Gilberto Rojas Coria
Expediente 128/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gilberto Rojas Coria
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 128/2022-VIII. Puebla, Puebla, dos de marzo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja -ya fuera de manera física o con los requisitos del artículo 3 de la Ley de Amparo, relativo a la firma electrónica-, contra el proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este juzgado, que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese
- Principal
JUICIO DE AMPARO 128/2022-VIII. Puebla, Puebla, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Quejoso pretende cumplir prevención Se agrega al expediente el escrito signado por , por derecho propio, por el cual, en atención a la prevención formulada en proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, manifiesta lo siguiente: ".1.- Desechamiento Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece la obligación de examinar la demanda de tutela constitucional, porque de encontrarse una causa indudable y manifiesta de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior se relaciona con el derecho de justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 de la constitución federal, porque este permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. de las manifestaciones vertidas por el quejoso , por derecho propio, refleja que no le acude la calidad de víctima directa del robo del vehículo automotor, esto es, por no ser el propietario ni legal poseedor del vehículo , sino que resulta ser el chofer de dicha unidad y el que denunció los hechos del robo. Entonces, al afirmar el quejoso que no es legítimo propietario del citado vehículo, aunado a que refiere que el mismo ha sido recuperado y estar en posesión de la moral " (empresa en donde labora el quejoso y propietaria de dicho vehículo), resulta improcedente su reclamo, consistente en la omisión de no girar los oficios correspondientes para hacer el cambio de estatus o cancelación de reporte de robo de la unidad vehicular antes mencionada. Se afirma lo anterior, pues del escrito de cuenta el quejoso refiere ser empleado de " .", desempeñándose como operador (chofer), y en donde le son asignadas diferentes unidades vehiculares para sus labores cotidianas. Entonces, se debe decir que si bien el quejoso refiere que se le transgreden sus derechos dejándolo en completo estado de indefensión, lo cierto es que manifiesta en el escrito de mérito que se le asignan diferentes unidades vehiculares para sus actividades laborales dentro de la compañía a la que presta sus servicios. Al respecto, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida prevista en el artículo 61, fracción XXIII3, en relación con el numeral 5, fracción I4, ambos de la Ley de Amparo y el precepto 107, fracción I5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, pues la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, no establece una causa de improcedencia específica, sino una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo derivada de algún supuesto que se desprenda del contenido de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinto a los mencionados en las diversas fracciones de ese precepto. En ese sentido, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que se encuentra el de instancia de parte agraviada, consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a la institución del referido juicio y, que, en esencia, consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Apoya lo anterior, : "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Por su parte, el artículo 5 de la Ley de Amparo, encuentra sustento en el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos, del que se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo: una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por dicha Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Por otro lado, el artículo 6 de la Ley de Amparo, consagra el principio de instancia de parte agraviada, que, en esencia, consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, lo que implica que una persona está legitimada a promover el amparo cuando tenga un derecho que fue vulnerado por el acto autoritario. Así, el juicio de amparo es improcedente cuando quien lo promueve no es la persona afectada por el acto impugnado o bien, no demuestra tener la representación del quejoso, a menos que se trate de algún acto derivado de un procedimiento penal (caso en el que no nos encontramos) en el que el juicio de amparo puede ser presentado por cualquier persona, así como cuando se trata de actos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Supuesto que se encuentra previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora bien, la falta de legitimación del quejoso puede observarse desde dos aspectos; el primero, atendiendo a la legitimación en la causa, la cual refiere a que quien promovió el juicio de amparo es la persona que resintió de manera personal y directa el agravio que le causa el acto reclamado, lo que en la doctrina se reconoce como "agravio personal y directo". El segundo aspecto de la legitimación, la procesal, se refiere a una formalidad procesal, la que se satisface siempre y cuando el que comparece al juicio tenga la representación para hacerlo en nombre del agraviado, en el entendido de que dicha figura jurídica se acreditará conforme la propia ley lo exija. En el caso sujeto al análisis constitucional, el quejoso Gilberto Rojas Coria, acude a esta instancia constitucional por propio derecho, reclamando de las autoridades responsables la omisión de no girar los oficios correspondientes para hacer el cambio de estatus o cancelación de reporte de robo de la unidad vehicular marca: propiedad de la empresa Aunado a lo anterior, refiere ser empleado de la moral de referencia (chofer), sin que se pierda de vista que fue quien denunció los hechos del robo que padeció como chofer del trailer; sin embargo, carece de legitimación para defender en lo individual lo relativo al cambio de estatus o cancelación de reporte de robo de la unidad vehicular de referencia. Es así porque en principio, en lo individual, o por derecho propio, no existe en la Ley de Amparo ni en la disposición aplicable al caso, una norma que otorgue representación al promovente para instar la acción constitucional sobre los derechos relacionados con el cambio de estatus o cancelación de reporte de robo, que se dice, es afectado con los actos de autoridad; en tanto el sólo hecho que sea empleado del lugar donde refiere, así como haber sido quien denunció los hechos del robo de la multicitada unidad, no constituye una figura que otorgue representación jurídica para actuar a nombre de la empresa moral del servicio. Además, de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada, conforme a los referidos artículos 5, fracción I de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, sólo la directamente afectada con alguna actuación u omisión por parte de las responsables, está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, en el caso, es claro que a quien le afecta directamente los actos, sería a la moral " .", por ser ésta la legítima propietaria de dicha unidad y no el peticionario. En ese orden, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada relativa a la falta de legitimación, porque como se advierte de los presentes autos, quien instó la vía constitucional fue Gilberto Rojas Coria, por propio derecho; sin embargo, de lo antes considerado se observa que si bien es cierto, es empleado (chofer) de la moral " .", así como haber sido el denunciante del robo que padeció como chofer del trailer, como se advierte de la demanda, no es suficiente para que promueva el juicio constitucional, por lo que no resiente un agravio personal y directo, ni figura como representante de esa empresa. De ahí que, se itera, resulta incuestionable que los actos reclamados sólo pueden ser combatidos en esta instancia constitucional por la directamente agraviada, a saber: " por conducto de su apoderado o quien legalmente la representante. En consecuencia, dado que el peticionario carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo por propio derecho, pues solo tiene interés simple de que sea devuelto el automotor, ello a pesar de haber manifestado denunciar los hechos del robo de la multicitada unidad, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y el precepto 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción I, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso Gilberto Rojas Coria, porque los actos que reclama actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Notifíquese; de manera personal al quejoso (por lista) y cúmplase.
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JUICIO DE AMPARO 128/2022-VIII. En nueve de febrero de dos mil veintidós Prevención. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte la imprecisión del quejoso en torno al acto o actos reclamados, así como a las autoridades que pretende señalar como responsables, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. En principio, respecto de la irregularidad del acto o actos reclamados, se precisa que el quejoso, textualmente señala en el capítulo relativo al acto reclamado lo siguiente: ".LA NORMA GENERAL ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- Reclamo de las prestaciones. a.- De las ordenadoras: Al Agente del Ministerio Público Licenciado SAUL GUZMÁN HERNÁNDEZ Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con domicilio en Antiguo Camino al Batan Km. 2.5, Sin número, Colonia Lomas de San Miguel Ciudad de Puebla, Estado de Puebla. Al Agente del Ministerio Público Licenciado FRANKIE ZECUA TEPOZ Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con domicilio en Antiguo Camino al Batan Km. 2.5, Sin número, Colonia Lomas de San Miguel, Ciudad de Puebla, Estado de Puebla. La omisión de no tramitar y entregar el oficio correspondiente de baja del reporte de robo (cambio de estatus de robado a recuperado), pese a estar solicitado por escrito fundamentado y ratificado, no respetando el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de Nuestra Carta Magna, estando formulado por escrito de manera pacífica y respetuosa el cual está debidamente sellado de recibido y ratificado, ante el mismo Agente del Ministerio Publico, el cual tiene la obligación de acordar y darme respuesta en breve termino, pero como ya lo he manifestado tiene más de un mes y no me ha dado el tan multicitado oficio ni mucho menos ha dado trámite para la baja del reporte de robo en el sistema, transgrediendo en todo momento mis garantías individuales y dejándome en completo estado de indefensión. b.- De la ejecutora: Abogado Jonathan Pérez Vara, Coordinador General de Análisis de la información de la Fiscalía General del Estado de Puebla, no dar de baja el reporte de robo (cambio de estatus de robado a recuperado) del sistema de los vehículos: 1.- marca: International tipo tracto camión, modelo 2006, con número de serie: , con placas de circulación número: del Servicio de Auto Transporte Federal, con numero de motor: 2. acoplado a una caja seca marca del Servicio Público Federal....." Luego, en el capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad el quejoso refiere: "1.- Que con fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, al C. Gilberto Rojas Coria, le fue robado el vehículo marca: International tipo tracto camión modelo 2006, con número de serie: con placas de circulación número: del Servicio de Auto Transporte Federal, con numero de motor ..., por el robo del tracto camión y caja antes descritos, ambos propiedad de la persona Moral denominada Logística y Carga S.A. de C.V. [.] ".indicándole tanto al Representante Legal como al operador de nombre ." [.] "2.- [.] pero pasan los días y no me da el oficio ni respuesta personal ni mucho menos a mi escrito presentado el día 27 de diciembre del 2021." [.] ".ocasionado un el daño moral ocasionado a la Persona Moral denominada LOGISTICA Y CARGA S.A. DE C.V. y al C. , ya que le ha generado daños físicos al perder su libertad durante cuarenta y ocho horas en el Ministerio Publico de la Ciudad de Apizaco, Estado de Tlaxcala; y daño económico ya que no puede trabajar ya que el vehículo anteriormente mencionado sigue detenido." Ahora, en el capítulo de conceptos de violación, el quejoso refiere: ".PRIMERO. La falta u omisión de no dar contestación ni mucho menos tramite el escrito presentado ante el Ministerio Publico con fecha 27 de diciembre de 2021." [.] ".A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la Autoridad a quien se haya dirigido la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve termino al peticionario."[.] ".la autoridad responsable al no justificar o señale el motivo o razón por el cual es omiso en darme contestación al escrito de fecha 27 de diciembre de 2021." Lo cual resulta impreciso de cuál o cuáles son los actos que pretende reclamar y a que autoridades les atribuye dicho señalamiento. Esto es así, pues el reclamo planteado por el quejoso está circunscrito a "entregar el oficio correspondiente de baja del reporte de robo"; empero, como ya se precisó en líneas anteriores, el quejoso hace referencia a la omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Agente del Ministerio Publico de nombre Saúl Guzmán Hernández, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, perteneciente a la Fiscalía del Estado de Puebla, asignándole el número de carpeta Lo cual genera imprecisión a lo que se pretende reclamar y a las autoridades que deben ser llamadas a juicio, pues se genera duda sobre la verdadera pretensión del quejoso dado que de la demanda se desprende que el citado vehículo se encuentra detenido ante una Agencia del Ministerio Publico de Apizaco, Tlaxcala. Aunado a lo anterior, el quejoso no acredita ser el legítimo propietario del multicitado vehículo, -dado que promueve por propio derecho-, aunado a que tampoco comprueba ser el representante legal de la persona moral denominada " Logística y Carga, S.A. de C.V.". De ahí la necesidad de que se aclare la demanda, empero, debe indicarse que la aclaración tendrá que realizarla el quejoso sin variar los antecedentes de la demanda, porque estos ya fueron relatados con la protesta de decir verdad. Por consiguiente, deberá evaluar el quejoso la pertinencia de limitar lo que se le está indicando, a fin de evitar la introducción de antecedentes novedosos que pudieran implicar la comisión del delito previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo. Todo lo cual obliga a requerir la aclaración de la demanda de amparo, con el propósito de no dejarlo en estado de indefensión respecto de las imprecisiones entre el señalamiento del acto reclamado, autoridades responsables y de los antecedentes de la demanda. No obstante, la aclaración deben realizarla el quejoso porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual resulta viable que el quejoso perfeccione el señalamiento de autoridades responsables y actos reclamados, así como de los antecedentes, dado que esto corresponde a quienes suscriben la demanda en términos del artículo 108, de la Ley de Amparo. Dichas aclaraciones se realizan en beneficio del quejoso, puesto que de no hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión respecto del acto y autoridades que aquí se pretenden señalar. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, III, IV, V y 114 fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a Gilberto Rojas Coria, para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando les surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Acredite ser el legal propietario de los vehículos: marca: International tipo tracto camión, modelo 2006, con número de serie: *** del Servicio Público Federal. 2. Precise cual es el acto que pretende reclamar, dado que hace referencia a la omisión de acordar un escrito, a la detención del citado vehículo y a la entrega del oficio de baja del reporte de robo. 3. Precise la autoridad que deberá ser señalada como responsable, acorde a la entidad donde pueda haberse radicado la carpeta de investigación, por la supuesta detención de vehículo. Al margen de lo anterior, se informa al quejoso que la diferencia que llegara a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Indicación que también se hizo en el diverso juicio de amparo 244/2021 -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria-. Escrito aclaratorio. Se requiere al quejoso que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes. Pese a lo anterior, se le informa que si presenta su escrito aclaratorio, con su firma electrónica y a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, quedará exento de la obligación de exhibir copias del escrito aclaratorio e incluso de algún escrito posterior. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizado del quejoso. Se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones del quejoso, las listas que se fijen en este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado. De igual forma, se tienen como autorizados sólo para oír y recibir notificaciones a Arleth Neyri Ramírez Arroyo, Giovanni Alan Ramírez Arroyo y Marcos Israel Ramírez García, dado que así fue solicitado expresamente por el quejoso; aunado a que no se encontró registro alguno de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Prueba Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, queda anunciada como prueba a favor del quejoso, el escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Agente del Ministerio Publico de nombre Saúl Guzmán Hernández, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, perteneciente a la Fiscalía del Estado de Puebla, dentro de la carpeta * Notifíquese; de manera personal al quejoso (por lista) y cúmplase.
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