Gisela Correa Ruiz

Expediente 941/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
941/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/07/2023

Partes del expediente

  • Gisela Correa Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por el cual comunica el auto de once de julio del año en curso, dictado en el juicio de amparo ******************** de su índice, del que se advierte que el órgano jurisdiccional de su adscripción, aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************** por propio derecho, contra actos del Consejo de la Judicatura del Estado de México y otra autoridad. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción al tratarse de una incompetencia (artículo 19, fracción I, inciso b) del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente cuaderno carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 19 del referido Acuerdo, el presente cuaderno, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de seis meses contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, este órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa para que, verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA II DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el escrito de cuenta suscrito por la quejosa Gisela Correa Ruiz, a través del cual, en términos de lo previsto en el ordinal 108, fracciones IV y V, de la legislación aplicable, realiza "bajo protesta de decir verdad", una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, y exhibe copia de la resolución interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés y del auto de nueve de mayo del año en curso, que señala como actos reclamados. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 114 de la Ley de Amparo, téngase por cumplida la prevención de que fue objeto la promovente del amparo mediante auto de diecinueve de junio del año en curso, y déjese sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra del escrito de demanda y aclaratorio, se obtiene que por esta vía se reclama: * El proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente de medida cautelar derivado del procedimiento administrativo de responsabilidad DGG/D/062/2022, a través del cual, la Subdirectora de Sustanciación, Procedimientos Administrativos Disciplinarios de Toluca, México, tiene a la aquí quejosa Gisela Correa Ruiz, desahogando la vista que le formuló mediante acuerdo de dieciséis de marzo pasado, sin embargo, no le tiene por ofrecidos diversos medios de convicción, con el argumento de que el ordinal 127 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, no contempla una etapa probatoria y/o la posibilidad para hacerlo. * La resolución interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, en el incidente sobre medida cautelar, a través de la cual, en lo que interesa, confirma la medida cautelar de suspensión temporal de la servidora judicial Gisela Correa Ruiz, de su empleo, cargo o comisión como Jueza Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, del Poder Judicial del Estado de México, hasta la resolución definitiva del procedimiento administrativo de responsabilidad DGG/D/062/2022. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." INCOMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer del presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el artículo transcrito, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento corresponda, los cuales son: 1. Será competente el juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y la ejecución continúa en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues la ejecución de los actos reclamados en esta instancia, se traducen en la suspensión temporal de la servidora judicial, aquí quejosa Gisela Correa Ruiz, de su empleo, cargo o comisión como Jueza Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, del Poder Judicial del Estado de México; lo cual se verificó dentro de la jurisdicción en la que ejerce su competencia el Juzgado de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues precisamente, es dentro de su jurisdicción donde la servidora pública ejerce sus funciones. Sirve de apoyo la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Máxime que conforme al contenido del artículo 17 Constitucional, en relación con el numeral 37 de la Ley de Amparo, es voluntad del constituyente ordinario facilitar a la parte quejosa el acceso al servicio de administración de justicia, con base en la facilidad que tenga para ocurrir al juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, a fin de poner a su alcance un medio eficaz para dilucidar la vulneración a sus derechos fundamentales. Así las cosas, es evidente que el supuesto de competencia relativo se ubica en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, de conformidad con la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la ley de la materia, además, con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe concluirse que en el caso concreto resulta competente para conocer del presente juicio de amparo el juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tiene ejecución el acto reclamado. En mérito de lo anterior, este juzgado se declara legalmente incompetente para el conocimiento de la presente demanda de amparo, debiéndose remitir el juicio al Juzgado de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, se solicita al juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo acuse el recibo vía electrónica. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa para que, verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA II Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el escrito de cuenta suscrito por Juan Manuel Trujillo Cisneros, autorizado en términos amplios por parte de la quejosa Gisela Correa Ruíz, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada el diecinueve de junio del año en curso. Expuesto lo anterior, es pertinente indicar que, conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley de la Materia, la parte quejosa puede autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. Sin embargo, de conformidad con los artículos 6, 12 y 108 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada la prevención formulada, ya que si bien, Juan Manuel Trujillo Cisneros, se encuentra autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, lo cierto es que, el requerimiento hecho a la quejosa Gisela Correa Ruíz, es un acto personalísimo, ya que se trata de la narración, "bajo protesta de decir verdad", de los hechos o abstenciones que dieron origen al acto reclamado, así como la precisión del acto controvertido; por lo que, sólo la garante puede satisfacer la prevención decretada en autos. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En consecuencia, no ha lugar a tener por cumplida la prevención de diecinueve de junio pasado, y sigue subsistente el apercibimiento inserto en autos. En el entendido que si el auto de diecinueve de los actuales, le fue notificado a la parte quejosa de manera electrónica el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, y el escrito que se provee fue recibido el veintiséis del mismo mes y año, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, se evidencia que cuenta con el plazo de cuatro días para desahogar la prevención formulada en autos, pues dicho ocurso se presentó el primer día del plazo de cinco días otorgado para tales efectos. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.39/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2000702, cuyo rubro establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de dos mil tres, Novena Época, con número de registro 182896, cuyo rubro dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de junio de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA. Visto el oficio firmado por el apoderado legal de las autoridades responsables, mediante el cual informa que no se han interpuesto otros juicios de amparo por el acto reclamado del cual se adolece el quejoso, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, delegados y usuario electrónico; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes. Asimismo, se tiene por cumplido en la parte conducente el requerimiento inserto en auto de catorce de junio pasado y se deja sin efectos el apercibimiento decretado por cuanto hace al mismo, DOMICILIO. De conformidad con el precepto legal 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el que señala. DELEGADOS. De conformidad con el precepto legal 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que indica. USUARIO ELECTRÓNICO. En atención a la solicitud de la autoridad oficiante, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro de los usuarios "********************" y "********************", sin que se realice pronunciamiento en cuanto a los diversos usuarios que menciona toda vez que en autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio de ampro, en resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se proveyó sobre dichos usuarios. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

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