Glenda Lazalde Alarid
Expediente 619/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2022
Partes del expediente
- Glenda Lazalde Alarid
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto, agréguese con vista a las partes el informe justificado rendido por las autoridades responsables jueza Tercero de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en esta ciudad y sus actuarios; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional relativa. Se tiene como prueba de la citada autoridad, las documentales que acompaña a su informe justificado, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo probanza que adquiere el carácter de una prueba documental pública; en consecuencia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Debido a la voluminosidad de las constancias de referencia, se ordenan abrir por separado un tomo de prueba; en el entendido de que el mismo queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría encargada del trámite de este juzgado. Por otra parte, se reconoce el carácter de parte tercera interesada en el juicio de derechos fundamentales en el que se actúa, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, a Alma Victoria Cecilia Robles, con domicilio ubicado en calle Manuel Ávila Camacho, número 347, colonia Adolfo Ruíz Cortinez, en esta ciudad. En tal virtud, túrnense los autos al actuario de este juzgado a efecto de que se traslade al domicilio indicado y emplace a la citada tercero interesada, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, debidamente sellada y cotejada, así como con auto admisorio y el presente proveído; asimismo, hágase de su conocimiento la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. De igual forma, la requiera para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le exhorta para que continúe el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica; de igual forma, proporcione un número de teléfono móvil y un correo electrónico, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos que se estime necesario. Notifíquese y emplácese a la parte tercera interesada; utilizando de manera preferente los medios electrónicos al alcance de la actuaria y de la persona a la que se encuentra dirigida, de conformidad con el artículo 251, inciso f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Lorey del Rocio Cacho Barraza, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ensenada, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Glenda Lazalde Alarid, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; por tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de gobierno bajo el número 619/2022-III y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Sin que sea el caso la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, en virtud de no haber sido solicitado expresamente. Por otra parte, se señalan las nueve horas con cincuenta y seis minutos del seis de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase los informes justificados a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remita el informe justificado al correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para las mencionadas autoridades responsables, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcionen una dirección de correo electrónico oficial a fin de establecer comunicación en los casos que se estime necesario. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tiene la obligación de recibir los oficios que se les giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de 2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. En otro contexto, este órgano jurisdiccional se reserva el emplazamiento a juicio de los terceros interesados, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que rinda la autoridad responsable, a efecto de verificar a quien le asiste tal carácter, así como el domicilio donde puedan ser emplazados. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que adjunta a su escrito inicial de demanda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Por otra parte, este órgano jurisdiccional se reserva el emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada que señala, hasta en tanto obren en autos los informes justificados que rindan las autoridades responsables, a efecto de verificar a quien le asiste tal carácter, así como el domicilio donde pueda ser emplazada. Ahora, por lo que respecta a las pruebas testimoniales a cargo de Maricela Peña Zatarain y Wiliams Fernando Morquecho Silva, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto obren en autos los referidos informes, y en su caso, se le reconozca el carácter de tercero interesado a quien le asista tal carácter; lo anterior, con el fin de no hacer nugatorio el derecho de audiencia y de ofrecer pruebas en el presente asunto a cualquier persona que pueda resultar con el carácter de tercero interesado en el presente juicio. En otro tenor, por cuanto hace a su petición relativa a que éste juzgado de Distrito solicite a la autoridad Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil, con sede en esta ciudad, las constancias que índica; dígasele, que no ha lugar acordar de conformidad, en virtud de que su solicitud fue presentada el siete de noviembre pasado, esto es, en la misma data que su escrito inicial de demanda; por tanto, no se advierte que la autoridad a la cual solicitó las copias de que se trata, haya sido omisa en expedirla, a fin de que este Órgano Jurisdiccional, se encuentre en aptitud de peticionarlas en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Raphael Galván Araiza, Miguel Antonio Galván Araiza y Adán Hernández Santiago, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que señaló para tal efecto. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicitó tener acceso al expediente electrónico y recibir notificaciones por la misma vía; atento a su contenido, así como al de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregaron como promoventes en el expediente electrónico de este juicio de amparo, a los usuarios: "fernando.galvan, miguel.galvan y adán.hesa", por tanto, como lo solicitó, la promovente, podrá consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa y recibir las notificaciones de carácter personal por la misma vía. En tal virtud, se instruye al actuario para que las notificaciones que deban ser personales a la parte quejosa, se realicen de manera electrónica, en términos de la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realicen las notificaciones que se ordenen en el este asunto. Se autoriza a la secretaria de este juzgado a efecto de que firme los oficios derivados en el presente sumario constitucional y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En otro contexto, se exhorta a las diversas partes, para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa e al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica. De igual forma, se solicita a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3o de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o, fracción IV de la Ley de Amparo, dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Notifíquese y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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