Gisela Ariadna de la Vega Ponce de Leon

Expediente 1063/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1063/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Gisela Ariadna de la Vega Ponce de Leon

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro del toca R-67/2020, derivado del recurso revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 427/2018; téngase a la superioridad devolviendo el expediente principal y un anexo del mismo. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por GENOBEVA HERNÁNDEZ ROMÁN, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la anterior ejecutoria, para los efectos legales procedentes, las anotaciones del caso en el libro de gobierno y glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Previa razón que quede en autos, devuélvanse al Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, las constancias remitidas como justificante del informe rendido. Ahora, una vez que transcurra el término de seis meses referido por el artículo 156 de la Ley de Amparo se acordará lo procedente respecto del billete de depósito N 830593 expedido por Bansefi (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito) por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos cero centavos moneda nacional), para que surta sus efectos la suspensión definitiva que fue concedida el doce de marzo de dos mil dieciocho, exhibido por la quejosa Genobeva Hernández Román; por tanto, no se ordena glosar el incidente de suspensión ni el archivo del presente juicio, hasta en tanto se conozca el destino del billete de depósito de mérito. Notifíquese. Lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Ricardo Hernández Rugerio, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual se decretó que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, determinó reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio del Tesorero Municipal de Amozoc, Puebla, a través del cual manifiesta que realizó el pago a la moral aquí quejosa ********************, de la cantidad por concepto de derecho de alumbrado público, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, para lo cual entregó el cheque folio 79294245 de quince de diciembre de dos mil veinte, de la institución bancaria BBVA, por la cantidad de $21,608.93, anexando para acreditar su dicho copia de la citada documental. Al respecto, la autoridad responsable de mérito aduce que con el documento antes indicado, acredita fehacientemente que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con la citadas constancias, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no efectuar manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, indíquese a las autoridades que intervengan en el procedimiento y tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que deberán enviar las comunicaciones oficiales a este juzgado por ese medio, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Titular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, con sede en la Ciudad de México, no ha informado si en dicha oficina cuentan con el domicilio actual de los aquí terceros interesados Abraham Barragán Lobato y Gloria Cristal Castillo Bautista; en tal virtud, gírese oficio por mensajería acelerada y vía telegráfica, a efecto de que proporcione la información correspondiente de manera detallada dentro del término tres días siguientes a la notificación de este acuerdo. Apercibida la autoridad ante citada, de que en caso de no proporcionar la información requerida en el término concedido para ello, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido. En consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. El acto reclamado por el que se concedió la protección federal fue el siguiente La omisión de resolver el incidente de liquidación dentro del juicio laboral 113/2016, del índice de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Por resolución dictada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Daniel Ortiz y Caso, contra el acto de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: "[.] Una vez que se declare ejecutoriada la presente sentencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a las facultades que le otorga la ley, resuelva el incidente de liquidación de laudo dentro del juicio laboral 113/2016, de su índice." Posteriormente, mediante proveído de uno de octubre de dos mil veinte la sentencia causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector. Mediante oficio 2302/2020/AI, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada de la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo emitida el veintiocho de octubre del año en curso, en el juicio laboral 113/2016, de su índice. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a realizar el análisis relativo para determinar si se encuentra o no cumplido el fallo protector. Del examen de las documentales exhibidas por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que el veintiocho de octubre del año en curso, emitió la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo del juicio laboral 113/2016, de su estadística, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes); y, archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedido la protección constitucional. Por otra parte, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran el plazo que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo, deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.

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