Giovanna Arámbula Barba

Expediente 669/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
669/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Giovanna Arámbula Barba
  • Edgar Javier Vázquez Farfán

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueven Edgar Javier Vázquez Farfán y Giovanna Arámbula Barba, contra del Juez Tercero Civil del Partido Judicial en Ensenada, Baja California y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo, previo registro en el libro del Juzgado correspondiente bajo el número 669/2022-I. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Fórmese por separado el incidente de suspensión respectivo, toda vez que fue solicitado. Se señalan las doce horas con treinta minutos del quince de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades responsables, enviándoles al efecto copia simple del escrito de demanda, al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras, en lo individual a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le conste en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a las autoridades responsables que de manera preferente remitan el informe justificado a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; de igual forma, para que proporcionen una dirección de correo electrónico oficial a efecto de que en caso de ser necesario, este Órgano Jurisdiccional pueda entablar la comunicación correspondiente. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir los oficios que se les giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras en lo individual a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Ahora, en relación a las probanzas ofrecidas por la quejosa consistentes en las documentales que anexa al escrito que se atiende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte; mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella al momento de celebrarse la audiencia correspondiente. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa exhibe documentales en originales, proceda la secretaria a realizar el cotejo de dichas constancias, a fin de agregarlas al incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 7, materia común, con número de registro 163758, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P.-J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver." En otro tenor, como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Joab Bojorquez Martínez y Alyssia Mariel Martínez Cabrera, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicitó tener acceso al expediente electrónico, y que las notificaciones que deban ser personales se realicen por la vía electrónica; atento a su contenido, así como al contenido de la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como promovente en el expediente electrónico de este juicio de amparo al usuario "licjoab", por tanto, como lo solicitó, el promovente, podrá consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, se instruye a los actuarios para que las notificaciones que deban ser personales a la parte quejosa, se realicen de manera electrónica, en términos de la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, no es el caso de tenerlo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, pues en el párrafo que antecede se instruyó al actuario para que las notificaciones que deban realizarse de manera personal a la parte quejosa, se practiquen de manera electrónica, tal y como lo solicitó el peticionario del amparo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria de este juzgado a efecto de que firme los oficios derivados en el presente sumario constitucional y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En otro contexto, se exhorta a las partes, para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica; asimismo, proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3o de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo debidamente sellada y cotejada con su original. Notifíquese y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación; utilizando de manera preferente los medios electrónicos al alcance de la actuaria y de la persona a la que se encuentra dirigida, de conformidad con el artículo 251, inciso f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Yarheli Ayadeth Figueroa Alcaraz, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Ensenada, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio que promueve Edgar Javier Vázquez Farfán y Giovanna Arámbula Barba, contra actos del Juez Tercero Civil del Partido Judicial en Ensenada, Baja California y otras autoridades; con fundamento el articulo decimosegundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas, y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo; fórmese por separado únicamente el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 669/2022-I. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciban el oficio en el que se le solicita; pues de lo contrario, con fundamento en el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, se hará acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. Se señalan las diez horas con treinta y cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia incidental. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado: "... El que se pretenda ejecutar una orden de desalojo o des posesión de mi hogar sin haberse culminado todas las etapas de un debido proceso y sin existir una sentencia firme que haya causado ejecutoria que la motive y la justifique, así como las consecuencias derivadas de ese acto que seria que se nos despoje de nuestra propiedad de una forma ilegal. ..." Asimismo, se tiene que la parte quejosa solicita la medida suspensiva en los términos siguientes: "... a fin de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran actualmente y no se ejecute en nuestro perjuicio la orden de desalojo, y su ejecución..." Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo, se procede al pronunciamiento sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada. En el particular, de los anexos de la demanda de amparo se advierte que los aquí quejosos son parte en el procedimiento de origen; por tanto, acreditan de manera indiciaria su interés suspensional. En ese contexto, ya que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión fue solicitada por la parte quejosa; asimismo, con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones del orden público; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 129 de la citada ley reglamentaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138, fracción I, y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que sin suspender el procedimiento de ejecución, por ser éste de orden público, en caso de no haber acontecido, los quejosos Edgar Javier Vázquez Farfán y Giovanna Arámbula Barba, no sean desposeídos materialmente del bien inmueble materia del juicio natural 870/2016, del índice del Juzgado Tercero Civil del Partido Judicial en Ensenada, Baja California. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva en el presente incidente; en el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si su ejecución emana del cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Medida suspensiva que surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe garantía dentro del plazo de cinco días hábiles a disposición y satisfacción de este juzgado, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos), cantidad que se fija al prudente arbitrio del juzgador, de conformidad a los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, servirá para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada con la concesión de tal medida, en caso de que la sentencia que se dicte en el fondo del amparo no le sea favorable a la quejosa, misma que se fija de manera discrecional, al no contar con mayores datos que sirvan para fijarla, la cual puede ser modificada en base a las constancias que remita la responsable. En el entendido de que si la solicitante de amparo opta por exhibir garantía mediante billete de depósito, en él deberá incluirse el concepto por el cual se constituye, esto es, la leyenda siguiente: "Para garantizar la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 669/2022-I, promovido por Edgar Javier Vázquez Farfán y Giovanna Arámbula Barba". Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de su parte, las documentales que acompañó a su escrito inicial de demanda, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia incidental correspondiente. En otro tenor, como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Joab Bojorquez Martínez y Alyssia Mariel Martínez Cabrera, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicitó tener acceso al expediente electrónico, y que las notificaciones que deban ser personales se realicen por la vía electrónica; atento a su contenido, así como al contenido de la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como promovente en el expediente electrónico de este juicio de amparo al usuario "licjoab", por tanto, como lo solicitó, el promovente, podrá consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, se instruye a los actuarios para que las notificaciones que deban ser personales a la parte quejosa, se realicen de manera electrónica, en términos de la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, no es el caso de tenerlo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, pues en el párrafo que antecede se instruyó al actuario para que las notificaciones que deban realizarse de manera personal a la parte quejosa, se practiquen de manera electrónica, tal y como lo solicitó el peticionario del amparo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria de éste juzgado para que firme los oficios derivados de este asunto, y que los relativos a la notificación de este acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. Notifíquese.

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