Gloria Betulia Arjona Cano

Expediente 2406/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 32 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2406/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Gloria Betulia Arjona Cano
  • GLORIA BETULIA ARJONA CANO y Otros.
  • Rogaciano Chi Canche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en la ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dieciséis de octubre del año dos mil veintitrés, remite copia certificada de las constancias de notificación de las autoridades Congreso del Estado de Yucatán, Secretario de Administración y Finanzas, y Gobernador del Estado de Yucatán, realizadas con el objeto de que coadyuven con lo solicitado por el tribunal responsable, y en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y el diverso remitido por la responsable en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de TRES DÍAS hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en la ciudad, mediante el cual informa las gestiones que está llevado a cabo a fin de atender los efectos de la ejecutoria de amparo. En ese sentido, refiere que mediante auto de once de los corrientes, se vinculó al Congreso, al Secretario de Administración y Finanzas y al Gobernador, todos del Estado de Yucatán, con sede en la ciudad, para que coadyuven al cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral ********************y acumulados. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante, para que en acatamiento de la ejecutoria de amparo, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente al en que reciba la notificación del presente acuerdo, remita las constancias de notificación realizadas a las citadas autoridades vinculadas al cumplimiento del laudo, a fin de que este Juzgado Federal esté en aptitud de acordar lo que en derecho resulte procedente. Apercibida que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia que en su primer punto resolutivo concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán y a su Magistrado, con sede en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, restituyendo a los agraviados en el goce del derecho humano violado, como dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 2406/2021-IV-A, promovido por ********************, en representación de los quejosos ********************y********************, contra los actos que reclaman del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad y su Magistrado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre dos mil veintiuno, vía electrónica, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, en representación de los quejosos ********************y********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad y su Magistrado. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda. Inconforme la parte quejosa, en contra de dicha determinación interpuso recurso de queja. Del medio de defensa conoció el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, quien mediante sesión ordinaria virtual de tres de marzo de dos mil veintidós, resolvió en el sentido de declarar fundado el recurso y ordenó proveer lo conducente a la admisión de la demanda. En virtud de lo anterior, mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, por los motivos ahí expuestos, se admitió la demanda de que se trata; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la representante social de la federación adscrita la intervención que le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Se desechó ampliación de demanda. Por escrito presentado vía electrónica el veinticinco de abril de dos mil veintidós, la parte quejosa por derecho propio, amplió su demanda de amparo; sin embargo, por auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se desechó dicha ampliación, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Auto que fue impugnado mediante del recurso de queja, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, donde fue radicado con el Toca 512/2022, y en sesión de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictó resolución en la que declaró fundado el recurso, y ordenó proveer en relación con la admisión de la ampliación de demanda planteada por la parte quejosa. CUARTO. Se recibe testimonio y se admite ampliación de demanda. Por auto de seis de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada por la Superioridad, por lo que en estricto cumplimiento a la misma, se levantó la suspensión del procedimiento decretada en su oportunidad con motivo de la interposición del recurso, y se admitió a trámite la ampliación de demanda, promovida en contra del acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, dictado por el Magistrado responsable. Por ello, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó notificar de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: El acuerdo de diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno mismo que fue notificado por lista de estrados del referido tribunal el día diecinueve de noviembre del año dos mil veintiuno, dictado en el expediente del juicio ordinario laboral 562/2010. La paralización del procedimiento de ejecución del laudo y/o el retardo ilegal e innecesario ante la imposibilidad de la inclusión del pago de las prestaciones condenadas a favor de los quejosos, en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento demandado. Y por lo que hace a la ampliación de demanda: El acuerdo de fecha once de abril de dos mil veintidós. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad y a su Magistrado, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados por conducto del último señalado. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Resulta de explorado derecho que las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente y aun de oficio por ser ésta una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, con número de registro 394770, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO." Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente asunto, las autoridades responsables, en sus informes de ley señalaron que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues a su juicio han cesado los efectos de los actos reclamados, en virtud, de que ha continuado con el proceso de ejecución de laudo dictado en favor de los quejosos. Del citado precepto se desprende que, el sobreseimiento procede cuando durante el juicio se advierte o sobreviene alguna causal de improcedencia, en este caso en específico, se trata de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como lo manifestó la autoridad responsable a su consideración han cesado los efectos de los actos reclamados, pues se ha dado continuidad al procedimiento de ejecución del que son parte los aquí quejosos. El motivo de improcedencia debe desestimarse, porque el requerimiento hecho por la autoridad responsable en fecha once de abril de dos mil veintidós, fue motivo de la ampliación de la demanda planteada por los aquí quejosos, es decir, el pronunciamiento hecho valer por la autoridad responsable en el citado acuerdo, será materia de fondo del presente asunto, que solamente puede ser analizado a la luz de los conceptos de violación expresados por los promoventes. Cobra aplicación la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 287 del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Materia Común, de la Novena Época, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Es por ello que en el caso no se actualiza la causal de improcedencia analizada. QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. Por consiguiente, al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello. Y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por lo que deberá concedérsele la protección de la Justicia Federal solicitada, por los motivos que a continuación se indican. En esencia, sostienen los amparistas en sus conceptos de violación, que los actos reclamados vulneran sus derechos a la igualdad y a la no discriminación y a la impartición de la justicia, contenidos en los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, respectivamente, pues la autoridad ha dado un tratamiento diferenciado a los aquí quejosos y los diversos actores JOSÉ EFRAÍN AMBROSIO HUCHIM y DOLORES GABRIELA VÁRGUEZ CHIM, ya que respecto a estos últimos ha dictado diversas acciones a fin de lograr el pago del laudo y no así respecto de los aquí quejosos. Conceptos de violación que se traducen, en que el Tribunal responsable ha sido omiso en vincular a diversas autoridades, con el fin de lograr el pago de lo laudado, pues sólo con su participación se lograría el cumplimiento del laudo correspondiente. Es fundado el concepto de violación relatado con antelación y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal, aunque para ello se tenga que suplir la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto en el dispositivo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 263, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, cuyos rubro y texto son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Ahora bien, es necesario tener presente el contenido del artículo 17 de la Constitución General de la República, que en lo conducente dispone: "Artículo 17.- (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.)". En ese sentido, en reiterados criterios de la Suprema Corte de Justicia como el que enseguida se invoca, se ha desentrañado el sentido jurídico de esa garantía de acción que el constituyente consagró en favor de los gobernados, pues se ha sostenido que dicha prerrogativa implica que los poderes del Estado no pueden establecer condiciones que restrinjan o impidan el acceso a los tribunales, y de manera categórica estableció que cualquier disposición que tienda a impedir que se administre justicia de acuerdo con las prevenciones de la ley, importa una violación al artículo 17 Constitucional. Luego, el citado artículo ratifica el deber de los tribunales de estar expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes; así se infiere de su contenido en el que se establece: a) Un derecho a la justicia que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado; b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas; c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones -ya sean autos o sentencias, pronunciados por los órganos jurisdiccionales- se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales; y d) La gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional, establecida en la última parte del artículo en comento, lo que significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la misma ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.- La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Por su parte, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, en lo conducente establece: "Artículo 160 bis.- El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán imponer las mismas sanciones a que hace referencia el artículo 157 de esta Ley. Artículo 160 ter.- Las multas se harán efectivas por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; para lo cual el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios girará el oficio correspondiente. La agencia informará al tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 161.- El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan. Artículo 162.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se emplearán los medios de apremio establecidos es esta propia Ley." De los preceptos antes transcritos, se desprende que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan. Si bien es cierto que, tales disposiciones no hacen referencia a mecanismos en específico para lograr el cumplimiento de los laudos, lo cierto también es que, de las constancias que obran en los presentes autos, se advierte que el laudo dictado en el juicio de origen 307/2010 y sus acumulados, aún no ha sido cumplido por el ayuntamiento demandado. En efecto, de las constancias remitidas por la responsable, las que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte lo siguiente: 1. Que el apoderado legal de la parte, presentó un escrito a través del cual solicitó al Tribunal responsable, actualizar las cantidades que corresponden a los trabajadores, así como que en congruencia con lo establecido en la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 92/2020, se vinculara al cumplimiento del laudo al Congreso, Gobernador y Secretario de Administración y Finanzas del Estado. 2. A dicha petición recayó el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en el que el Tribunal responsable actualizó las cantidades adeudadas a cada uno de los trabajadores actores, y en relación a que se vinculara a diversas autoridades de conformidad con el incidente de inejecución de sentencia 92/2020, no accedió, ya que lo ordenado en dicho incidente, derivó del juicio de amparo 635/2015-III-B, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, y que el mismo aplicó de manera análoga al diverso juicio de amparo 620/2015-I-A, el cual había sido promovido únicamente por DOLORES GABRIELA VÁRGUEZ HUCHIM, por lo que atendiendo al principio de relatividad de sentencias, el beneficio de la sentencia dictada en ese amparo sólo correspondía a los promoventes señalados. Asimismo requirió a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, a fin de que procediera al pago del laudo respectivo a favor de DOLORES GABRIELA VÁRGUEZ HUCHIM. 3. Auto de uno de abril de dos mil veintidós, en el que siguiendo con la secuela de la ejecución del laudo dictado en el juicio de origen, actualizó las cantidades adeudadas a los trabajadores ********************y********************, y requirió al Cabildo del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, para que realizara una sesión extraordinaria a fin de fijar en su presupuesto una partida destinada a pagar las prestaciones a favor de los señalados. De lo anterior, se puede inferir esencialmente, que no se ha logrado el pago del laudo de seis de marzo de dos mil doce, por falta de presupuesto. Por ende, deben analizarse las normativas aplicables al caso en concreto, entre las cuales se encuentran las siguientes: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 115, fracción IV y 117, fracción VIII, último párrafo, establecen lo siguiente: "Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: [.] IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso [.]" "Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: [.] VIII.- [.] Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses." Asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, prevé en lo conducente lo siguiente: "Artículo 30.- Son facultades y atribuciones del Congreso del Estado: [.] VI.- Aprobar, a más tardar, el 15 de diciembre de cada año, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del Gobierno del estado de Yucatán y las leyes de ingresos de los municipios, de conformidad con los requerimientos establecidos en las leyes en materia de presupuesto, contabilidad gubernamental, responsabilidad hacendaria y la demás legislación y normativa aplicable. Cuando inicie una administración gubernamental estatal en la fecha prevista en el artículo 48 de esta Constitución, el Congreso del Estado aprobará la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado a más tardar el 30 de diciembre del año en que se verifique dicho suceso. En caso de no aprobarse el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, continuará en vigor el autorizado para el año inmediato anterior, el cual se ejercerá mensualmente en una doceava parte del total, o de la disponibilidad de los recursos fiscales, con las actualizaciones que sean pertinentes, hasta en tanto se aprueba el del año fiscal respectivo. Determinar las bases, montos y plazos con que serán distribuidas las participaciones a los municipios, con arreglo a las Leyes respectivas. Atendiendo entre otros criterios, el esfuerzo recaudatorio; población y marginación; [.] VIII.- Establecer las bases conforme a las cuales el Poder Ejecutivo y los municipios puedan contraer obligaciones o empréstitos, con las limitaciones impuestas por las leyes que establezcan las bases generales para incurrir en endeudamiento a que se refiere el numeral 3º de la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por lo dispuesto en su artículo 117, fracción VIII; VIII Bis. - Autorizar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, los montos máximos para que, en las mejores condiciones del mercado, el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos contraten empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago, con las excepciones previstas en la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [.] VIII Quitar. - Aprobar la afectación de ingresos del Estado y de los municipios, respecto al cumplimiento de todo tipo de obligaciones que deriven de la contratación de financiamiento o de proyectos para prestación de servicios. Igualmente, corresponderá al H. Congreso del Estado, a solicitud del Titular del Poder Ejecutivo, la aprobación de la desafectación de esos ingresos en términos de la legislación aplicable; VIII Quinquies. - Autorizar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos la celebración de convenios con la federación para la contratación de deuda estatal garantizada, en los términos de las leyes que expida el Congreso de la Unión en esta materia; [.] Artículo 55. Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: [.] IX. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones; [.] Artículo 82. La ley que reglamenta el funcionamiento y organización de los ayuntamientos, contendrá los lineamientos siguientes: (.) III. Los presupuestos de egresos serán aprobados por cada Ayuntamiento con base en sus ingresos disponibles y de acuerdo a la programación de sus actividades gubernamentales y administrativas, de conformidad con las disposiciones aplicables. El Ayuntamiento deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda, las partidas necesarias para solventar las obligaciones adquiridas en ejercicios fiscales anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, siempre que: a) Constituyan deuda pública del Municipio, o de las entidades paramunicipales garantizadas por el Ayuntamiento o el Poder Ejecutivo del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, o b) Deriven de contratos relativos a proyectos para la prestación de servicios aprobados por el Ayuntamiento conforme a la ley de la materia" Por su parte, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Yucatán, en lo conducente establece: "Artículo 166. Ingresos por empréstitos o financiamientos Los municipios podrán obtener recursos derivados de empréstitos o financiamientos que se concerten con personas físicas o morales, siguiendo los procedimientos que para tales efectos contemple la legislación aplicable. Artículo 167. Destino de los empréstitos o financiamientos Sólo podrán obtenerse empréstitos o financiamientos que sean destinados a obras públicas productivas, de conformidad con lo que establece el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 168. Dependencia recaudadora de los ingresos por concepto de deuda pública Todo recurso que obtenga el municipio por concepto de deuda pública, deberá invariablemente ingresarse al erario por conducto de la tesorería municipal. Artículo 169. Responsabilidad de servidores públicos municipales Adquiere responsabilidad cualquier servidor público que contravenga las disposiciones contenidas en este capítulo." De igual manera, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en lo conducente establece: "Artículo 41.- El Ayuntamiento tiene las atribuciones siguientes, las cuales serán ejercidas por el Cabildo: [.] C) De Hacienda: I. Administrar libremente su patrimonio y hacienda; II.- Aprobar a más tardar, el quince de diciembre, el presupuesto de egresos, con base en los ingresos disponibles y de conformidad al Plan Municipal de Desarrollo, y a los requerimientos establecidos en la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás legislación y normativa aplicable; Artículo 88.- Son obligaciones del Tesorero: I.- Efectuar los pagos de acuerdo con el Presupuesto de Egresos; [.]." También debe establecerse lo que dispone la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, que en lo que aquí interesa señala: "Artículo 1.- Esta Ley es de observancia general para los Titulares y Trabajadores de las Dependencias de Administración Pública Centralizada, de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los municipios del Estado de Yucatán. [.] Artículo 45.- Son obligaciones de los Titulares a que se refiere el artículo 1 de esta Ley. [.] IV.- De acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se haya fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición los salarios o sueldos caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldos y quinquenios, en los términos del laudo definitivo." De lo anterior, se deduce que, como ya se dijo el Tribunal responsable, a efecto de que se cumplan sus resoluciones, deberá dictar todas las medidas necesarias para la ejecución eficaz e inmediata de las mismas; y que los titulares de los ayuntamientos, deberán cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella, y pagarán en una sola exhibición los salarios o sueldos caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldos y quinquenios, en los términos del laudo definitivo; entonces no puede concluirse que se ha dado cumplimiento al laudo, al poder instar a diversas autoridades para el cumplimiento puntual del mismo. En efecto, tratándose del cumplimiento de laudos en los que estén involucrados trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, las autoridades relacionadas con el cumplimiento de esa determinación deben gestionar los ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones y adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales correspondientes, instrumentar todos los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, y en caso de no existir partida presupuestal para realizar el pago requerido, debe incluirse ese pago en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal siguiente. Así, ante una falta de recursos presupuestales en la partida destinada al cumplimiento de sentencias o pagos similares, las autoridades relacionadas con el cumplimiento del laudo están obligadas a adoptar todas las medidas que resulten necesarias para dotar de recursos a esa partida, como podría ser mediante las transferencias o adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para ello, o su inclusión para el próximo ejercicio fiscal siguiente. Por tanto, debe requerirse a las autoridades que estén obligadas a realizar tales actos relacionados con la inclusión del pago en el presupuesto de egresos o que la deban incluir, en su caso, bajo el concepto correspondiente; con independencia de que incluso las autoridades o funcionarios, como el presidente municipal, el síndico y los integrantes del cabildo, el tesorero o sus equivalentes, y diversos funcionarios dentro del mismo ayuntamiento. En tal virtud, el Cabildo del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, junto con el Congreso del Estado de Yucatán, Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas y el Gobernador del Estado de Yucatán, este último en su carácter de superior jerárquico, son autoridades que pueden vincularse al cumplimiento del laudo, en virtud que el primero elabora su presupuesto y las demás lo analizan y en su caso lo aprueban. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO IMPLIQUE LA EROGACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE UNA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EL JEFE DE GOBIERNO, AUN CUANDO NO SEA AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE REALIZAR LOS ACTOS QUE LE CORRESPONDEN CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE EN ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA. Conforme al artículo 112 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las Delegaciones de la entidad cuentan con autonomía de gestión financiera e, inclusive, el Jefe Delegacional puede decidir la transferencia de recursos; sin embargo, ello no debe interpretarse al extremo de considerar que corresponde a éstos determinar libremente el destino de los recursos asignados, sino en el sentido de que en su aplicación gozan de autonomía para administrarlos, pero deben observar las disposiciones legales y reglamentarias, así como los acuerdos administrativos de carácter general de la administración pública central, además de que el ejercicio de esa facultad está condicionado a que no afecte los programas prioritarios, lo cual corresponde determinar a los órganos técnicos encargados de la administración financiera de los recursos de la entidad, que conocen el monto al que ascienden las partidas y demás elementos que permitan establecer el efecto de un ajuste presupuestario. En ese contexto, al reservar el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso b), constitucional, al Jefe de Gobierno la facultad para presentar la iniciativa de presupuesto de egresos y, en términos del artículo 112 del Estatuto de Gobierno relativo, al ejercer dicha atribución, proponer a la Asamblea Legislativa las asignaciones presupuestales para que las Delegaciones cumplan con el ejercicio de las actividades a su cargo, cuando el acatamiento de una sentencia de amparo implique la erogación de recursos que corresponden a éstas, al indicado Jefe de Gobierno le asiste el carácter de autoridad vinculada a su cumplimiento, pues le corresponde proponer la programación de una partida para hacer frente a dichos fallos, así como realizar modificaciones presupuestarias para adecuarla a las necesidades sobrevenidas, lo cual ocurre necesaria e ineludiblemente al tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, esa circunstancia no le resta al Jefe de Gobierno el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de las ejecutorias ni implica postergarlo un ejercicio, dado que es él quien, durante el ejercicio, puede modificar los programas relativos y realizar los ajustes presupuestarios, como se establece en el artículo 34 del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2008, sin que la eficacia de las ejecutorias de amparo permita inobservar las demás disposiciones aplicables. Lo anterior sin perjuicio de que aun en ausencia de presupuesto aprobado, finalmente las ejecutorias de amparo han de cumplimentarse afectando partidas presupuestales diversas." Así, el procedimiento referido y las acciones tendentes a lograr el cumplimiento de un laudo en los términos descritos, no debe entenderse como, exclusivas a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 620/2015-I-A, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por DOLORES GABRIELA VÁRGUEZ HUCHIM, como lo consideró el Tribunal responsable, sino como acciones para garantizar la tutela efectiva, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que la obligación ineludible de las autoridades encargadas de la administración de justicia, no sólo es resolver las controversias que se les plantean, en la forma y términos establecidos en las leyes correspondientes; sino además es de suma importancia garantizar la plena ejecución de las resoluciones que emite. En esas circunstancias, es obligación del Tribunal responsable agotar todos los medios para ejecutar sus respectivas decisiones y laudos definitivos, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos, a la totalidad de beneficios por su fallo. Esto es, en el caso, con independencia de que ciertos trabajadores hubieran obtenido una sentencia de amparo favorable a sus intereses para lograr el cumplimiento del laudo emitido en su favor, lo que motivó al Tribunal responsable a dictar el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno reclamado, lo cierto es que, dichos trabajadores al igual que los aquí quejosos, tienen reconocido un derecho a su favor derivado del laudo de seis de marzo de dos mil doce, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, debe dictar todas las medidas necesarias para la ejecución de esa determinación. De ahí que, aún sin existir una sentencia de amparo o petición de parte al respecto, deberá procurar el eficaz cumplimiento de lo laudado, en respeto al derecho humano a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 Constitucional, no existiendo motivo legal para distinguir o limitar sus acciones, en igualdad de sujetos beneficiados por un fallo a su favor. Máxime cuando, como en el caso, como se explicó existen directrices fijadas por el máximo Tribunal del País, tratándose de inejecución de sentencias relativas a la erogación de recursos con cargo a los municipios; por lo que, la autoridad responsable, debe agotar los recursos, medios y providencias a su alcance para lograr la efectividad de lo determinado por ella misma; lo cual no había acontecido en el caso, pues no fue sino hasta que se promovió este juicio de amparo, que la responsable realizó actos en favor de los aquí quejosos, los cuales, como ya se dijo, son insuficientes. En consecuencia, al quedar evidenciada la transgresión a los derechos fundamentales de la parte quejosa, se debe conceder el amparo solicitado Concesión que se otorga para el efecto de que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, deje insubsistente la parte conducente del acuerdo reclamado de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, y dicte un proveído en el cual, en observancia a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 161 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, vincule al Congreso del Estado de Yucatán, al Secretario de Administración y Finanzas (en su actual denominación) de la citada entidad federativa y al Gobernador del Estado de Yucatán, para que estas autoridades, dentro del ámbito que les corresponde, coadyuven con lo solicitado por el tribunal responsable. En el entendido que bastará que las autoridades responsables realicen las gestiones relativas, en términos de lo aquí indicado, sin que sea necesario para considerar cumplimentada la ejecutoria de amparo que se les paguen totalmente a los quejosos las cantidades laudadas. En virtud de lo anterior, resulta innecesario el estudio de los demás argumentos planteados, pues en nada variaría la conclusión alcanzada, ni se obtendría mayor beneficio al ya concedido. Lo anterior de conformidad con lo sostenido en la tesis jurisprudencia con número de registro digital 917641, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.- Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a los quejosos ********************y********************, por conducto de su apoderado legal ********************, en contra de los actos que reclamaron del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad y de su Magistrado, por los motivos y para los efectos señalados en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.

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