Gloria Elena Corona Vite

Expediente 492/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
492/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Gloria Elena Corona Vite

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra de la sentencia dictada el tres de agosto de dos mil veintidós, en la que por un lado se SOBRESEYÓ y por otro se NEGÓ el juicio de amparo promovido por Gloria Elena Corona Vite, sin que lo hayan hecho. DECLARACIÓN DE CAUSAR EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA ARCHIVO. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede se desprende que dentro del presente juicio no obran glosados documentos originales, ni existen documentos de valor en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de que se NEGÓ, el amparo y protección de Justicia Federal. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. SE PROVEE RAZÓN ACTUARIAL Vista la razón levantada por la actuaria judicial de la adscripción el tres de agosto en curso, en el sentido de que no le fue posible notificar personalmente a la parte tercero interesada Aurea Paulina Flores Corona la resolución con engrose de tres del mes y año en curso, toda vez que de las constancias que obran en autos se advierte que no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en tal virtud, en atención al proveído de uno de junio de dos mil veintidós, notifíquese a la referida tercero interesada la resolución de mérito, mediante lista que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como las notificaciones subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3°, párrafo 8°, de la Ley de Amparo y 61, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Silvia Lorena Arenas Raya, certifica y hace constar que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2022, MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA AUREA PAULINA FLORES CORONA, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN, QUE EN SU PARTE RELATIVA DICE: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VI-492/2022, promovido por Gloria Elena Corona Vite, contra actos de la Juez Octavo Oral Familiar de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido al día siguiente hábil por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Gloria Elena Corona Vite solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Octavo Oral Familiar de este Distrito Judicial. Virtud a ello, la quejosa estimó violados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda y ratificación de firma, por auto de uno de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de garantías; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se emplazó a la parte tercero interesada; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. En términos de lo señalando en los artículos primero y quinto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el presente asunto será resuelto conforme a la ley vigente a partir del día tres de abril de dos mil trece, al haberse presentado la demanda de amparo con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, cuyo contenido no se oponga a lo que la ley vigente de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la citada ley. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 37 de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad en materia familiar residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado, el que cuenta con competencia mixta. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado"., es necesario precisar el reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Del análisis integral de la demanda de amparo y demás documentos que obran agregados en autos, se aprecia que la peticionaria de garantías reclama en esta instancia constitucional:  La determinación dictada el seis de abril de dos mil veintidós, en la audiencia de juicio relativa al expediente 612/2020, que sobre alimentos y cesación promueve Aurea Paulina Flores Corona, en contra de la aquí quejosa Gloria Elena Corona Vite y Humberto Ulises Flores Hernández, respectivamente, en la que ordenó la realización de un estudio socioeconómico en el domicilio de la aquí quejosa y giró oficio al Tecnológico de Morelia para que proporcionara información académica de la actora 1 Publicada en la página 17, Tomo VI, Materia: Común, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, del Apéndice 2000. Aurea Paulina Flores Corona, como medios de prueba para mejor proveer. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido del informe justificado rendido por la Juez Octavo Oral Familiar de este Distrito Judicial, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las documentales que la juez responsable allegó al presente juicio, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de actuaciones expedidas por autoridades facultadas para ello. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Previo al análisis de fondo del asunto, procede examinar las causas de improcedencia, ya sea que las invoquen las partes o este juzgado las advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En lo que respecta a la información académica requerida y proporcionada, el que suscribe estima que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa V, del numeral 107, aplicado a contrario sensu, que dispone lo siguiente. ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley....." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para los gobernados, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos. Los primeros son los que lesionan derechos fundamentales de los agraviados, que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales y derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio. Por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, lo cierto es que si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del agraviado. En ese orden de ideas, se determina que la solicitud de información académica de la actora, aquí tercero interesada, no es de aquéllos actos que motivan la procedencia del juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, ya que como quedó anotado, el acto reclamado es de aquellos que pueden ser alegados una vez que sea dictada la sentencia. Por tanto, se evidencia que no es de aquellos actos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, pues sólo produce efectos formales dentro del procedimiento y tiene como consecuencia una ejecución de naturaleza adjetiva, que pueden encontrar reparación al emitirse la sentencia definitiva que, incluso, pudiera ser favorable para la parte quejosa, desvaneciéndose cualquier afectación procesal como las que ahora pretende reclamar. A lo anterior es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia número 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro siguiente: Época: Octava Época Registro: 205651 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992 Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Página: 11 "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Lo que no impide que si la parte quejosa obtiene resolución desfavorable, pueda alegar esa eventual violación procesal, en su caso, mediante el juicio de amparo que promueva en su contra. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afectan materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internaciones en los que México sea parte, en favor de la quejosa (como sería la integridad personas, la liberad en sus manifestaciones o a la propiedad), sino en todo caso, sólo producen una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. En ese sentido, se advierte que la solicitud de la información académica de la tercero interesada, se trata de un acto que pone al juicio en un estado meramente intraprocesal, en el que se tendrá que seguir por su cauce legal y se dictará la sentencia, siendo hasta ese momento en que pudiese afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que únicamente constituiría una violación procesal, la que podrán hacer valer en apelación y en caso de que ésta fuere adversa, las alegará como violaciones procesales al promover el amparo. Máxime si se tiene en consideración que al haberse allegado al juicio familiar la información requerida al menos desde el veinticinco de abril de dos mil veintidós, cualquier violación alegada por haberse allegado de dichos medios de prueba de manera oficiosa para mejor proveer, en este momento, ha quedado consumada, de tal modo que a ningún fin práctico conduciría la eventual concesión del amparo en esta etapa procesal. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia señalada con antelación, procede decretar el SOBRESEIMIENTO, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63, de la Ley de Amparo. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Por otro lado, es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente del amparo, en función a que quien resuelve no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa resultan infundados, por las razones que se expondrán a continuación. La promovente comparece a solicitar el amparo en contra de la determinación dictada el seis de abril de dos mil veintidós, en la audiencia de juicio relativa al expediente 612/2020, que sobre alimentos y cesación promueve Aurea Paulina Flores Corona, en contra de la aquí quejosa Gloria Elena Corona Vite y Humberto Ulises Flores Hernández, respectivamente, en la que ordenó la realización de un estudio socioeconómico en el domicilio de la aquí quejosa, como medio de prueba para mejor proveer. De las constancias de las que emana el acto aquí reclamado, a las que previamente se les otorgó valor probatorio, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte, Aurea Paulina Flores Corona, promovió demanda en la vía especial oral familiar contra de la aquí quejosa Gloria Elena Corona Vite y Humberto Ulises Flores Hernández, sobre alimentos y cesación de alimentos, respectivamente, de la que correspondió conocer por razón de turno a la Juez Octavo Oral Familiar de este Distrito Judicial. 2. En proveído de doce de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite dicha demanda registrándose con el número 612/2020, del índice de la responsable. 3. Siendo así que en la audiencia de juicio de seis de abril de dos mil veintidós, la juez responsable ordenó la realización de un estudio socioeconómico en el domicilio de la aquí quejosa y giró oficio al Tecnológico de Morelia para que proporcionara información académica de la actora Aurea Paulina Flores Corona, como medios de prueba para mejor proveer. Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. 4. Por auto de veintidós de abril siguiente se tuvo por recibido el escrito de la trabajadora social mediante el cual informó que se presentó al domicilio de la demandada, aquí quejosa, para iniciar el proceso de la visita de campo correspondiente, sin que persona alguna acudiera a su llamado, por lo que la juez responsable señaló las once horas con treinta minutos del once de mayo de dos mil veintidós, para tal efecto y ordenó notificar personalmente a la demandada, aquí quejosa. 5. Asimismo, mediante oficio de veinticinco de abril de dos mil veintidós, la Jefa de Departamento de Servicios Escolares del Instituto Tecnológico de Morelia remitió la información académica solicitada respecto de la actora, aquí tercero interesada. 6. Por escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintidós, la aquí quejosa Gloria Elena Corona Vite, justificó el motivo por el cual no se encontraba presente en la fecha señalada para que se efectuara el estudio socioeconómico y, en mérito de ello, solicitó se señalara nueva hora y fecha para tal fin. 7. Atento a lo anterior, la juez responsable requirió a la trabajadora social para que reagendara la cita para la práctica del estudio correspondiente. 8. Hecho lo propio, por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se señalaron las diez horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós, para tal efecto. Ahora bien, en sus conceptos de violación la peticionaria de garantías refiere, en esencia, que dicha determinación le causa agravio, en razón de que tal prueba no fue ofrecida por la parte actora y, que por tanto, la juez responsable suple la deficiencia de la queja a favor de su contraria, siendo que en el particular no resulta aplicable; además, que tal decisión carece de debida fundamentación y motivación. Como se anticipó al principio del presente considerando, dichos conceptos de violación son infundados. En la resolución reclamada la juez responsable consideró que para estar en posibilidad de decretar la pensión alimenticia correspondiente era indispensable conocer la capacidad económica y las necesidades propias de la demandada, aquí quejosa, por lo que ordenó la realización del estudio socioeconómico en el domicilio de la promovente del amparo, como medio de prueba para mejor proveer. Lo anterior de conformidad con el artículo 1006 del Código Familiar del Estado, que establece el juzgador está facultado para allegarse de cualquier prueba que lo lleve al esclarecimiento de la verdad, siempre y cuando no sea contra el derecho y la moral. Dicha determinación resulta correcta atento a lo dispuesto por el citado artículo, el cual dispone: "Artículo 1006. Los jueces podrán decretar en todo tiempo, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos: I. Se traiga a la vista cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; II. Se pregunte a las partes sobre puntos o hechos y a los testigos cuando sus respuestas fueren evasivas, oscuras o dudosas; III. Se traiga a la vista cualquier auto que tenga relación con la litis si su estado lo permite; y, IV. En general, la práctica, aclaración o ampliación de cualquier diligencia probatoria, sin más limitación que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres." Así las cosas, el precepto legal transcrito es acorde al establecer la facultad con la que cuentan los juzgadores para allegarse de pruebas, valiéndose de cualquier persona, forme o no parte de la controversia, así como de cualquier cosa o documento, a efecto de conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, siempre y cuando se trate de pruebas que autorice la ley y no sean contrarias a la moral. Con el mismo fin, esto es, conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, también podrán los jueces ordenar tanto la práctica como la ampliación de diligencias probatorias, pudiendo proceder como mejor lo consideren a efecto de obtener el resultado más efectivo con su desahogo, para lo cual deberán escuchar a las partes y procurar su igualdad a efecto no lesionar sus derechos. De ahí que se trata de una facultad que tiene como presupuesto la voluntad del juzgador para actuar oficiosamente con el fin de conocer la verdad sobre los puntos sometidos a su consideración y resolver conforme a derecho proceda. De lo anterior se desprende que el juzgador tiene la facultad de allegarse, admitir o desahogar pruebas para mejor proveer con el objeto de investigar la verdad real del asunto que se le plantea, pruebas que incluso pueden ser distintas a las ofrecidas por las partes, sin que ello implique la suplencia de la queja deficiente, como lo pretende hacer valer la aquí quejosa. Ello es así, porque el juzgador puede hacer uso o no de esa facultad, por lo que las diligencias para mejor proveer no pueden considerarse como actuaciones que deliberadamente tiendan a beneficiar a alguna de las partes, sino dirigidos a resolver la cuestión efectivamente planteada, dando prioridad a la verdad material sobre la formal. Lo que, además, armoniza con el contenido del artículo 17, tercer párrafo Constitucional, en el sentido de priorizar la solución de los problemas jurídicos sobre los formalismos procedimentales. De tal modo que, contrario a lo aducido por la quejosa, la juez responsable está facultada legalmente para allegarse de la información y datos de prueba que estime necesarios para el conocimiento de la verdad y así resolver conforme a derecho proceda, sin que con ello se violente el derecho de las partes y, menos aún, se considere que se está supliendo la deficiencia de manera parcial, pues tal circunstancia ya había sido previamente ordenada por la juez de origen, según se advierte del registro de audio y video. Incluso, del mismo se advierte claramente que el abogado de la actora solicita que se determine la pensión alimenticia con los elementos que hasta ese momento obraban en autos, sin que la juez accediera a tal petición, ya que destacó que era indispensable el desahogo de dicho estudio socioeconómico para resolver en atención a que la pretensión de la actora lo constituye la petición de alimentos, motivo por el cual era necesario conocer la capacidad económica de la demandada y las necesidades propias de la actora. Y puntualizó que, al efecto, rige el principio de proporcionalidad, acorde al cual es necesario conocer esos dos aspectos a fin de dictar una sentencia justa para ambas partes. Incluso, cuando se solicitó que se hiciera uso de los medios de apremio en contra de la demandada para que accediera al desahogo de dicho medio de prueba, la juez señaló que para ello únicamente era necesario que el personal que designe el Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, se constituyera en el domicilio de la demandada y realizara el trabajo de campo, para lo cual habrían de allegarse de documentos y de todo lo relacionado para conocer la capacidad económica y las necesidades propias de la demandada, aquí quejosa, por lo que no impuso medida de apremio alguna. Por tanto, aún y cuando dicho medio de prueba no haya sido ofrecido por las partes, consideró que era necesario su desahogo para conocer los aspectos destacados, esto es, arribar a la verdad y dictar, en consecuencia, una sentencia justa. En consecuencia, este juzgador considera que, contrario a lo señalado por la quejosa, la juez responsable no viola garantía alguna de la promovente del amparo, ya que está legalmente facultada para allegarse de todos aquellos datos o elementos que le resulten indispensables para resolver conforme a derecho; por ende, es correcto que la responsable ordenara su desahogo como prueba para mejor proveer, aún y cuando las partes no la hayan ofrecido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 151-156, cuarta parte, visible en la página 273, que señala: "PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER. De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el juzgador tiene amplias facultades para mandar traer a la vista cualquier documento que sirva para esclarecer los derechos de las partes, de manera que si el ad quem admite, como prueba para mejor proveer, la documental ofrecida extemporáneamente por los demandados, con ello no infringe el principio de igualdad, porque el término para rendir pruebas sólo obliga a las partes." En ese contexto, al ser procedente que la responsable ordene el desahogo de pruebas para mejor proveer, sin que ello implique la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de una de las partes, resulta infundado el primero de los conceptos de violación aducidos por la quejosa. Máxime si se tiene en consideración que el desahogo de dicha probanza pudiera resultar favorable a los intereses de la aquí quejosa, ya que como bien lo señaló la autoridad responsable, con ello se pretende conocer la capacidad económica de la reo y las necesidades propias de la actora, para decretar una pensión alimenticia y dictar una sentencia justa para ambas partes. Y, por el contrario, de limitarse a fijar la pensión acorde a la constancia de percepciones, como lo pretendía hacer valer su contraria, se desconocerían las necesidades de la actora, aquí quejosa, por lo que no sería factible tomar en consideración dicho aspecto y al hacerlo así la juez se apartaría de la realidad o verdad, lo cual pudiera resultar perjudicial para la promovente del amparo. Por último, también resulta infundado el concepto de violación en el que aduce que la juez no fundó y motivó debidamente su determinación, pues como ya se evidenció, la autoridad citó como fundamento de su decisión los artículos 1000, 1006 (donde se prevé la facultad para ordenar tales diligencias) y 936 del Código Familiar del Estado, los cuales resultan aplicables al caso concreto. Además, como ya se precisó con antelación justificó los motivos por los cuales era indispensable allegarse de dicha información, esto es, en esencia, que la pretensión de la parte actora lo constituye la petición de alimentos, y que por tal motivo era menester conocer la capacidad económica y las necesidades de la deudora, a fin de dictar una sentencia justa para ambas partes. Aunado a ello, como ya se señaló en párrafos que anteceden, su contraria solicitó que se determinara la pensión alimenticia con los elementos que hasta ese momento obraban en autos, sin que la juez accediera a tal petición, reiterando era indispensable el desahogo de dicho estudio socioeconómico para resolver conforme a derecho sobre los alimentos, ya que debía conocer la capacidad económica y las necesidades propias de las partes a fin de resolver conforme a derecho. A más que cuando se solicitó que se hiciera uso de los medios de apremio en contra de la demandada, aquí quejosa, para que accediera al desahogo de dicho medio de prueba, la juez señaló que para ello únicamente era necesario que el personal que designe el Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, se constituyera en el domicilio de la demandada y realizara el trabajo de campo, para lo cual habrían de allegarse de documentos y de todo lo relacionado para conocer la capacidad económica y las necesidades propias de la demandada, promovente del amparo, por lo que no impuso medida de apremio alguna. De lo anterior es factible determinar que, contrario a lo argumentado por la quejosa, la juez responsable fundó y motivó adecuadamente su determinación. Luego, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Gloria Elena Corona Vite, en contra del acto que reclamó de la Juez Octavo Oral Familiar de este Distrito Judicial, el cual se dejó ampliamente identificado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Gloria Elena Corona Vite, respecto de los actos reclamados a la Juez Octavo Oral Familiar de este Distrito Judicial, en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA, NI PROTEGE a Gloria Elena Corona Vite, en contra de los actos reclamados a la Juez Octavo Oral Familiar de este Distrito Judicial, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy tres de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VI-492/2022 promovido por Gloria Elena Corona Vite contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tienen reconocido el carácter de tercero interesado Aurea Paulina Flores Corona, de quienes obra constancia de emplazamiento. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos las documentales remitidas por la autoridad responsable que adjuntó como sustento de su informe consistente en copias certificada de las principales constancias que integran el expediente 612/2022, así como el disco óptico documentales que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente, se tuvieron por admitidas y desahogadas, en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. SILVIA LORENA ARENAS RAYACon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Silvia Lorena Arenas Raya CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo; asimismo, que la presente foja corresponde a la audiencia constitucional levantada dentro del juicio de amparo VI-492/2022. Morelia, Michoacán a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Conste Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano