Gloria Dahen Moreno García
Expediente 651/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 7 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gloria Dahen Moreno García
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil diecinueve. SE RECIBE INCOMPETENCIA Por recibido el oficio número 8252/A, remitido vía correo electrónico oficial ...Para justificar esa conclusión es necesario citar los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en los que se prevé lo siguiente: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". "37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De las normas transcritas se advierten tres reglas para fijar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer de juicios de amparo, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, deba tener ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o bien, si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro. 3) Será competente el Juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Ahora, con los pocos datos obtenidos de la demanda podría estimarse que el acto que reclama la impetrante en esta instancia constitucional lo constituye la desaparición forzada de Gloria Moreno García y Alexis Geovany López Saenz, cuya investigación corresponde a los jueces federales a la luz del artículo 15 de la Ley de Amparo, y de ser así, por sus características no podría clasificarse como un acto para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior se debe a que por una parte, no se trata de un acto de autoridad emitido en el ejercicio de sus facultades legales, sino que constituye un actuar ilegal que no se encuentra fundado en una norma general y que además configura un delito, por lo que no puede considerarse un acto de autoridad revestido de imperio, ni con efectos vinculantes, sino como un acto proveniente de agentes estatales o de particulares actuando con aquiescencia del estado ejerciendo un poder material coactivo, un abuso del poder y del aparato estatal; por otra parte, dado que la desaparición forzada se configura por la falta de información por parte de las autoridades estatales y la negativa de reconocer la privación de la libertad o a informar sobre el paradero de una persona, no es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se estén ejecutando o se hayan ejecutado los hechos y conductas que constituyen el ilícito. Por lo anterior, resulta inconcuso que de estimarse como acto reclamado la desaparición forzada de personas no sean aplicables las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, las cuales determinan la competencia de un órgano jurisdiccional partiendo del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese tenor, respetuosamente este órgano federal estima que el Juzgado de Distrito que resultaría competente para conocer de una demanda de amparo en la que se reclame la desaparición forzada, es aquél que previno en su conocimiento, pues la ley de la materia no establece un criterio al respecto, máxime que la prevención constituye un criterio complementario para determinar la competencia cuando varios jueces pueden ser competentes para conocer de forma simultánea de un mismo asunto. Lo anterior encuentra sustento en el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito cuyo rubro, texto y datos de identificación se citan a continuación: ...De modo que , de estimarse como acto reclamado la desaparición forzada de personas, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Tercero de Distrito carecería de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida ante el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, en virtud de ser este último órgano jurisdiccional quien previno en el conocimiento de la demanda de amparo. Sin que impida arribar a la anterior determinación, el hecho de que la impetrante hubiese atribuido el acto reclamado a todas las autoridades militares, policiacas y judiciales con representación en el Estado de Michoacán, como lo son la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, agentes del Ministerio Público de la Federación, órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como las diversas autoridades análogas tanto estatales como municipales con sede en esta entidad federativa, pues como ya se dijo, al señalar como acto reclamado la desaparición forzada, el lugar de su ejecución o, incluso, la residencia de las autoridades que hayan sido señaladas como responsables, no pueden ser circunstancias que determinen la aplicación de las primeras dos reglas del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en el diverso supuesto de estimar que el acto reclamado es la detención ilegal de los quejosos, acorde a lo narrado en la demanda de amparo, la ejecución de dicho acto reclamado se ejecutó o comenzó a ejecutarse en el domicilio particular de la quejosa ubicado en La Paz, Baja California Sur, para presumiblemente seguir ejecutándose en el Estado de Michoacán, lo que tampoco podría ser una razón suficiente para que este órgano federal acepte la competencia planteada, dado que ésta también correspondería a prevención, aunado a que hasta el momento, no se cuentan con mayores elementos para estimar que sea factible avocarse al conocimiento del asunto. De igual manera, no se soslaya que la homólogo federal decretó la suspensión de plano y, para tal efecto, giró oficio al Juez de Distrito en turno en Michoacán, a fin de que en auxilio de sus labores, se hiciera entrega de los oficios correspondientes a cada una de las autoridades señaladas como responsables, entre las cuales, se encuentran todos los órganos del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Michoacán; de ahí que esta sea otra razón que podría impedir la aceptación de la competencia legal, puesto que con los pocos datos e imprecisiones de la demanda hasta el momento, es dable considerar que suscrito fue señalado como autoridad responsable, lo que conlleva una imposibilidad jurídica para tener conocimiento de la demanda planteada. Por último, es relevante señalar que si bien la competencia no está a elección del quejoso, lo cierto es que hasta el momento la información con la que se cuenta es que la demanda se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Paz, Baja California Sur; por lo que, tomando en cuenta el acceso a la justicia que tutela el artículo 17 Constitucional, el conocimiento de la demanda se estima respetuosamente que por el momento debe seguir siendo conocimiento del juez federal de aquella ciudad quien previno en el conocimiento del asunto y ante el cual la promovente deberá comparecer para impulsar el trámite del libelo, tal como se observa en el auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve donde se decretó la suspensión de plano. DEVOLUCIÓN. En consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, remítansele las constancias que integran el cuaderno de incompetencia en que se actúa para los efectos del artículo 48 de la Ley de Amparo. ...
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