Gilberto Ramirez Espinoza

Expediente 198/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 31 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
198/2015
Año
2015
Actuaciones
31
Última actuación
25/02/2016

Partes del expediente

  • Gilberto Ramirez Espinoza
  • Juez de Garantia. Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha ocho de enero del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido debiéndose glosar a este expediente, el original del incidente de suspensión y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y dado que se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se concedió la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIIA

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta firmado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que conmina al Juez responsable dé cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de garantías; toda vez que con fecha ocho de enero del año en curso, se tuvo por cumplida la misma. Notifíquese. IIIA

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cinco de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta firmado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que conmina al Juez responsable dé cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de garantías; toda vez que con fecha ocho de enero del año en curso, se tuvo por cumplida la misma. Notifíquese. IIIA

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a ocho de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito signado por Lamberto Villanueva Agatón y Agustín René Gómez Velásquez, autorizados legales del quejoso, por el que desahogan la vista que se ordenó dar al quejoso por acuerdo que antecede, refiriendo que no están de acuerdo con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez responsable por los motivos que exponen. En consecuencia, a efecto de determinar si la autoridad judicial responsable cumple en sus términos con la aludida ejecutoria, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el veintitrés de septiembre de dos mil quince (fojas 87 A 97), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a GILBERTO RAMÍREZ ESPINOZA, para el efecto de que: I. El Juez responsable dejara insubsistente la resolución reclamada de fecha veintinueve de marzo de dos mil quince, dictada en la causa penal número 90/2015 de su índice. II. Emitiera otra en la que razonara si se actualiza la duda razonable al ser aislado el testimonio de la víctima respecto de la mecánica de los hechos delictuosos y considerara que para la tentativa de homicidio únicamente existe dicho testimonio aislado sin encontrarse corroborado con otro elemento probatorio idóneo. III. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción que le es propia, resolviera lo que en derecho correspondiera. Sentencia que al causar ejecutoria el catorce de octubre de dos mil quince, se requirió su cumplimiento al Juez responsable. Por tal razón, la autoridad judicial mediante oficio número CJ/JGMPT/01550/2015-J, remitió copia certificada de la resolución que dictó el veintiocho de octubre de dos mil quince, en la cual dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso de fecha veintinueve de marzo de dos mil quince y nuevamente decretó auto de vinculación a proceso al quejoso, como probable partícipe en la comisión del hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de Alfonso Carrasco Jiménez. Previos requerimientos que se formularon al Juez responsable a efecto de que acatara en sus términos la sentencia concesoria, por oficio número CJ/JGMPT/1882/2015-J, remitió copia certificada de la nueva resolución que dictó el veintinueve de diciembre de dos mil quince, en la causa penal 90/2015 de su índice, en la cual dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso emitido el catorce de diciembre de dos mil quince, y una vez que vertió los razonamientos jurídicos que estimó pertinentes, en relación a si se actualizaba la duda razonable al ser aislado el testimonio de la víctima respecto de la mecánica de los hechos delictuosos y considerara que para la tentativa de homicidio únicamente existe dicho testimonio aislado sin encontrarse corroborado con otro elemento probatorio idóneo; nuevamente dictó auto de vinculación contra el quejoso de mérito, como probable participe en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de Alfonso Carrasco Jiménez. En dicha resolución, en lo que interesa, el Juez de Garantía expuso literalmente lo siguiente: ".Ahora bien en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo que originó la presente resolución, en su estricto cumplimiento en primer lugar razonaré si se actualiza la duda razonable al ser aislado el testimonio de la víctima respecto de los hechos delictuosos que se analizan - no obstante que este concepto dobra vigencia propiamente en la etapa de juicio y no en la etapa preliminar como nos encontramos en este momento-, y posteriormente consideraré que para la tentativa de homicidio únicamente existe dicho testimonio aislado sin encontrarse corroborado con otro elemento probatorio idóneo. En ese orden una vez analizado y razonado los datos de prueba que fueron vertidos por el representante social, a juicio de este resolutor no se actualiza la duda razonable a favor del imputado, ello no obstante que el testimonio de la víctima es, -como lo refiere el Juez Federal en su resolución- aislado respecto de la mecánica de hechos delictuosos que se analizan, pues como se dijo con anterioridad, basta que existan datos suficientes que permitan considerar que el imputado participó en el hecho que se le imputa, siendo el testimonio aislado de la víctima el que aporta los datos suficientes para poder tener por satisfechos los requisitos que para el dictado de un auto de vinculación a proceso exige el artículo 19 de la Constitución Federal, que de ninguna manera tuerce el espíritu de la ley para dictar el auto de esa naturaleza, pues de la exposición de motivos que terminó con la reforma penal de junio de 2008 el legislador federal estableció el estándar probatorio para el dictado del mismo, el cual es distinto al que en su momento se exigía para dictar un auto de formal prisión, por tal razón, en el proceso acusatorio resulta imposible mantener un nivel probatorio tan alto para dictar un auto de vinculación a proceso, en razón de que el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la investigación y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio que caracteriza al sistema acusatorio. Esto tomando en cuenta además que tampoco existen datos de prueba que le permitan a este juzgador considerar que existe otra hipótesis que contradiga ese testimonio aislado de la víctima y como consecuencia origine una incertidumbre racional sobre la hipótesis vertida por el ministerio público que constituye en los hechos de la imputación y genere el ánimo de este juzgador una duda justa que conforme a la razón que establezca el imputado no participó en el hecho que se le imputa. Aunado a que de ser el caso será en etapa de juicio en donde el Tribunal de Debate como lo señala los artículos 336 y 384 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, donde podrá liberar respecto si se actualiza o no la duda a favor del acusado y solo emitirá sentencia condenatoria más allá de toda duda razonable. En esa misma se tesitura, y de igual forma en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Juez Federal, este juzgador considera que para el dictado de la presente resolución basta el sólo dicho de la víctima para tener colmada la tentativa de homicidio, esto no obstante que no se encuentra corroborada con otro elemento probatorio idóneo, lo anterior tomando en consideración que dentro del Sistema Acusatorio Penal que se encuentra vigente en esta Región, la etapa preliminar consta de dos fases, la primera en la que obtiene elementos bastantes para el ejercicio de la acción penal y el dictado de la vinculación a proceso y la segunda posterior al dictado del mismo en la que se allega de elementos para sustentar su acusación, siendo que en esta fase en donde el representante social puede de allegarse de más medio probatorios idóneos que permitan robustecer y corroborar lo manifestado por la propia víctima y por ende tener por acreditada la tentativa de homicidio. De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Juez responsable acató en sus términos la concesión del amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la misma. Lo anterior hágase del conocimiento del Juez de Garantía para los efectos legales procedentes. Sin que obste a lo determinado en este acuerdo, el hecho de que los autorizados legales del quejoso refieran que no hay datos suficientes que acrediten que el imputado cometió el hecho que se le atribuye, toda vez que únicamente existe el testimonio aislado de la víctima, en virtud de que tal extremo no fue materia de la sentencia de amparo, sino únicamente se otorgó el amparo al quejoso para que el Juez responsable dejara insubsistente la resolución reclamada; hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción que le es propia, razonara si se actualiza la duda razonable al ser aislado el testimonio de la víctima respecto de la mecánica de los hechos delictuosos y considerara que para la tentativa de homicidio únicamente existe dicho testimonio aislado sin encontrarse corroborado con otro elemento probatorio idóneo. Toda vez que el Juez natural expuso los motivos jurídicos por los cuales a su criterio no se actualizaba la duda razonable, como ya se vio. Notifíquese; personalmente al quejoso. IIIA

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