Gilberto Marquez Salas

Expediente 933/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
933/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/10/2019

Partes del expediente

  • Gilberto Marquez Salas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda que dio origen a los presentes autos, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda origen de los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Gilberto Marques Salas, contra actos reclamados al Juez Sexto de Primera instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Misantla, Veracruz. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 933/2019- V -B. Al respecto, se acuerda: De la lectura de la demanda de amparo se aprecia que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: 1. El acuerdo de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, dictado en la audiencia prevista por el artículo 345 del Código de Procedimientos Civiles, en los autos del expediente 341/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Misantla, Veracruz, mediante el cual decretó una convivencia provisional con su menor hija de identidad reservada de iniciales H.M.M.L., en el domicilio de la madre Ana Esmeralda López Hernández, los fines de semana de nueve de la mañana a las dieciséis horas, en la ciudad de Puebla. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Ahora, en principio conviene destacar que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, para ello deberá examinar el escrito de demanda con la finalidad de advertir si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de ser el caso, se desechará de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Sobre el tema, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualizan las siguientes causas de improcedencia: 1. Principio de definitividad. En el caso, el acto reclamado consistente en el acuerdo de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, dictado en la audiencia prevista por el artículo 345 del Código de Procedimientos Civiles, en los autos del expediente 341/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Misantla, Veracruz, mediante el cual decretó una convivencia provisional con su menor hija de identidad reservada de iniciales H.M.M.L., en el domicilio de la madre Ana Esmeralda López Hernández, los fines de semana de nueve de la mañana a las dieciséis horas, en la ciudad de Puebla. Al respecto, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal y en la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que establece lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, el acto reclamado en modo alguno, puede ser nulificado en esta vía constitucional, si no tiene el carácter de definitivo, ya que tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad, en atención a que la ilegalidad que considere la parte interesada que le causa afectación, debe impugnarse dentro del procedimiento civil de donde emana dicho acto, a través del recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que establece: "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelvan un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." Del artículo transcrito se advierte, que el recurso de apelación procede en contra aquellos autos que pueden causar un efecto irreparable en el dictado de la sentencia, además de que el artículo 516 del precitado ordenamiento procesal civil, contempla la suspensión del acto a fin de evitar que produzca un daño irreparable con su ejecución. En ese sentido, se estima que la resolución que establece, restringe, amplia, suspende o modifica el régimen de convivencia, constituye un acto de imposible reparación, toda vez que, en él se materializa la forma de convivencia entre la menor con su padre no custodio hasta el dictado de la sentencia firme, donde se decide la convivencia definitiva; por tanto, los efectos y consecuencias jurídicas, no pueden retrotraerse con la sola emisión de la sentencia definitiva, porque el objetivo de la convivencia es fortalecer los vínculos afectivos del menor a través de la interacción periódica con el padre no custodio, sin existir la posibilidad de resarcir los efectos producidos en la esfera emocional y psicológica de la infante. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la tesis: XVII.1o.C.T.9 C (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. CONTRA EL ACUERDO EN EL QUE SE SEÑALAN DE MANERA PROVISIONAL DÍAS, HORAS Y LUGAR EN QUE EL PROGENITOR QUE NO TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR, PUEDA CONVIVIR CON ÉSTE, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a los artículos 903-4 y 903-6 del título décimo cuarto del capítulo único del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación con los diversos 824 y 826, inciso a), del mismo ordenamiento legal, contra los proveídos que de manera provisional señalan días, horas y lugar para que se lleve a cabo la convivencia del progenitor que no tiene la guarda y custodia de su menor hijo, procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, ya que el gravamen que pudiera ocasionarse con el citado régimen de convivencia, no se repararía en sentencia definitiva, porque en ésta se analizaría si se acreditaron las acciones y excepciones, pero no el horario provisional y el domicilio fijados para que se efectuara tal convivencia." (lo subrayado es propio). Por tanto, en la ley ordinaria sí existe un medio ordinario de defensa en contra del acto que en esta vía se combate, como lo es el recurso de apelación el cual tiene por objeto revocar, modificar o confirmar el auto que se impugna, de ahí, que de conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, para que la tutela de derechos humanos pueda acontecer, el quejoso debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. En ese sentido, si en contra del acto reclamado procede el recurso de apelación, previo a la demanda de amparo, la parte quejosa debió agotar tal medio ordinario de defensa previsto en la ley ordinaria y al no haberlo hecho así, el presente juicio de amparo es improcedente de acuerdo con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1ª./J 44/2012(10ª.), la cual establece lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". No es óbice a la anterior determinación, que en el presente juicio estén inmersos derechos de un menor, pues no basta con que un acto sea irreparable para inobservar el principio de definitividad, aun en asuntos que traten sobre menores de edad, ya que la excepción a dicho principio opera cuando el acto reclamado no pueda ser impugnado mediante un medio ordinario de defensa, por su inexistencia, o que existiendo no resulte idóneo para combatir sus efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En efecto, el recurso de apelación tiene como finalidad la de revocar, modificar o confirmar el acto que se combate, sin que pase inadvertido que de la lectura integral de la demanda de amparo no se desprenden datos que hagan posible presumir que exista un riesgo para el menor; por lo cual, no existe excepción al principio de definitividad, resultando exigible la interposición del medio ordinario de defensa para la procedencia del juicio constitucional; al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada con antelación, de rubro "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL". Es de resaltar, que el quejoso es parte en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, por lo que no se ubica en la hipótesis de excepción a que se refiere la fracción XVIII del precepto 61 de la ley de la materia, esto es, que se trate de una persona extraña al procedimiento natural, sea en forma total o por equiparación. Además, en el caso resulta que el acto en análisis no es de aquéllos que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, por lo que tampoco se está en el supuesto de excepción a que se refiere el inciso a) de la fracción y numeral invocados. También, debe decirse que el acto reclamado no se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, de vinculación a proceso, que niegue la libertad provisional bajo caución o que se decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, arresto, o cualquiera que afecta la libertad personal del quejoso, por lo que es evidente que no ésta en un caso de excepción. Asimismo, la procedencia del recurso de apelación se encuentra previsto de manera expresa y directa en el citado numeral 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por lo que no se encuentra sujeto a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, además el capítulo al que refiere dicho precepto trata entre otras cuestiones, lo conducente respecto de los autos que puedan causar un daño irreparable en la sentencia. Sirve de apoyo, la tesis XVI.2o.C.T.1K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). El citado artículo prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la disposición contempla que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora bien, la hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el porqué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales." Cabe destacar, que el veintiocho de junio del año en curso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el toca 468/2017, de su índice, resolvió en el mismo sentido en un caso similar, esto es, que el régimen de convivencia es impugnable mediante el recurso de apelación, toda vez que dicho acto es de imposible reparación, el cual, se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia XXI.3o. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que al rubro y texto dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones". De igual forma, apoya a la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J. 27/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial". En dicha ejecutoria el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, expuso en lo que interesa lo siguiente: "Xalapa de Enríquez, Veracruz, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, después de haber deliberado en la sesión pública de veintiocho de junio de dos mil dieciocho emite la siguiente. S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el toca 468/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por .., en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado con residencia en Boca del Río, Veracruz, en los autos del juicio de amparo ../2017. Ahora bien, a efecto de emitir la resolución correspondiente este Tribunal Colegiado de Circuito considera que las preguntas a resolver son: (...) INTRODUCCIÓN El presente recurso deriva del juicio de amparo instaurado contra la resolución emitida por el Juzgado.. de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de ., Veracruz, en la que se amplió el régimen de convivencia provisional previamente establecido. En dicho juicio, el Juez constitucional determinó el sobreseimiento del mismo, toda vez que no se había agotado el principio de definitividad. (.) 19. Al respecto, el propio ordenamiento adjetivo civil, en su artículo 509 establece que el recurso de apelación procede en contra aquellos autos que pueden causar un efecto irreparable en el dictado de la sentencia, además de que contempla la suspensión del acto a fin de evitar que produzca un daño irreparable con su ejecución. 20. En este orden de ideas, se estima que la resolución que establece, restringe, amplia, suspende o modifica el régimen de convivencia, constituye un acto de imposible reparación, toda vez que, en él se materializa la forma de convivencia entre el menor con el progenitor no custodio hasta el dictado de la sentencia firme, donde se decide la convivencia definitiva; por tanto, los efectos y consecuencias jurídicas, no pueden retrotraerse con la sola emisión de la sentencia definitiva, porque el objetivo de la convivencia es fortalecer los vínculos afectivos del menor a través de la interacción periódica con el progenitor no custodio, sin existir la posibilidad de resarcir los efectos producidos en la esfera emocional y psicológica del infante. 21. En razón de lo anterior, este Órgano Colegiado estima que el régimen de convivencia es impugnable mediante el recurso de apelación, pues dicho acto es de imposible reparación y no está contemplado dentro de las hipótesis previstas en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 22. Por consiguiente, la respuesta a la segunda de las interrogantes formuladas en esta sentencia es afirmativa, pues como se ha señalado sí existe un medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado, como lo es el recurso de apelación el cual tiene por objeto revocar, modificar o confirmar el auto que se impugna, en consecuencia devienen inoperantes los agravios de la inconforme. 23. Ahora bien, por cuanto hace al tercero de los planteamientos realizados en esta ejecutoria concerniente a que si ¿es exigible el principio de definitividad tratándose de juicios en los que se afecten derechos de menores?, dicha interrogante se contesta conforme a las directrices establecidas en jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10ª) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, datos de localización y texto se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2005039 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.) Página: 350 DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. 24. Tal criterio establece que no basta con que un acto sea irreparable para inobservar el principio de definitividad, aun en asuntos que traten sobre menores de edad, pues la excepción a dicho principio opera cuando el acto reclamado no pueda ser impugnado mediante un medio ordinario de defensa, por su inexistencia, o que existiendo no resulte idóneo para combatir sus efectos. 25. En efecto, el recurso de apelación tiene como finalidad la de revocar, modificar o confirmar el auto que se impugna, sin que pase inadvertido que de la lectura integral de la demanda de amparo no se desprenden datos que hagan posible presumir que exista un riesgo para el menor de llevarse a cabo la convivencia con el progenitor no custodio, pues la madre no aduce ningún argumento en tal sentido, e inclusive el juez de primer grado determinó que no existían elementos que para establecer que la ampliación del régimen de convivencia implicara un riesgo para el infante. 26. Por lo cual, no existe excepción al principio de definitividad; por ende, es exigible la interposición del medio ordinario de defensa para la procedencia del juicio constitucional, al respecto resulta aplicable el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe Época: Décima Época Registro: 2001155 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.) Página: 729 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. 27. En consecuencia, deviene infundado el agravio planteado en la letra A de la presente sentencia, pues como se ha señalado sí se debe agotarse el principio de definitividad antes de promover el juicio constitucional, sin que ello implique que el juez de amparo se extralimite de sus facultades, pues de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, de advertirse una causal manifiesta e indudable de improcedencia, el juez de amparo podrá sobreseer el juicio." Del amparo en revisión citado, derivó la tesis aislada VII.2o.C.159 C (10a.), publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2504, de la Décima Época, que a pesar de que se trata de una tesis aislada que no resulta obligatorio para este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, el suscrito se acoge al criterio externado en la ejecutoria de la que se deduce. "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA PROVISIONAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA ESTABLEZCA, RESTRINJA, AMPLÍE, SUSPENDA O MODIFIQUE CON EL PROGENITOR NO CUSTODIO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos pues, de ejecutarse, sus efectos y consecuencias no pueden repararse con la emisión de una sentencia favorable; en esas circunstancias, la resolución que establezca, restrinja, amplíe, suspenda o modifique el régimen de convivencia, constituye un acto de imposible reparación, toda vez que en él se materializa la forma de convivencia entre el menor con el progenitor no custodio hasta el dictado de la sentencia firme, donde se decide la convivencia definitiva; por tanto, los efectos y consecuencias jurídicas no pueden retrotraerse con la sola emisión de la sentencia definitiva, porque el objetivo de la convivencia es fortalecer los vínculos afectivos del menor mediante la interacción periódica con el progenitor no custodio, sin existir la posibilidad de resarcir los efectos producidos en la esfera emocional y psicológica del infante; en consecuencia, contra la resolución que establezca, restrinja, amplíe, suspenda o modifique la convivencia de un menor con un progenitor no custodio, procede el amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.32/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Armando Velázquez Rivera, Oscar Daniel Espinoza Guzmán y Modesto Aquino Sánchez, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con los registros números 30208, 40977 y 15355, y por autorizados con las restricciones que impone el citado precepto, a Luis Alberto Rosales García, Leonardo López Hernandez y Janeth Guadalupe Alarcón Landa, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, ni tampoco la parte quejosa acreditó que éstos cuenten con dichos documentos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Uriel Curti Espinosa, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en lo establecido por los artículos 27, fracción I, inciso b) y el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo Vigente, se notifica por lista de acuerdo a la parte quejosa el proveído siguiente: Xalapa-Enríquez, Veracruz, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Gilberto Marques Salas, contra actos reclamados al Juez Sexto de Primera instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Misantla, Veracruz. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 933/2019-V-B. Al respecto, se acuerda: De la lectura de la demanda de amparo se aprecia que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: 1. El acuerdo de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, dictado en la audiencia prevista por el artículo 345 del Código de Procedimientos Civiles, en los autos del expediente 341/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Misantla, Veracruz, mediante el cual decretó una convivencia provisional con su menor hija de identidad reservada de iniciales H.M.M.L., en el domicilio de la madre Ana Esmeralda López Hernández, los fines de semana de nueve de la mañana a las dieciséis horas, en la ciudad de Puebla. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Ahora, en principio conviene destacar que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, para ello deberá examinar el escrito de demanda con la finalidad de advertir si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de ser el caso, se desechará de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Sobre el tema, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualizan las siguientes causas de improcedencia: 1. Principio de definitividad. En el caso, el acto reclamado consistente en el acuerdo de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, dictado en la audiencia prevista por el artículo 345 del Código de Procedimientos Civiles, en los autos del expediente 341/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Misantla, Veracruz, mediante el cual decretó una convivencia provisional con su menor hija de identidad reservada de iniciales H.M.M.L., en el domicilio de la madre Ana Esmeralda López Hernández, los fines de semana de nueve de la mañana a las dieciséis horas, en la ciudad de Puebla. Al respecto, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal y en la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que establece lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, el acto reclamado en modo alguno, puede ser nulificado en esta vía constitucional, si no tiene el carácter de definitivo, ya que tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad, en atención a que la ilegalidad que considere la parte interesada que le causa afectación, debe impugnarse dentro del procedimiento civil de donde emana dicho acto, a través del recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que establece: "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelvan un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." Del artículo transcrito se advierte, que el recurso de apelación procede en contra aquellos autos que pueden causar un efecto irreparable en el dictado de la sentencia, además de que el artículo 516 del precitado ordenamiento procesal civil, contempla la suspensión del acto a fin de evitar que produzca un daño irreparable con su ejecución. En ese sentido, se estima que la resolución que establece, restringe, amplia, suspende o modifica el régimen de convivencia, constituye un acto de imposible reparación, toda vez que, en él se materializa la forma de convivencia entre la menor con su padre no custodio hasta el dictado de la sentencia firme, donde se decide la convivencia definitiva; por tanto, los efectos y consecuencias jurídicas, no pueden retrotraerse con la sola emisión de la sentencia definitiva, porque el objetivo de la convivencia es fortalecer los vínculos afectivos del menor a través de la interacción periódica con el padre no custodio, sin existir la posibilidad de resarcir los efectos producidos en la esfera emocional y psicológica de la infante. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la tesis: XVII.1o.C.T.9 C (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. CONTRA EL ACUERDO EN EL QUE SE SEÑALAN DE MANERA PROVISIONAL DÍAS, HORAS Y LUGAR EN QUE EL PROGENITOR QUE NO TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR, PUEDA CONVIVIR CON ÉSTE, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a los artículos 903-4 y 903-6 del título décimo cuarto del capítulo único del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación con los diversos 824 y 826, inciso a), del mismo ordenamiento legal, contra los proveídos que de manera provisional señalan días, horas y lugar para que se lleve a cabo la convivencia del progenitor que no tiene la guarda y custodia de su menor hijo, procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, ya que el gravamen que pudiera ocasionarse con el citado régimen de convivencia, no se repararía en sentencia definitiva, porque en ésta se analizaría si se acreditaron las acciones y excepciones, pero no el horario provisional y el domicilio fijados para que se efectuara tal convivencia." (lo subrayado es propio). Por tanto, en la ley ordinaria sí existe un medio ordinario de defensa en contra del acto que en esta vía se combate, como lo es el recurso de apelación el cual tiene por objeto revocar, modificar o confirmar el auto que se impugna, de ahí, que de conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, para que la tutela de derechos humanos pueda acontecer, el quejoso debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. En ese sentido, si en contra del acto reclamado procede el recurso de apelación, previo a la demanda de amparo, la parte quejosa debió agotar tal medio ordinario de defensa previsto en la ley ordinaria y al no haberlo hecho así, el presente juicio de amparo es improcedente de acuerdo con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1ª./J 44/2012(10ª.), la cual establece lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". No es óbice a la anterior determinación, que en el presente juicio estén inmersos derechos de un menor, pues no basta con que un acto sea irreparable para inobservar el principio de definitividad, aun en asuntos que traten sobre menores de edad, ya que la excepción a dicho principio opera cuando el acto reclamado no pueda ser impugnado mediante un medio ordinario de defensa, por su inexistencia, o que existiendo no resulte idóneo para combatir sus efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En efecto, el recurso de apelación tiene como finalidad la de revocar, modificar o confirmar el acto que se combate, sin que pase inadvertido que de la lectura integral de la demanda de amparo no se desprenden datos que hagan posible presumir que exista un riesgo para el menor; por lo cual, no existe excepción al principio de definitividad, resultando exigible la interposición del medio ordinario de defensa para la procedencia del juicio constitucional; al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada con antelación, de rubro "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL". Es de resaltar, que el quejoso es parte en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, por lo que no se ubica en la hipótesis de excepción a que se refiere la fracción XVIII del precepto 61 de la ley de la materia, esto es, que se trate de una persona extraña al procedimiento natural, sea en forma total o por equiparación. Además, en el caso resulta que el acto en análisis no es de aquéllos que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, por lo que tampoco se está en el supuesto de excepción a que se refiere el inciso a) de la fracción y numeral invocados. También, debe decirse que el acto reclamado no se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, de vinculación a proceso, que niegue la libertad provisional bajo caución o que se decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, arresto, o cualquiera que afecta la libertad personal del quejoso, por lo que es evidente que no ésta en un caso de excepción. Asimismo, la procedencia del recurso de apelación se encuentra previsto de manera expresa y directa en el citado numeral 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por lo que no se encuentra sujeto a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, además el capítulo al que refiere dicho precepto trata entre otras cuestiones, lo conducente respecto de los autos que puedan causar un daño irreparable en la sentencia. Sirve de apoyo, la tesis XVI.2o.C.T.1K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). El citado artículo prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la disposición contempla que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora bien, la hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el porqué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales." Cabe destacar, que el veintiocho de junio del año en curso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el toca 468/2017, de su índice, resolvió en el mismo sentido en un caso similar, esto es, que el régimen de convivencia es impugnable mediante el recurso de apelación, toda vez que dicho acto es de imposible reparación, el cual, se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia XXI.3o. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que al rubro y texto dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones". De igual forma, apoya a la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J. 27/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial". En dicha ejecutoria el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, expuso en lo que interesa lo siguiente: "Xalapa de Enríquez, Veracruz, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, después de haber deliberado en la sesión pública de veintiocho de junio de dos mil dieciocho emite la siguiente. S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el toca 468/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por .., en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado con residencia en Boca del Río, Veracruz, en los autos del juicio de amparo ../2017. Ahora bien, a efecto de emitir la resolución correspondiente este Tribunal Colegiado de Circuito considera que las preguntas a resolver son: (...) INTRODUCCIÓN El presente recurso deriva del juicio de amparo instaurado contra la resolución emitida por el Juzgado.. de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de ., Veracruz, en la que se amplió el régimen de convivencia provisional previamente establecido. En dicho juicio, el Juez constitucional determinó el sobreseimiento del mismo, toda vez que no se había agotado el principio de definitividad. (.) 19. Al respecto, el propio ordenamiento adjetivo civil, en su artículo 509 establece que el recurso de apelación procede en contra aquellos autos que pueden causar un efecto irreparable en el dictado de la sentencia, además de que contempla la suspensión del acto a fin de evitar que produzca un daño irreparable con su ejecución . 20. En este orden de ideas, se estima que la resolución que establece, restringe, amplia, suspende o modifica el régimen de convivencia, constituye un acto de imposible reparación, toda vez que, en él se materializa la forma de convivencia entre el menor con el progenitor no custodio hasta el dictado de la sentencia firme, donde se decide la convivencia definitiva; por tanto, los efectos y consecuencias jurídicas, no pueden retrotraerse con la sola emisión de la sentencia definitiva, porque el objetivo de la convivencia es fortalecer los vínculos afectivos del menor a través de la interacción periódica con el progenitor no custodio, sin existir la posibilidad de resarcir los efectos producidos en la esfera emocional y psicológica del infante. 21. En razón de lo anterior, este Órgano Colegiado estima que el régimen de convivencia es impugnable mediante el recurso de apelación, pues dicho acto es de imposible reparación y no está contemplado dentro de las hipótesis previstas en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 22. Por consiguiente, la respuesta a la segunda de las interrogantes formuladas en esta sentencia es afirmativa, pues como se ha señalado sí existe un medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado, como lo es el recurso de apelación el cual tiene por objeto revocar, modificar o confirmar el auto que se impugna, en consecuencia devienen inoperantes los agravios de la inconforme. 23. Ahora bien, por cuanto hace al tercero de los planteamientos realizados en esta ejecutoria concerniente a que si ¿es exigible el principio de definitividad tratándose de juicios en los que se afecten derechos de menores?, dicha interrogante se contesta conforme a las directrices establecidas en jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10ª) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, datos de localización y texto se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2005039 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.) Página: 350 DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. 24. Tal criterio establece que no basta con que un acto sea irreparable para inobservar el principio de definitividad, aun en asuntos que traten sobre menores de edad, pues la excepción a dicho principio opera cuando el acto reclamado no pueda ser impugnado mediante un medio ordinario de defensa, por su inexistencia, o que existiendo no resulte idóneo para combatir sus efectos. 25. En efecto, el recurso de apelación tiene como finalidad la de revocar, modificar o confirmar el auto que se impugna, sin que pase inadvertido que de la lectura integral de la demanda de amparo no se desprenden datos que hagan posible presumir que exista un riesgo para el menor de llevarse a cabo la convivencia con el progenitor no custodio, pues la madre no aduce ningún argumento en tal sentido, e inclusive el juez de primer grado determinó que no existían elementos que para establecer que la ampliación del régimen de convivencia implicara un riesgo para el infante. 26. Por lo cual, no existe excepción al principio de definitividad; por ende, es exigible la interposición del medio ordinario de defensa para la procedencia del juicio constitucional, al respecto resulta aplicable el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe Época: Décima Época Registro: 2001155 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.) Página: 729 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. 27. En consecuencia, deviene infundado el agravio planteado en la letra A de la presente sentencia, pues como se ha señalado sí se debe agotarse el principio de definitividad antes de promover el juicio constitucional, sin que ello implique que el juez de amparo se extralimite de sus facultades, pues de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo , de advertirse una causal manifiesta e indudable de improcedencia, el juez de amparo podrá sobreseer el juicio." Del amparo en revisión citado, derivó la tesis aislada VII.2o.C.159 C (10a.), publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2504, de la Décima Época, que a pesar de que se trata de una tesis aislada que no resulta obligatorio para este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, el suscrito se acoge al criterio externado en la ejecutoria de la que se deduce. "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA PROVISIONAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA ESTABLEZCA, RESTRINJA, AMPLÍE, SUSPENDA O MODIFIQUE CON EL PROGENITOR NO CUSTODIO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos pues, de ejecutarse, sus efectos y consecuencias no pueden repararse con la emisión de una sentencia favorable; en esas circunstancias, la resolución que establezca, restrinja, amplíe, suspenda o modifique el régimen de convivencia, constituye un acto de imposible reparación, toda vez que en él se materializa la forma de convivencia entre el menor con el progenitor no custodio hasta el dictado de la sentencia firme, donde se decide la convivencia definitiva; por tanto, los efectos y consecuencias jurídicas no pueden retrotraerse con la sola emisión de la sentencia definitiva, porque el objetivo de la convivencia es fortalecer los vínculos afectivos del menor mediante la interacción periódica con el progenitor no custodio, sin existir la posibilidad de resarcir los efectos producidos en la esfera emocional y psicológica del infante; en consecuencia, contra la resolución que establezca, restrinja, amplíe, suspenda o modifique la convivencia de un menor con un progenitor no custodio, procede el amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.32/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Armando Velázquez Rivera, Oscar Daniel Espinoza Guzmán y Modesto Aquino Sánchez, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con los registros números 30208, 40977 y 15355, y por autorizados con las restricciones que impone el citado precepto, a Luis Alberto Rosales García, Leonardo López Hernandez y Janeth Guadalupe Alarcón Landa, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, ni tampoco la parte quejosa acreditó que éstos cuenten con dichos documentos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Uriel Curti Espinosa, Secretario que autoriza y da fe.

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