Gisela Julieta González Rodríguez

Expediente 833/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
833/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Gisela Julieta González Rodríguez
  • Sofía González Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se desechó la demanda de amparo, por lo que carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veinte. ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, la quejosa **********, desahogó la prevención efectuada el once de ese mismo mes y año, en donde manifestó que el estado procesal que guarda el juicio sucesorio intestamentario *********, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, se encuentra en la tercera sección relativa a la administración y rendición de cuentas. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Establecido lo anterior, es dable recordar la promovente de amparo, reclama de la autoridad responsable antes citada, lo siguiente: -La resolución de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente ******, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia de Tenango del Valle, en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto, en contra del proveído de dos de octubre de dos mil veinte, en el que no se le tuvo por justificada su inasistencia a la junta de herederos y designación de albacea, celebrada el treinta de septiembre de la anualidad que transcurre, dentro del sumario antes citado. Primeramente, debe decirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Dichos numerales, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De la interpretación a tales numerales se advierte que el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación para la parte quejosa, entendiéndose por ellos lo que afecten derechos sustantivos consagrados en la constitución y en los tratados internacionales sea parte y no se considerarán como tales adjetivos o procesales. En este sentido, los actos reclamados en este juicio no constituyen actos cuya ejecución sea de imposible reparación, no trae consecuencias irreparables, pues las mismas no inciden sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, pues de acuerdo con la estructura legal de los juicios sucesorios, éstos se conforman de cuatro etapas, cada una de ellas con un objetivo delimitando en función de la materia correspondiente y con la finalidad de cumplir su objetivo, que es la transmisión del patrimonio del de cujus en favor de quien acredite tener derecho a sucederlo. Así, en cada una de las secciones, como sucede en la especie, tratándose de violaciones procesales, procede el amparo contra la última resolución dictada en la etapa respectiva, por ser en ésta en donde se afecta la esfera jurídica del gobernado. En efecto, para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, contra un acto dentro de juicio, es necesario que el acto reclamado afecte de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del quejoso consagrados en la Constitución y no sólo los derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados con una resolución favorable al término de cada una de las etapas de la estructura legal de los juicios sucesorios o, en su caso, a través del amparo directo, para el caso que dicha violación procesal haya afectado las defensas de la parte quejosa y trascendido con un resultado del fallo desfavorable. Se afirma lo anterior, pues la sucesión materia del presente asunto, está compuesta de cuatro etapas, a saber: 1. La denuncia de la sucesión; declaración de herederos y designación de albacea. 2. De inventarios y avalúos. 3. De administración; y, 4. De partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores. Secciones que se componen y deciden por separado, mediante la resolución particular correspondiente; mismas, que adquieren firmeza para las partes. En ese orden y para robustecer lo anterior, resulta necesario tener presente el contenido de los artículos 4. 29, 4. 30, 4. 31 y 4.32 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que disponen: "Artículo 4.29.- La primera sección es de sucesión y contendrá, en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o remoción de tutores, y V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos. Artículo 4.30.- La sección segunda es de inventario y avalúos: I.- El inventario provisional del interventor; II.- El inventario y avalúo; III.- Los incidentes que se promueva; IV. La resolución sobre inventario y avalúos. Artículo 4.31.- La tercera sección es de administración y contendrá: I.- Todo lo relativo a la administración; II.- Las cuentas, su glosa y calificación. Artículo 4.32.- La cuarta sección es de partición y contendrá: I.- El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II.- El proyecto de partición de los bienes; III.- Los incidentes que se promuevan al respecto; IV.- Los convenios relativos; V.- Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI.- Lo relativo a la adjudicación de los bienes". La intelección de los dispositivos citados refiere el cumplimiento concatenado y cronológico de las fases previstas en ella; dado lo cual, de los antecedentes de los actos reclamados vertidos por la parte accionante de amparo, así como del escrito de desahogo, se pone de manifiesto que la primera y segunda de las etapas ha concluido, y que la sección tercera relativa a la administración y rendición de cuentas, aún no ha sido resuelta. -De esta fase deriva el acto reclamado-. De lo expuesto, se evidencia que de lo que se duele la parte quejosa es de la probable actualización de violaciones procesales con el dictado de la determinación que reclama en esta instancia constitucional, consistente en: La resolución de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente *************, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia de Tenango del Valle, en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto, en contra del proveído de dos de octubre de dos mil veinte, en el que no se le tuvo por justificada su inasistencia a la junta de herederos y designación de albacea, celebrada el treinta de septiembre de la anualidad que transcurre, dentro del sumario antes citado; sin embargo, cierto es que la tercera etapa procesal de las que comprenden el juicio sucesorio testamentario, aún no concluye, pues según se desprende del tercero de los artículos precitados, dicha fase terminará hasta que se lleven a cabo las cuentas, su glosa y calificación, mediante la resolución especial correspondiente; por lo que no es momento de analizar las violaciones acontecidas en esta etapa del juicio, sino hasta que concluya con la resolución de la tercera etapa del sucesorio de origen. Máxime que de lo narrado por la impetrante y lo esgrimido en sus conceptos de violación refiera que se violaron en su perjuicio las reglas del procedimiento porque la responsable no hizo una correcta valoración de las documentales con las que pretendió justificar su inasistencia a la junta de herederos y designación de albacea, lo que como ya se dijo, se traduciría en una violación intraprocesal en esa fase. Sostener lo contrario, alentaría a que se diversificara la promoción de amparos y, en consecuencia, no es factible reclamar las posibles transgresiones sufridas, ya que ello sólo se justificará hasta que se dicte la resolución respectiva dentro de la cuarta etapa del juicio sucesorio correspondiente; caso en el cual, procedería el juicio de amparo directo contra la resolución con que culminara esa fase, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones acaecidas dentro de aquélla; además, en caso de no obtener una resolución favorable tendrá a su alcance la promoción del juicio de amparo aludido contra dicha determinación; lo que lleva a estimar que los actos reclamados no causan una afectación de carácter irreparable que justifique la procedencia del juicio biinstancial, precisamente porque la sección cuarta del juicio sucesorio testamentario aún no ha sido aprobada. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 643 del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 789, Materia Común, Novena Época, con registro 194833, que dispone: "(.)". En tales condiciones, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Sin que pase desapercibido para quien esto resuelve que la autoridad a la que le fueron requeridas diversas constancias para acreditar la etapa procedimental en que se encuentra el juicio de origen aun no lo ha efectuado; sin embargo, ello no es obstáculo para resolver en los términos expuesto en líneas anteriores, puesto ello fue conforme a las manifestaciones efectuadas por el propio quejoso.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

  4. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

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