Gloria Arzate Trujillo

Expediente 911/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
911/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • Gloria Arzate Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V La certificación precedente, evidencia que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, (punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo de dicho Acuerdo). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA V RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por **, por propio derecho, contra actos de la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 911/2019-V. ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es menester precisar que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en Los acuerdos de veintiuno de mayo y catorce de junio de dos mil diecinueve dictados dentro del expediente 636/2017 y su acumulado 262/2018 del índice del Juez responsable. DESECHAMIENTO. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, en el particular se actualiza la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". El principio de definitividad en el juicio constitucional constituye uno de los principios jurídicos rectores de la instancia que la rige, que en términos generales consiste en que la persona que se considera agraviada con la emisión de un acto de autoridad, previo a acudir al amparo debe agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal que la ley señale y ponga a su alcance, y que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. El principio de mérito admite una serie de excepciones que la propia Ley de Amparo señala, en esa virtud, la observancia de dicho principio no es imperativa, pues previo a atender a determinar si el juicio de amparo es procedente o no por no haberse agotado el medio de defensa legal que la ley pone al alcance del afectado con el acto de autoridad, se debe atender a si el caso en concreto se encuentra situado en una de las excepciones que la ley de la materia contempla. Las excepciones señaladas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo son "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En el presente caso, el acto reclamado no se sitúa en ninguna de excepciones antes citadas, toda vez que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se reclaman actos que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trata de persona extraña al procedimiento, toda vez que la quejosa es parte en el juicio de origen, identificado con el número de expediente 636/2017 y su acumulado 262/2018, del índice del Juez Primero Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada, Estado de México; máxime que el Código Adjetivo Civil prevé en el artículo 5.74, el medio impugnación que procede (recurso de revocación). Además, existen criterios específicos al principio de definitividad, como sería el caso de que en la vía directa tratándose de violaciones procesales se exime de agotar el principio de definitividad; en el caso de procedimientos que afecten el estado civil, el orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces; así como cuando el acto que se reclama carece de fundamentación y motivación; o cuando se aduce violación, únicamente, a la garantías de audiencia, sin precisar violación a leyes secundarias; o cuando se admite la prueba pericial en contabilidad; o cuando los recursos ordinarios se encuentren previstos en un reglamento, comprende a los medios de defensa contenidos en reglamentos heterónomos y no así en reglamentos autónomos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 41/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 101, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SOLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación". En el mismo sentido, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo 175-180 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuya literalidad es como sigue "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Las excepciones al principio de definitividad que en forma expresa prevé la Ley de Amparo y la jurisprudencia (aun cuando esta última interpretó la legislación abrogada resultan aplicables por la identidad de la hipótesis normativa) son los únicos supuestos que el legislador y los órganos federales, expresa y limitativamente han definido; de modo que fuera de ellos, el juicio de amparo debe declararse improcedente si previo a su instauración, la peticionaria del amparo no ha agotado los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance, pues de otro modo, se surtirá la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En este contexto, como en el caso a estudio, la quejosa reclama en este juicio de amparo los acuerdos de veintiuno de mayo y catorce de junio de dos mil diecinueve dictados dentro del expediente 636/2017 y su acumulado 262/2018 del índice del Juez responsable, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo Del dispositivo aludido se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) Por medio de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Para poder establecer que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de mérito es menester referir al texto de los dispositivos legales de carácter procesal que rigen a la ley del acto reclamado, respecto de los recursos ordinarios y los tipos de resoluciones judiciales que se puede emitir, en cuanto al tipo de acto que se reclama en esta instancia constitucional, esto es, al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Los artículos 5.74 y 1.362 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad prevén "Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." Ahora, si en el caso se reclaman dos autos dictados, por el cual el Juez responsable en el primero de ellos, determinó que se integra litisconsorcio pasivo necesario y previene al demandado ** para que enderece su demanda, y en el segundo de los autos reclamados, el juez responsable tiene por ampliada la demanda; se actualiza la hipótesis estatuida en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, al haberse colmado las exigencias siguientes Las determinaciones reclamadas son resoluciones provenientes de tribunal judicial; del Juez Primero Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada, Estado de México. Los actos reclamados son impugnables mediante el recurso de revocación establecido en los numerales 5.74 y 1.362 del código adjetivo civil de la entidad. Por medio de dicho recurso, los actos reclamados pueden ser nulificados, modificados o revocados. De ahí que, los actos reclamados en esta instancia constitucional, debieron ser recurridos por la peticionaria del amparo, conforme a lo previsto por los artículos señalados, concretamente a través del recurso de revocación, por lo que, si no lo hizo de ese modo, es evidente que no se agotó el principio de definitividad para hacer procedente la vía constitucional. Al respecto se invoca la jurisprudencia 447 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Así como el precedente judicial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, Quinta Época, a página 2784, que establece "REVOCACIÓN, RECURSO DE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El hecho de que el recurso de revocación establecido en la ley procesal, tenga que ser resuelto por la misma autoridad que dicta el acuerdo que se pretenda revocar, no puede significar, en modo alguno, que tal recurso no esté comprendido en los señalados por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, de los recursos o medios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones que se reclaman, ya que, en tratándose de autoridades judiciales, no puede quedar nunca al arbitrio de ellas confirmar o revocar un acuerdo, al resolver el recurso de referencia, puesto que la resolución que se dicte, debe estar fundada en derecho y en atención a las argumentaciones que el promovente del recurso haga valer al interponerlo; consecuentemente, el hecho sólo de que en el caso el auto que se reclama haya dejado de ser recurrido mediante revocación, en los términos del artículo procedente, es bastante para que se considere que el juicio de amparo resulta improcedente." En virtud de lo considerado con antelación, resulta claro que la quejosa se encontraba en aptitud legal de agotar el medio ordinario que la ley que rige el acto reclamado pone a su alcance, previo a acudir a la instancia constitucional, colmando así el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, sin que se advierta que los actos reclamados se traten de alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad invocado, como para considerar que estaba en condiciones de acudir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar la instancia legal mencionada. Al respecto se invoca la jurisprudencia, con número de registro 2017117, visible en la página 8, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuya literalidad es como sigu "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por lo anterior, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 113 del citado ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve **, por propio derecho, contra actos de la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada, Estado de México, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a), téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado a **, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, en virtud de que sí cuenta con el registro correspondiente, y en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las restantes personas que se autorizan en la demanda de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, pero se le informa que deberá conducirse con lealtad procesal y que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado. Notifíquese, y por lista a la quejosa.

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