Gisela Ariadna de la Vega Ponce de León

Expediente 1594/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1594/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
24/08/2017

Partes del expediente

  • Gisela Ariadna de la Vega Ponce de León

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por medio del cual devuelve diligenciado, en sus términos, el exhorto 163/2017 del índice de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, acúsese el recibo correspondiente y dese de baja el exhorto 163/2017 con número de orden 456/2017. Ahora, como se advierte del exhorto de mérito, mediante razón actuarial de once de agosto de dos mil diecisiete, se advierte que le fue informado al actuario judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala que Nicanor Arias Vega no habita en el domicilio que fue proporcionado para efecto de su emplazamiento, en virtud de que desde hace un par de años no ha regresado a dicho domicilio y no saben de su paradero, así como tampoco si es que ha fallecido o no. Por lo anterior, este juzgado carece de certeza respectó al posible fallecimiento del citado tercero interesado Nicanor Arias Vega, ello en razón de que el único elemento con el cual se presumió la posible muerte del mencionado tercero interesado lo constituyó la manifestación de la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, en la que mención que el tercero interesado Nicanor Arias Vega podría ser emplazado por conducto de su albacea definitiva María de Jesús Vega Caballero. Sin embargo, dicha información no pudo corroborar ya que en diligencia de veinte de enero de dos mil diecisiete, el actuario judicial adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala al tratar de emplazar al citado tercero interesado en el domicilio que fue proporcionado para ello, fue informado por Miguel Ángel Arias Cuapio, quien refirió ser su hijo, que Nicanor Arias Vega había dejado de habitar ese domicilio desde ya hace tiempo, por lo que rara vez tenía contacto con él, sin que precisara que dicho tercero hubiera fallecido. Asimismo, el siete de junio de dos mil diecisiete, al constituirse en el diverso domicilio ubicado en "PRIV MORELOS, NUM. 5 A, BARR JESÚS XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA, C.P. 90840", le fue informado por conducto de María Hernández Martínez, quien dijo ser nuera del tercero interesado Nicanor Arias Vega, que desde hace aproximadamente ocho años ya no habita en aquél domicilio y que incluso lo habían dado por extraviado, precisando que desconocía si ha fallecido y que María de Jesús Vega Caballero fuese su albacea. En las anotadas circunstancias, es inconcuso que no existen elementos con los cual se compruebe que haya fallecido el tercero interesado Nicanor Arias Vega y con lo cual se dé certeza de ello. Ahora, dado lo anterior y ya que mediante auto de dos de mayo de dos mil diecisiete [foja 132 a 133], como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó la búsqueda del domicilio del citado tercero interesado Nicanor Arias Vega al Fiscal General del Estado de Puebla; Teléfonos de México, Sociedad Anónima en Puebla; Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla; Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla; Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Puebla; Titular de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y Gerente de Servicios al Cliente de la Coordinación Comercial de la Comisión Federal de Electricidad con residencia en la Ciudad de México, a fin de que informaran si en sus oficinas contaban con el domicilio actual de Nicanor Arias Vega, sin que en el caso se lograra su emplazamiento por los motivos que fueron precisados en los párrafos que anteceden. Es dable concluir que éste órgano jurisdiccional dictó las medidas que estimó pertinentes con el propósito de investigar el domicilio o posible fallecimiento del mencionado tercero interesado a fin de lograr su emplazamiento, sin obtener algún resultado favorable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo se ordena el emplazamiento del tercero interesado Nicanor Arias Vega, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los cuales contendrán una relación sucinta de la demanda, y deberán publicarse por tres veces consecutivas, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en "El Excelsior", que es uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana. En tal sentido, se pone a disposición de la parte quejosa los aludidos edictos por el término de veinte días siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído, en el entendido de que dentro del referido término, la parte impetrante deberá recoger y entregar los mencionados edictos para su publicación, así como acreditar ante este órgano jurisdiccional dicha entrega [esto es, que efectuó las gestiones tendientes para su publicación], con apercibimiento que de no realizar lo anterior en el término concedido para ello, o de no manifestar y demostrar fehacientemente la incapacidad que tuviere para tal efecto, se decretará el sobreseimiento del presente juicio de amparo en cumplimiento a lo establecido en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), con número de registro 2009915, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes once de septiembre de dos mil quince a las once horas, de texto y rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Finalmente, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se difiere para las nueve horas con veintiún minutos del veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil diecisiete. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Gisela Ariadna de la Vega Ponce de León, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1594/2017-I; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO En primer término debe precisarse que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que Gisela Ariadna de la Vega Ponce de León, señala como acto reclamado el siguiente: "ACTO RECLAMADO. A).- LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE (TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA), EN SEÑALAR FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE LEY, DENTRO DEL JUICIO DE ORIGEN NUMERO D-640/2015, QUE VIOLA FLAGRANTEMENTE LA GARANTÍA DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, AL ENCONTRARSE PARALIZADO EL PROCEDIMIENTO". Precisado lo anterior, el suscrito Juez Federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el juicio que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Así mismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un juicio no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por lo que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al juicio en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de señalar fecha y hora para la audiencia de ley dentro de un juicio laboral. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, dicha Sala concluyó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 707, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En la especie, la promovente del amparo acude a instancia a reclamar la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley dentro del juicio laboral de origen D-640/2015. Por lo que dicha omisión, al ser sometida a las consideraciones expresadas, no constituye un acto de imposible reparación, en tanto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la quejosa, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque tal omisión únicamente posterga la continuación del juicio natural, lo cual constituye un acto de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, sus consecuencias (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, en tanto esa trasgresión no impida el curso del juicio ni el ejercicio de un derecho. Lo que en el caso no ocurre, pues de acuerdo a los antecedentes narrados por la promovente no se advierte que exista una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio, atento a que mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable ordenó acordar lo conducente a la audiencia de ley en el juicio de origen, sin que hasta ahora haya fijado fecha y hora para su celebración; en tales condiciones, el lapso entre aquélla actuación y la fecha de presentación de la demanda (siete de agosto de dos mil diecisiete), no revela la existencia de una abierta dilación en el trámite del juicio que implique su paralización, pues a criterio del suscrito Juez dicha hipótesis (abierta dilación) se actualiza después de tres meses de falta de actuación de la responsable, atento a las cargas de trabajo, por lo que en el caso se trata de un simple retardo que no deja sin defensa al quejoso, dado que no se trata de una afectación autónoma al juicio natural. En tales condiciones, se desecha de plano la presente demanda de garantías al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Manuel Durán Vázquez, Roberto Rocha Villarauz, Pedro Francisco Rivera Bringas y Fabiola Aguilar Rojas, por así haberlo solicitado. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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