Gisela Ariadna de la Vega Ponce de León
Expediente 1844/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1844/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2018
Partes del expediente
- Gisela Ariadna de la Vega Ponce de León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito signado por José Manuel Durán Vázquez autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; visto su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, teniendo por autorizadas para recibirlas a las personas que menciona, previa razón de entrega e identificación que obre agregada en autos, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Gisela Ariadna de la Vega Ponce de León acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de desahogar la prueba de inspección ocular ofrecida dentro del expediente D-640/2015, de su estadística. Ahora bien, los Magistrados Presidente, Representante del Estado y Representante de los Trabajadores del tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del oficio recibido el veinticuatro de octubre del presente año, remitieron copia certificada de constancia que obran en el expediente D-640/2015 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia de la diligencia de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, en la que se desahogó la prueba de inspección ocular anunciada dentro del citado juicio laboral, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla desahogara la prueba de inspección ocular que se ofreció dentro del expediente laboral D-640/2015 de su estadística, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el tribunal responsable procedió al desahogo de la citada probanza. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del siete de noviembre de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al cual acompaña testimonio de la ejecutoria pronunciada el diecisiete de octubre del año en curso, en el recurso de revisión R.A.-140/2018 relativo a la revisión interpuesta en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1848/2017-III. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el Tribunal Revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de amparo 1848/2017 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala en turno por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria." Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, acúsese el recibo correspondiente al tribunal revisor, y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
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