Gisela Valencia Barraza

Expediente 491/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
491/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Gisela Valencia Barraza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las capturas correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de legajos de prueba. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar las documentales recibidas en proveídos de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno y treinta y uno de mayo del año en curso, con las cuales se formaron dos legajos de prueba identificado como Tomo I y Tomo II, las cuales fueron remitidas por la autoridad responsable; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Informes justificados. Glósense a los autos los oficios remitidos por la juez "B" del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora y la actuaria Ejecutora y Notificadora adscrita a dicho juzgado, por medio de los cuales rinden informe justificado; en atención a sus contenidos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido el informe justificado solicitado; en consecuencia, agréguense a los autos para que obre como corresponda. Pruebas. Se tiene a la autoridad responsable mencionada en primer término, por ofrecidas las pruebas documentales que acompaña, sin perjuicio de desahogarlas y relacionarlas durante la audiencia constitucional y valorarse al dictarse la sentencia respectiva, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Legajos de pruebas. Debido a la voluminosidad de las documentales exhibidas por la oficiante de referencia, se ordena formar por separado un legajo de pruebas que se identificará como Tomo I, para dar mayor facilidad a su manejo. Imposibilidad para crear versión digital. Asimismo, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese a las partes que existe imposibilidad material para la digitalización del referido legajo, por lo que quedará disponible para consulta en la secretaría del órgano. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis de las documentales en cita, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: La omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables, en concretó manifestaron la existencia del reclamo constitucional, y además, agregó que el diez de marzo de dos mil veintidós subsanó dicha irregularidad, por lo que en dicha data notificó y emplazó a juicio a la parte demandada, asimismo se le hizo del conocimiento de la demanda interpuesta en su contra; de ahí, que si bien, resultó existente el acto reclamado, a la fecha presentación de la demanda de amparo (veintisiete de abril de dos mil veintiuno), no obstante como se evidencia de las propias manifestaciones y documentales en trato, se advierte que durante el trámite de este sumario, la responsable normalizo dicha irregularidad, pues emplazó a la parte demandada; actuación que remitió en copia certificada, a las cuales se les otorga plena validez probatoria, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2. En ese sentido, se considera incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció que no se encontraba debidamente emplazado al juicio de origen al demandado; sin embargo, durante el trámite del biinstancial, la responsable ordenó el emplazamiento de la parte demandada, circunstancia que aconteció el diez de marzo de dos mil veintidós. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTAE INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -nueve horas con treinta y un minutos del diecinueve de junio de dos mil veintitrés-. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Solicitud de prórroga. Agréguense los oficios remitidos por la juez Tercera de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, mediante el cual solicita una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En relación con lo anterior, es importante destacar que el artículo 192 de la Ley de Amparo prescribe, por regla general, que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas dentro del plazo de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, estatuye que si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, siempre y cuando la autoridad demuestre que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; aspecto, que la responsable refiere la razón del retraso en cumplir con el fallo en comento. Bajo esa línea, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, únicamente se le conceda el plazo genérico de tres días para cumplir con el fallo constitucional. Apercibimiento. Subsiste el apercibimiento dictado en proveído de diecisiete de mayo pasado; para los efectos legales correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Notifíquese; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de mayo de dos mil veintitrés. 1. Se recibe ejecutoria. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al que acompaña el cuaderno de antecedentes, un legajo de prueba y testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja civil 7/2023, en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dicho tribunal declaró fundado el citado medio de impugnación. Háganse las anotaciones correspondientes; acúsese el recibo de estilo. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo correspondiente. 2. Reanudación de procedimiento. Toda vez que mediante proveído de treinta de julio de dos mil veintiuno, se suspendió el procedimiento en el presente juicio de amparo, se ordena su reanudación, señalándose para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas con treinta y un minutos del diecinueve de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, se provee: 3. Estado de autos. Mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se reconoció como tercero interesado a Alejandro Daco Aganza; sin embargo, atendiendo los lineamientos del testimonio de ejecutoria de amparo, se deja de tener el carácter de tercero interesado la persona antes referida, en virtud de que no encuadra en los supuestos de la fracción III del artículo 5, de la ley de la materia, toda vez que actualmente no tiene reconocida personalidad alguna en el juicio origen. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, concretamente, de un análisis de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio de origen, y toda vez que el presente expediente se suspendió con motivo de la queja interpuesta en autos, por lo que en el caso, pudiera actualizarse una causal de improcedencia, lo cual es un asunto de orden público y estudio preferente; por tanto, se hace necesario proveer lo siguiente: 4. Requerimiento responsable. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, de esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la presente notificación del presente acuerdo, informe el estado procesal que actualmente guarda el juicio de origen; asimismo, informe si la parte demandada ya fue llamada a juicio; en la inteligencia, que deberá remitir copia certificada de las constancias que lo corroboren. 5. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido, con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, salvo impedimento legal acreditado que al efecto tuviere. Notifíquese; personalmente a la representación social de esta adscripción y a la parte quejosa, y por oficio a la responsable y al tribunal de alzada. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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