Gilma Laurentina Guevara Gonzalez
Expediente 1802/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1802/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gilma Laurentina Guevara Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, por ese Cuerpo Colegiado, en la queja número 194/2021, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo dictado el cuatro de octubre de dos mil veintiuno , de la que aparece que la citada Superioridad, declaró infundado el recurso de que se trata. Por ende, con apoyo en el artículo 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. Asimismo, como lo solicita la Superioridad, acúsese recibo vía interconexión. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó la demanda en el juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 6545/2021, recibido vía interconexión y signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por la apoderada de la parte quejosa en contra del acuerdo de cuatro de octubre del año en curso, formándose por tal motivo el recurso de queja 194/2021. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Agréguese a estos autos el escrito signado por María del Pilar Ruiz Palmieri, como apoderada legal de GILMA LAURENTINA GUEVARA GONZALEZ y otros, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de cuatro de octubre del presente año; en mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, ya que en el citado proveído, se desechó la presente demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, los escritos de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por María del Pilar Ruiz Palmieri, como apoderada legal de GILMA LAURENTINA GUEVARA GONZALEZ y otros, contra actos que reclama de la JUNTA ESPECIAL NUMERO VEINTIUNO DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1802/2021-II. Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce la personalidad con la que se ostenta a María del Pilar Ruiz Palmieri, tal como lo acredita con la copia con firmas autógrafas de la audiencia de tres de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la autoridad responsable. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de mérito, se aprecian motivos manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De la lectura integral de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama a la autoridad que señala como responsable, medularmente, la denegación de justicia en virtud del señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos en el recurso de revisión interpuesto contra el auto que decreta la procedencia parcial del embargo precautorio, fuera del plazo que prevé el artículo 852 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 339/2021. En el caso, esta Juzgadora Federal advierte que, respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que respecto de los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: - La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. - La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, si en el caso, la parte quejosa se duele del señalamiento por parte de la Junta responsable, de una fecha para celebración de la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 852 de la ley laboral, fuera del plazo que establece para ello; debe decirse que ello no se trata de un acto de imposible reparación, atento a los lineamientos antes trazados, ya que no afecta ningún derecho sustantivo en forma directa, sino solamente, en su caso, ocasiona una mera dilación, la cual no se estima de tal magnitud que pueda considerarse como irreparable. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que de en el caso se advierta que el acto reclamado constituya una abierta dilación del procedimiento, si se toma en consideración que mediante acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, fijó como fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos el siete de diciembre de la propia anualidad. Esto es, el procedimiento laboral tiene una razonable continuidad, pese a que los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo han sido inobservados. Lo anterior, pues resulta un hecho notorio y de dominio público la declaratoria de pandemia con motivo de la contingencia sanitaria por el virus Covid-19, lo que ha generado como medidas implementadas para mitigar los contagios, confinamiento de personas, suspensión de actividades no esenciales, así como periodos de suspensión de las actividades jurisdiccionales y administrativas. Al efecto, debe decirse que los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en respuesta al brote del virus COVID19, han realizado diversas acciones partiendo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias, como la emisión de los acuerdos generales AGC-2003-21, AGC- 2003-22, AGC-2004-23, AGC2004-24, AGC-2005-25, AGC-2005-26, AGC-2006-27, AGC-2006-28, AGC-2006- 29 y AGC-2007-30, en salvaguarda del derecho a la salud de los usuarios y de los empleados del Poder Judicial del Estado. Y que las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19 se han adherido a las disposiciones de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado establecidas en los acuerdos generales enunciados, y además, han emitido lineamientos tendientes a la salvaguarda del derecho a la salud de los usuarios y de los empleados de las Juntas a través de los acuerdos expedidos en fechas 18 y 19 de marzo, 13 y 30 de abril, 5 y 30 de junio, 31 de julio y 14 de agosto, todas del año dos mil veinte, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en fechas 18 y 20 de marzo, 15 y 30 de abril, 5 y 30 de junio, 31 de julio y 14 de agosto, suspensión que abarcó del 18 de marzo al 21 de agosto de dos mil veinte, así como las subsecuentes de seis y veintiocho de octubre y ocho de diciembre de dos mil veinte, publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en fechas seis y veintiocho de octubre y nueve de diciembre de dos mil veinte, esta última que abarcó hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. FECHA DE AVISO DE LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE YUCATAN. FECHA DE PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. PERÍODO QUE ABARCA LA SUSPENSIÓN. 18 DE MARZO 18 DE MARZO 18-31 DE MARZO 19 DE MARZO 20 DE MARZO 18 DE MARZO-20 DE ABRIL 13 DE ABRIL 15 DE ABRIL 18 DE MARZO-30 DE ABRIL 30 DE ABRIL 30 DE ABRIL 18 DE MARZO-05 DE JUNIO 05 DE JUNIO 05 DE JUNIO 08 DE JUNIO-30 DE JUNIO 30 DE JUNIO 30 DE JUNIO 01-31DE JULIO 31 DE JULIO 31 DE JULIO 03-14 DE AGOSTO 14 DE AGOSTO 14 DE AGOSTO 17-21 DE AGOSTO 06 DE OCTUBRE 06 DE OCTUBRE 7 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE 27 DE OCTUBRE 08 DE DICIEMBRE 09 DE DICIEMBRE 16-31 DE DICIEMBRE De lo antes expuesto se advierte, que los plazos jurisdiccionales y administrativos se han ido suspendido en diversas ocasiones en virtud de virus COVID-19, la entrada de ciclones tropicales, y vacaciones de la responsable. En el apuntado contexto, debe concluirse que si bien los plazos legales en los procedimientos en materia de trabajo -como en otros ramos- han sido inobservados a cabalidad, ello encuentra un motivo razonablemente justificable si se toma en cuenta la circunstancia extraordinaria por la que atraviesa el país. Aunado a ello, debe considerarse también la naturaleza predominantemente oral de los juicios laborales, cuyas audiencias se desahogan en presencia de las partes trabajadora, patronal y de la Junta, lo que, por una parte, obstaculiza la posibilidad de agendar mayor número de audiencias de las que permite la jornada hábil de la Junta, máxime que la duración de las audiencias está condicionada a la dinámica que cada audiencia en particular amerita; y por otra parte, a que la propia concentración de personas para el desahogo de las audiencias, exige tomar mayores medidas para salvaguardar la salud de sus participantes. Las enunciadas circunstancias, se insiste, permiten arribar a la convicción de que el proceder de la responsable en la fijación de los plazos procesales no puede catalogarse como una abierta dilación en el procedimiento que en forma excepcional permite su impugnación en la vía del amparo biinstancial. A mayor abundamiento debe señalarse, tal como sostiene la jurisprudencia en cita, el juicio de amparo indirecto procede respecto de violaciones procesales, cuando sus efectos sean de imposible reparación, siendo éstos los que causan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho; sin embargo, tal como se ha reseñado, la fijación de la fecha de audiencia obedece a circunstancias particulares, propias de la situación de emergencia por la propagación del virus COVID-19, ya que los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de Salud, tanto Estatales como Federales, han señalado que la prestación de servicios deberá realizarse bajo el esquema de citas, y con un número restringido de personas, lo que no puede ser soslayado en el presente caso, dada la obligación de la Junta responsable de llevar a cabo sus actuaciones conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias correspondientes. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Téngase como domicilio y número telefónico de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de amparo y como sus autorizados a las personas que indica, en los términos conferidos. Por otra parte, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y las subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, de forma electrónica, los correos electrónicos despachojuridicohs@hotmail.com y exp345y346.2021@gmail.com, el cual se obtuvo plasmado en la boleta relativa a la demanda de amparo, para asegurar el pleno conocimiento de los autos que se dicten en este asunto; lo anterior, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía y en el entendido de que de no ser factible contactar a la parte quejosa mediante el correo electrónico antes indicado, las notificaciones personales se realizarán en el domicilio señalado para tal efecto. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En el entendido, que las diligencias de notificación deberán realizarse acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores públicos del CJF que realiza notificaciones. Por otra parte, por las razones expresadas, manifiestan su oposición a la publicación de sus datos personales. NOTIFÍQUESE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Gilda Obdulia Gomez Villanueva157/2021
- Gilda Obdulia Gomez Villanueva109/2021
- Gilda Obdulia Gomez Villanueva1777/2019
- Gilma Laurentina Guevara González192/2023
- Gilma Laurentina Guevara Gonzalez2300/2022
- Gilma Laurentina Guevara Gonzalez1230/2021
- Gilma Laurentina Guevara Gonzalez1772/2022
- Gilmer Neil Azcorra Zapata1563/2023
- Gimer Omar Barredo Vázquez1217/2022
- Gina Irena Villagomez Valdes640/2021
- Gina Lizeth Munguia Giron1137/2018
- Giner Jacinto Castillo Alferez1031/2023