Gilberto Galassi Almora

Expediente 282/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
282/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • Gilberto Galassi Almora

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio A 259/2019, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el toca de queja 81/2019, de su índice, cuyo único punto resolutivo establece: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por GILBERTO GALASSI ALMORA, contra el proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Secretario en funciones de Juez de Distrito, adscrito al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto 282/2019." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; asimismo, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse confirmado el auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; lo anterior, con posterioridad al VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso Gilberto Galassi Almora, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve; por tanto, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe en relación con el aludido medio de impugnación, aceptándose el acto reclamado por el recurrente, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En ese orden de ideas, remítanse copias debidamente certificadas de todas las actuaciones que integran el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, juntamente con el escrito original de agravios, y la copia correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Gilberto Galassi Almora contra actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 282/2019-IV-A. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO En ejercicio de la facultad que a este Juzgado confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, que este órgano jurisdiccional considera suficiente para desechar de plano la demanda de amparo acorde a las siguientes consideraciones: A efecto de justificar esa afirmación, debe tomarse en cuenta que el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta a este órgano de control constitucional, para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causa de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo se colige que, el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones; y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" (Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Tesis I. 4o. C. J/3, página 655). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Lo constituye el siguiente: "A. AL C. JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, LE RECLAMO EL ACUERDO DICTADO MEDIANTE AUTO DE FECHA 21 DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DEL EXPEDIENTE 1358/2014/IV, EN DONDE SEÑALA FECHA DE AUDIENCIA DE REMATE PARA EL DÍA 9 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO Y ORDENA LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS DE LA MISMA ANTE DIFERENTES AUTORIDADES. B. A TODOS Y CADA UNA DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, LES RECLAMO EL ACTO CONSISTENTE EN LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS RESPECTO A AUDIENCIA DE REMATE PARA EL DÍA NUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DICTADO MEDIANTE AUTO DE FECHA 21 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DEL EXPEDIENTE 1358/2014/IV RADICADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN XALAPA, VERACRUZ." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso que no ocupa, este juzgador estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la propia ley, que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. .Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Lo dispuesto en el primer precepto legal transcrito debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, del cual se desprende que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio o después de concluido. Sin embargo, tratándose de asuntos donde se esté tramitando un procedimiento de remate, la ley de la materia impone como restricción que el juicio de amparo sólo será procedente contra la última resolución, entendida ésta como la que: en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la que ordene la entrega de los bienes rematados; Es decir, basta con que se haya emitido cualquiera de las resoluciones antes señaladas para que en términos de esta fracción, proceda el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, en el presente asunto se señala como acto reclamado el auto de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 1358/2014/IV, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en donde se señala el día nueve de mayo del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de remate y ordena la publicación de edictos de conformidad con el artículo 414 del Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz, y de la lectura de la demanda de amparo no se advierte que hasta este momento procesal se haya ordenado la escrituración de bienes, o la entrega de los mismos, sino que se fijó fecha para la audiencia de remate y se ordenó la publicación de edictos. En este contexto, resulta patente para el suscrito que el acto de que se duele el promovente de amparo, fue dictado en preparación del remate de un bien inmueble, en el cual, no se ha dictado acuerdo donde se ordene la escrituración de bienes, ni se ha ordenado la entrega de los mismos; por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la Ley de Amparo, en razón de que el acto que se pretende combatir no es la última resolución del procedimiento de remate, entendida esta como la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la que ordena la entrega de los bienes rematados, sino que únicamente se trata de un acto intermedio de ejecución emitido dentro de tal procedimiento. De tal manera, que si el acto que pretende combatir mediante juicio de amparo el promovente, es únicamente el auto donde se fija fecha para la audiencia de remate del inmueble que se disputa y se ordena la publicación de edictos que dispone el artículo 414 del Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz, por tanto, es claro que no se actualiza el supuesto de procedencia que establece el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, si bien el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional, para esto se requiere la demostración de interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte agraviada corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Así que es menester precisar que el aquí quejoso no se ostenta con el carácter de tercero extraño a juicio en estricto sentido ni por equiparación, lo anterior, se determina de esa manera en virtud de lo expresado en su propio ocurso constitucional, en el que bajo protesta de decir verdad manifestó que es parte demanda en el juicio de origen, esto porque Graciela Cevallos Rodríguez promovió divorcio necesario y pensión alimenticia a favor de un menor de identidad reservada y en contra del aquí quejoso, en el que después de llegar a un convenio con la demanda se procedió a la partición de bienes, esto por efecto de la disolución de la sociedad conyugal, sin embargo la parte actora se opuso a firmar e incluso recurrió el auto en donde se desprendía el procedimiento para firmar las escrituras públicas que correspondían al quejoso derivado de la liquidación de bienes, y como el quejosos aduce por conveniencia de la parte actora en el juicio natural, la misma ha realizado gestiones para subastar el inmueble propiedad del quejoso, motivo de la disyuntiva. Por ende, es claro que el quejoso es parte demandada en el juicio natural, procedimiento al que fue emplazado y contestó la demanda entablada en su contra. Al caso, es oportuno citar de modo orientador y aplicada en sentido contrario la jurisprudencia PC.I.C. J/20 C (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en el Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de rubro y texto siguiente. "ADJUDICACIÓN DIRECTA DE BIENES EMBARGADOS O HIPOTECADOS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, y que tratándose de remates, únicamente la que ordena en forma definitiva la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados tiene ese carácter, también lo es que las normas no sólo deben interpretarse literalmente, especialmente cuando se advierte que bajo ese tipo de interpretación el efecto sería precisamente el que la norma pretende evitar. En el caso del artículo mencionado, la ratio legis consiste en impedir que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo y, precisamente tomando en cuenta ese fin, al impedir que se impugne en el juicio de amparo biinstancial la resolución que niega la adjudicación directa del bien embargado durante el juicio, o hipotecado, en favor de quien obtuvo sentencia definitiva favorable, puede provocarse el efecto contrario, porque se impide que la ejecución de la sentencia se lleve a cabo con la mayor expeditez posible a través de la adjudicación directa de los bienes indicados, la cual constituye una vía alterna al procedimiento ordinario de remate que la ley otorga expresamente al ejecutante para satisfacer el derecho que tiene a la realización práctica de la sentencia firme que acogió su pretensión; además, con la decisión denegatoria de la petición respectiva se concluye el trámite por el que se optó en lugar de seguirse el cauce ordinario del procedimiento de remate por todas sus etapas. Así, se concluye que atento al propio fin de la norma, cuando el Juez niega adjudicar en forma directa al ejecutante el bien embargado o hipotecado, esa resolución, una vez que se hace definitiva, puede impugnarse en el amparo indirecto sin necesidad de esperar a que se emita la sentencia en que se ordene su entrega y escrituración, precisamente porque la sentencia estimatoria que obtuvo le generó el derecho a obtener la satisfacción plena de las prestaciones materia de la condena impuesta a su contraparte; y no permitir el control constitucional sobre esas determinaciones, podría hacer nugatorio el derecho que por disposición legal le corresponde para tales efectos al ejecutante. Esta interpretación es la más apegada a los fines a los que obliga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el derecho al acceso a la justicia no sólo incluye el dictado de la resolución, sino además la expeditez en su ejecución, de modo que, de estimarse improcedente el amparo biinstancial contra el fallo que niega la adjudicación directa al ejecutante, se propiciaría el entorpecimiento de la ejecución en casos en que puede llevarse a cabo en forma abreviada." Tiene aplicación al caso, la Tesis en Materia Común número XXVII.3o.90 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en marzo de 2016, décima época, visible en la página 1680, tomo II, del libro 28, registro 2011255, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL DE SU PROCEDENCIA TRATÁNDOSE DE LA ADJUDICACIÓN DE UN INMUEBLE OBJETO DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA. Por regla general para la procedencia del juicio de amparo contra actos después de concluido el juicio debe tomarse en cuenta si la resolución es dictada: a) fuera o después de un procedimiento de ejecución o remate; b) en un procedimiento de ejecución, sólo procede contra aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; c) en un procedimiento de remate, sólo procede contra aquella que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; lo anterior, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin embargo, el citado numeral, en su fracción V establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, por lo que se considera que dicha regla de procedencia opera en el procedimiento de ejecución tratándose de actos de imposible reparación ajenos a la cosa juzgada, lo que implica que deben ser autónomos a ésta. En este sentido, el acto que se reclame como de imposible reparación en el procedimiento de ejecución deberá cumplir con las siguientes características: i) Ser intermedio dentro del procedimiento de ejecución; ii) Ser autónomo a la institución de la cosa juzgada; y, iii) Lesionar derechos sustantivos. Estos supuestos tienen como sustento teleológico, que el legislador privilegió en todo momento la ejecución de la sentencia por tratarse de una cuestión de interés general, en tanto que como cosa juzgada debe llevar aparejada su realización fáctica a favor de la parte vencedora del litigio, como vertiente del derecho fundamental de acceso a la justicia, además de que concreta la acción jurisdiccional del Estado, como parte de sus fines y, por ende, de la sociedad en general. Empero, no debe pasar inadvertido que este derecho constitucional puede ser lesionado dentro del procedimiento de ejecución, mediante un acto de imposible reparación, lo que conllevaría la procedencia del amparo indirecto, como en el caso en que se reclama el acuerdo por el que no se provee de conformidad la solicitud de adjudicación directa del inmueble objeto de la ejecución de sentencia, con motivo del incumplimiento de un requisito procesal, porque debe atenderse a que la finalidad de dicha solicitud es agilizar la etapa ejecutiva de la sentencia y no obstaculizarla, por lo que es de carácter autónomo por no derivar de la cosa juzgada y podría lesionar el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales, en tanto que su objeto es analizar si es correcto o no que exista un obstáculo legal que impida la culminación del procedimiento de ejecución. Asimismo, como apoyo se encuentra el criterio jurisprudencial 13/2016 emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, Abril de 2016, Tomo II, registro 2011474, de rubro y texto siguiente. "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En tales condiciones, resulta claro que no se actualiza la hipótesis de procedencia establecida en el artículo 107, fracción IV, en virtud de que el auto de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, emitido dentro de la sección de ejecución del Juicio Civil número 1358/2014, del índice del Juzgado segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, en el que se fijó fecha para la audiencia de remate y se ordenó la publicación de edictos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 414 del Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz, no se trata de una resolución que actualice alguna de las hipótesis previstas en el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En ese orden de ideas, toda vez que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda intentada por Gilberto Galassi Almora. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en la demanda de amparo y como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Licona Martínez y Ramón Priego Castillo, ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con los registros 176201 y 95046. SE HABILITAN HORAS Y DÍAS HÁBILES AL ACTUARIO JUDICIAL. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a cualquiera de los actuarios que le corresponda practicar alguna notificación relativa al presente expediente. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario adscrito al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, según acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve, contenido en oficio CCJ/ST/122/2019, que remite el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, ante la licenciada Blanca Ofelia Prieto Vega, Secretaria con quien actúa. Doy fe. La Suscrita Secretaria hace constar que el presente proveído se encuentra debidamente digitalizado y vinculado. Doy fe cca*

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