Gilberto Estrada Abad
Expediente 538/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gilberto Estrada Abad
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja -ya fuera de manera física o con los requisitos del artículo 3 de la Ley de Amparo, relativo a la firma electrónica-, contra el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 538/2021-VIII. Puebla, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales (en su versión digitalizada), que presentó el quejoso ***, por derecho propio, contra un acto del Juez de Control de la Región Judicial Sur, cDesechamiento. El numeral 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. Se considera que esa hipótesis normativa, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia, debe imponerse a la demanda presentada por el quejoso.... Esos actos permiten visualizar desde este momento, una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo...La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causal de improcedencia que descansa ante la falta del quejoso de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción de amparo, es necesario agotar el recurso o medio de defensa ordinario que por el cual el acto combatido de origen, pueda ser modificado, revocado o nulificado....Ahora bien, del escrito del quejoso se advierte que aquél no combatió el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales...Del contenido del numeral en mención, se advierte que para la procedencia del recurso de revocación, es necesario que éste se promueva ante las resoluciones emitidas dentro de cualquiera de las etapas del proceso penal y que aquellas sean de mero trámite, esto es, que se resuelvan sin sustanciación alguna.... Ahora bien, visto el contenido de la demanda, se observa que el quejoso acude al juicio de amparo debido a que en audiencia inicial de nueve de mayo de dos mil veintiuno, el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla (por su denominación correcta), dentro de la causa penal *, se le impuso una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida de Actualización. Con base a lo anterior, se debe decir que la multa impuesta posee el carácter de una resolución de mero trámite ya que su imposición no requiere de sustanciación alguna para ser impuesta. En ese sentido, el quejoso tuvo la posibilidad de hacer efectivo el indicado medio de defensa (revocación) contra dicha determinación, ya que es a través de aquel que puede modificar, revocar o nulificar la decisión del juzgador de origen, por lo que se actualiza el supuesto de que el quejoso, en atención al principio de definitividad, previo a la promoción de amparo, debió agotar el recurso respectivo. Ello es así, ya que como señala el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el órgano jurisdiccional tiene la facultad de imponer como medida de apremio, entre otros, la multa, con el objeto de hacer cumplir sus determinaciones...Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues contra la multa impuesta por el juzgador de primera instancia, procede el recurso de revocación, ya que la resolución emitida corresponde a aquellas que son de mero trámite y no requiere sustanciación para su emisión, por lo que previo a la promoción de amparo, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que citó para ese propósito en el escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre Oscar Ariel Valencia Matías, porque se encontró su cédula profesional en el sistema electrónico respectivo, y aquél le otorgó facultades amplias en forma expresa, mientras que al diverso profesional que enuncia el quejoso en su escrito de protección, se tendrá autorizado en términos restringidos del aludido numeral, por haberlo solicitado de esa forma de manera expresa por el impetrante de amparo.. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase. on sede en Izúcar de Matamoros -así señalado en su escrito de protección- y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-2 -que causa la enfermedad COVID-19-. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario indicar al quejoso, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para tramitar el presente juicio, bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que solicite la consulta del expediente electrónico, pues resulta indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas, a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El numeral 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. Se considera que esa hipótesis normativa, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia, debe imponerse a la demanda presentada por el quejoso. Para demostrarlo, se transcriben los actos combatidos en la demanda: ".La determinación de fecha NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, emitida dentro de la causa penal 157/2021, por el Juez de Control de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante la cual IMPONE AL SUSCRITO UNA MULTA DE 50 CINCUENTA UNIDADES DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN.". Esos actos permiten visualizar desde este momento, una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Para analizar la actualización de dicha causal, es conveniente citar el contenido textual de dicho dispositivo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causal de improcedencia que descansa ante la falta del quejoso de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción de amparo, es necesario agotar el recurso o medio de defensa ordinario que por el cual el acto combatido de origen, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1100, Tomo VII, Octubre de 1998, Novena Época, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" Ahora bien, del escrito del quejoso se advierte que aquél no combatió el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que die: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Del contenido del numeral en mención, se advierte que para la procedencia del recurso de revocación, es necesario que éste se promueva ante las resoluciones emitidas dentro de cualquiera de las etapas del proceso penal y que aquellas sean de meto trámite, esto es, que se resuelvan sin sustanciación alguna. Su propósito es que el juzgador analice de nueva cuenta su determinación y con base en ello, dicte la resolución respectiva. Ahora bien, visto el contenido de la demanda, se observa que el quejoso acude al juicio de amparo debido a que en audiencia inicial de nueve de mayo de dos mil veintiuno, el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla (por su denominación correcta), dentro de la causa penal 157/2021, se le impuso una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida de Actualización. Con base a lo anterior, se debe decir que la multa impuesta posee el carácter de una resolución de mero trámite ya que su imposición no requiere de sustanciación alguna para ser impuesta. En ese sentido, el quejoso tuvo la posibilidad de hacer efectivo el indicado medio de defensa (revocación) contra dicha determinación, ya que es a través de aquel que puede modificar, revocar o nulificar la decisión del juzgador de origen, por lo que se actualiza el supuesto de que el quejoso, en atención al principio de definitividad, previo a la promoción de amparo, debió agotar el recurso respectivo. Ello es así, ya que como señala el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el órgano jurisdiccional tiene la facultad de imponer como medida de apremio, entre otros, la multa, con el objeto de hacer cumplir sus determinaciones. Dicho numeral refiere lo siguiente: "Artículo 104. Imposición de medios de apremio El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: (.) II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas. El Órgano jurisdiccional también podrá ordenar la expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo la diligencia. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada. La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán dar vista a las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades que en su caso procedan en los términos de la legislación aplicable." Como se dijo previamente, la imposición de la multa por parte del juez señalado como responsable, constituye una resolución de mero trámite que un juzgador puede aplicar con el objeto de que hacer cumplir sus determinaciones y mantener el orden. Sirve de orientación el criterio del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4585, Décima Época, de rubro: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL CONSTITUIR SU IMPOSICIÓN UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO CÓDIGO" Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues contra la multa impuesta por el juzgador de primera instancia, procede el recurso de revocación, ya que la resolución emitida corresponde a aquellas que son de mero trámite y no requiere sustanciación para su emisión, por lo que previo a la promoción de amparo, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Consulta física del expediente. Se hace saber al promovente en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberá agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al promovente que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que citó para ese propósito en el escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre Oscar Ariel Valencia Matías, porque se encontró su cédula profesional en el sistema electrónico respectivo, y aquél le otorgó facultades amplias en forma expresa, mientras que al diverso profesional que enuncia el quejoso en su escrito de protección, se tendrá autorizado en términos restringidos del aludido numeral, por haberlo solicitado de esa forma de manera expresa por el impetrante de amparo. Comunicación con el quejoso. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente, se dispone lo siguiente: A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente y en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se requiere al quejoso para que en el plazo de tres días, proporcione un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual pueda ser contactado. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. De modo que las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Pero deberá seguir el protocolo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal, para la práctica de notificaciones personales, y utilizar el kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que revise las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase. Así lo proveyó y firma María del Carmen Ruiz Medina, Jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Martha Alicia Carballido Zamora, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE DEJÓ AVISO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO --- JUICIO DE AMPARO 538/2021-VIII. Puebla, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales (en su versión digitalizada), que presentó el quejoso ***, por derecho propio, contra un acto del Juez de Control de la Región Judicial Sur, cDesechamiento. El numeral 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. Se considera que esa hipótesis normativa, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia, debe imponerse a la demanda presentada por el quejoso.... Esos actos permiten visualizar desde este momento, una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo...La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causal de improcedencia que descansa ante la falta del quejoso de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción de amparo, es necesario agotar el recurso o medio de defensa ordinario que por el cual el acto combatido de origen, pueda ser modificado, revocado o nulificado....Ahora bien, del escrito del quejoso se advierte que aquél no combatió el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales...Del contenido del numeral en mención, se advierte que para la procedencia del recurso de revocación, es necesario que éste se promueva ante las resoluciones emitidas dentro de cualquiera de las etapas del proceso penal y que aquellas sean de mero trámite, esto es, que se resuelvan sin sustanciación alguna.... Ahora bien, visto el contenido de la demanda, se observa que el quejoso acude al juicio de amparo debido a que en audiencia inicial de nueve de mayo de dos mil veintiuno, el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla (por su denominación correcta), dentro de la causa penal *, se le impuso una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida de Actualización. Con base a lo anterior, se debe decir que la multa impuesta posee el carácter de una resolución de mero trámite ya que su imposición no requiere de sustanciación alguna para ser impuesta. En ese sentido, el quejoso tuvo la posibilidad de hacer efectivo el indicado medio de defensa (revocación) contra dicha determinación, ya que es a través de aquel que puede modificar, revocar o nulificar la decisión del juzgador de origen, por lo que se actualiza el supuesto de que el quejoso, en atención al principio de definitividad, previo a la promoción de amparo, debió agotar el recurso respectivo. Ello es así, ya que como señala el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el órgano jurisdiccional tiene la facultad de imponer como medida de apremio, entre otros, la multa, con el objeto de hacer cumplir sus determinaciones...Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues contra la multa impuesta por el juzgador de primera instancia, procede el recurso de revocación, ya que la resolución emitida corresponde a aquellas que son de mero trámite y no requiere sustanciación para su emisión, por lo que previo a la promoción de amparo, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que citó para ese propósito en el escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre Oscar Ariel Valencia Matías, porque se encontró su cédula profesional en el sistema electrónico respectivo, y aquél le otorgó facultades amplias en forma expresa, mientras que al diverso profesional que enuncia el quejoso en su escrito de protección, se tendrá autorizado en términos restringidos del aludido numeral, por haberlo solicitado de esa forma de manera expresa por el impetrante de amparo.. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase. on sede en Izúcar de Matamoros -así señalado en su escrito de protección- y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-2 -que causa la enfermedad COVID-19-. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario indicar al quejoso, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para tramitar el presente juicio, bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que solicite la consulta del expediente electrónico, pues resulta indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas, a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El numeral 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. Se considera que esa hipótesis normativa, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia, debe imponerse a la demanda presentada por el quejoso. Para demostrarlo, se transcriben los actos combatidos en la demanda: ".La determinación de fecha NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, emitida dentro de la causa penal 157/2021, por el Juez de Control de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante la cual IMPONE AL SUSCRITO UNA MULTA DE 50 CINCUENTA UNIDADES DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN.". Esos actos permiten visualizar desde este momento, una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Para analizar la actualización de dicha causal, es conveniente citar el contenido textual de dicho dispositivo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causal de improcedencia que descansa ante la falta del quejoso de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción de amparo, es necesario agotar el recurso o medio de defensa ordinario que por el cual el acto combatido de origen, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1100, Tomo VII, Octubre de 1998, Novena Época, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" Ahora bien, del escrito del quejoso se advierte que aquél no combatió el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que die: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Del contenido del numeral en mención, se advierte que para la procedencia del recurso de revocación, es necesario que éste se promueva ante las resoluciones emitidas dentro de cualquiera de las etapas del proceso penal y que aquellas sean de meto trámite, esto es, que se resuelvan sin sustanciación alguna. Su propósito es que el juzgador analice de nueva cuenta su determinación y con base en ello, dicte la resolución respectiva. Ahora bien, visto el contenido de la demanda, se observa que el quejoso acude al juicio de amparo debido a que en audiencia inicial de nueve de mayo de dos mil veintiuno, el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla (por su denominación correcta), dentro de la causa penal 157/2021, se le impuso una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida de Actualización. Con base a lo anterior, se debe decir que la multa impuesta posee el carácter de una resolución de mero trámite ya que su imposición no requiere de sustanciación alguna para ser impuesta. En ese sentido, el quejoso tuvo la posibilidad de hacer efectivo el indicado medio de defensa (revocación) contra dicha determinación, ya que es a través de aquel que puede modificar, revocar o nulificar la decisión del juzgador de origen, por lo que se actualiza el supuesto de que el quejoso, en atención al principio de definitividad, previo a la promoción de amparo, debió agotar el recurso respectivo. Ello es así, ya que como señala el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el órgano jurisdiccional tiene la facultad de imponer como medida de apremio, entre otros, la multa, con el objeto de hacer cumplir sus determinaciones. Dicho numeral refiere lo siguiente: "Artículo 104. Imposición de medios de apremio El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: (.) II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas. El Órgano jurisdiccional también podrá ordenar la expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo la diligencia. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada. La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán dar vista a las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades que en su caso procedan en los términos de la legislación aplicable." Como se dijo previamente, la imposición de la multa por parte del juez señalado como responsable, constituye una resolución de mero trámite que un juzgador puede aplicar con el objeto de que hacer cumplir sus determinaciones y mantener el orden. Sirve de orientación el criterio del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4585, Décima Época, de rubro: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL CONSTITUIR SU IMPOSICIÓN UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO CÓDIGO" Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues contra la multa impuesta por el juzgador de primera instancia, procede el recurso de revocación, ya que la resolución emitida corresponde a aquellas que son de mero trámite y no requiere sustanciación para su emisión, por lo que previo a la promoción de amparo, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Consulta física del expediente. Se hace saber al promovente en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberá agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al promovente que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que citó para ese propósito en el escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre Oscar Ariel Valencia Matías, porque se encontró su cédula profesional en el sistema electrónico respectivo, y aquél le otorgó facultades amplias en forma expresa, mientras que al diverso profesional que enuncia el quejoso en su escrito de protección, se tendrá autorizado en términos restringidos del aludido numeral, por haberlo solicitado de esa forma de manera expresa por el impetrante de amparo. Comunicación con el quejoso. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente, se dispone lo siguiente: A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente y en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se requiere al quejoso para que en el plazo de tres días, proporcione un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual pueda ser contactado. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. De modo que las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Pero deberá seguir el protocolo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal, para la práctica de notificaciones personales, y utilizar el kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que revise las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase. Así lo proveyó y firma María del Carmen Ruiz Medina, Jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Martha Alicia Carballido Zamora, secretaria que autoriza y da fe.
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