Gisela Valencia Barraza

Expediente 57/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
57/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/03/2023

Partes del expediente

  • Gisela Valencia Barraza
  • Juez Tercero de Primera Instancia de los Familiares de Hermosillo

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, seis de marzo********************. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de legajo de prueba. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar el legajo de prueba recibido mediante proveído de nueve de febrero pasado e identificado como Tomo I, el cual fue formado con las constancias remitidas por las autoridades señaladas como responsables; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, que contiene el informe justificado rendido por la juez "B" y actuaria notificadora y ejecutora adscritas al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. Pruebas. Ahora bien, con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales que anexan dichas autoridades, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Legajo de prueba. Debido a la voluminosidad de las documentales exhibidas por el oficiante de referencia, se ordena formar por separado un legajo de prueba identificado como Tomo I, para dar mayor facilidad a su manejo. Imposibilidad para crear versión digital. Asimismo, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese a las partes que existe imposibilidad material para la digitalización del referido legajo, por lo que quedará disponible para su consulta en la secretaría de este órgano. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de derechos y constancias agregadas en la propia fecha, se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: - La paralización del juicio oral de alimentos 696/2019 ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar de Hermosillo y al actuario de su adscripción, por la omisión de llamar a juicio a Yolanda Aganza Ramírez y Alfonso Daco Calonzo, en el sumario controvertido. Al respecto, si bien es verdad, a la fecha subsiste la omisión reclamada, empero, lo cierto es que no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En efecto, es así, pues de las documentales remitidas por las autoridades responsables, se desprende que Yolanda Aganza Ramírez y Alfonso Daco Calonzo, se apersonaron por escrito presentado el seis de enero de dos mil veintitrés en autos del expediente 696/2019 del control del juzgado responsable. Por lo que es incuestionable la improcedencia material y jurídica advertida, y en esa medida, en el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando aun existiendo el acto reclamado hay una imposibilidad jurídica para que pueda surtir sus efectos legales o materiales por la extinción de su materia u objeto. Así las cosas, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (once de enero de dos mil veintitrés) y hasta la data en que se emite la presente determinación el acto reclamado subsiste, pues no se ha llevado a cabo el emplazamiento a juicio de Yolanda Aganza Ramírez y Alfonso Daco Calonzo, como se aprecia del informe justificado y anexos remitidos. Así, de las constancias allegadas, se dilucida que en autos del expediente 696/2019 del control del juzgado responsable, Yolanda Aganza Ramírez y Alfonso Daco Calonzo, se tuvieron por apersonaron a juicio el once de enero de dos mil veintitrés. Por tanto, la omisión reclamada en este juicio de amparo consistente en su llamamiento, subsiste, sin embargo no surte efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, atento al estado procesal a que actualmente se encuentra el asunto que se analiza. Esto es así, porque a ningún efecto práctico llevaría analizar el acto que se reclama, pues el objeto del emplazamiento es hacer sabedor a la parte destinataria del mismo de la radicación y existencia del procedimiento al que se pretende llamar, lo que en la especie ya aconteció, pues Yolanda Aganza Ramírez y Alfonso Daco Calonzo se ostentaron sabedores del juicio de origen en el escrito en el que se apersonaron al mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), consultable en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos.". De igual manera, resulta aplicable la Jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto prevén: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Asimismo, es ilustrativa la Jurisprudencia, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2163, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO EL ENTE QUEJOSO (ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO) DEJA DE EXISTIR CON EL CARÁCTER QUE PROMOVIÓ. El artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo establece que el juicio resulta improcedente cuando el acto reclamado, aunque subsista, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber desaparecido el objeto o materia del mismo; hipótesis que se actualiza cuando un organismo público descentralizado promueve juicio de garantías contra la interlocutoria que declara improcedente el incidente de incompetencia planteado y le es concedida la protección constitucional para el efecto de que sea una Junta Local de Conciliación y Arbitraje y no el Tribunal del Servicio Civil del Estado de Chiapas quien conozca del conflicto laboral, por ser un ente de tal naturaleza jurídica, pero durante el trámite del juicio deja de tener esa calidad por haberse disuelto y reasume sus derechos y obligaciones una diversa dependencia de la administración centralizada del Poder Ejecutivo. En esas condiciones, los efectos del amparo ya no pueden materializarse y surtir sus consecuencias, toda vez que la calidad jurídica con la que la agraviada instó la acción constitucional dejó de existir, razón por la cual ya no le perjudica el acto reclamado y debe sobreseerse en el juicio de conformidad con la fracción III del numeral 74 de la citada legislación. En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el procedimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el arábigo 63, fracción V, de la Legislación en cita, por lo que hace al acto omisivo reclamado a la autoridad responsable. Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Órgano Jurisdiccional, resuelve abstenerse de analizar la violación de derechos humanos imputadas por la parte quejosa a las autoridades responsables y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la Litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo las condiciones apuntadas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, en relación con la fracción XXII, artículo 61, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las nueve horas con cuarenta y siete minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de enero de dos mil veintitrés. Actos tendentes. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la autoridad responsable, en el que informa los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se requiere cumplimiento. No obstante, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita constancia fehaciente que acredite el envió material del exhorto remitido por oficio 050, el seis de enero del año en curso, dentro del juicio de origen **, a fin de emplazar a la parte demandada **. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir, con lo anterior, se le impondrá multa a cada una equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado en turno, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Fabián

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