Gina Lizeth Munguia Giron
Expediente 1137/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1137/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gina Lizeth Munguia Giron
Actuaciones
- Principal
IV. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de cuatro de octubre del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
IV. Vista la demanda promovida por GINA LIZETH MUNGUIA GIRON, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En la especie, la parte quejosa reclama en la continuación de la audiencia principal, en autos del juicio de procedimiento especial de divorcio sin causales 537/2018, del índice de la responsable, en la que según refiere, se emitió sentencia, no obstante, que planteó un incidente de acumulación, toda vez que con anterioridad, Cesar Alejandro Valencia Jara, había promovido un diverso juicio ordinario familiar de guarda y custodia, respecto de su menor hija. En ese sentido, cabe mencionar que los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] --- III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] --- b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ...". "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [...] --- V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;...". De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, en contra de actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de dicho procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Apoya lo expuesto, la tesis, de rubro y texto siguientes: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal.". Así, a criterio de quien resuelve, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con la fracción V del artículo 107, del citado ordenamiento legal, los cuales son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [...] --- V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;...". Luego entonces, por actos que no son de imposible reparación debe entenderse aquéllos en los cuales su consecuencia no es susceptible de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos puedan repararse en el juicio del que emanen, si se obtiene una resolución favorable y que puedan ser modificados por actuación posterior alguna, ya sea durante el trámite o bien, al momento de resolver el asunto en definitiva. Lo anterior, ya que cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los perjuicios causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos. Entendiéndose por derechos sustantivos los que se encuentran vinculados con prerrogativas fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en la Constitución Federal, en razón de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable; por otro lado, los actos que transgreden derechos procesales son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado alguna afectación a los derechos sustantivos del gobernado. En ese orden de ideas, la diferencia entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de una violación que transgreda los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), por regla general, no procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por no causar una imposible reparación. En complemento a esa regla, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia LVII/2004, visible en el Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", ponderó que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Esa afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. También debe señalarse que las violaciones procesales son impugnables, generalmente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Por otra parte, el juicio de amparo en contra de actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio, es procedente cuando se afecten derechos sustantivos o de manera excepcional, cuando se afectan en grado predominante o superior los derechos adjetivos de las partes, como se puso de manifiesto, pero no cuando se reclamen violaciones a derechos fundamentales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes. Apoya lo expuesto, la tesis, cuyo rubro y texto son: "GARANTÍAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR ÉSTOS. Las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo son la del debido proceso y la de fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia Norma Fundamental del país, para salvaguardar tales derechos.". También apoya lo expuesto, la jurisprudencia cuyo rubro y contenido son los siguientes: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso.". En el caso, como se reitera, el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la continuación de la audiencia principal, en autos del juicio de procedimiento especial de divorcio sin causales 537/2018, del índice de la responsable, en la que según refiere, se emitió sentencia, no obstante, que planteó un incidente de acumulación, toda vez que con anterioridad, Cesar Alejandro Valencia Jara, había promovido un diverso juicio ordinario familiar de guarda y custodia, respecto de su menor hija. Sin embargo, este Juzgador considera que tal acto no se considera de ejecución irreparable, ya que con dicho proceder por parte de la responsable, sólo se afectan los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros; en tanto que la omisión de proveer sobre la acumulación que planteo en autos del juicio de divorcio sin causales que instó, no le priva del derecho de defensa que en cada uno de los procedimientos tienen consagrado per sé, las partes involucradas, ni tampoco altera cuestiones debatidas en los mismos, ya que esa cuestión únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, pero no así sustantivos que hagan procedente el amparo en vía indirecta. Además de que tal cuestión puede combatida al momento de promover amparo directo contra la sentencia que en todo caso, le fuera desfavorable. De ahí que, es claro que el acto reclamado no es de aquellos que traen aparejada una ejecución de imposible reparación pues, por un lado, no afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo de los tutelados por la Constitución y, por otro, si bien es verdad que se trata de una violación formal o procesal, lo cierto es que no afecta a las partes en grado predominante o superior, a fin de que haga procedente en su contra la acción constitucional en la vía indirecta. Motivo por el que los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión del suscrito, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que interesa, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo VI, Diciembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta que a la letra dice: "ACUMULACIÓN. LA RESOLUCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución sin ulterior recurso, que declara improcedente el incidente de acumulación de autos solicitado para que juicios conexos que se siguen separadamente sean fallados en una misma sentencia, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que este procedimiento fue instaurado exclusivamente para lograr la economía de los juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se niegue la acumulación de autos solicitada, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio; sin que esto determine por exclusión, la procedencia del amparo directo contra tal determinación, al estar debidamente delimitada, tratándose de violaciones procesales, la procedencia de dicho juicio, únicamente cuando se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.". Así como la también la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 464, Tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "RESOLUCIONES DICTADAS EN EL INCIDENTE DE ACUMULACION. DEBEN SER IMPUGNADAS EN AMPARO DIRECTO LAS. La resolución que declare la acumulación planteada por cualquiera de las partes en un juicio laboral, no constituye acto de ejecución irreparable, supuesto que no afecta algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y tal resolución sólo implica afectación a derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados en caso de que los afectados obtengan sentencia favorable; por tanto, la resolución que estima improcedente la acumulación, constituirá una transgresión procesal que podrá ser combatida al promover amparo directo contra el laudo que en su caso, sea contrario a los intereses de la parte quejosa." Y finalmente, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la novena época, publicada en el tomo XIV, octubre de dos mil uno, que es del tenor literal siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En esas condiciones, al haberse actualizado esos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por GINA LIZETH MINGUIA GIRON, con fundamento en el artículo 61 la fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de garantías, y como autorizados para tal efecto a Beatriz Guadalupe Tep Ix, Andrés Díaz López y Cynthia Ivonne Tep Ix, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pero con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del aludido precepto legal, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Es parte final del acuerdo dictado el día de hoy en el presente juicio de amparo. Conste
- Principal
. Vista la demanda promovida por GINA LIZETH MUNGUIA GIRON, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En la especie, la parte quejosa reclama en la continuación de la audiencia principal, en autos del juicio de procedimiento especial de divorcio sin causales 537/2018, del índice de la responsable, en la que según refiere, se emitió sentencia, no obstante, que planteó un incidente de acumulación, toda vez que con anterioridad, Cesar Alejandro Valencia Jara, había promovido un diverso juicio ordinario familiar de guarda y custodia, respecto de su menor hija. En ese sentido, cabe mencionar que los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] --- III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] --- b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ...". "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [...] --- V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;...". De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, en contra de actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de dicho procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Apoya lo expuesto, la tesis, de rubro y texto siguientes: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal.". Así, a criterio de quien resuelve, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con la fracción V del artículo 107, del citado ordenamiento legal, los cuales son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [...] --- V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;...". Luego entonces, por actos que no son de imposible reparación debe entenderse aquéllos en los cuales su consecuencia no es susceptible de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos puedan repararse en el juicio del que emanen, si se obtiene una resolución favorable y que puedan ser modificados por actuación posterior alguna, ya sea durante el trámite o bien, al momento de resolver el asunto en definitiva. Lo anterior, ya que cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los perjuicios causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos. Entendiéndose por derechos sustantivos los que se encuentran vinculados con prerrogativas fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en la Constitución Federal, en razón de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable; por otro lado, los actos que transgreden derechos procesales son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado alguna afectación a los derechos sustantivos del gobernado. En ese orden de ideas, la diferencia entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de una violación que transgreda los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), por regla general, no procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por no causar una imposible reparación. En complemento a esa regla, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia LVII/2004, visible en el Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", ponderó que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Esa afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. También debe señalarse que las violaciones procesales son impugnables, generalmente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Por otra parte, el juicio de amparo en contra de actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio, es procedente cuando se afecten derechos sustantivos o de manera excepcional, cuando se afectan en grado predominante o superior los derechos adjetivos de las partes, como se puso de manifiesto, pero no cuando se reclamen violaciones a derechos fundamentales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes. Apoya lo expuesto, la tesis, cuyo rubro y texto son: "GARANTÍAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR ÉSTOS. Las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo son la del debido proceso y la de fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia Norma Fundamental del país, para salvaguardar tales derechos.". También apoya lo expuesto, la jurisprudencia cuyo rubro y contenido son los siguientes: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso.". En el caso, como se reitera, el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la continuación de la audiencia principal, en autos del juicio de procedimiento especial de divorcio sin causales 537/2018, del índice de la responsable, en la que según refiere, se emitió sentencia, no obstante, que planteó un incidente de acumulación, toda vez que con anterioridad, Cesar Alejandro Valencia Jara, había promovido un diverso juicio ordinario familiar de guarda y custodia, respecto de su menor hija. Sin embargo, este Juzgador considera que tal acto no se considera de ejecución irreparable, ya que con dicho proceder por parte de la responsable, sólo se afectan los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros; en tanto que la omisión de proveer sobre la acumulación que planteo en autos del juicio de divorcio sin causales que instó, no le priva del derecho de defensa que en cada uno de los procedimientos tienen consagrado per sé, las partes involucradas, ni tampoco altera cuestiones debatidas en los mismos, ya que esa cuestión únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, pero no así sustantivos que hagan procedente el amparo en vía indirecta. Además de que tal cuestión puede combatida al momento de promover amparo directo contra la sentencia que en todo caso, le fuera desfavorable. De ahí que, es claro que el acto reclamado no es de aquellos que traen aparejada una ejecución de imposible reparación pues, por un lado, no afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo de los tutelados por la Constitución y, por otro, si bien es verdad que se trata de una violación formal o procesal, lo cierto es que no afecta a las partes en grado predominante o superior, a fin de que haga procedente en su contra la acción constitucional en la vía indirecta. Motivo por el que los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión del suscrito, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que interesa, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo VI, Diciembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta que a la letra dice: "ACUMULACIÓN. LA RESOLUCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución sin ulterior recurso, que declara improcedente el incidente de acumulación de autos solicitado para que juicios conexos que se siguen separadamente sean fallados en una misma sentencia, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que este procedimiento fue instaurado exclusivamente para lograr la economía de los juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se niegue la acumulación de autos solicitada, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio; sin que esto determine por exclusión, la procedencia del amparo directo contra tal determinación, al estar debidamente delimitada, tratándose de violaciones procesales, la procedencia de dicho juicio, únicamente cuando se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.". Así como la también la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 464, Tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "RESOLUCIONES DICTADAS EN EL INCIDENTE DE ACUMULACION. DEBEN SER IMPUGNADAS EN AMPARO DIRECTO LAS. La resolución que declare la acumulación planteada por cualquiera de las partes en un juicio laboral, no constituye acto de ejecución irreparable, supuesto que no afecta algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y tal resolución sólo implica afectación a derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados en caso de que los afectados obtengan sentencia favorable; por tanto, la resolución que estima improcedente la acumulación, constituirá una transgresión procesal que podrá ser combatida al promover amparo directo contra el laudo que en su caso, sea contrario a los intereses de la parte quejosa." Y finalmente, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la novena época, publicada en el tomo XIV, octubre de dos mil uno, que es del tenor literal siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En esas condiciones, al haberse actualizado esos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por GINA LIZETH MINGUIA GIRON, con fundamento en el artículo 61 la fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de garantías, y como autorizados para tal efecto a Beatriz Guadalupe Tep Ix, Andrés Díaz López y Cynthia Ivonne Tep Ix, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pero con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del aludido precepto legal, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Es parte final del acuerdo dictado el día de hoy en el presente juicio de amparo. Conste
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