Giovanni Jaramillo Martínez

Expediente 1343/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1343/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Giovanni Jaramillo Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En acatamiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. DEVOLUCIÓN DE EXHORTO Intégrese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual, devuelve sin diligenciar el exhorto 151/2023 orden 164/2023, de nuestro índice, el cual se envió a efecto de notificar a la parte quejosa el proveído de treinta y uno de agosto de la presente anualidad, dictado en este expediente, por la razones expuestas. Háganse las anotaciones respectivas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a), en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, practíquese la aludida notificación del proveído de treinta y uno de agosto del presente año, la relativa al presente acuerdo, así como las subsecuentes, por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal; ello, hasta en tanto señale nuevo domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional (Toluca) o su zona conurbada (Metepec, Lerma, Zinacantepec y Almoloya de Juárez). EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: " Número de expediente: 1343/2023 Acuerdo: Toluca, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el oficio signado electrónicamente por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, por medio del cual remite el proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el amparo indirecto ******************** de su índice, del que se advierte que determinó carecer de competencia legal para conocer la demanda de amparo promovida por ********************. Asimismo, remite las constancias siguientes: Expediente ********************, que contiene la demanda de amparo promovida por el quejoso antes citado. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1343/2023-V-B; acúsese recibo. ACTO RECLAMADO En ese sentido, del contenido íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado (ISSSTE), en el Estado de México y Titular del Departamento de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el Estado de México, lo siguiente: La emisión del oficio ******************** de fecha ********************relativo al dictamen para la aplicación del seguro de crédito hipotecario por incapacidad total y permanente derivado de un riesgo de trabajo. En ese sentido, respecto al acto reclamado se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO En ese sentido, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que se analiza oficiosamente, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 62 de la ley de la materia en cita. A efecto de corroborar lo anterior, conviene citar el contenido literal de la porción normativa a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." De la interpretación de la porción normativa transcrita, permite aducir válidamente que el motivo de improcedencia descansa esencialmente en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación oportuna de la demanda de amparo, ya que al no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ahora bien, del primero de los preceptos transcritos se desprende que la presentación o promoción de la demanda de amparo deberá sujetarse al término de quince días, salvo las diversas excepciones que contempla dicho numeral como son: (1) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, el plazo para su presentación será de treinta días; (2) En el caso de que el acto reclamado lo constituya una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años; (3) Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, (4) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establecen las diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla como oportuna, pues en este último se indica que el término deberá computarse: a) A partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas con antelación. Puntualizado lo anterior, conviene reiterar que el acto que se reclama en la presente instancia constitucional es la emisión del oficio ******************** de fecha ********************. Ahora bien, en el escrito que se atiende el quejoso ********************, en el capítulo señalado como "V.- LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO EL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO O AQUÉLLA QEN QUE HUBIESE TENIDO CONOCMIENTO DEL MISMO", bajo protesta de decir verdad, manifiesta: "(.) Manifiesto que el Acto Reclamado me fue notificado por las hoy autoridades responsables en fecha: veintiséis de julio de dos mil veintitrés (.)" En tal sentido, se destaca que dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles,1 de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. *** Circunstancia que se concatena con la documental exhibida por el promovente, relativa al oficio reclamado, de la que se advierte que en la fecha señalada el promovente firmó de recibido. Ahora, en el caso se estima que el presente asunto se ajusta a la hipótesis prevista en el inciso a), que establece que el plazo de quince días para la interposición del escrito de demanda se computará conforme a la ley del acto a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación practicada a la parte que se sienta agraviada. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que le fue notificado el oficio reclamado. Ahora, cabe señalar que la legislación que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado, lo es la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la cual no contempla un apartado de notificaciones, por lo que para tal efecto es aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, misma que en su artículo 142 establece lo siguiente: "Artículo 142.- [.] Todos los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, citación notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento." Así, en términos de lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor, se debe considerar la ley del acto para computar el plazo respectivo; por ende, dicha notificación surtió sus efectos el día en que quedó hecha la notificación. Por ende, si la notificación del oficio ******************** de fecha ********************fue verificada el veintiséis de julio del año en curso, esa notificación surtió efectos el mismo día en términos de lo previsto por el artículo 142 de la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, por tal motivo, el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto reclamado antes precisado, transcurrió del uno al veintiuno de agosto del año en curso, sin contar los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de los actuales, así como el periodo vacacional de las autoridades responsables, el cual transcurrió del diecisiete al treinta y uno de julio pasado. En esas condiciones, si el quejoso fue notificado del acto reclamado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés y la demanda que dio origen al presente juicio de amparo de cuenta fue presentada el veintitrés de agosto del presente año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, aquélla se promovió en forma extemporánea respecto del referido acto reclamado, ya que el mismo se encuentra consentido tácitamente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18 ambos de la ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, en virtud de ser notoriamente improcedente. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Derivado de que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado fuera de la residencia de este juzgado o de su zona conurbada, conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene la lista que se publica en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. CORREO ELECTRONICO Sin que haya lugar a tener como tal los correos electrónicos proporcionados, en virtud de que dichos medios de comunicación no se encuentran contemplados dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a lo previsto por la legislación en cita. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA VÍA EXHORTO POR ÚNICA OCASIÓN No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en ********************; y notifique el presente proveído a la parte quejosa. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. Lo anterior, tomando en cuenta la naturaleza de las determinaciones contenidas en el presente proveído, con fundamento en el artículo 17 constitucional y en el 28, fracción III de la Ley de Amparo, que faculta al juzgador a ordenar la notificación por cualquier medio oficial. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar las diligencias encomendadas. Asimismo, en el acto de la diligencia la requiera para que en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional (Toluca) o su zona conurbada (Metepec, Lerma, Zinacantepec y Almoloya de Juárez); apercibida que de ser omisa al respecto, sin ulterior acuerdo, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS Ahora bien, en relación a la solicitud para usar medios electrónicos para la consulta del presente juicio; de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. EXHORTO A LAS PARTES Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. "

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el oficio signado electrónicamente por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, por medio del cual remite el proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el amparo indirecto ******************** de su índice, del que se advierte que determinó carecer de competencia legal para conocer la demanda de amparo promovida por ********************. Asimismo, remite las constancias siguientes: Expediente ********************, que contiene la demanda de amparo promovida por el quejoso antes citado. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1343/2023-V-B; acúsese recibo. ACTO RECLAMADO En ese sentido, del contenido íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado (ISSSTE), en el Estado de México y Titular del Departamento de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el Estado de México, lo siguiente: La emisión del oficio ******************** de fecha ********************relativo al dictamen para la aplicación del seguro de crédito hipotecario por incapacidad total y permanente derivado de un riesgo de trabajo. En ese sentido, respecto al acto reclamado se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO En ese sentido, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que se analiza oficiosamente, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 62 de la ley de la materia en cita. A efecto de corroborar lo anterior, conviene citar el contenido literal de la porción normativa a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." De la interpretación de la porción normativa transcrita, permite aducir válidamente que el motivo de improcedencia descansa esencialmente en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación oportuna de la demanda de amparo, ya que al no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ahora bien, del primero de los preceptos transcritos se desprende que la presentación o promoción de la demanda de amparo deberá sujetarse al término de quince días, salvo las diversas excepciones que contempla dicho numeral como son: (1) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, el plazo para su presentación será de treinta días; (2) En el caso de que el acto reclamado lo constituya una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años; (3) Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, (4) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establecen las diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla como oportuna, pues en este último se indica que el término deberá computarse: a) A partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas con antelación. Puntualizado lo anterior, conviene reiterar que el acto que se reclama en la presente instancia constitucional es la emisión del oficio ******************** de fecha ********************. Ahora bien, en el escrito que se atiende el quejoso ********************, en el capítulo señalado como "V.- LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO EL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO O AQUÉLLA QEN QUE HUBIESE TENIDO CONOCMIENTO DEL MISMO", bajo protesta de decir verdad, manifiesta: "(.) Manifiesto que el Acto Reclamado me fue notificado por las hoy autoridades responsables en fecha: veintiséis de julio de dos mil veintitrés (.)" En tal sentido, se destaca que dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles,1 de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. *** Circunstancia que se concatena con la documental exhibida por el promovente, relativa al oficio reclamado, de la que se advierte que en la fecha señalada el promovente firmó de recibido. Ahora, en el caso se estima que el presente asunto se ajusta a la hipótesis prevista en el inciso a), que establece que el plazo de quince días para la interposición del escrito de demanda se computará conforme a la ley del acto a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación practicada a la parte que se sienta agraviada. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que le fue notificado el oficio reclamado. Ahora, cabe señalar que la legislación que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado, lo es la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la cual no contempla un apartado de notificaciones, por lo que para tal efecto es aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, misma que en su artículo 142 establece lo siguiente: "Artículo 142.- [.] Todos los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, citación notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento." Así, en términos de lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor, se debe considerar la ley del acto para computar el plazo respectivo; por ende, dicha notificación surtió sus efectos el día en que quedó hecha la notificación. Por ende, si la notificación del oficio ******************** de fecha ********************fue verificada el veintiséis de julio del año en curso, esa notificación surtió efectos el mismo día en términos de lo previsto por el artículo 142 de la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, por tal motivo, el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto reclamado antes precisado, transcurrió del uno al veintiuno de agosto del año en curso, sin contar los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de los actuales, así como el periodo vacacional de las autoridades responsables, el cual transcurrió del diecisiete al treinta y uno de julio pasado. En esas condiciones, si el quejoso fue notificado del acto reclamado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés y la demanda que dio origen al presente juicio de amparo de cuenta fue presentada el veintitrés de agosto del presente año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, aquélla se promovió en forma extemporánea respecto del referido acto reclamado, ya que el mismo se encuentra consentido tácitamente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18 ambos de la ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, en virtud de ser notoriamente improcedente. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Derivado de que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado fuera de la residencia de este juzgado o de su zona conurbada, conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene la lista que se publica en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. CORREO ELECTRONICO Sin que haya lugar a tener como tal los correos electrónicos proporcionados, en virtud de que dichos medios de comunicación no se encuentran contemplados dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a lo previsto por la legislación en cita. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA VÍA EXHORTO POR ÚNICA OCASIÓN No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en ********************; y notifique el presente proveído a la parte quejosa. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. Lo anterior, tomando en cuenta la naturaleza de las determinaciones contenidas en el presente proveído, con fundamento en el artículo 17 constitucional y en el 28, fracción III de la Ley de Amparo, que faculta al juzgador a ordenar la notificación por cualquier medio oficial. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar las diligencias encomendadas. Asimismo, en el acto de la diligencia la requiera para que en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional (Toluca) o su zona conurbada (Metepec, Lerma, Zinacantepec y Almoloya de Juárez); apercibida que de ser omisa al respecto, sin ulterior acuerdo, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS Ahora bien, en relación a la solicitud para usar medios electrónicos para la consulta del presente juicio; de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. EXHORTO A LAS PARTES Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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