Glendy María Hoil Pereira
Expediente 393/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Glendy María Hoil Pereira
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el tres de mayo del año en curso, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la ley de la materia, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativa al oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata al tercero interesado Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán. Ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. En efecto, el sobreseimiento sólo resulta desfavorable a los intereses de la parte promovente de la acción constitucional, quien, en cuyo caso, tuvo la posibilidad de promover el recurso de revisión. Por su parte, el tercero interesado tendría la posibilidad de acudir al recurso de revisión de forma adhesiva, lo cual, preserva la naturaleza del juicio de amparo contenida en el artículo 107 constitucional, fracción I, que dispone que siempre se sigue a instancia de parte agraviada; lo cual, no se cumpliría si se le permitiera que instara el recurso mencionado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556m del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2013630, que indica: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 393/2019-II-A, promovido por GLENDY MARIA HOIL PEREIRA, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO*************. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por GLENDY MARIA HOIL PEREIRA, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad; por los motivos señalados en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que después de haberse denunciado la inejecución de la Sentencia Ejecutoria el doce de junio del año próximo pasado, con la finalidad de cumplir con dicho fallo protector, obran en autos las siguientes providencias: El cinco de julio de dos mil ocho, se recibió el oficio ********signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en el que informó que requirió al Cabildo del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, a fin de que señale fecha y hora para la celebración de una sesión extraordinaria e informe lo acordado en dicha sesión, por lo que se previno a la responsable para que una vez que tenga conocimiento de la fecha y hora señalada por el referido Cabildo, lo informara de manera inmediata a este Juzgado Federal, (foja 107). El once de julio siguiente, se acordó que debido a que hasta esa fecha el Ayuntamiento de Seyé, no había dado cumplimiento con el requerimiento efectuado en proveído de doce de junio anterior, se le requirió nuevamente cumpla sin demora; al igual que al Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Seyé, los cuales tampoco habían dado cumplimiento con el último requerimiento, (foja 116). El dos de agosto de dos mil dieciocho, se acordó el oficio ********** signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, con el que informó que concedió un término de tres días hábiles, para que el Cabildo del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, le informe si había sesionado o en su defecto la fecha y hora en que llevaría a cabo dicha sesión extraordinaria; por lo que se requirió al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, remitiera copia certificada del oficio que giró al Cabildo del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, del que se advierta la fecha en la que hubiese sido recibido; o informe el impedimento que tuviere para ello, (foja 133). El ocho de agosto siguiente, se previno a la responsable para que una vez que tuviera conocimiento de la fecha y hora señalada por el referido Cabildo para la celebración de la sesión extraordinaria, lo informara de manera inmediata a este Juzgado Federal, (foja 141). En proveídos de quince y veintidós de agosto siguiente, se requirió nuevamente a la responsable para que informara la fecha y hora señalada por el Cabildo para la celebración de la sesión extraordinaria, (fojas 147 y 165). Por proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio *********signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó que impuso una multa de $8,000.00 (ocho mil pesos, moneda nacional) al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Seyé, toda vez que no dio debido cumplimiento al requerimiento efectuado por proveído de uno de agosto último, y se le remitió copia certificada del referido oficio al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, (foja 176). El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se acordó el oficio *****signado por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, en su carácter de representante jurídico Ayuntamiento de Seyé, y los diversos oficios **********, signados por la Presidenta Municipal, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, con sede en dicha localidad, que remitieron con relación al requerimiento efectuado por proveído de once de julio pasado. En atención a su contenido, se proveyó que en atención a que el uno de septiembre anterior, aconteció el cambio de administración del Ayuntamiento Municipal de Seyé, Yucatán, se requirió a los actuales funcionarios Presidente Municipal Lizbeth María Cauich Puch, Síndico de Hacienda Juan Pablo Chuc Romero y Tesorera María Lucely Chim Áke, todos del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, electos para el periodo dos mil dieciocho a dos mil veintiuno, vinculados dichos cargos anteriormente como autoridades obligadas al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este asunto, en los términos establecidos en la resolución de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, emitida en el recurso de inconformidad **, por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad; así como en el auto de ocho de mayo del año actual. Y no obstante que manifestó que la anterior administración Publica, no dejó constancia alguna sobre el presente procedimiento, por lo que ante la falta de información no pueden realizar los ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones, adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales correspondientes, ni instrumentar todos los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, para realizar el pago requerido por el tribunal responsable laboral. Se ordenó hacer de su conocimiento, que siendo parte en el juicio, están en la posibilidad de acudir al mismo e imponerse de los autos, y hecho ello solicitar las copias que requiera a su cargo; siendo que la circunstancia que no se haya realizado una adecuada entrega de la administración no resulta atribuible a este juicio y por tanto lo acordado y decidido en el mismo cobra vigencia, así como los términos otorgados a las autoridades señaladas como responsables. Igualmente, se giró atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, a fin de que se sirviera hacer efectivas las multas impuestas a los entonces Presidente Municipal, Síndico de Hacienda y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán; haciéndole del conocimiento a la autoridad recaudadora que los datos de los multados, (fojas 214 a 216). El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, nuevamente se requirió al Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Seyé, y Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de ese acuerdo, cumplieran sin demora con la sentencia ejecutoriada de mérito, para lo cual deberían adjuntar copia certificada de las constancias conducentes que así lo acrediten, o bien, informaran a este Juzgado las gestiones que hubiesen realizado con relación al cumplimiento del mismo, (foja 293). El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se agregó el oficio *******signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, mediante el cual informó que con fecha veinte de noviembre anterior concedió un término de diez días hábiles para que el Cabildo del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, realice una sesión extraordinaria y provea el pago liso, llano y en una sola exhibición la cantidad laudada; por lo que se le requirió al referido Tribunal para que una vez transcurrido el término concedido al Cabildo del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, informara a este Juzgado el seguimiento dado, lo cual debería acreditar con las constancias respectivas, dentro del término de tres días hábiles siguientes al que fenezca dicho plazo, (foja 349). El doce de diciembre de dos mil dieciocho, se agregó el oficio TTSEM/MP/SRÍA.- 1505/2018 signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, al que acompañó un anexo, en cumplimiento al requerimiento efectuado por proveído de veintinueve de noviembre último, de donde se advierte que el Presidente Municipal de Seyé, Yucatán, presentó la sesión de cabildo de veinte de noviembre anterior, por lo que ordenó dar vista a la parte actora, aquí quejosa, de dicha sesión, (foja 470). El veintiuno de enero del presente año, nuevamente se requirió al Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Seyé, y Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para que dentro del término de tres días siguientes a su notificación, cumplan sin demora con la sentencia ejecutoriada de mérito, para lo cual deberían adjuntar copia certificada de las constancias conducentes que así lo acrediten, o bien, informaran a este Juzgado las gestiones que hubiesen realizado con relación al cumplimiento, (foja 484). Mediante auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se recibió el oficio **********signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con el cual comunicó que impuso dos multas al Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, derivados de los apercibimientos contenidos en autos de veintisiete de agosto y siete de diciembre de dos mil dieciocho, (foja 496). El veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, debido a que hasta la fecha el Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Seyé, no han dado cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiuno de enero último, se les requirió nuevamente para que dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo, cumplan sin demora con el mismo. El siete de marzo pasado, se agregó el oficio PRES/JUR/10/2019 signado por la Presidenta Municipal, Tesorera Municipal y Síndico, todos del Ayuntamiento de Seyé, que remitió en cumplimiento al requerimiento efectuado por proveído de veintiuno de enero último, del cual se advierte que la ejecutoria de mérito se encuentra en vías de ejecución. En dicho oficio realizó diversas manifestaciones en relación a la celebración de un plan de pagos de carácter mensual a favor de la parte quejosa por todo el tiempo que dure hasta el pago total de la cantidad condenada en el laudo dictado en el expediente laboral 307/2010 y acumulados; a lo que se indicó que dicha cuestión la debería plantear ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. No obstante ello, se giró oficio al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, remitiéndosele copia certificada del referido oficio, (foja 519). Como puede advertirse de la relatoría que antecede, hasta este momento las autoridades vinculadas al cumplimiento Presidente Municipal, Síndico de Hacienda, y Tesorero del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, permanecen en su actitud contumaz y evasiva de cumplir con la sentencia ejecutoria dictada en este asunto, pues nada han informado al respecto a este juzgado que permita apreciar si hay un principio de ejecución. Por tanto, comuníquese lo anterior al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO, para los efectos legales respectivos en la inejecución de sentencia 2/2018 de su índice. Por otra parte, es un hecho conocido por el suscrito que en los autos del toca ****, relativo al juicio de amparo indirecto número *******, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito, promovido por *********, por conducto de su apoderado *********, se dictó una sentencia ejecutoria cuyo tema fundamental es similar al presente asunto, en la que, en lo que interesa, se determinó la siguiente: "...De lo narrado con anterioridad, se advierte de manera clara y patente que el tribunal responsable en la etapa de ejecución del laudo no ha dictado de manera eficaz y de manera pronta las providencias necesarias para vencer la contumacia del ayuntamiento condenando así como de las autoridad relacionadas con el cumplimiento, ya que no por la existencia una serie de actuaciones realizadas para cumplimentar el laudo en el juicio de origen, implica por consecuencia lógica, jurídica y necesaria que ha sido eficaz la ejecución del laudo. Ahora bien, para estimar que se han dictado las medidas convenientes con la finalidad de cumplir con el pago del laudo, implica evaluar los medios elegidos para dar cumplimiento y su idoneidad para ello, y no necesariamente que se intente en diversas ocasiones dar cumplimiento. Cabe señalar que de la resolución del cumplimiento sustituto ****, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que constituye un hecho notorio, se advierte que estableció que, para sostener que se han agotado los medios a su alcance, deben atenderse a los siguientes elementos normativos: LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN: "Artículo 157. El Tribunal sancionará la alteración del orden, y las faltas de respeto hacia el mismo en forma verbal o por escrito, sancionándolas, según la gravedad de la falta, con amonestación, expulsión del local del Tribunal o económicamente, a criterio del mismo, con una cantidad mínima de cien pesos, cuando se trate de trabajadores y de mil pesos cuando se trate de funcionarios. (.) Artículo 160. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para hacer respetar y cumplir sus resoluciones, cuando fueren requeridas para tal fin. Artículo 160 bis. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán imponer las mismas sanciones a que hace referencia el artículo 157 de esta Ley. Artículo 160 ter. Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Hacienda; para lo cual el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios girará el oficio correspondiente. La Secretaría aludida informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 161. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan. Artículo 162. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se emplearán los medios de apremio establecidos es esta propia Ley". REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE YUCATÁN: "Artículo 12. Además de las facultades establecidas en la Ley, y sin perjuicio de las mismas, el Presidente tendrá las siguientes: I. Representar legalmente al Tribunal; (.) IV. Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos del Pleno; (.) VI. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno; VII. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos que les corresponda ejecutar, a solicitud de cualquiera de las partes; (.) XVI. Gestionar ante la autoridad correspondiente los requerimientos del Tribunal (.)". LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN: "Artículo 14. Los magistrados y jueces contarán con las condiciones normativas y materiales para lograr el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Las sentencias ejecutoriadas de los tribunales del Estado deberán acatarse en sus propios términos y contarán con fuerza ejecutiva para lograr su cumplimiento. Artículo 15. El ejercicio de la función jurisdiccional del Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, los tribunales y juzgados de primera instancia y los juzgados de paz. Adicionalmente, para el cumplimiento de sus funciones no jurisdiccionales, el Poder Judicial contará con el Consejo de la Judicatura, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y el Centro Estatal de Solución de Controversias". Sin embargo, como tales disposiciones no hacen referencia a mecanismos específicos para lograr el cumplimiento de los laudos, también se indicó que debe analizarse la normativa aplicable de actos que se pueden solicitar, instar e incluso exigir. Entre las cuales se encuentran las siguientes: LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN: "Artículo 1. Esta Ley es de observancia general para los Titulares y Trabajadores de las Dependencias de Administración Pública Centralizada, de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los municipios del Estado de Yucatán. (.) Artículo 45. Son obligaciones de los Titulares a que se refiere el artículo 1 de esta Ley: (.) IV. De acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se haya fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición los salarios o sueldos caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldos y quinquenios, en los términos del laudo definitivo (.)". CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN: "Artículo 30. Son facultades y atribuciones del Congreso del Estado: (.) VI. Aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y las leyes de ingresos de los municipios, a más tardar, el día 15 de diciembre de cada año. Asimismo, deberá incluir en el Presupuesto de Egresos mencionado, las erogaciones plurianuales, aprobadas conforme a la Ley de la materia. Cuando inicie una administración gubernamental estatal en la fecha prevista en el artículo 48 de esta Constitución, el Congreso del Estado aprobará la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado a más tardar el 30 de diciembre del año en que se verifique dicho suceso. En caso de no aprobarse el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, continuará en vigor el autorizado para el año inmediato anterior, el cual se ejercerá mensualmente en una doceava parte del total, o de la disponibilidad de los recursos fiscales, con las actualizaciones que sean pertinentes, hasta en tanto se aprueba el del año fiscal respectivo. Determinar las bases, montos y plazos con que serán distribuidas las participaciones a los municipios, con arreglo a las Leyes respectivas. Atendiendo entre otros criterios, el esfuerzo recaudatorio; población y marginación; VII. Revisar y en su caso aprobar las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios, entidades u organismos de la administración pública paraestatal, paramunicipal, organismos autónomos y, en general de los recursos públicos que se destinen o ejerzan por cualquier persona física o moral, pública o privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica. La revisión tendrá por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ajusta a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los respectivos programas de conformidad a lo establecido en las leyes aplicables; VIII Bis. Autorizar al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos a contratar deuda pública y afectar como garantía, fuente de pago o de cualquier otra forma, los ingresos que les correspondan, en los términos establecidos en las leyes correspondientes; (.) Artículo 55. Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: (.) IX. facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones; (.) Artículo 82. La ley que reglamenta el funcionamiento y organización de los ayuntamientos, contendrá los lineamientos siguientes: (.) III. Los presupuestos de egresos serán aprobados por cada Ayuntamiento con base en sus ingresos disponibles y de acuerdo a la programación de sus actividades gubernamentales y administrativas, de conformidad con las disposiciones aplicables. El Ayuntamiento deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda, las partidas necesarias para solventar las obligaciones adquiridas en ejercicios fiscales anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, siempre que: a) Constituyan deuda pública del Municipio, o de las entidades paramunicipales garantizadas por el Ayuntamiento o el Poder Ejecutivo del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, o b) Deriven de contratos relativos a proyectos para la prestación de servicios aprobados por el Ayuntamiento conforme a la ley de la materia". LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN: "Artículo 38. Los Ayuntamientos tendrán las facultades y obligaciones siguientes: (.) III. De Hacienda: (.) b). Aprobar su presupuesto de egresos con base en los ingresos disponibles y de conformidad en su caso con el Programa Operativo Anual y el Plan Municipal de Desarrollo proyecto que para tal efecto deberá someter a su consideración el Presidente Municipal en la segunda quincena del mes de diciembre anterior al año en que deba regir dicho presupuesto con excepción del año en que tome posesión el Ayuntamiento, que será formulado y presentado en la primera quincena de enero; (.) Artículo 72. Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal : (.) b) Efectuar los pagos de acuerdo con el Plan de Egresos aprobado por el Ayuntamiento con excepción de los correspondientes a sueldos, no podrá hacer ningún pago sin la orden respectiva del Presidente del Ayuntamiento, girada en la forma establecida; (.)". Lo subrayado es para resaltar. Debido a lo anterior, si se considera que todas las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal responsable, a efecto de que se cumplan sus resoluciones, mismo que dictará todas las medidas necesarias para la ejecución eficaz e inmediata de las mismas; y que los titulares de los ayuntamientos, deberán cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella, y pagarán en una sola exhibición los salarios o sueldos caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldos y quinquenios, en los términos del laudo definitivo; entonces no puede concluirse que se ha dado cumplimiento al laudo, al poder instar a diversas autoridades para el cumplimiento puntual del mismo. En efecto, el Tribunal responsable debe dictar a las autoridades relacionadas con el cumplimiento del laudo los ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones y adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales correspondientes, instrumentar todos los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, y en caso de no existir partida presupuestal para realizar el pago requerido, debe incluirse ese pago en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal siguiente. Así, aun ante la falta de recursos presupuestales en la partida destinada al cumplimiento de sentencias o pagos similares, las autoridades relacionadas con el cumplimiento del ludo están obligadas a adoptar todas las medidas que resulten necesarias para dotar de recursos a esa partida, como podría ser mediante las transferencias o adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para ello, o su inclusión para el próximo ejercicio fiscal. Por tanto, debe requerirse a las autoridades que estén obligadas a realizar tales actos relacionados con la inclusión del pago en el presupuesto de egresos o que la deban incluir, en su caso, bajo el concepto correspondiente; con independencia de que incluso las autoridades correspondientes formen parte del mismo ayuntamiento condenado, pues si bien éste tiene el carácter de parte demandada en el juicio laboral, no debe soslayarse la obligación individual de sus titulares o funcionarios, como el presidente municipal, el síndico y los integrantes del cabildo, el tesorero o sus equivalentes, incluso diversos funcionarios dentro del mismo ayuntamiento. Lo anterior, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente: "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo". Del numeral transcrito se desprende que todas las autoridades vinculadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo, están obligadas a realizar todo tipo de actos necesario para el logro de ese objetivo. A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se puede vincular a las autoridades responsables y si estas o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a este para que ordene a aquella cumplir con dicha ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, e incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Asimismo, aun cuando los titulares de la autoridad demandada ya no estén en funciones (presidente y cabildo), pueden ser llamados como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo. En ese orden, es de precisarse que se genera responsabilidad de los funcionarios municipales acorde lo dispuesto en los artículos 97, 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, 3 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y 2, fracción XXI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, en tanto que el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de los Municipios de denunciará ante la contraloría de dicha municipalidad. En tal virtud, el Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, junto con el Congreso del Estado de Yucatán, Secretario de Hacienda del Estado de Yucatán, Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas de la citada entidad federativa, son autoridades que se encuentran vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo, en virtud que el primero elabora su presupuesto y las demás lo analizan y en su caso aprueban. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis 2ª. LVII/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227, Tomo XXVII, Mayo de 2008, Materia Administrativa, Novena Época, registro 169707, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO IMPLIQUE LA EROGACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE UNA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EL JEFE DE GOBIERNO, AUN CUANDO NO SEA AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE REALIZAR LOS ACTOS QUE LE CORRESPONDEN CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE EN ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA. Conforme al artículo 112 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las Delegaciones de la entidad cuentan con autonomía de gestión financiera e, inclusive, el Jefe Delegacional puede decidir la transferencia de recursos; sin embargo, ello no debe interpretarse al extremo de considerar que corresponde a éstos determinar libremente el destino de los recursos asignados, sino en el sentido de que en su aplicación gozan de autonomía para administrarlos, pero deben observar las disposiciones legales y reglamentarias, así como los acuerdos administrativos de carácter general de la administración pública central, además de que el ejercicio de esa facultad está condicionado a que no afecte los programas prioritarios, lo cual corresponde determinar a los órganos técnicos encargados de la administración financiera de los recursos de la entidad, que conocen el monto al que ascienden las partidas y demás elementos que permitan establecer el efecto de un ajuste presupuestario. En ese contexto, al reservar el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso b), constitucional, al Jefe de Gobierno la facultad para presentar la iniciativa de presupuesto de egresos y, en términos del artículo 112 del Estatuto de Gobierno relativo, al ejercer dicha atribución, proponer a la Asamblea Legislativa las asignaciones presupuestales para que las Delegaciones cumplan con el ejercicio de las actividades a su cargo, cuando el acatamiento de una sentencia de amparo implique la erogación de recursos que corresponden a éstas, al indicado Jefe de Gobierno le asiste el carácter de autoridad vinculada a su cumplimiento, pues le corresponde proponer la programación de una partida para hacer frente a dichos fallos, así como realizar modificaciones presupuestarias para adecuarla a las necesidades sobrevenidas, lo cual ocurre necesaria e ineludiblemente al tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, esa circunstancia no le resta al Jefe de Gobierno el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de las ejecutorias ni implica postergarlo un ejercicio, dado que es él quien, durante el ejercicio, puede modificar los programas relativos y realizar los ajustes presupuestarios, como se establece en el artículo 34 del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2008, sin que la eficacia de las ejecutorias de amparo permita inobservar las demás disposiciones aplicables. Lo anterior sin perjuicio de que aun en ausencia de presupuesto aprobado, finalmente las ejecutorias de amparo han de cumplimentarse afectando partidas presupuestales diversas". Conclusión. Por lo expuesto, al ser el acto reclamado, violatorio de los principios de prontitud y expeditez en la administración de justicia establecidos en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo se impone conceder a la quejosa la protección constitucional, para el efecto de que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, vincule al Congreso del Estado de Yucatán, al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán y al Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas de la citada entidad federativa para que estas autoridades realicen las gestiones necesarias para la aprobación e inclusión de la cantidad objeto de la condena decretada en contra del Ayuntamiento de Motul, Yucatán en el juicio laboral 297/2007, a cuenta del presupuesto a destinar al citado Ayuntamiento en el próximo ejercicio fiscal, esto es dos mil diecinueve; y sean ellas mismas quienes instrumenten los mecanismos de transferencia a efecto de que se pague directamente a la quejosa Rosa María Uicab Maas. Concesión que se hace extensiva a la autoridad ejecutora, Presidente adscrito al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán..." En mérito de lo anterior, a fin de establecer otra medida más, a fin de que el Tribunal responsable, esté en posibilidad de hacer cumplir el laudo, requiérase al Magistrado Presidente Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, cumplan sin demora con la ejecutoria de mérito, para lo cual deberán adjuntar el documento o los documentos que así lo acrediten, o bien, informen a este juzgado las gestiones que hayan realizado para dar cumplimiento a la misma, o en su caso, el impedimento que tienen para hacerlo. Para ello, el Magistrado Presidente, siguiendo los lineamientos precisados en la ejecutoria antes reseñada, vincule al Congreso del Estado de Yucatán, al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán y al Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas de esta propia entidad, para que auxilien tanto al Tribunal como al Ayuntamiento del Municipio de Seyé, Yucatán, a fin de que éste último ente, obtenga mediante los mecanismos eficaces que estimen pertinentes, los recurso necesarios para cubrir las prestaciones establecidas en el laudo pronunciado en el juicio natural. Sin que lo anterior soslaye la circunstancia que tales instituciones gubernamentales pudieran alegar estar material y jurídicamente imposibilitadas para ello conforme a las normas que regulan los principios de la autonomía municipal y de que las partidas presupuestales son inembargables, así como que el presupuesto de egresos e ingresos se encuentran ya aprobados. Pues lo cierto es que lo que se pretende es que, sin dejar de observar las leyes que regulan los referidos principios, cumplan con lo que ordena la Constitución Política del Estado de Yucatán, en sus artículos 30 fracción VIII bis y 55 fracción IX, es decir, proporcionen el auxilio necesario al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán para el ejercicio expedito de sus funciones. Notifíquese y cúmplase.
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