho por ciento sobre el consumo de energía por concepto de derecho del servicio de alumbrado público, cuando ello sólo corresponde a la Federación, y dado que el acto reclamado está apoyado en disposiciones declaradas inconstitucionales, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que las autoridades responsables devuelvan a la quejosa GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, la cantidad que se contiene en el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, con número de servicio 104 080 402 333 por la suma de $5,865.29 (cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos 29/100 M.N), que pagó por concepto de derecho de alumbrado público por el período del treinta de abril al treinta y uno de mayo de dos mil quince. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 188/2004 de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.- Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente se R E S U E L V E: PRIMERO- Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, contra el acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad (por conducto del Jefe del Departamento Jurídico de la Zona Zacatecas, de la División de Distribución Bajío), con sede en esta ciudad por los motivos expuestos en el considerando II.2.1. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A GLORIA QUEZADA DE LA TORRE, contra el acto reclamado a las autoridades responsables Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Loreto, Zacatecas, para los efectos señalados en el último considerando. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria con quien actúa.- DOY FE. Sonia
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