Giovanna Arámbula Barba
Expediente 558/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/10/2022
Partes del expediente
- Giovanna Arámbula Barba
Actuaciones
- Principal
notifiquese personalmente
- Principal
con fundamento en el artículo 27, fraccion i, inciso c de la ley de amparo, se hace efectivo el apercibimiento del aviso dejado el once de octubre del año en curso, en el domicilio de los quejosos Giovanna Arámbula Barba y Edgar Javier Vázquez Farfán, y se les notifica el proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, que dice: "... Ensenada, Baja California, seis de octubre de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo que promueve Giovanna Arámbula Barba y Edgar Javier Vázquez Farfán, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali; fórmese expediente 558/2022-II y anótese su ingreso en el libro de este juzgado. De la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado el proveído mediante el cual se decretó la caducidad de la instancia en el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio de 870/2016-A, del índice del Juzgado Tercer de lo Civil, en esta ciudad. Ahora bien, en el caso concreto es un acuerdo que pone fin al juicio de origen, al constituir la litis constitucional en el juicio de amparo. Precisado lo anterior, debe destacarse que los artículos 34 y 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, mismos que, en lo que interesa, establecen lo siguiente: ARTÍCULO 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo ...". ARTÍCULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderán por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin a juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieren a la libertad del imputado podrán ser impugnados por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquéllas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso que la ley permita la renuncia de los recursos ..." -Subrayado y negritas añadido De lo anterior se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito, son competentes para conocer de los juicios de amparo directo, mismos que proceden, entre otras cosas, en contra de resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Luego, en si en el caso que nos ocupa, fue mediante el el proveído que decretó la caducidad de la instancia, dentro del recurso de apelación tramitado ante la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, en contra de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio de 870/2016-A, del índice del Juzgado Tercer de lo Civil, en esta ciudad, resulta evidente que debe reclamarse en la vía directa y al tratarse de una resolución que puso fin al juicio de origen, que su conocimiento corresponde a un tribunal colegiado de circuito. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, en relación con los diversos 34 y 170, todos de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Giovanna Arámbula Barba y Edgar Javier Vázquez Farfán, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali, y la declina a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo, con sede en Tijuana, Baja California, que por razón de turno corresponda, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de la papeleta de turno y original de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y del Trabajo, con sede en Tijuana, Baja California, para que las remita al tribunal colegiado que por razón de turno corresponda; realícense las anotaciones respectivas en el libro de juzgado, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y solicítese atento acuse de recibo correspondiente. No es óbice a lo anterior, el hecho que previamente a la promoción del amparo, no se haya agotado el medio ordinario de defensa establecido en el artículo 672, del Código del Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, que establece: "ARTICULO 672.- De los decretos y autos del tribunal superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse reposición que se substancia en la misma forma que la revocación." Lo anterior es así, debido a que, al declinarse la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito, la facultad para analizar la procedencia del juicio de amparo intentado, no corresponde a éste juzgador, sino al aludido Tribunal. En efecto, conforme a lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presupuestos procesales en el amparo directo, deben analizarse en el siguiente orden: 1 Procedencia de la vía. 2 Competencia; y 3 Procedencia. Por ello, una vez analizados los primeros dos supuestos, el tercero, relativo a la procedencia, corresponde únicamente al tribunal de amparo que resulta legalmente competente para conocer del mismo. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia P./J. 6/2016 10a., registro digital 2008791, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, Tomo I, página 95, Décima Época, del tenor literal siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. De los artículos 107, fracciones III, inciso a, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable principio de definitividad. Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." -Subrayado y negritas añadido En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su demanda y como autorizado para tales efectos, a Enrique Cota Cota, ya que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En otro contexto, se exhorta a las partes, para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica. De igual forma, se solicita a las diversas partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3o de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario..."
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