Gilberto García Martínez
Expediente 799/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 15/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gilberto García Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte que el quejoso omitió recurrir el proveído de veinte de abril de dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I inciso d), 86 de la Ley de Amparo, y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto concluido de forma total y definitiva. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución de egreso pronunciada en el mismo y carece de relevancia documental. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Por otra parte, se ordena devolver las copias cotejadas de la carpeta de investigación ++++, tomo I, al Agente del Ministerio Público Investigador del Primer Turno de Teziutlán, Puebla. Sin que haya lugar a solicitarle acuse de recibo de las mismas, porque se trata únicamente de copias cotejadas de dicha carpeta. Por último, se deja establecido que ningún pronunciamiento se hace para la suspensión, debido a que en este asunto nunca se formó el incidente.
- Principal
Se agrega sin mayor acuerdo al expediente el oficio de cuenta, signado por el Representante Legal de Concesiones Integrales S.A. de C.V., mediante el cual informa no haber encontrado registro a nombre de ++++. El agregar, sin mayor acuerdo el oficio de cuenta, obedece a ya haberse acordado mediante auto de doce de abril del año en curso (foja 248).
- Principal
Se ordena agregar al expediente el oficio de cuenta, signado por la Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente Puebla "2", en atención al proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, por el cual acusa recibo de las setenta y cinco Constancias de Situación Fiscal de los homónimos de la persona física +++. Así como por sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en cuenta en futuras solicitudes de información. Por tanto, se tiene cumplido el requerimiento dictado en el mencionado proveído, por hechas sus manifestaciones y se deja sin efecto el apercibimiento decretado en el mismo.
- Principal
Del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se observa que los actos reclamados por el quejoso estriban en lo siguiente: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Licenciado ++++, Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al primer turno de Teziutlán, Puebla. Domicilio convencional. IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al primer turno de Teziutlán, Puebla, la omisión de solicitar dentro de una audiencia privada con el juez de control se gire orden de aprehensión en contra de los señores +++, +++. (Véase fojas 3 y 4). Tales actos fueron reclamados por el quejoso, debido a la inactividad que a su decir existe en la indagatorias +++, y en la cual tiene la condición de víctima por lesiones calificadas cometidas en su agravio (foja 3). Pero la revisión que se hace en este momento a las constancias del expediente constitucional, permite visualizar, la indagatoria de la autoridad responsable y que atañen a las omisiones reclamadas, se tramitan con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio porque iniciaron con una denuncia presentada por su esposa, ratificada por el quejoso el dieciocho de julio de dos mil catorce (véase foja 4). Entonces, resalta en este momento una causal de improcedencia de forma indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad, prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, porque las omisiones reclamadas en la demanda de protección tienen previstas una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar el quejoso antes de promover el control de legalidad extraordinario que es el juicio de amparo. Para demostrarlo, es necesario presentar el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación Del precepto anterior se obtuvo que las víctimas u ofendidos las cuales resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por omisiones atribuibles al Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, para cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Así se desprende de la tesis aislada +++ del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, de rubro: SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Interpretación que ha validado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en días recientes, pues al decidir la contradicción de tesis +++ donde contendió la tesis antes citada- estableció que los preceptos 109 fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad que exista en la indagatoria a cargo del Ministerio Público. Más aún, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las víctimas u ofendidos pueden solicitar al juez de control -en esa ruta ordinaria de impugnación- que examine las actuaciones u omisiones del Ministerio Público que tiendan a paralizar, suspender o terminar una investigación. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, el Ministerio Público reanude la investigación en forma activa hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Ello se desprende de la contradicción de tesis +++, que tiene validez para regir el sentido de este acuerde pese a que esté pendiente de engrose y publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Por consiguiente, es válido afirmar que los actos reclamados por el quejoso -retardo excesivo en las diligencias de la indagatoria ++++, debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definividad. En otras palabras, el quejoso debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra los actos reclamados en la demanda; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar la legalidad de las actuaciones practicadas en la referida indagatoria, fuera adversa a sus intereses o considerara que se emitió sin observar los derechos fundamentales previstos en la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto contra la resolución del juez de control. Por tanto, es válido considerar en este acuerdo que el reclamo planteado por el quejoso, en el presente juicio de protección, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues las omisiones reclamadas en la demanda de protección deben ser impugnadas primero en la ruta ordinaria de impugnación, que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, resulta inviable continuar la tramitación de este juicio de amparo, pues la causal de improcedencia que se estimó actualizada, es notoria y manifiesta conforme al orden jurídico vigente (artículo 258 del código invocado) que ha examinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis ++. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene el quejoso en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría que soslaye la ruta ordinaria de impugnación a la que debe acudir para impugnar el retardo en las diligencias de la indagatoria ++++. Luego, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de protección, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Encuentra aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En tales condiciones, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, que eran a las diez horas con treinta minutos del treinta de abril de dos mil dieciocho. Por último, se ordena informar a las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en su totalidad.
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