Gladys Noemi Segura Aguilar

Expediente 2211/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2211/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Gladys Noemi Segura Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos incidentales y lo de cuenta, agréguese a este cuaderno de antecedentes el oficio 7201/2022 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual, comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Subdirector de Recursos Administrativos, adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, en contra de la resolución interlocutoria dictada el veinte de abril del año en curso, en el incidente de suspensión 686/2022-V-B del que deriva este expedientillo, quedando registrado con el número de toca 340/2022. Por otra parte, glósese para los efectos legales correspondientes la diversa misiva 7258/2022 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante la cual, informa a este órgano jurisdiccional que en auto de veintisiete de septiembre del año en curso, dictado en autos del toca 341/2022, se desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Yucatán; en contra de la interlocutoria dictada en este asunto el veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Circunstancias de las cuales este Juzgado Federal se da por enterado, para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en estos autos el veintitrés de agosto de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en sus resolutivos primero y segundo sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 1720/2022-IX-A, promovido por ********************, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, y turnado el dieciocho de julio siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Registrador y la Directora, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de ********************, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de diecinueve de julio de este año, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que se registró con el número 1720/2022-IX-A; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de ********************, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este sumario, se advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión de resolver la solicitud número 127266-2019, de nueve de agosto de dos mil diecinueve, relativa a la inscripción de una escritura pública de adjudicación por herencia y posterior compraventa. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama del Registrador y de la Directora, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de ********************, con sede en esta ciudad, pues así lo señalaron al rendir sus informes justificados (promociones 18357 y 18468, fojas 20 y 21, así como 34 y 35). Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Lo que se corrobora con las constancias remitidas por las responsables las cuales fueron requeridas por este órgano federal (fojas 51 y 52, así como 57 y 58); documental que alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 5º, ambos de la Ley de Amparo. Esto, porque la parte quejosa no acreditó la afectación a su interés jurídico, respecto de la omisión que tilda de inconstitucional, ya que no exhibió documento idóneo para acreditar que el acto que reclama afecta de manera personal y directa algún derecho subjetivo. El artículo mencionado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley." Por su parte, el artículo 5 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". De la intelección de los numerales antes transcritos, se desprende que para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos se requiere que la parte quejosa acredite contar con un interés jurídico o legítimo a tutelar por parte del órgano de control constitucional. El interés jurídico debe entenderse como la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por las responsables; esto es, la existencia de un derecho legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Mientras que para el interés legítimo se requiere acreditar que el impetrante del amparo se encuentra ante una situación especial frente al orden jurídico que, de resultar favorable su pretensión, se traduzca en un beneficio cierto e inmediato. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura 1a./J. 168/2007, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225 que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Así como la tesis LXXX*2013 (10a.), perteneciente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En este orden de ideas, el juicio de amparo sólo puede promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto de autoridad y que, por ello, resiente un agravio de manera personal y directa en sus derechos subjetivos o, de manera indirecta, es decir, produzca una lesión a la comunidad, o sea, afecte o impacte calificadamente a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto ilícito, para lo cual la persona quejosa debe demostrar que pertenece a esa colectividad afectada, es decir, que guarda una especial situación frente al orden jurídico. Así, la figura del interés jurídico o legítimo se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el artículo 6º de la Ley de Amparo, conforme al cual, el acto que se reclama de las autoridades responsables debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la omisión de resolver la solicitud número 127266-2019, de nueve de agosto de dos mil diecinueve, relativa a la inscripción de una escritura pública. Dicho acto, aduce, lesiona su esfera de derechos porque se trata de un inmueble de su propiedad, ya que el indicado documento versa sobre la adjudicación por herencia de ********************, en favor de ********************, respecto del tablaje catastral identificado como parcela ******************** del ejido de ********************, en esta ciudad de ********************, Estado de ********************, y posterior compraventa que aquél otorgó en su favor. En ese sentido, debe decirse que, para la procedencia del presente juicio de amparo, se requiere acreditar la existencia y afectación de un interés jurídico, del que se aprecie que el acto reclamado transgrede de forma directa la titularidad de los derechos subjetivos que aduce tener la parte quejosa sobre el inmueble cuya omisión de inscripción se reclama. Por consiguiente, el inconforme debió acreditar que dicha conducta contumaz reprochada a las autoridades afecta su derecho subjetivo a través de pruebas idóneas, que otorguen certeza a este órgano de control constitucional de que efectivamente son afectadas sus prerrogativas con violación de sus derechos fundamentales y así acreditar su interés jurídico para comparecer a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Es pertinente destacar que el solicitante de la tutela constitucional acompañó a su demanda copia simple de una credencial para votar a su nombre, la cual es insuficiente para acreditar el interés que le asiste para acudir a esta instancia constitucional, conforme lo dispone el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, pues al margen de que dicha documental no lo vincula jurídicamente a la posesión o propiedad del inmueble en comento, por su naturaleza, carece de todo valor probatorio por la facilidad de su confección, modificación o alteración. Apoya lo anterior la tesis I.11o.C.1 K del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, visible a página 1269, del rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Máxime que no se puede reconocer interés jurídico alguno a la parte quejosa por el hecho de que haya manifestado en su demanda, bajo protesta de decir verdad, que la solicitud de inscripción la presentó el nueve de agosto de dos mil diecinueve; porque además de que no acredita tal circunstancia, lo cierto es que las responsables registrales en sus informes señalaron expresamente que el trámite ********************fue rogado por el entonces Notario Público número setenta y cuatro del Estado (promociones 18468 y 19443, fojas 34 y 35, así como 50), lo que se robustece con lo establecido en el artículo 40 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de ********************, que dispone que la inscripción de títulos en el padrón respectivo puede pedirse, entre otros, por el fedatario público que haya autorizado la escritura de que se trate. Sin que la parte quejosa hubiere objetado dichos informes o exhibido documental alguna con la que desvirtúe esas manifestaciones. Al respecto, cabe mencionar que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, las manifestaciones vertidas por las responsables en los respectivos informes peticionados por este juzgado, alcanzan valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, ya que fueron expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y los cuales contienen sellos, firmas y otros signos exteriores que los certifican como tales. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo CIX, visible a página 613, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PUBLICOS. Por documento público se entiende aquel cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario investido de la fe pública y el expedido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones; ahora bien, si el acta no contiene indicación alguna del funcionario que la levantó, y por ende, no es posible determinar si quien la formuló estaba facultado para hacerlo y lo hizo en el ejercicio de sus funciones, debe concluirse que no puede considerarse como documento público y que, por ello, carece de valor probatorio pleno, que es propio de los documentos de esta clase." De ahí que no se pueda actualizar interés jurídico alguno a la parte quejosa, pues se insiste, la petición de inscripción fue rogada por el notario público antes indicado, por lo cual la conducta contumaz que se tilda de inconstitucional, no representa para el quejoso una trasgresión al derecho de petición establecido en el artículo 8° constitucional. Por consiguiente, si como ha quedado precisado, la parte quejosa no demostró que le asiste interés jurídico para promover el juicio de amparo en que se actúa, es de concluir que, como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de protección de derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, por la razón expuesta en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de ********************, ante el licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe.

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