Glenda Michel Cuevas Mendoza
Expediente 316/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Felicitas Ulaje Lucio y Otros.
- María Felicitas Ulaje Lucio
- Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil en esta ciudad y Otros.
- Glenda Michel Cuevas Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de julio de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede se desprende que dentro del presente juicio obran glosados documentos originales, que si existe un billete de depósito en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de que se NEGÓ, el amparo y protección de Justicia Federal; en lo referente a los cuadernos incidentales se concedieron las suspensiones tanto provisional como la definitiva; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. SE DEJAN BILLETES DE DEPÓSITO Y DOCUMENTO ORIGINAL A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, como de la certificación de cuenta se desprende que obra glosado dentro del presente juicio un documento original específicamente a fojas diecisiete a diecinueve, consistente en un poder general para pleitos y cobranzas, que la parte quejosa exhibió en su escrito inicial de demanda; dígase a la parte quejosa que continúa vigente el apercibimiento formulado en proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, para el caso de no recogerlo. Por otra parte, de la misma certificación se advierte que obran en resguardo en la caja de seguridad de este Jugado, los billetes de depósito números N-900180, N-902054 y N-902055, el primero de ellos, valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), y los otros dos, cada uno por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) hágasele saber a la parte quejosa, que sigue corriendo el término de dos años que se le hizo saber en el proveído de referencia, para recoger dichas cédulas bancarias, para solicitar su devolución con el apercibimiento decretado en dicho auto, únicamente por lo que se refiere a los dos últimos certificados de depósito; no así para el billete de depósito mencionado en primer término, ya que para este último, cuenta con el término de dos años para solicitar su devolución y que en caso de no hacerlo, se declarará la prescripción de dichas cédulas bancarias a favor del Erario Federal y posteriormente se efectuará la orden la orden de Transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe. /*arga*/*Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Gustavo Alfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de marzo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, en la que se negó el amparo solicitado por la parte quejosa. En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse a la autoridad responsable, tres tomos de pruebas consistentes en copias certificadas del expediente número 771/2018, del juicio sucesorio intestamentario. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. Asimismo, como en la certificación secretarial que antecede, se advierte que obra en autos documento original, glosado a fojas 17 al 19, consistente en el poder general para pleitos y cobranzas la cual anexó la parte quejosa junto con el escrito inicial de demanda; en tal virtud, requiérase para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción del documento mencionado así como del expediente en que se actúa. CONDICIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. Finalmente, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentran en resguardo los billetes de depósito números N-902054 y N-902055, valiosos por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) cada uno, expedidos por el Banco del Bienestar S.N.C., a nombre de las quejosas Glenda Michel Cuevas Mendoza y María Felícitas Ulaje Lucio, respectivamente, mismos que exhibieron para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva otorgada en autos. Hágase saber a la parte quejosa, que una vez transcurridos seis meses, como lo prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído los terceros interesados podrán solicitar la devolución de los billetes de depósito antes aludidos, en el entendido que de no hacerlo en dicho lapso o transcurridos dos años, con fundamento en el artículo 34 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y en cumplimiento a la circular de uno de febrero del año dos mil, que aclara las confusiones de interpretación de los órganos jurisdiccionales de la circular de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, prescribirá dicho billete a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número III-316/2021, promovido por Glenda Michel Cuevas Mendoza, por conducto de su apoderada y María Felícitas Ulaje Lucio, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el trece de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito al día siguiente hábil, Glenda Michel Cuevas Mendoza y María Felícitas Ulaje Lucio, la primera por medio de su apoderada jurídica Claudia Oropeza Miranda y la segunda, por propio derecho, promovieron demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VULNERADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Mediante auto de quince de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, admitió a trámite la demanda en cuestión, misma que se registró bajo el número III- 316/2021; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita En términos del artículo 5°, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, se reconoció el carácter de terceros interesados a María Josefina Ulaje Lucio, Julio Francisco, Juan Miguel y Paulino Alejandro, todos de apellidos Silva Ulaje, por lo que se ordenó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Por otra parte, el uno de octubre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites RESOLUCIÓN DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 3 territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la demanda de amparo constituye un todo, por lo que el juzgador tiene la obligación de realizar un análisis sistemático del escrito respectivo, a fin de desentrañar la voluntad del que demanda la protección de la Justicia Federal. Apoya lo expuesto la tesis siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 181810 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. VI/2004 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004, página 255 Tipo: Aislada ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado al Juez Tercero de RESOLUCIÓN DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 5 Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, consiste en: El proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, que niega a las quejosas el reconocimiento de calidad procesal y deducción de derechos sucesorios, dentro del juicio sucesorio intestamentario 771/2018 a bienes de María Trinidad Ulaje Lucio. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial1, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió las constancias relativas; afirmación que conlleva implícita la aceptación de la existencia del Juicio Sucesorio Intestamentario 771/2018, de donde emana el acto de autoridad reclamado, lo que es suficiente para tener acreditada la existencia de los actos atribuidos a tal autoridad responsable. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales gozan de fe pública. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que reza: "Época: Quinta Época 1 Foja 31 de este expediente., Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previo a abordar el estudio del motivo de disenso hecho valer, se estima necesario narrar los antecedentes de los actos reclamados, que se deducen de las pruebas documentales que exhibió la parte quejosa y que a su informe con justificación acompañó el juez responsable, consistente en las actuaciones del juicio sucesorio intestamentario número 771/2018, a bienes de María Trinidad Ulaje Lucio, las cuales fueron previamente valoradas, como son los siguientes: a). Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, María Josefina Ulaje Lucio, denunció la sucesión intestamentaria a bienes de María Trinidad Ulaje Lucio, quien falleció el trece de febrero de 2018, en esta ciudad capital, sin haber otorgado disposición testamentaria alguna, en relación con diversos bienes que no se encontraban comprendidos en el testamento público abierto ante la fe del Notario Público número 94, en el Estado de Michoacán, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, ocurso al que anexaron copia certificada de diversas actas, entre las que destacan las de nacimiento y el acta de defunción de la de cujus (fojas 1 a 20 tomo I del cuaderno de pruebas). b). En auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, admitió a trámite la primera sección el juicio sucesorio intestamentario; se ordenó formar y registrar el expediente con el número 771/2018, publicar un edicto en los estrados del tribunal por el término de treinta días, convocando a las personas que se creyeran con derecho a la herencia, comparecieran a deducirlo; así también, el juez de origen ordenó dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y al Fisco del Estado; se tuvo a la denunciante manifestando bajo protesta de decir verdad, que además de ella, existían como presuntas herederas María Felícitas y Amalia, ambas de apellidos Ulaje Lucio, por lo que se ordenó notificares personalmente la radicación de que se trata a fin de que comparecieran a deducir derechos hereditarios de estimarlo conveniente y el siete de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo a María Josefina Ulaje Lucio, por aceptando y protestando el fiel cumplimiento del cargo de albacea provisional (fojas 21, 24 y 32 del Tomo I, del cuaderno de pruebas). c) Por acuerdos de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, el juez natural tuvo a María Felícitas y Amalia, ambas de apellidos Ulaje Lucio, como presuntas herederas, por deduciendo los derechos hereditarios que les pudieran corresponder dentro de la sucesión; dando la primera voto para que fuera nombraba albacea definitiva a favor de Amalia y esta última, a favor de sí misma, sin que hubieran acompañado a los ocursos las correspondientes copias certificadas de actas de nacimiento que acreditaran su entroncamiento con la de cujus María Trinidad Ulaje Lucio (fojas 35 y 38 del Tomo I del cuaderno de pruebas). d). Mediante escrito presentado ante la responsable, el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, Claudia Oropeza Miranda hizo del conocimiento sobre el deceso de María Josefina Ulaje Lucio, el veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho, lo que quedó acreditado con el acta de defunción de la denunciante de la sucesión intestamentaria a bienes de María Trinidad Ulaje Lucio y que fue exhibida ante el juez de origen, el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, por María Felícitas y Amalia, ambas de apellidos Ulaje Lucio (fojas 44 y 77 del Tomo I, del cuaderno de pruebas). e). Por ocurso presentado ante el juez responsable, el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, Claudia Oropeza Miranda, con el carácter de mandataria judicial de María Felícitas y Amalia, de apellidos Ulaje Lucio, en cuanto coherederas dentro del juicio sucesorio intestamentario 771/2018, promovieron incidente de remoción de cargo de albacea definitiva a María Josefina Ulaje Lucio; incidencia que fue admitida en auto de seis de marzo de dos mil diecinueve y mediante resolución interlocutoria de nueve de mayo de la anualidad citada en último término, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial determinó: ". al advertir con claridad que la albacea designada en este procedimiento sucesorio intestamentario María Josefina Ulaje Lucio, ya se encuentra extinta.." ".. Por lo que en los términos apuntados, al no ser jurídicamente factible abordar el estudio de fondo de la incidencia planteada, lo procedente es declarar nulo todo lo actuado a partir del auto de 11 once de abril de la anualidad en curso, dejándose por ende, insubsistente todo lo actuado a partir del auto de esa data." (fojas 63 a 65 y 89 a 92 del Tomo I, del cuaderno de pruebas). f). Por acuerdo de once de junio de dos mil diecinueve, la responsable, proveyó ocurso presentado por María Felícitas y Amalia, de apellidos Ulaje Lucio, el seis del mes y año en cita, con el carácter que les tuvo previamente reconocido en autos, dentro del juicio sucesorio intestamentario 771/2018, y por designando como albacea provisional a la presunta coheredera Amalia Ulaje Lucio; a quien ordenó notificar personalmente, a fin de que, aceptara y protestara el cargo conferido y por auto de veinticuatro de junio de esa anualidad, se le tuvo por dando cumplimiento. En ese contexto y dado el deceso de la anterior albacea provisional María Josefina Ulaje Lucio, por constituir una causa de interrupción del proceso, acorde al contenido del artículo 714 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, suspendió la substanciación del juicio de origen, hasta en tanto fuera designado representante o albacea de la sucesión que al efecto fuera denunciada, o se apersonara en ese sumario quien ya lo tuviera reconocido para todos los efectos legales. (foja 108 Tomo I, del cuaderno de pruebas). g).- Ante la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, Amalia y María Felícitas, ambas de apellidos Ulaje Lucio, promovieron incidente de recusación con expresión de causa, sobre la juzgadora que conoce del Juicio Sucesorio Intestamentario 771/2018; recusación de la conoció y resolvió la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y en determinación de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, concluyó era improcedente la recusación planteada, en virtud de que, de la totalidad de los argumentos expuestos por las promoventes, no se actualizaba ninguno de los impedimentos establecidos por el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, por ende, no existía impedimento forzoso para que la Jueza Tercero Civil de este Distrito Judicial continuara conociendo del juicio de origen (fojas 118 a 120 y 123 a 124 del Tomo I, del cuaderno de pruebas). h).- El dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, el secretario del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dio cuenta al titular con un escrito presentado por Julio Francisco, Juan Miguel y Paulino Alejandro, todos de apellidos Silva Ulaje, a través del cual se les tuvo a estos últimos por exhibiendo copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario número 165/2019, a bienes de María Josefina Ulaje Lucio, tramitado en el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con la cual acreditaron ser coherederos en dicho sucesorio testamentario y Julio Francisco Silva Ulaje, además albacea testamentario del aludido asunto (fojas 130 a 144 del Tomo I, del cuaderno de pruebas). i).- Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, ante el juez natural, signado por los coherederos Julio Francisco, Juan Miguel y Paulino todos de apellidos Alejandro Silva Ulaje, interpusieron incidente de remoción de cargo de albacea y, en proveído de cinco del mes y año en cita, se admitió el aludido incidente, por lo que se ordenó correr traslado a la entonces albacea Amalia Ulaje Lucio, para que dentro del término de tres días contestara lo que a su representación conviniera y al no dar contestación a lo solicitado, por auto de dos de octubre de dos mil veinte, se ordenó poner los autos a la vista del juez de origen para dictar la sentencia interlocutoria, pronunciándose al efecto el trece de octubre del año próximo pasado, en cuya resolución declaró procedente la incidencia planteada, designándose albacea provisional del juicio sucesorio intestamentario 771/2018, a Julio Francisco Silva Ulaje, quien aceptó y protestó el cargo, por medio de su ocurso presentado el dieciséis del mes y año referidos (fojas 147, 148, 154 y 161 a 164 del Tomo I, del cuaderno de pruebas). j).- El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dictó sentencia interlocutoria respecto de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 771/2018, misma que resolvió al tenor de los siguientes puntos resolutivos: ".." "SEGUNDO. Ha procedido la primera sección del juicio sucesorio intestamentario promovido por María Josefina Ulaje Lucio a bienes de María Trinidad Ulaje Lucio. TERCERO. En consecuencia, se declara a Julio Francisco, Juan Miguel y Paulino Alejandro, todos ellos de apellidos Silva Ulaje en cuanto estirpe de María Josefina Ulaje Lucio, hermana de la autora de la presente sucesión, como únicos y universales herederos de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que no se extinguen por la muerte y que en vida hayan pertenecido a la autora de la sucesión, en términos del Considerando CUARTO de este fallo. CUARTO. Se designa como albacea definitivo de la sucesión a Julio Francisco Silva Ulaje, cargo que se le manda hacer saber para los efectos de su aceptación y protesta. QUINTO. Han dejado de ser parte en el juicio el Fisco del Estado y el Agente del Ministerio Público. Finalmente, se dejaron a salvo los derechos de los presuntos herederos para hacerlos valer como estimaran conveniente. "." (fojas 175 a179 del Tomo I, del cuaderno de pruebas). Resolución que causó estado del veintidós de febrero de dos mil veintiuno (foja 205 del Tomo I, del cuaderno de pruebas). k).- Por ocurso de siete de diciembre de dos mil veinte, Claudia Oropeza Miranda, en cuanto apoderada jurídica de Glenda Michel Cuevas, compareció ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, a deducir y justificar los derechos hereditarios, que corresponden a los bienes de la de cujus Amalia Ulaje Lucio, en cuanto única y universal heredera y al efecto, exhibió poder general para pleitos y cobranzas, otorgado a su favor por Glenda Michel Cuevas Mendoza, así como copia cotejada de la siete mil setecientos, volumen doscientos cincuenta, celebrada ante la fe del notario público número 123 ciento veintitrés, a cargo del licenciado Luis Carlos García Estefan, con ejercicio y función en esta ciudad de Morelia, Michoacán, correspondiente a la tramitación extrajudicial de la sucesión testamentaria a bienes de Amalia Ulaje Lucio, en la que se declaró única y universal heredera a Glenda Michel Cuevas. A dicho escrito, recayó el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veinte en que la responsable dijo: "Visto el escrito y documentos anexos presentados por la licenciada Claudia Oropeza Miranda, se le dice que no ha lugar a tenerla apersonándose dentro del presente juicio, en cuanto apoderada jurídica de Glenda Michelle Cuevas, toda vez que no es parte en este sucesorio, únicamente fue testigo en el testamento otorgado por la de cujus María Trinidad Ulaje Lucio, visible a fojas 9 nueve y 10 diez del expediente. ".." (fojas 186 a 199 del Tomo I, del cuaderno de pruebas). l).- Mediante escrito de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, Claudia Oropeza Miranda, en su calidad de apoderada jurídica de Glenda Michelle Cuevas Mendoza, manifestó ante la responsable que en relación con la determinación del proveído transcrito en supralíneas, que si bien la última de las nombradas, no formaba parte de la sucesión intestamentaria a bienes de la finada María Trinidad Ulaje Lucio, sí se acredita que es la única y universal heredera de la finada Amalia Ulaje Lucio e insistió en deducir los derechos de su mandante, en cuanto única y universal heredera de esta última, solicitando se estudiaran de oficio los documentos que acompañó a su escrito de siete de, diciembre de dos mil diecinueve. A las manifestaciones que anteceden, por auto de siete de enero del dos mil veintiuno, el juez natural dijo no ha lugar a lo solicitado, toda vez que, revisadas las constancias que integran el sucesorio en cita y en especial de la sentencia interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, misma que causó ejecutoria el veintidós de febrero de la anualidad en curso, se advertía que Amalia Ulaje Lucio, no fue declarada heredera en ese asunto, ni tampoco su sucesión; por lo tanto, no tenía acreditado ningún carácter en autos y resultaba improcedente su pedimento (fojas 202 y 203 del Tomo I, del cuaderno de pruebas). m). - Finalmente, por escrito presentado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, el doce de marzo de dos mil veintiuno, Glenda Michel Cuevas Mendoza, en su carácter de heredera de Amalia Ulaje Lucio y María Felícitas Ulaje Lucio, por su propio derecho, promovieron incidente innominado para reconocimiento de calidad procesal y deducción de derechos sucesorios, con relación a la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 771/2018, exhibiendo entre otras documentales las actas de nacimiento Amalia y María Felícitas, ambas de apellidos Ulaje Lucio, a fin de demostrar el entroncamiento con María Trinidad Ulaje Lucio. A lo antes gestionado, recayó el siguiente acuerdo: "Morelia, Michoacán, 18 dieciocho de marzo del año 2021, dos mil veintiuno. Visto el escrito presentado por Glenda Michel Cuevas Mendoza y María Felícitas Ulaje Lucio, se les dice que no ha lugar a lo que solicitan, toda vez que habiendo revisado las constancias que integran este juicio en especial la sentencia interlocutoria de fecha 25 veinticinco de noviembre del año próximo pasado, se advierte que no tienen carácter reconocido dentro del mismo. Con apoyo en los artículos 38, 39, 122 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo acordó y firma el licenciado Alejandro Moreno Villanueva, Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, que actúa con el secretario de Acuerdos que autoriza, Licenciado Juan Manuel Arredondo González. Doy fe." La anterior determinación, constituye el acto reclamado. QUINTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la cuestión de fondo planteada, el suscrito estima necesario proceder al análisis de las causales de improcedencia por ser esta cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo que establece el párrafo último del artículo 62 de la Ley de Amparo. Se hace patente que en el caso concreto, las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, procede entrar al examen de la constitucionalidad planteada. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por las quejosas, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Lo anterior es así, en virtud de que, no existe disposición en la Ley de Amparo, que obligue al juzgador a transcribir los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, tales principios se satisfacen cuando el resolutor precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, los estudia y da respuesta, la cual, desde luego, debe estar vinculada y corresponden a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente expuestos en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los conforman la litis. Debe destacarse que por cuestión de técnica los conceptos de violación se sintetizan, analizan y responden en forma diversa a la planteada por la parte quejosa y conjunta respecto de los argumentos que guardan relación entre ellos, dado que el artículo 76 de la Ley de Amparo no impone la obligación al órgano jurisdiccional que conoce del asunto de seguir el orden propuesto por el amparista o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Apoya lo anterior la tesis siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2011406 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: (IV Región)2o. J/5 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación son ineficaces. En primer lugar, las quejosas Glenda Michel Cuevas Mendoza y María Felícitas Ulaje Lucio, aducen en su líbelo constitucional como concepto de violación que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, al dictar la sentencia interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, no les reconoció el carácter de herederas aunque los artículos 484 y 770 del Código Civil de Michoacán prevé su derecho preferente por heredar. De lo que se aprecia que incorrectamente, la responsable, por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, denegó el trámite del incidente mediante el cual pretendieron hacer valer sus derechos sucesorios. El concepto de violación es inoperante. Cierto, de los antecedentes anteriormente dichos, se colige que la resolución interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, que declaró quienes son los herederos dentro del juicio sucesorio intestamentario 771/2018 del índice de la responsable, es la que evidentemente depara perjuicio a las quejosas de mérito, pues en ella se determinó quienes tenían tal carácter. Misma que aquéllas no recurrieron a través del correspondiente recurso de apelación previsto en el artículo 1010 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán. Incluso, tal determinación causó estado en proveído de dieciocho de marzo del año en curso, el cual tampoco fue combatido por la parte quejosa, a través del aludido medio de impugnación. El precepto invocado establece: "Los autos dictados en los juicios sucesorios y la resolución declarando herederos de un intestado o que es legítimo un testamento, son apelables en el efecto devolutivo, salvo las excepciones expresas de la ley. " Luego, al no haber interpuesto en el plazo dentro del cual debió ejercitarse el recurso de apelación, trae como consecuencia la pérdida del derecho procesal a impugnar posteriormente la transgresión que ahora refieren, atento al principio de preclusión, el cual implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o habiéndolo ejercito en una ocasión, ya no puede hacerse valer en un momento posterior. Al respecto, debe precisarse que si en un juicio civil se emite una determinación y si alguna o la totalidad de las partes no está conforme con el fallo, pueden interponer el recurso conducente, en el caso, el de apelación, con el objeto de que la Sala realice una revisión y la revoque o modifique, total o parcialmente. La materia de la apelación es la resolución recurrida, que debe examinarse por el tribunal de apelación en función de los agravios propuestos por el recurrente. En ese contexto, si no se hace valer el referido recurso o medio de impugnación, se estimará consentida y quedará convalidada, para efectos del procedimiento relativo, toda vez que la omisión a ese respecto trae como consecuencia la pérdida del derecho a impugnar posteriormente las violaciones que ahora pretende sean analizadas en este juicio constitucional. La falta de impugnación debe apreciarse en el juicio de amparo mediante el cual se pueden impugnar los actos definitivos, porque se trata de una solución extraordinaria de carácter constitucional, que no constituye una prolongación del procedimiento del que derivan las resoluciones reclamadas. Ello porque se trata de un proceso extraordinario y autónomo, para efecto de determinar la inoperancia de esos argumentos, puesto que los tribunales que resuelven los juicios de amparo no tienen el carácter de revisores de las sentencias de primera instancia, sino de verificadores de la constitucionalidad del acto reclamado. En consecuencia, si las quejosas no recurrieron oportunamente la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte que les causaba perjuicio ni el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, por tanto, deben declararse inoperantes sus conceptos de violación relacionados con esas cuestiones. Por otro lado, devienen infundados los conceptos de violación que invocan las garantistas de mérito, al referir que la responsable, en la sentencia interlocutoria dictada en la primera sección del sucesorio intestamentario de que se habla, dejó a salvo los derechos de las probables herederas para hacerlos valer como correspondiera. Que por ello fue que promovieron incidente de reconocimiento de calidad procesal, en tanto, que la ley no prevé expresamente otro medio de hacerlo. No obstante, señalan, fue declarado improcedente, sin fundarlo ni motivarlo debidamente. Contrario a lo expresado por las quejosas, la determinación aquí combatida, sí fue fundamentada y motivada en lo esencial por la responsable. Cierto, en el auto combatido se citan diversas disposiciones legales y la razón feral que tuvo la responsable para desechar el incidente (que no se les había reconocido como herederos). Luego, no se violan los derechos fundamentales de fundamentación y motivación, pues el acto reclamado cuenta con los requisitos establecidos en la Constitución Federal, los cuales aseguran al gobernado que tanto el juicio como todas las determinaciones de orden judicial sean emitidas siempre apegadas a las leyes y a las formalidades esenciales del procedimiento; de ahí que la resolución combatida está debidamente fundada y motivada. Apoya a lo señalado, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente: Registro digital: 176546 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162 Tipo: Jurisprudencia FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Además, como se dijo, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, en el ya transcrito artículo 1010, en contra de los autos dictados en los juicios sucesorios, cabe el recurso de apelación y, aunque dejó a salvo los derechos, ello no debe entenderse en el sentido de que puedan promoverse cualquier recurso o medio de defensa, sino solo los previstos en la ley procesal civil. Al efecto, el artículo 1008 del Código Civil para el Estado de Michoacán, en relación con los diversos 13 y 14 del Código de Procedimientos Civiles2, prevén para tal fin el juicio de petición de herencia, cuyo presupuesto de acción ya ha sido definido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien señaló que es necesario: a) Que la herencia exista; b) Que se haya hecho la declaración de herederos, donde se excluya u omita al autor; c) Que los bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la sucesión, por el heredero aparente y excepcionalmente por personas distintas a las indicadas. El artículo 10083 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, dispone que los herederos o legatarios que no se presenten al juicio sucesorio tienen derecho de pedir su herencia o legado, mientras no prescriba, demandando en el juicio correspondiente al albacea si el juicio no ha concluido, o 2 Artículo 13. La petición de herencia se deducirá por el heredero testamentario o ab-instetato (sic), o por el que haga sus veces en la disposición testamentaria; y se da contra el albacea o contra el poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de heredero, o cesionario de éste y contra el que no alega título alguno de posesión del bien hereditario, o dolosamente dejó de poseerlo. Artículo 14. La petición de herencias se ejercitará para que sea declarado heredero el demandante, se le haga entrega de los bienes hereditarios con sus acciones, sea indemnizado y le rindan cuentas 3 Artículo 1008. Los herederos o legatarios que no se presenten al juicio de sucesión, tienen derecho de pedir su herencia o legado, mientras no prescriba, demandando en el juicio correspondiente al albacea si el juicio no ha concluido, o a los que hayan adquirido los bienes sucesorios, si se ha verificado la partición. a los que hayan adquirido los bienes sucesorios, si se ha verificado la partición. Así, del contenido de las disposiciones procesales ya citadas es posible establecer que ante la falta de reconocimiento del derecho a heredar, quien es extraño al procedimiento e incluso quién habiendo tenido conocimiento de éste, pero que no hubiere justificado su derecho a heredar, tiene a su alcance el juicio de petición de herencia, el cual puede tramitarse en el juicio natural, ya que es tal procedimiento el idóneo para probar con independencia de la declaración de herederos que quienes los instan tienen también derechos hereditarios que deducir. Es por ello que, en su caso, los quejosos tenían a su alcance diverso recurso legal para hacer valer los derechos hereditarios que alegan les pertenecen. Además el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, no tiene el alcance de reencausar la vía para hacer procedente lo que no lo es, ni ignorar la firmeza de las determinaciones dictadas, como la interlocutoria, donde ya se determinó quienes son los herederos. Tampoco la suplencia de la queja a favor de los adultos mayores implica reencausar la vía; sino solo suplir los errores de los motivos de disenso. En efecto, contrario a lo pretendido por los quejosos, el principio pro homine de acuerdo a las consideraciones inmersas en el amparo directo en revisión 1370/2012 sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en adoptar la interpretación más favorable a la persona cuando se trata de reconocer derechos protegidos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria. El alcance de dicho principio, se sustenta en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente: Registro digital: 2000263 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. XXVI/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 659 Tipo: Aislada PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro. En esa tesitura, si bien el sistema jurídico mexicano contempla tal figura como un principio constitucional, que consiste esencialmente en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ello no significa que en cualquier caso sometido a arbitrio de un órgano jurisdiccional se deban pasar por alto los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de un medio de defensa, pues no tiene el alcance jurídico de constituir un derecho inexistente en favor de la parte quejosa; toda vez que, las formalidades procesales constituyen la vía que apertura la posibilidad de arribar a una decisión adecuada, por lo que tal aspecto, por sí mismo -la invocación del principio-, es insuficiente para declarar procedente lo improcedente. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia: Registro digital: 2005717 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487 PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Finalmente, el que esto resuelve, no soslaya que aun cuando procede la suplencia de la queja a favor de las personas adultas mayores, debe evidenciarse o demostrarse que se está en un estado vulnerable que les impida hacer valer sus derechos, en el caso, la quejosa María Felícitas Ulaje Lucio, tenía representación legal y estaba asesoraba para promover lo conducente. Debe destacarse que, si bien la recurrente refiere que es adulta mayor vulnerable, tal circunstancia no la exime de la obligación de cumplir con las reglas de procedencia del juicio de amparo. Máxime que tampoco se aprecia que haya existido en su perjuicio una violación manifiesta de la ley que la dejara sin defensa y que amerite aplicar en su favor el beneficio de la suplencia de la queja. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada que enseguida se cita, el envejecimiento de una persona no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad, sino que ésta puede obedecer a diversos aspectos como la disminución de la capacidad motora y de la capacidad intelectual que tenga como efecto una discriminación social, familiar, laboral y económica. Esto es, no basta ser adulto mayor para que opere la vulnerabilidad, sino que debe demostrarse que padece de una incapacidad motora o intelectual que le provoca una discriminación social, familiar,laboral o económica. Lo que no se encuentra evidenciado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente: Registro digital: 2011524 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 1a. CXXXIV/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1104 Tipo: Aislada ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja. De ahí que las tesis que invocan las quejosas como apoyo de su demanda de amparo, no les benefician En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por las quejosas, procede negar el amparo solicitado. OCTAVO. TRANSPARENCIA. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al GENARO HERNANDEZ ARTEAGA elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Glenda Michel Cuevas Mendoza, en cuanto heredera de Amalia Ulaje Lucio y a María Felícitas Ulaje Lucio, en contra del acto reclamado y autoridad señalada como responsable en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, por las razones expuestas en el séptimo considerando de este fallo. SEGUNDO. En términos del considerando octavo, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Genaro Hernández Arteaga, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil veintiuno. SE COMUNICA ADSCRIPCIÓN DEL TITULAR Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación levantada por el secretario de la adscripción de los que se desprende que el uno de octubre del año en curso, tuvo verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio, misma que fue celebrada por el licenciado Leonel López Pérez, quien hasta el treinta de noviembre de la presente anualidad, desempeñaba funciones de Juez de Distrito a cargo de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Así como que a la fecha no se ha emitido el fallo relativo. Sin embargo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Circunstancia anterior que se ordena hacer del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes y agréguese al cuaderno de antecedentes formado el siete de octubre del dos mil veintiuno, en estricta observancia al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 119/2020, que en lo conducente dice: "(.) Por lo tanto, a juicio de esta Segunda Sala sí se debe notificar a las partes del cambio de titular del órgano jurisdiccional que dictará el fallo respectivo. Razonar en otro sentido implica hacer, por un lado, caso omiso a lo señalado por el artículo 70, en el sentido de que las partes pueden formular el impedimento correspondiente y, por el otro, implica hacer nugatorio el derecho de las partes a formular un impedimento respecto de un Juez determinado pues, de no notificarles el cambio de titular, las partes sólo conocerán quién dictó la sentencia o resolución, una vez que conozcan su contenido, y esté firmada por el nuevo titular y autorizada por el secretario, llevándose la incorrecta creencia, por la falta de la notificación correspondiente del cambio de titular, pues ellos estimarán que es el mismo que dictó los acuerdos previos a la sentencia o resolución. (.)" Anterior criterio que dio lugar a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 164217 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 104/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312 Tipo: Jurisprudencia SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓ PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contradicción de tesis 119/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, actualmente Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito. 23 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Tesis de jurisprudencia 104/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de junio de dos mil diez." Misma que al no ser adversa al texto actual de la Ley de Amparo vigente, resulta de observancia obligatoria para este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 217 y SEXTO transitorio de dicho ordenamiento. DICTADO DE LA RESOLUCIÓN Por lo expuesto, una vez notificadas las partes del contenido del presente acuerdo, procédase al dictado de la resolución correspondiente. Notifíquese por lista a la parte quejosa y de ser el caso a la tercero interesada y, por oficio a la autoridad responsable de conformidad con el artículo 26, fracciones II y III de la Ley de Amparo. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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