Gisela Valencia Barraza
Expediente 665/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 665/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Gisela Valencia Barraza
- Juez Tercero de Primera Instancia de los Familiar de Hermosillo
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de junio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado de los autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de ********************, por el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por Gisela Valencia Barraza, quien promueve demanda de amparo en representación de los menores A.D.V., G.D.V. y F.D.V.; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento la prevención determinada en proveído de nueve de mayo pasado; y, al efecto, se provee lo siguiente: 2. Se desecha demanda. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda al actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. Para clara comprensión del caso, es conveniente contextualizar la problemática que se atiende, según lo narrado por la parte quejosa en su demanda y aclaración correspondiente, lo que efectuó bajo protesta de decir verdad, en la forma que a continuación se precisa: Ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, se radicó el expediente 696/2019, relativo al juicio oral de alimentos con medida cautelar de depósito y alimentos urgentes, promovido por la aquí quejosa Gisela Valencia Barraza, en representación de los menores A.D.V., G.D.V. y F.D.V.. En dicho asunto se emplazó al demandado principal; empero, además, la accionante pidió que se llamara a juicio a Yolanda Aganza Ramírez y Alfonso Daco Calonzo, en su carácter de abuelos paternos y ofreció pruebas para demostrar la obligación subsidiaria de dichos ascendientes. A dicha petición recayó el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós. No obstante, Aganza Ramírez y Daco Calonzo, se inconformaron e interpusieron recurso de revocación en contra del llamamiento a juicio; y, por consecuencia, la autoridad señalada como responsable, dictó interlocutoria el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en la que declaró fundado el recurso de revocación y dejó sin efectos el llamamiento a juicio. Dicha resolución revocatoria constituye aquí el reclamo que opone en su petitoria de amparo la quejosa. Al respecto, la quejosa refiere que nunca fue notificada por correo electrónico, ni de forma personal y que el día de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el veinte de abril de este año, se enteró de la existencia de la resolución interlocutoria, aduciendo que contiene una serie de violaciones legales en contra de sus hijos, ante lo cual acude a esta instancia constitucional en busca del amparo y protección de la Justicia Federal. No obstante, este juzgador advierte que atento a la naturaleza del acto reclamado y al estado actual del procedimiento de origen, se actualiza en modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no le causa a la parte quejosa un perjuicio irreparable, que afecte materialmente derechos sustantivos, por lo que, con apoyo en el artículo 113, del mismo ordenamiento, lo procedente será desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XXIII, de la ley invocada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la norma transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por otra parte, el numeral 107, fracción V, del ordenamiento mencionado, dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Del texto de los preceptos legales transcritos, se pone de manifiesto que contra actos en juicio será procedente el juicio de amparo, cuando con el acto reclamado se afecte materialmente algún derecho sustantivo, como sucede cuando a quien o quienes resultan ser parte del procedimiento durante su tramitación se le transgreden derechos que pueden incidir en grado superlativo o trascender en la resolución que se emita en el mismo; o bien, cuando la parte amparista no haya sido llamada al procedimiento resuelto. De lo anterior se desprende que, cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, cuando sea dictada la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de la parte que se siente agraviada, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio. Por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En esa medida, cabe enfatizar que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación (durante el trámite del procedimiento) se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del justiciable. El concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 189, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Por su parte, la extinta Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, ha definido los actos procesales cuya ejecución es de imposible reparación, en la jurisprudencia 175, cuyo tenor es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". Es aplicable a las consideraciones anteriores, la tesis I.1o. A.E.30 K, página 2317, del tomo III, correspondiente al mes de marzo de 2015, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2º.C.J/2, con registro 2006338, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 6, mayo de 2014, tomo III, página 1539, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En el caso, de los antecedentes narrados, se advierte que la resolución que aquí se reclama no es un acto de imposible reparación, ni definitivo, que afecte de manera directa los derechos sustantivos de la parte solicitante de amparo, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona, de su patrimonio o que afecte en grado predominante o superior sus derechos, dado que para ser calificado como acto irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos y que sus consecuencias fuesen de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender a su esfera jurídica. Con base en lo expuesto, es dable señalar que se surte la causal de improcedencia destacada, en virtud de que las consecuencias producidas a la ocursante con la determinación impugnada, solo trae consigo que se continúe con el trámite del juicio de origen, ya que en el caso la negativa de llamar a juicio a los terceros en mención (abuelos paternos), no es de naturaleza irreparable, pues primeramente deberá encausarse el juicio de alimentos en contra del deudor principal, de modo que esa actuación reclamada carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse, en todo caso, la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales; de ahí que no esté justificada la procedencia para que el acto reclamado sea sometido al control constitucional y se actualice la causal de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 6, Décima Época, con registro 2019176, del tenor siguiente: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza. Asimismo, se cita como apoyo, en lo conducente, la tesis 1a./J. 96/2019 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 164602, de rubro y texto siguientes: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU ADMISIÓN, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO (JUICIOS ORDINARIOS MERCANTILES Y CIVILES). Llamar a un tercero a juicio o litisdenunciación, es poner en conocimiento de una persona ajena la existencia de un litigio, que se estima, podría producir efectos directos, ejecutivos o constitutivos, en su esfera jurídica. Dicha intervención provocada en el proceso, no puede considerarse forzosa o coactiva, pues el tercero sólo tiene el derecho y la carga de comparecer en su interés, es decir, no tiene la obligación de hacerlo ni incurre en rebeldía, su actuación es voluntaria, aunque ha de aceptar los perjuicios que le ocasione su ausencia. Así, la litisdenunciación se entiende como una garantía para el interviniente, ya que puede evitar el efecto ejecutivo directo o perjudicial de una sentencia dictada en un juicio que le era ajeno. Por ello, es evidente que el acuerdo que acepta la denuncia del juicio a terceros dentro de los juicios ordinarios del orden civil y mercantil, no puede ser considerado como de ejecución de imposible reparación reclamable en amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que dicho proveído no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por las garantías individuales, pues eventualmente sólo entrañaría una transgresión a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia correspondiente, y en ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada, trascendió y afectó al quejoso." Consecuentemente, en la especie se actualiza, de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha la demanda de amparo en estudio. Notifíquese ******************** a la ********************. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de mayo de dos mil veintitrés. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito de demanda de cuenta. Regístrese la demanda de amparo bajo el número que le corresponda y fórmese el expediente con el escrito presentado por ***, quien promueve demanda de amparo en representación de los menores *** contra el acto atribuido al juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, de esta ciudad. 2. Prevención de demanda. A efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en los artículos 108 fracción IV y 114 fracción I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en lo siguiente: De la lectura integral de la demanda original, se advierte que en su primera foja la redacción de la misma termina en el punto 3, relativo al señalamiento de la autoridad a quien atribuye el acto reclamado, esto es: "3. AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: EL H. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar de Hermosillo, con domicilio ampliamente conocido". Sin embargo, al efectuar lectura de la foja siguiente, se observa que no existe continuidad en la redacción respecto a lo anterior, pues la lectura de la foja dos inicia con el texto siguiente: "demanda de manea subsidiaria de las obligaciones de su hijo y padre de los menores el ***" No se soslaya que de las copias fotostáticas simples, que se adjuntan para correr traslado a las partes, se observa impresa la redacción relativa al arábigo "4.", en el cual, al parecer se apuntó lo que constituye el reclamo de la parte quejosa, y en dichas copias si se observa una lectura secuencial; sin embargo, se hace necesario que el documento original con firma autógrafa (demanda), en el que se plasmó el sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora y el de este Juzgado, en su primea foja, se complemente con el dato faltante, lo que debe realizarse con la declaración de la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, para estar en aptitud de fijar la Litis en el sumario. 3. Apercibimiento. Apercibida que de no dar cumplimiento dentro del plazo otorgado, la demanda se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de la materia,. 4. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 5. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por último, como lo solicita, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "vidazf20", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica. Ilustra lo anterior el criterio 2a./J. 8/2023 (11a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." 6. Autorizados. En cuanto a las persona que menciona en su demanda la promovente, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 7. Correo electrónico. Asimismo, se toma nota del correo electrónico proporcionado para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales, en términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. 8. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 10. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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