Gildardo Villanueva Pérez
Expediente 1817/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1817/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/01/2019
Partes del expediente
- Gildardo Villanueva Pérez
Actuaciones
- Principal
MESA IV Toluca, Estado de México; ocho de enero de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y las certificaciones secretariales que anteceden, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de veintiseis de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no fue recurrido por las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia conforme a su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO DE EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que sí existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido; por tanto, se ordena dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda al local de este Juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente, a fin de que le sean devueltos los documentos exhibidos con su demanda de amparo, y se deje constancia de ello en autos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo y forma señalados, en su momento correrán la misma suerte que en el expediente en que se actúa. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
MESA VI. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que el quejoso no desahogó la prevención formulada en auto de trece de diciembre de la presente anualidad; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del ordinal 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Gildardo Villanueva Pérez, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia de la unión, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1817/2017-IV. PREVENCIÓN. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que, dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio, realice lo siguiente: PRIMERO. Aclare el acto reclamado, es decir, señale si impugna la orden de aprehensión, y/o presentación y/o arraigo y su ejecución; o bien, el auto de seis de diciembre de este año, dictado en el juicio 177/2018, en el que se ordenó la ejecución de la sentencia dictada en ese juicio; además, puntualice si él funge como parte procesal en el mismo, es decir, establezca si es actor o demandado o si no le asiste ningún carácter; además, para el caso de formar parte de ese litigio, señale si ya compareció al mismo. SEGUNDO. Para el caso de que su acto reclamado destacado, sea la orden de aprehensión, y/o presentación y/o arraigo y su ejecución, señale a qué autoridad judicial o administrativa del orden penal atribuye tal mandamiento. TERCERO. Bajo protesta de decir verdad, en su caso, relate los antecedentes del acto privativo de la libertad que reclame. Resulta aplicable a lo anterior la tesis publicada con el número XX.57 K, en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." De igual forma, es aplicable, la tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2613, que a la letra expresa: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." En este orden de ideas, se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO PROCESAL. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción II, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas de este órgano jurisdiccional, dada la imprecisión del domicilio señalado por el quejoso en su ocurso inicial. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Peña Fernández, Elizabeth Peña Fernández y a Perla Rivas Ramírez, hasta en tanto cuenten con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Notifíquese personalmente.
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