Gloria Elena Rodríguez Ochoa

Expediente 629/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
629/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Gloria Elena Rodríguez Ochoa
  • Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de catorce de noviembre del año en curso, se requirió a la parte tercero interesado Anthony Jess Plascencia, también conocido como Anthony Domic Plascencia, para que dentro del plazo de tres días hábiles, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le haría por lista que se fije en los estrados de éste Órgano Jurisdiccional, de conformidad con la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo; sin que a la fecha lo haya realizado, toda vez que fue notificado el dieciocho de noviembre del presente año. Por tanto, se ordena a los actuarios de éste juzgado, notificar por lista en los estrados de este juzgado, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Yarheli Ayadeth Figueroa Alcaraz, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    De conformidad al artículo 26 fracción III y 29, ambos de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada Anthony Jess Plascencia, también conocido como Anthony Domic Plascencia, por lista, el auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, como se encuentra ordenado en el mismo, que a la letra dice: "Ensenada, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de catorce de noviembre del año en curso, se requirió a la parte tercero interesado Anthony Jess Plascencia, también conocido como Anthony Domic Plascencia, para que dentro del plazo de tres días hábiles, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le haría por lista que se fije en los estrados de éste Órgano Jurisdiccional, de conformidad con la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo; sin que a la fecha lo haya realizado, toda vez que fue notificado el dieciocho de noviembre del presente año. Por tanto, se ordena a los actuarios de éste juzgado, notificar por lista en los estrados de este juzgado, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Yarheli Ayadeth Figueroa Alcaraz, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe."

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Gloria Elena Rodríguez Ochoa, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil de este Partido Judicial de Ensenada, con residencia en esta ciudad; por tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de gobierno bajo el número 629/2022-I; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Fórmese por separado el incidente de suspensión respectivo, toda vez que fue solicitado. Se señalan las diez horas con veinte minutos del doce de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberá estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir lo que le conste en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsables que de manera preferente remitan el informe justificado a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la mencionada autoridad responsable, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcione una dirección de correo electrónico oficial para establecer contacto en los casos que se estime necesario. Asimismo, háganse del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir los oficios que se le giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa, de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras, en lo individual, a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a Anthony Jess Plascencia, también conocido como Anthony Dominc Plascencia; en tal virtud, túrnense los autos al actuario de este juzgado a efecto de que se traslade al domicilio indicado en la demanda de amparo y emplace al tercero interesado de referencia, corriéndole traslado con copia de la misma, así como del presente proveído. De igual forma, le haga de su conocimiento la hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio, y lo requiera para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julián Villalvazo Juárez, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, asimismo se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala para tal efecto. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicitó el acceso al expediente electrónico; atento a su contenido, así como al de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como promovente en el expediente electrónico de este juicio de amparo al nombre de usuario: "JulianVillalvazo"; por tanto, como lo solicita, la promovente, podrá consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En otro contexto, se exhorta a las partes para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica. De igual forma, se solicita a las diversas partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3o de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo debidamente sellada y cotejada con su original. Notifíquese y personalmente al agente del ministerio público.

  4. Incidental

    Ensenada, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vistas la copia simple de la demanda de amparo que promueve Gloria Elena Rodríguez Ochoa, contra actos del juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil de este Partido Judicial de Ensenada, con residencia en esta ciudad; con fundamento el articulo decimosegundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas, y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo; fórmese por separado únicamente el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 629/2022-I. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; pues de lo contrario, con fundamento en el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remita el informe previo a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para las autoridades responsables, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcione una dirección de correo electrónico oficial para el caso de ser necesario, este juzgado de Distrito pueda entablar la comunicación correspondiente. Se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia incidental. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado: "...La sentencia interlocutoria dictada el día catorce de octubre del dos mil veintidós dentro del Juicio 384/2020, por el JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL de esta Ciudad, que me fuera notificada por medio del BOLETÍN JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA el martes dieciocho de octubre del presente año (22/06/2022), misma que resuelve los recursos de revocación interpuestos en contra de los autos de fecha veintidós y treinta de septiembre de dos mil veintiuno..." Asimismo, solicita la medida suspensiva en los siguientes efectos: "...para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, ya que no se actualizan ningún supuesto de improcedencia para ello..." En el caso concreto, la parte quejosa solicita la suspensión, del acto reclamado, consistente en la sentencia interlocutoria de catorce de octubre del año en curso, dictada en el expediente 384/2020 del índice de la autoridad responsable juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil de este Partido Judicial de Ensenada, con residencia en esta ciudad; en la que se resolvió suspender el procedimiento de origen por dos meses para que la parte demandada -aquí quejosa-, se encuentre en aptitud de acceder a un método alternativo de solución de conflictos, en términos de la Ley de Justicia Alternativa para el estado de Baja California. En ese contexto, si bien se cumple con el requisito establecido por la fracción I, del artículo 128 de la Ley de Amparo, al solicitarse expresamente por la parte quejosa, en la especie no se satisfacen los diversos establecidos por la fracción II, del citado precepto normativo, pues de concederse en los términos solicitados se afectarían disposiciones de orden público e interés social. Lo anterior, en virtud de que el procedimiento del cual emanan los actos reclamados, es de orden público, y por ende insuspendible, por lo que estimar lo contrario causaría un perjuicio al interés social, ya que la sociedad está interesada en que no se detengan ni paralicen los procedimientos de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos y se imparta justicia de manera pronta y expedita en los términos que marca la ley. Por lo que es claro que los intereses que pudieran afectarse al accionante del amparo con el cumplimiento de tales disposiciones, son razonablemente menores a los que resentiría la colectividad; puesto que el interés general de ninguna forma puede supeditarse al interés particular toda vez que, es éste interés social constitucionalmente tutelado, el que se debe considerar preferente al de los particulares; máxime que con solo continuar con el trámite del mecanismo alternativo para la solución de conflictos, no se materializa perjuicio alguno de imposiblereparación a la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el volumen cuarenta y siete, tercera parte, página cincuenta y ocho, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de registro 818680, de rubro y texto: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría." En otro aspecto, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julián Villalvazo Juárez, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, asimismo se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala para tal efecto. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicitó el acceso al expediente electrónico; atento a su contenido, así como al de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como promovente en el expediente electrónico de este juicio de amparo al nombre de usuario: "JulianVillalvazo"; por tanto, como lo solicita, la promovente, podrá consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. Finalmente, fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Notifíquese.

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