Gilberto Rodríguez Pérez
Expediente 153/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gilberto Rodríguez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, trece de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio el veintidós de mayo de dos mil diecinueve (fojas 59 a 63), en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, devuélvase al Presidente de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, los autos originales de la causa penal 07/2016, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, que remitió como justificación de su informe, solicitándole el acuse correspondiente. Notifíquese. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos; advirtiéndose de las copias certificadas deducidas del toca penal 235/2018, del índice de la Sala Penal responsable, así como de las actuaciones originales que integran la causa penal 07/2016 (Anexo I), que se instruye contra el quejoso GILBERTO RODRÍGUEZ PÉREZ, ante el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, que como justificación de su informe remitieron los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, las que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional señalada para este día a las diez horas con cinco minutos, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De las aludidas copias certificadas se advierte que por resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 40 vuelta a 47), los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en el toca penal 235/2018, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Público y por la persona de confianza del procesado, aquí quejoso, GILBERTO RODRÍGUEZ PÉREZ, contra el auto de formal prisión de seis de julio de dos mil diecisiete, que el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, le decretó en la causa penal 07/2016, como probable responsable en la comisión del delito de violación equiparada, cometido en agravio de una menor (de quien se omite su nombre y apellidos completos, en atención al Protocolo de Actuaciones para quienes imparten justicia en caso de que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación); dejaron sin efecto el aludido auto de formal prisión, ordenando la reposición del procedimiento, a partir de la diligencia de catorce de enero de dos mil diecisiete, en la que se recibió la declaración preparatoria del quejoso y le recibiera dicha declaración preparatoria, en la que, atendiendo a los lineamientos fijados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le designara una defensa adecuada, esto es, debería estar asistido por un licenciado en derecho, ya fuera que se tratara de abogado particular o defensor de oficio que contara con el título y la cédula profesional expedidas por la autoridad competente que lo acreditara como profesional del derecho y que lo asistiera en esa y todas las diligencias durante el proceso penal seguido ante autoridad judicial; que llegado el momento, dictara la resolución de plazo constitucional que en derecho procediera. En tanto que de las actuaciones originales que integran la causa penal 07/2016 (Anexo I), que se instruye contra el quejoso GILBERTO RODRÍGUEZ PÉREZ, ante el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, se aprecia que por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 674, 710 y 711 del Anexo I), que el Juez natural tuvo por recibido el oficio 445, por el cual la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que le devolvió los originales de la citada causa penal y copia certificada de la resolución dictada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el toca penal 235/2018, en la que se dejó sin efecto el auto de formal prisión de seis de julio de dos mil diecisiete y se ordenó la reposición del procedimiento a partir de la diligencia de catorce de enero de dos mil diecisiete, en la que se recibió su declaración preparatoria en los términos anteriormente precisados. De igual forma, lo sujetó a término constitucional, señaló fecha y hora para recibir la declaración preparatoria del quejoso y a efecto de salvaguardar el derecho a una defensa adecuada establecido en el artículo 20, Apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenó girar oficio al Director de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, a efecto de que designara un Defensor Público que contara con título y cédula profesional que lo acreditara como licenciado en derecho para que asistiera al inculpado GILBERTO RODRÍGUEZ PÉREZ, en la diligencia de declaración preparatoria correspondiente, la que se llevó a cabo el siete de enero de dos mil diecinueve (fojas 714 a 719 del Anexo I). Y, por resolución dictada el doce de enero de dos mil diecinueve (fojas 731 a 791 del Anexo I), se resolvió la situación jurídica del quejoso, en la que se decretó auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito de violación equiparada, cometido en agravio de una menor (de quien se omite su nombre y apellidos completos, en atención al Protocolo de Actuaciones para quienes imparten justicia en caso de que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación). De lo expuesto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ello es así, en virtud de que la resolución reclamada, en la que se ordenó la reposición del procedimiento dentro de la causa penal 07/2016, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, se sustituyó jurídica y procesalmente por la nueva resolución dictada el doce de enero de dos mil diecinueve, en la que se dictó nuevamente auto de formal prisión contra el quejoso GILBERTO RODRÍGUEZ PÉREZ, razón por la cual, el cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la resolución reclamada y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el aludido auto de formal prisión, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Funda lo expuesto, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 139, del Tomo VIII, Agosto de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 222078, cuyo rubro y texto son: "SITUACION JURIDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTIAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional. Por tal motivo, déjese sin efecto la hora señalada para este día para llevar a cabo la audiencia constitucional. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; por lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado por auto de admisión. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el informe justificado rendido por el Presidente de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que hagan valer lo que a su derecho convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, las documentales que anexa a su informe de ley. Notifíquese. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, trece de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos; advirtiéndose que no obra constancia alguna por la que se acredite que la autoridad responsable, Magistrados de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado , residente en Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, hayan quedado legalmente notificados del acuerdo por el cual se les requirió rindieran su informe justificado (fojas 12 a 16); en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose las diez horas con cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil diecinueve, para su celebración. Notifíquese. MESA III-A
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