Gilberto Díaz Hernández
Expediente 325/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 325/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gilberto Díaz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mesa II-B * "...En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Del estado procesal de los autos y desprendiéndose de los mismos, concretamente de la certificación que antecede, que ya transcurrió el plazo para que el quejoso hiciera valer el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en este asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo primero, párrafo segundo del mencionado Acuerdo General se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del mismo acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
Mesa II-B * "...En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil diecisiete. En el oficio que se atiende, el presidente de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca remite copia certificada de diversas constancias del expediente laboral J.32/0337/2015; sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, ya que en acuerdo de veintiocho de abril pasado, se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto. Notifíquese...
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en la especie se actualiza una causa de improcedencia la cual debe ser analizada de oficio en términos del artículo 62 de la ley de Amparo. En la especie Gilberto Díaz Hernández, señaló como acto reclamado de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de tomar las medidas necesarias para lograr mayor economía, concentración y sencillez en el expediente laboral 337/2015, promovido contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el sentido de que ha sido omisa en calificar las pruebas ofrecidas por las partes, en señalar fecha y hora para su desahogo; y como consecuencia, la omisión de dictar laudo. Ahora, si bien se señala como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 337/2015, no debe tenerse como tal; atendiendo a que del contenido integral de la demanda, así como del informe justificado rendido por la responsable, se aprecia que la omisión en que incurre dicha autoridad es la de calificar las pruebas ofrecidas por las partes, mismas que se reservó calificar en la audiencia de cuatro de enero de dos mil diecisiete; las cuales, una vez desahogadas, permitirán a la responsable estar en aptitud de emitir el laudo correspondiente. Ciertamente, la omisión en que incurre la responsable debe calificarse conforme a la naturaleza del acto reclamado y la etapa procesal en que se encuentra el juicio donde se produce tal omisión. Así, si la responsable omitió calificar las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral de mérito, y por ende, efectuar su desahogo, este órgano jurisdiccional debe delimitarse a examinar hasta esa etapa procesal del citado procedimiento laboral. Por tanto, se tiene como acto reclamado únicamente la omisión de calificar las pruebas ofrecidas en el expediente laboral 337/2015. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis 2a. CV/2013 (10a) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 732, diciembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por otra parte, obra en autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual convino en la existencia del acto que se le atribuyó; sin embargo, manifestó que con fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, se dictó el auto de calificación de pruebas, señalándose diversas fechas para su desahogo. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas del referido auto que anexó la responsable a su informe justificado, las que cuentan con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2º. En la especie, de oficio se advierte que respecto del acto atribuido a la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de calificar pruebas en el expediente laboral 337/2015, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque de las constancias que obran en autos se advierte que han cesado en sus efectos. A efecto de evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente: La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo. Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. Al rendir su informe justificado el presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, exhibió copia certificada del acuerdo dictado el treinta de marzo de dos mil diecisiete en el expediente laboral 337/2015, del que se advierte que proveyó las pruebas ofrecidas por las partes y señaló fecha y hora para el desahogo de aquellas que lo requieren. De ahí que se actualice la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos, pues con el pronunciamiento emitido en el citado acuerdo, la omisión en calificar las pruebas atribuida a la autoridad responsable dejó de existir y por consecuencia cesaron sus efectos. Bajo esa óptica, es incuestionable que la conducta omisiva reprochada a la responsable y que motivó la promoción del presente sumario, cesó al haberse pronunciado el acuerdo señalado en el párrafo que antecede, en la que se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 337/2015, ya que la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales del quejoso, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tal virtud con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio fuera de audiencia. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, cause agravio al quejoso o lo prive de defensa, pues, ni aun celebrándose ésta, el impetrante podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable, por lo que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia. En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional (once horas con diez minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO CON FUND EN EL ART 27 FRAC I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO)
- Principal
Mesa II-B * "En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Agréguese el informe justificado descrito en la cuenta y téngase como prueba la documental que anexa; dése vista a las partes. Ahora bien, en razón que las partes no tendrán conocimiento del informe que hoy se agrega, como lo establece el artículo 117 de la ley de la materia; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el dos de mayo del actual, desde este momento se difiere para las once horas con diez minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete Notifíquese personalmente.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Gil Melgar Hernández750/2020
- Gil Melgar Hernandez15/2022
- Gil Ramón de Jesús4/2023
- Gilberta Aguilar Olvera1559/2015
- Gilberto Andrés Ramos Jarquín743/2023
- Gilberto Andrés Ramos Jarquín744/2023
- Gilberto Efrén Martínez Acevedo589/2023
- Gilberto Enríquez Razo494/2019
- Gilberto Espinoza López o Gilberto Mendoza López506/2015
- Gilberto García Esparza395/2021
- Gilberto Hernández Martínez1210/2015
- Gilberto Jiménez García1250/2018