Gilma Laurentina Guevara Gonzalez

Expediente 1772/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1772/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Gilma Laurentina Guevara Gonzalez
  • Aaron Gonzalez Marquez
  • Sebastian Buira Clark

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, toda vez que en autos documentos que anexó la parte quejosa a su escrito de aclaratorio de demanda; por tanto, prevéngasele para que acuda a este Juzgado de Distrito con identificación oficial, a fin de recogerlo, dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida, que de no hacerlo, será destruidos junto con el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE.

  2. Principal

    "Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y la Auxiliar de su adscripción; de los que se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y LIBIA BEATRIZ CUA MEJIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4c.05 20/07/23 21:43:27 que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.2" De lo hasta aquí expuesto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama de la responsable, de manera medular, la omisión de emitir una nueva resolución en el embargo precautorio solicitado dentro del expediente laboral de origen 339/2021; la omisión de acordar lo relativo a las pruebas ofrecidas dentro del referido expediente de origen; así como la omisión de acordar el escrito presentado ante la juna responsable el veinte de mayo del año en curso, dentro del juicio laboral de origen 339/2021. En ese sentido, se tiene que las autoridades responsables adjuntaron a sus informes justificados, los autos de veinte de abril y diecinueve de agosto, ambos de dos mil veintidós, en los que se acordó lo conducente respecto a la nueva resolución referente al embargo precautorio solicitado dentro del expediente laboral de origen 339/2021; lo relativo a las pruebas ofrecidas dentro del referido expediente de origen; así como al escrito presentado ante la juna responsable el veinte de mayo del año en curso. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, pues por autos de veinte de abril y diecinueve de agosto, ambos de dos mil veintidós, se acordó lo conducente respecto a la nueva resolución referente al embargo precautorio solicitado dentro del expediente laboral de origen 339/2021; lo relativo a las pruebas ofrecidas dentro del referido expediente de origen; así como al escrito presentado ante la juna responsable el veinte de mayo del año en curso. Por consiguiente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, procede sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia este juicio de amparo, en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional programada para celebrarse, a las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente sólo resta señalar, que por auto de veintiocho de julio del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto de a quién le podría recaer el carácter de tercero interesado, hasta en tanto se rinda el informe de Ley, lo cual aconteció; sin embargo, por los motivos expuestos párrafos precedentes, resulta innecesario hacer tal pronunciamiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito signado por María del Pilar Ruiz Palmieri, quien se ostenta apoderado legal de los quejosos GILMA LAURENTINA GUEVARA GONZALEZ, SEBASTIAN BUIRA CLARK, CARLOS RIVERA ARGÜELLES, AARON GONZALEZ MARQUEZ, MANUEL LUJAN SANCHEZ y RICARDO DE LA CRUZ ALEJANDRO, con cuatro copia de la misma y cuatro anexos, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de veintidós de julio del año en curso; por ende, téngase por cumplida la prevención contenida en proveído de en comento, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, vista de nueva cuenta la demanda promovida por la citada María del Pilar Ruiz Palmieri, quien se ostenta apoderado legal de los citados quejosos, contra un acto que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades Atento a lo anterior; con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Amparo en vigor, se reconoce al ocursante María del Pilar Ruiz Palmieri, la calidad con la que se ostenta de apoderado de los quejosos GILMA LAURENTINA GUEVARA GONZALEZ, SEBASTIAN BUIRA CLARK, CARLOS RIVERA ARGÜELLES, AARON GONZALEZ MARQUEZ, MANUEL LUJAN SANCHEZ y RICARDO DE LA CRUZ ALEJANDRO, tal como lo acredita con la copia con firmas autógrafas de la audiencia de diez de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Junta Laboral responsable dentro del expediente 339/2021 de su índice. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda; por tanto, dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase el informe con justificación a las autoridades responsables, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas, que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la responsable para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Ahora, respecto a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, es importante hacer mención del oficio DEY/4458/20, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, signado por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL, Encargado del Despacho de la Delegación Estatal en Yucatán de la Fiscalía General de la República, en el que se comunica que la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, fungirá, a partir del uno de enero del año en curso, como Fiscal Federal Adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; y se proporciona la dirección de correo electrónico institucional: rossana.rosas@pgr.gob.mx, para todo tipo de comunicación oficial con este Juzgado de Distrito, por tanto, hágasele de su conocimiento la admisión de esta demanda por el conducto que indica. En cuanto a las personas a quienes les pudiese recaer el carácter tercero interesado; resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto obre el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables, del que pueda advertirse claramente si cuentan o no con tal carácter. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales, a que hace referencia la parte quejosa en su escrito de demanda, para ser valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, toda vez que en su aclaración de demanda de amparo, solicitó el cotejo de la documentales que anexó consistente en el original de la audiencia de diez de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Junta Laboral responsable dentro del expediente 339/2021 de su índice; en consecuencia, procédase a realizar el cotejo del original exhibido por la ocursante con la copia simple que para tal efecto acompañó, a fin de que ésta última sea agregada a los presentes autos y el original le sea devuelto a la parte quejosa, en días y horas hábiles, cuando las labores del Juzgado lo permitan, previa identificación y recibo que obre en autos. Asimismo, se invita a la autoridad responsable a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, a veintidós de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos al escrito del quejoso RAFAEL ACOSTA SOLÍS, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa copias certificadas de las constancias que solicita, y entréguensele por el conducto que indica, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, cuando las labores de este Juzgado lo permitan. Con apoyo en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el propio treinta y uno de julio; se le deja en aptitud de obtener la cita correspondiente para acudir al Juzgado a obtener las copias correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*

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