Gilberto Villanueva Flores

Expediente 590/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
590/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Gilberto Villanueva Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el cambio de titular de este juzgado, a fin de que dentro del término de tres días, puedan manifestar lo que a sus intereses convenga, toda vez que por oficio número SEADS/1124/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que en sesión ordinaria celebrada el veinte del referido mes y año, la Comisión de Adscripción, a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó la adscripción de la licenciada Daniela María León Linarte, a este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, a partir del dieciséis de noviembre de la presente anualidad. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, con registro 164217, de epígrafe siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso b) y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseimiento fuera de audiencia el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos tres años, pasados treinta días de dicho plazo, se procederá para tal efecto después del DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en la congregación de Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló por acuerdo de cinco de octubre del año en curso, remite copia certificada de la boleta de egreso por libertad del quejoso Gilberto Villanueva Flores, sin que al efecto haya señalado que se trate de un homónimo en relación a la persona que promovió el presente asunto; al respecto, agréguese para los efectos legales a los que haya lugar. Ahora, de autos se advierte que el quejoso Gilberto Villanueva Flores, señaló como acto reclamado en el presente asunto lo siguiente: ( La falta de seguimiento a la controversia judicial 115/2021, mediante escrito registrado con folio 2582 relacionada con solicitud de actividad laboral dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, así como el no otorgar un taller laboral, no tener un taller de capacitación para el trabajo, ni contar con oportunidades de trabajo en los talleres, al igual que no tener convocatorias para acudir a algún taller de capacitación para el trabajo. En ese contexto, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, el cual estipula lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica" Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Del artículo transcrito, se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En esta tesitura, si el acto reclamado por esta vía era la falta de seguimiento a la controversia judicial 115/2021, mediante escrito registrado con folio 2582 relacionada con solicitud de actividad laboral dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, así como el no otorgar un taller laboral, no tener un taller de capacitación para el trabajo, ni contar con oportunidades de trabajo en los talleres, al igual que no tener convocatorias para acudir a algún taller de capacitación para el trabajo, y obra copia certificada del acta administrativa de egreso por libertad 1689/2021, del quejoso Gilberto Villanueva Flores, del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, de lo que se colige que ha operado un cambio de situación jurídica, pues con la copia certificada del acta administrativa de egreso por libertad, debe considerarse que las violaciones impugnadas no podrían ser consumadas. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2, ya que se tratan de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, pues el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, es claro en establecer que se actualiza dicha causal de improcedencia cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de donde se advierte entonces que al excluirse de ese precepto legal, las violaciones a la libertad personal relacionadas con el artículo 16 constitucional, relativas al acto que aquí se reclama, resulta que la improcedencia del juicio de amparo por cambio de situación jurídica, no requiere del dictado de la sentencia definitiva; hipótesis que en la especie se actualiza. Lo anterior es así, en virtud de que las autoridades sobre las que recaían los actos reclamados ya no se encuentran encargadas de su readaptación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Asimismo, apoya a lo anterior, por sus consideraciones, la tesis 1a./95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del nculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus razonamientos jurídicos, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002- PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en la congregación de Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. ... Notifíquese por lista de acuerdos al quejoso, electrónicamente al defensor público del directo quejoso y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que por proveído de cinco de octubre pasado, se requirió a la autoridad responsable Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, para que remita copia certificada de la boleta de egreso por libertad del quejoso Gilberto Villanueva Flores, sin que a la fecha haya sido notificada del oficio por el que se le realizó dicho requerimiento; en mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y, en su lugar, se señalan las DOCE HORAS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista de acuerdos.

  4. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, asentó la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la diligencia por videoconferencia a fin de entablar comunicación con el quejoso Gilberto Villanueva Flores, para desahogar la diligencia ordenada por auto de diecisiete de septiembre del año en curso, toda vez que el personal del centro de reclusión donde se encontraba internado manifestó que que dicho quejoso no se encuentra dentro de la población penitenciaria de ese centro, pues egreso por libertad el pasado veintitrés de septiembre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de la boleta de egreso por libertad del quejoso Gilberto Villanueva Flores, o bien, informe al suscrito si existe algún impedimento legal para ello, para lo cual se pone a su disposición el correo electrónico institucional 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. Lo anterior a fin de estar en oportunidad de acordar lo que en derecho corresponda en el juicio en que se actúa. Apercibido que de no dar cumplimiento al requerimiento en el término que para tal efecto se le concedió, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I, y 259, todos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese por lista de acuerdos.

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