Gisela García Mendoza
Expediente 634/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/07/2019
Partes del expediente
- Gisela García Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, son susceptibles de destrucción, el presente expediente, ya que se sobreseyó y carece de relevancia documental, así como el original del incidente, pues se negó la medida cautelar solicitada, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvase el anexo remitido por la responsable, sin que sea necesario acuse de recibo por tratarse de copias certificadas.
- Principal
Intégrese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas las que anexa.. En ese tenor, de las constancias remitidas por la responsable en el informe de cuenta, así como del diverso recibido el veinticuatro de los cursantes, se advierte que las autoridades responsables al rendir su informe justificado aceptan únicamente que se encuentra registrado el juicio 148/2018, promovido por María Ascención Simeón Mancio en contra de Heriberto Blancas Simeón y Benjamín Blancas Simeón. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas como complemento de su informe justificado, consistentes en copia certificada del sumario de referencia, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. En consecuencia, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Ello es así, ya que de dicho numeral, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Por interés jurídico debe entenderse la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el cese de esa violación siendo, por tanto, ese derecho protegido por el ordenamiento legal sustantivo, lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En consecuencia, para acreditar el interés jurídico es necesario que la parte quejosa demuestre que es titular de un derecho subjetivo legítimamente tutelado y que el acto de autoridad afecta ese derecho. En el caso, la parte quejosa fue omisa al exhibir documento idóneo alguno con que acreditara la propiedad o posesión del inmueble materia de la litis. Sin que pase inadvertido que exhibió copia certificada de las actas de nacimiento de sus menores hijos; sin embargo, dicha documental no es documento idóneo para acreditar derecho alguno respecto de un bien inmueble, pues únicamente demuestra el parentesco entre la quejosa y sus hijos. Al respecto, cabe precisar que la posesión que ostenta un tercero extraño al juicio de donde provienen los actos reclamados puede ser materia de protección constitucional, siempre que derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonadamente, produzca la convicción de que tiene derecho a la posesión de ese bien, ya que la simple tenencia material de la cosa no es susceptible de aquella protección. En consecuencia, para que la parte quejosa en el caso particular acredite su interés jurídico, debe probar la titularidad de los derechos que alude sobre el bien en cuestión, situación que en el sumario en que se actúa no acontenció. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." De igual manera, cobra aplicación la tesis I.5o.C.96 C, (10ª), publicada en la página 2725, tomo IV, marzo de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. LA CALIDAD DE SIMPLE DETENTADOR MATERIAL DEL INMUEBLE, SIN TÍTULO JURÍDICO QUE AVALE LA POSESIÓN NO PUEDE ACREDITAR AQUÉL, AUNQUE EL QUEJOSO SEA MENOR DE EDAD. El interés superior del menor obliga al juzgador a tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo, así como el pleno ejercicio de sus derechos, fundándose en la dignidad del ser humano, en las características de aquél y en la situación particular en que se halle, pero cuando el quejoso menor se ostenta como persona extraña al juicio civil y dice poseer el inmueble litigioso, porque lo ocupa en compañía de sus padres, su pertenencia a un sector considerado como vulnerable no genera la existencia de derechos posesorios, si no se acredita una calidad distinta a la de simple ocupante. Ello es así, toda vez que ningún ordenamiento prevé la posibilidad de que el juzgador reconozca o constituya a favor de un menor un derecho que no esté debidamente acreditado en el procedimiento judicial, por el solo hecho de ser menor de edad. En el juicio de amparo la posesión es susceptible de protegerse, pero será aquella definida por el derecho común y el quejoso que se ostente como persona extraña al juicio civil y poseedor de un inmueble objeto de una controversia, debe exhibir un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Ahora bien, respecto de la suspensión del acto reclamado existe la posibilidad de que el quejoso reclame la orden de desposesión de un inmueble y solicite la medida cautelar, pero le corresponde la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de esa posesión sustentado en una causa legal que podría afectarse con la ejecución del acto. El marco jurisprudencial y legal permite concluir que la posesión de un inmueble es susceptible de protegerse a través del juicio constitucional, siempre y cuando derive de un título basado en alguna figura jurídica o precepto de la ley común y puede decretarse la suspensión del acto reclamado que pretenda despojar de esa posesión cuando el quejoso acredite, al menos de forma presuntiva o indiciaria, la titularidad de ese derecho posesorio sustentado en una causa legal que podría afectarse con la ejecución de dicho acto. Por el contrario, si un menor sostiene que posee el inmueble basado en la titularidad de un derecho de esa naturaleza y sustenta la acción constitucional en una posesión de hecho, entendida como aquella que se ejerce sobre un inmueble por la circunstancia de que en ese lugar vive en compañía de sus padres, como simple detentador material de éste, sin título jurídico que avale dicha posesión o, en su caso, invoca un derecho del que hace derivar la posesión, pero no la acredita, la suspensión definitiva no será procedente, pues en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, el otorgamiento de la suspensión no puede tener como efecto constituir derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda de amparo, aun tratándose de menores de edad; es decir, el juzgador estará obligado a garantizar los derechos del niño, siempre y cuando existan y estén acreditados pues, de lo contrario, no existe derecho que garantizar." En ese tenor, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés de la aquí quejosa ; por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XII del mismo; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías 634/2019-IV-C, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las nueve horas del veintinueve de julio de dos mil diecinueve; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Intégrese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, es un hecho notorio para este juzgador que en el diverso juicio de Amparo 633/2019-III-C del índice de este juzgado, obran las constancias relativas al expediente 148/2018, del índice de la autoridad responsable; por tanto, se ordena obtener copia cotejada de las mismas a fin contar con las constancias necesarias para resolver el presente juicio de amparo. La cual obrará por separado como anexo I.
- Incidental
Toluca, Estado de México, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de la autoridad que lo suscribe por medio del cual, rinde su informe previo; Lo anterior, en virtud de que el veintiuno de los cursantes tuvo verificativo la audiencia incidental que resolvió la suspensión definitiva. Cúmplase
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