Gilberto de Jesús Celaya

Expediente 524/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
524/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/10/2023

Partes del expediente

  • Gilberto de Jesús Celaya

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a las actuaciones de este sumario constitucional el comunicado oficial del Juzgado de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede en Matías Romero, Oaxaca, con anexo, con el cual devuelve diligenciado el despacho origen 681/2023, orden 1201/2023, del que se advierte que fue notificado el aquí quejoso ****, del proveído de diez de octubre de esta anualidad, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, dése de baja de la estadística de este Juzgado, previas anotaciones en el libro de control respectivo y la captura de datos en el Sistema de Integración de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio terminación 6879/2023 remitido vía interconexión, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual, entre otras cosas, acusa recibo e informa la admisión a trámite del impedimento planteado por este órgano jurisdiccional; y señala que fue turnado a la ponencia del ********************, asimismo requiere copias certificadas del presente juicio de amparo, lo cual envíese tales documentales a la superioridad, de lo que se toma conocimiento para los efectos conducentes. Por otra parte, agréguese a las actuaciones de este cuaderno el comunicado oficial del Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo de Matías Romero, Oaxaca, con el cual devuelve sin diligenciar el despacho 642/2023, orden 1147/2023, como fue ordenado en proveído de dos de octubre de dos mil veintitrés, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, dése de baja de la estadística de este Juzgado, previas anotaciones en el libro de control respectivo y la captura de datos en el Sistema de Integración de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cabe precisar que es de tomarse en cuenta la misiva, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificado por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." En otro aspecto glósese a este sumario constitucional el ocurso firmado por ********************, representante del quejoso ********************, mediante el cual atiende lo solicitado en proveído de cinco de octubre de la presente anualidad y proporciona su domicilio del citado quejoso, en su atención se provee: Con fundamento en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, líbrese vía fax o correo electrónico, atento despacho al Juez de Control con sede en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, para que, en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, designe al actuario o fedatario respectivo, a fin de que de MANERA INMEDIATA se presente en el siguiente domicilio ubicado en ********************, y proceda a: ( Notificar personalmente al citado quejoso el presente auto. ( Lo requiera en términos del numeral 15 de la normativa de la materia para que en el acto de la diligencia manifieste si ratifica la demanda promovida a su nombre, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado; y En la inteligencia de que el Juez exhortado está facultado para dictar todas aquellas medidas que estime necesarias para lograr la notificación del referido quejoso, como podrían ser, entre otras, habilitar días y horas inhábiles de acuerdo a lo previsto por el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se solicita al aludido juzgador que una vez diligenciado en sus términos el respectivo despacho, se sirva remitir las constancias correspondientes y los devuelva a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional, poniéndose a su disposición el correo oficial del juzgado 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; siendo innecesario su remisión por la vía ordinaria acostumbrada. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para hacerlo, con el artículo 15, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, dentro del término improrrogable de DOCE HORAS, en relación con los numerales 237, fracción I, 238 y 259 de esa legislación, se hará merecedor de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien unidades de medidas y actualización de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos los comunicados oficiales signados por el Agente del Ministerio Público y Director de Seguridad Pública Municipal, de Matías Romero, Oaxaca; mediante el cual, en atención al diverso 14322/2023 y 14325/2023, rinden informe respecto a lo solicitado en proveído de dos de octubre de esta anualidad, en el que manifiesta que el justiciable Gilberto de Jesús Celaya, fue puesto a disposición de la citada autoridad ministerial, por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de Mariana Cruz Peña; asimismo refiere que el dos de los actuales, fue puesto en libertad el mencionado quejoso. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta el informe, pues no obstante que se remitió vía correo electrónico, éste es un medio de comunicación, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Por lo tanto, a fin de poder llevar a cabo la diligencia encomendada en auto de radicación, con fundamento en los normativos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación armónica con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al promovente Gilberto Andrés de Jesús Luis, para que en el plazo de tres días contados a partir del en que quede notificado de este acuerdo, manifieste el domicilio donde puede ser localizado Gilberto de Jesús Celaya. Por otra parte, vista la razón actuarial de data tres de octubre de la presente anualidad, en la que se advierte la imposibilidad de la fedataria de este órgano jurisdiccional, para enviar el oficio 14323, dirigido a la Secretaría de Marina, con residencia en Matías Romero, Oaxaca; resérvese de proveer hasta en tanto la presente demanda sea ratificada por el directo quejoso, sin que se considere se le realiza algún perjuicio, en atención de que el agente del Ministerio Público con sede en Matías Romero, informó que ya había sido puesto en libertad, y porque además el presente asunto se encuentra pendiente de resolver por parte del Tribunal Colegiado respecto a la causal del impedimento que la suscrita juzgadora hizo valer en acuerdo de dos de octubre actual. Notifíquese

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés Vista la demanda de amparo promovida por ****, a nombre de ***, contra actos del 1. Fiscal local del Estado de Oaxaca, con sede en Matías Romero Avendaño, Oaxaca y otras autoridades De las autoridades responsables señaladas como ejecutoras RECLAMO: La ejecución material de dichos actos puesto que lo mantienen detenido e incomunicado, EN LOS SEPAROS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA, lugar donde se encuentra el directamente quejoso detenido e incomunicado, por ello solicito que se comisione a un actuario para se constituya en los separos de dichas instalaciones, y certifique al directamente quejoso, en virtud del mal trato que le están dando los policías aprehensores, cabe hacer notar que el nuevo sistema penal adversarial prohibe la prolongada detención del gobernado, cuando el delito no amerite prisión preventiva alguna, es por ello que solicito, se requiera a las autoridades responsables para que dejen en inmediata libertad al citado quejoso, en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano que este juzgado otorgará." (sic) ANOTACIONES Fórmese expediente impreso y electrónico, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 524/2023-VI-B, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno Impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. IMPEDIMENTO En el caso, no se analizarán cuestiones inherentes al juicio de amparo de cuenta, pues la suscrita juzgadora se encuentra impedida para conocer del asunto. En principio, es preciso señalar que, con el propósito de garantizar el Estado de Derecho y obtener una recta aplicación de la justicia, el legislador impuso a los juzgadores federales la obligación de rechazar toda coacción ajena en el desempeño de sus funciones, a efecto de que obren libremente en la apreciación del derecho y de la equidad, sin más obstáculos que las reglas fijadas en la propia ley para substanciar el procedimiento y emitir la decisión correspondiente. También se pretende que, se garantice el apego de los funcionarios judiciales de amparo a los principios de imparcialidad y objetividad en la impartición de justicia establecidos en los artículos 17, párrafo segundo y 100, séptimo párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen en lo conducente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Artículo 100. (.) La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia y paridad de género." En efecto, la imparcialidad es una cualidad que deben gozar los juzgadores en el ejercicio de su función, que consiste en la neutralidad que deben presentar respecto a quien solicita una concreta tutela jurídica y respecto de aquel frente a quien esa tutela se solicita. En ese sentido, para asegurar que la administración de justicia efectivamente sea imparcial, el Estado procura que las personas llamadas a impartirla, no solo tengan los conocimientos, cultura y capacidad intelectual necesarios para llevar a cabo esa tarea, sino además, exige que tengan reconocida una amplia moralidad y una aguda responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes. Sin embargo, las funciones jurisdiccionales que nos son atribuidas, pueden verse afectadas por limitaciones particulares al ser entre otros aspectos, sujetos de derecho, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios y situaciones de vida personal; por lo que aun cuando la designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías que procuran asegurar su máxima idoneidad en el cumplimiento de nuestras actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano, sino por una situación propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. Por esa razón, la legislación adjetiva ha establecido la figura jurídica del impedimento, que constituye un aspecto íntimamente vinculado con la idoneidad e imparcialidad que en la administración de justicia exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene la finalidad de limitar las funciones del juzgador para intervenir en aquellos casos en que el legislador consideró que puede verse afectada su imparcialidad, objetividad e independencia. En ese tenor, la figura jurídica del impedimento está referida a la imposibilidad legal que tiene un juzgador para conocer de asunto determinado para no afectar la imparcialidad e independencia en la impartición de justicia, además de proteger la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así alguna situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal o una afectación a las partes. Así, la existencia de los impedimentos hace presumir, razonablemente, que el juzgador no está en aptitud de resolver con imparcialidad e independencia un conflicto sometido a su conocimiento, y ante tal circunstancia la Ley de Amparo establece que éste debe manifestarlo para, consiguientemente, deje de conocer el asunto en donde se motiva. Las anteriores consideraciones se encuentran en la jurisprudencia 1a./J 1/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 460, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro digital 160309, de rubro: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.". En este contexto, los artículos 51, fracción VIII, 52 y 53 de la Ley de Amparo, así como el diverso 39, fracción XVII, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y el numeral 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen: LEY DE AMPARO "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. Artículo 52. Sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior. Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos. Artículo 53. El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. El que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda, en tanto se califica la causa de impedimento." CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES "ARTÌCULO 39. Fijada la competencia de un juez, magistrado o ministro, conforme a lo dispuesto por el capítulo precedente, conocerá del negocio en que se haya fijado, si no se encuentra comprendido en los siguientes casos de impedimento. [...] XVII. Estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que las mencionadas." LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN "Artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguna o alguno de las y los interesados, sus representantes, patronas, patronos o personas defensoras; II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior; III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo; IV. Haber presentado querella o denuncia la persona servidora pública, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, en contra de alguna de las personas interesadas; V. Tener pendiente la persona servidora pública, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguna o alguno de las o los interesados o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto; VI. Haber sido procesada la persona servidora pública, su cónyuge o parientes, en los grados expresados en la misma fracción I, en virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades, por alguna de las personas interesadas, sus representantes, patronos o personas defensoras; VII. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como particular, semejante a aquél que le es sometido para su conocimiento o tenerlo su cónyuge o sus parientes en los grados expresados en la fracción I; VIII. Tener interés personal en asunto donde alguno de los interesados sea juez, jueza, persona árbitro o arbitrador; IX. Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeare alguna de las personas interesadas, tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguna de ellas; X. Aceptar presentes o servicios de alguna de las personas interesadas; XI. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguna de las personas interesadas, sus representantes, patronos o personas defensoras, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos o ellas; XII. Ser persona acreedora, deudora, socia, arrendadora o arrendataria, dependiente o principal de alguna de las personas interesadas; XIII. Ser o haber sido tutora, tutor, curador o curadora de alguna de las personas interesadas o administradora de sus bienes por cualquier título; XIV. Ser persona heredera, legataria, donataria o fiadora de alguna de las personas interesadas, si la persona servidora pública ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido; XV. Ser cónyuge, hija o hijo de la persona servidora pública, acreedora, deudora o fiadora de alguna de las personas interesadas; XVI. Haber sido juez, jueza, magistrada o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia. No es motivo de impedimento para las y los magistrados de los tribunales colegiados de apelación el conocer del recurso de apelación contra sentencias del orden penal cuando hubiesen resuelto recursos de apelación en el mismo asunto en contra de los autos a que se refieren las fracciones I a IX y XI del artículo 467, y fracción I del artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales; XVII. Haber sido persona agente del Ministerio Público, integrante de jurado, perita, perito, testigo, apoderada, apoderado, patrona, patrono, defensora o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguna de las personas interesadas. Tratándose de juicios de amparo, se observará lo dispuesto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores." Como se ve, en todo juicio de amparo, acorde a lo que señalan los numerales insertos, obligan a la suscrita, previo a verificar si un órgano jurisdiccional tiene competencia objetiva (capacidad del órgano para conocer de un asunto), a atender aquéllos casos en que exista alguna causa que impida al juzgador (en lo personal), conocer del asunto, esto es, a revisar si existe competencia subjetiva para ello. Además, como se observa de los indicados numerales, estos prevén que los jueces tenemos el deber de excusarnos del conocimiento de los juicios de amparo en que ocurra alguna de las causas expresadas en el artículo 51 de la Ley de Amparo o cualquiera otra análoga que pueda afectar su imparcialidad, en términos de los diversos 39 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así también, los artículos en comento establecen que los Jueces de Distrito estamos impedidos para conocer de los asuntos en los que intervengan, entre otros casos, si tuvieron relación laboral con alguna de las partes o en casos análogos. Por ello, incluso sin atender si este Juzgado Séptimo de Distrito tiene o no competencia objetiva para conocer del asunto, es indispensable, primero, establecer la inexistencia de algún impedimento de los precisados en párrafos precedentes para conocer del asunto. Lo que obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una sentencia justa. Por lo que, se reitera, todo proceso que se somete a la consideración de un juzgador debe respetar, entre otros, el principio de imparcialidad, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el dispositivo constitucional citado, puesto que una condición esencial de la legitimidad descansa en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y en consecuencia, de la resolución que dicten. Por tanto, a consideración de esta juzgadora Federal, en este asunto, se actualiza la causal prevista en numeral 51, fracción VIII de la Ley de Amparo invocado, debido a que bajo protesta de decir verdad existe una relación laboral con el promovente del amparo, ya que el representante del quejoso presta sus servicios en este órgano jurisdiccional, como Oficial Judicial. De manera que, la relación laboral con el representante Gilberto Andrés de Jesús Luis, es un factor que pudiera generar inconscientemente o subconscientemente una imagen de parcialidad hacía los justiciables, la que además podría verse como falta de imparcialidad por parte de su contraparte, al encontrarse incluso, debido a la integración del órgano, asignado a la sección de la amparo. En consecuencia, esta juzgadora considera que por las circunstancias expuestas se materializa el supuesto previsto en el artículo 51, fracción VIII de la Ley de Amparo, sin que, a consideración de la suscrita, sea necesario aportar medio de prueba alguno para acreditar tales aseveraciones, por ser suficientes las manifestaciones en el sentido precisado. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 16/2020, registro 2021744, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 530, Tomo I, Marzo de 2020, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, LA RELACIÓN LABORAL DEL JUEZ DE DISTRITO CON EL QUEJOSO CONSTITUYE UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDE DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE LA MATERIA. El referido precepto establece situaciones diversas a las que enumera la propia disposición que constituyen situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador, razones por las cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán manifestar su impedimento. Ahora bien, por regla general, el riesgo de pérdida de imparcialidad a que se refiere la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo se actualiza en los casos en los que el Juez de Distrito sostiene una relación laboral con el quejoso por prestar sus servicios en el mismo órgano jurisdiccional de aquél, pues ello constituye una circunstancia suficiente para considerar actualizado un elemento objetivo y razonable que inhibe al operador jurídico de conocer cierto asunto, sin que ello constituya un obstáculo para que los juzgadores rechacen encontrarse impedidos tratándose de aquellos casos en los que el fondo de la controversia planteada no se vincule con el desempeño de las actividades laborales del quejoso." Por lo tanto, tal excusa por el referido impedimento que ahora se invoca, tiene como objeto que tanto la parte quejosa como las autoridades responsables tengan certeza en cuanto a que sus derechos están garantizados ante un órgano jurisdiccional imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia que aparece publicada en la página 1344, del Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo registro 181726, de rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable." Por otra parte, no resulta inadvertido que el criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal señala que no necesariamente existe ese riesgo de imparcialidad si no se encuentra relacionado el acto con las funciones desempeñadas por el promovente de amparo; sin embargo, conforme a la actividad que desarrolla en este órgano jurisdiccional (oficial judicial de base), ello podría implicar ese riesgo a que se refiere el criterio citado. Ante ello, con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Amparo, la suscrita jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, se estima legalmente impedida y por ende se excusa para conocer y resolver en definitiva del presente juicio de amparo. REMISIÓN A LA SUPERIORIDAD PARA LA RESOLUCIÓN DEL IMPEDIMENTO PLANTEADO Al considerar la suscrita que me encuentro legalmente impedida para seguir conociendo del presente asunto, en términos de los artículos 51, fracción VIII, 52 y 54 de la Ley de Amparo en relación con el numeral 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir el juicio en que se actúa, vía interconexión, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, a efecto de que proceda a la calificación de la causa de impedimento que se propone. Lo anterior, con fundamento en el artículo 82 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, en atención al principio de economía procesal, con el fin de preservar recursos del Poder Judicial de la Federación (constancias que tendrán la evidencia criptográfica secretarial a fin de evitar retrasos en la impartición de justicia, pues concuerdan fiel y exactamente con las constancias que obran en el presente juicio de amparo en que se actúa y que se encuentran digitalizadas en el expediente electrónico). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con la Circular DGGJ/12/2020 signada por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, envíese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Trabajo del Decimotercer Circuito, para que tenga a bien remitir la boleta de turno correspondiente al correo electrónico oficial 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de estar en condiciones de remitir vía interconexión el mismo a la superioridad que corresponda. SUSPENSIÓN DE PLANO Como en el caso, se trata de un asunto en donde se encuentra involucrada el peligro de privación de la vida y ataques a la libertad fuera del procedimiento de acuerdo a lo afirmado por el quejoso, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos -que protege el derecho a la integridad personal-, se decreta la suspensión de oficio y de plano a favor del quejoso Gilberto de Jesús Celaya, para lo siguientes efectos: a) Cesen de inmediato o no se realicen los actos de incomunicación de los que pueda ser objeto el directo quejoso, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; b) Para el caso que el directo quejoso se encuentre detenido por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se ponga a disposición del agente del Ministerio Público; c) Para que las autoridades responsables no le impidan tener comunicación de manera privada cuantas veces sea necesario con sus abogados, familiares o con quien estimen pertinente; d) Le permitan realizar una llamada telefónica con sus familiares, con su defensa o con quien estimen necesario. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 136 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que en el improrrogable término de veinticuatro horas rindan informe sobre la privación ilegal de la libertad del quejoso, al que deberán adjuntar copia certificada de la totalidad de las constancias que apoyen su informe; en la inteligencia que si de dicho informe y constancias no se acredita la flagrancia o la urgencia en la detención del quejoso, o bien, no se rinde el informe dentro el término concedido, se ordenará la inmediata libertad del impetrante del amparo con la consiguiente responsabilidad de las potestades; apercibidas que de no hacerlo así se les impondrá multa por cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, en el entendido que de no haber efectuado directamente la detención del quejoso o no contar con constancia alguna de la referida en el párrafo que antecede, deberán precisarlo. DETENCIÓN POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DISTINTAS AL MINISTERIO PÚBLICO. Si la detención del directo quejoso fue efectuada por la autoridad administrativa señalada como responsable, distintas del Ministerio Público, se concede la suspensión para el efecto de que éste sea puesto en inmediata libertad, salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del ministerio público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional, casos en que la medida cautelar se concede para el efecto de que el directo quejoso quede a disposición de este juzgado por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público para que éste determine sobre su libertad si procediese o su detención dentro del plazo y en los términos que el párrafo noveno de dicho numeral Constitucional establece, o bien, determine su consignación a la autoridad judicial. DETENCIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. Si la detención es por parte del Ministerio Público en uso de las facultades que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional Federal, por tratarse de un caso urgente o en caso de flagrancia regulada por el párrafo cuarto del invocado dispositivo constitucional, la suspensión se concede para que el directo quejoso quede a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar en que se encuentre, y a disposición del Ministerio Público por lo que hace a la continuación del procedimiento penal, sin perjuicio de que sea consignada dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según sea el caso, contadas a partir de su detención, o bien, ordene su libertad si procediere; si no se trata de flagrancia o urgencia el accionante constitucional, deberá quedar en inmediata libertad sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación; lo anterior, con fundamento en el párrafo noveno del multicitado numeral. Si la detención obedece a una orden judicial, la suspensión será para el efecto de que se ponga al quejoso de inmediato a disposición del juez correspondiente; en este caso, la autoridad responsable deberá indicar en su informe la fecha y hora de la detención y de la puesta a disposición ante la autoridad judicial. SOLICITUD DE INFORME RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas informen a este juzgado, la forma y términos en que dieron cumplimiento a esta suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo; apercibidas que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una medida de corrección disciplinaria consistente en una multa de cien Unidades de Medida y Actualización en términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la materia. De igual manera, se hace de su conocimiento que de no acatar lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del diverso 262, fracción lll, de esa legislación. En la inteligencia de que dicho informe deberá ser enviado únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vaya a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes. Ello, a efecto de resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." APERCIBIMIENTO. Procédase a indicar a la autoridad responsable, que en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios correspondientes a este proveído dirigidos a su Oficialía, independientemente del turno al que se encuentren. Apercibidas que de no acatar la presente disposición, se dará vista inmediatamente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que proceda conforme a sus atribuciones, pues dicha conducta constituye propiamente un delito contra la administración de justicia en términos del artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo. CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Comuníquese de inmediato esta determinación a las autoridades responsables, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Asimismo, se les hace saber que el presente mandamiento judicial se dirige a tal dependencia en sí misma, por lo que tiene alcance para todos los grupos o unidades que las conformen. Al respecto, es aplicable la tesis VI. 1o.A. 19 K, con registro 179731 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que establece: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO Ahora, toda vez que el promovente bajo protesta de decir verdad refirió que el directo quejoso Gilberto de Jesús Celaya, se encuentra detenido y retenido en los separos de la Policía Municipal de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, con fundamento en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, líbrese vía fax o correo electrónico, atento despacho al Juez de Control con sede en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, para que, en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, designe al actuario o fedatario respectivo, a fin de que de MANERA INMEDIATA se presente en dicho separo, o en cualquier otro lugar donde pudieran estar el directo quejoso, y proceda a: ( Notificar personalmente a éstos el presente auto. ( Dar fe del estado físico en el que se encuentren los quejosos. ( Analizar el libro de registro de entrada, para verificar cuándo ingresó la persona buscada al lugar donde se le ubicó y en específico, el momento exacto de su arribo y de ser posible, los motivos o fundamentos de ingreso a dicho establecimiento y a cargo de qué autoridad se encuentra a disposición en cuanto a su libertad personal. ( Los requiera en términos del numeral 15 de la normativa de la materia para que en el acto de la diligencia manifiesten si ratifican la demanda promovida a su nombre, apercibiéndolos que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado; y ( Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. En la inteligencia de que el Juez de Primera Instancia está facultado para dictar todas aquellas medidas que estime necesarias para lograr la notificación del referido quejoso, como podrían ser, entre otras, habilitar días y horas inhábiles de acuerdo a lo previsto por el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, se solicita al encargado del lugar donde se encuentren los quejosos, proporcione al fedatario judicial comisionado las facilidades necesarias para lo encomendado, debiendo salvaguardar la integridad física de tal funcionario bajo su más estricta responsabilidad. Consecuentemente, se solicita al aludido juzgador que una vez diligenciado en sus términos el respectivo despacho, se sirva remitir las constancias correspondientes y los devuelva a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional, poniéndose a su disposición el correo oficial del juzgado 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; siendo innecesario su remisión por la vía ordinaria acostumbrada. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para hacerlo, con el artículo 15, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, dentro del término improrrogable de DOCE HORAS, en relación con los numerales 237, fracción I, 238 y 259 de esa legislación, se hará merecedor de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien unidades de medidas y actualización de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). APERCIBIMIENTO. Se ordena a las autoridades antes mencionadas, así como a las personas subordinadas a éstas, permitan al actuario judicial adscrito el acceso a sus instalaciones, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Procédase a indicar a las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios correspondientes a este proveído dirigidos a su Oficialía, independientemente del turno al que se encuentren. Apercibidas que de no acatar la presente disposición, se dará vista inmediatamente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que proceda conforme a sus atribuciones, pues dicha conducta constituye propiamente un delito contra la administración de justicia en términos del artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano jurisdiccional por así solicitarlo expresamente. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega del oficio correspondiente a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente, sin ulterior acuerdo, previa razón de imposibilidad que levante para debida constancia, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir las actuaciones que obren en el expediente físico pues, como se precisó en párrafos que anteceden, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente, por tanto, los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Atento a lo anterior, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 263 fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta (invita) a las partes continúen dicha tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los Secretarios del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese; personalmente por despacho al directo quejoso

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