Gil Ramón de Jesús
Expediente 4/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 4/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gil Ramón de Jesús
- Director de la Estación Migratoria en el Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que los disidentes hayan impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En diverso aspecto, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en cumplimiento a lo señalado por el capítulo siete, punto 7.4, relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, aun cuando en este juicio de amparo se desechó de plano el escrito inicial, lo cierto es que en el proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, se otorgó a los justiciables la suspensión de oficio y de plano respecto de las actuaciones combatidas; por tanto, se estima que este expediente es susceptible de depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional procederá a su depuración, por lo que deberán conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, en donde se concedió la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos combatidos, la resolución de veinticuatro de febrero del año en curso, en donde este Juzgado Federal desechó de plano la demanda de amparo y la presente determinación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense sin mayor proveído los instrumentos presentados por el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México, porque el veintitrés de febrero del año en curso, se recibió un oficio y diversos anexos de contenido similar y se proveyó lo que en derecho correspondía el veinticuatro de febrero posterior; además, en la data indicada en último orden se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional por las razones establecidas en ese proveído, por lo que la citada autoridad deberá estarse a lo decidido en esa resolución judicial. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense sin mayor proveído los dos sobres que devuelve la empresa de mensajería acelerada "********************", los cuales contienen los oficios ***/*** y ***/**** con la inserción de los acuerdos de seis y de doce, ambas datas de enero del año en curso, respectivamente, dirigidos al Comisionado Nacional de Migración, porque en el acuerdo de tres de febrero de dos mil veintitrés, dictado en este juicio de amparo, se tuvo al Comisionado del Instituto Nacional de Migración -en su denominación correcta-, por rendido el informe sobre la suspensión de oficio y de plano concedida a los disidentes ********************, ********************, ******************** y ******************** respecto de los actos reclamados; de ahí que no es factible proveer sobre la reexpedición de las citadas comunicaciones, porque mediante esos comunicados se requirió a la referida entidad pública para que informara su acato a la medida cautelar señalada, porque hasta ese momento no obraba en autos; empero, tal situación ya acaeció, por lo que ante esta última situación es innecesario notificar a la responsable una prevención que ya ha atendido. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, del contenido de los comunicados con los que se da cuenta se advierte que el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México en atención al requerimiento de uno de febrero de dos mil veintitrés, informa lo siguiente: 1. Que en la base de datos de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México no se localizó algún registro a nombre de la quejosa ********************, por lo que señala que desconoce el paradero y la ubicación del lugar en el que pudiera encontrarse actualmente la referida disidente; en ese sentido, refiere que solo puede pronunciarse en cuanto a la situación migratoria de las personas que hayan estado a su disposición en la institución a su cargo, por lo que implícitamente reconoce que no dictó alguna resolución en cuanto a la mencionada justiciable. 2. En relación con los inconformres ********************, ******************** y ******************** hace del conocimiento lo siguiente: 2.1. Que el veintiocho y el treinta y uno, ambas datas de diciembre de dos mil veintidós, los citados quejosos fueron puestos a disposición de esa autoridad migratoria, por lo que reconoce que sí estuvieron alojados temporalmente en ese lugar; lo anterior, con motivo de los procedimientos administrativos migratorios que instrumentó en contra de los disconformes, los cuales señala que se iniciaron porque no contaban con la documentación legal y/o trámite migratorio alguno que acreditara su estancia legal en el país. 2.2. Sostiene que en los procedimientos administrativos migratorios que se instruyeron en contra de ********************, de ******************** y de ******************** ya se dictaron las resoluciones correspondientes en las que determinó su situación migratoria, por lo que señala que esos procedimientos ya están concluidos; además, indica que en cumplimiento a las resoluciones que indica, el dos de enero del año en curso, los disidentes fueron trasladados a la Estación Provisional de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, lo cual se ordenó realizar mediante el oficio ********************, dirigido al encargado de esta última estación migratoria, de la propia data y precisa que ese traslado no fue para que los disidentes fueran alojados en la Estación Provisional de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, sino para que en cumplimiento de las resoluciones indicada, en ese lugar se les dejara en libertad y para que abandonaran el país por sus propios medios. 2.3. Refiere que a los disidentes ********************, ******************** y ********************, se les otorgó la salida de las instalaciones de la Estación Provisional de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, por lo que aduce que quedaron en libertad y que el haberlos enviado a esa estación migratoria fue para que ese lugar atendiera las notificaciones de las resoluciones de salida definitiva del país por sus propios medios; en tal sentido, refiere que desconoce si los disidentes actualmente están alojados en una estación migratoria diversa, así como su paradero y su ubicación, o bien, si los disidentes dieron cumplimiento a los procedimientos administrativos migratorios seguidos en su contra o no. Al respecto, se tiene a la oficiante por atendida la prevención de uno de febrero de dos mil veintitrés, se toma conocimiento de las circunstancias que expone y se recibe la documentación que exhibe. Por otro lado, no es factible tener por reconocido el domicilio procesal que señala ni como su delegada a la persona que designa con esa calidad, porque la citada autoridad no figura como responsable en este asunto y el ejercicio de esas prerrogativas corresponde a un ente público que tenga la calidad de parte en este asunto. En diverso aspecto, del contenido integral de la demanda se amparo presentada por ********************, a favor de ********************, ********************, ******************** y ******************** se advierte que se reclaman los actos siguientes: Del Comisionado Nacional de Migración, del Director y del Subdirector, ambos de la Estación Migratoria en Oaxaca, y del encargado de la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración, con sede en la capital de esta entidad federativa, combaten: La retención y el alojamiento prolongado en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México. El traslado de los quejosos de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México a las Subrepresentaciones Locales del Instituto Nacional de Migración en esta entidad federativa ubicadas en Oaxaca de Juárez, en Huatulco, en La Ventosa, en Juchitán y en San Pedro Tapanatepec. La orden de deportación y su ejecución. Enseguida, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial y de las constancias que integran este sumario se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ******************** a favor de la quejosa ********************, porque en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables descritos en los párrafos anteriores se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 y 15 del propio ordenamiento, porque el promovente no tiene legitimación procesal activa para acudir a esta instancia constitucional a ejercer la acción de amparo favor de dicha justiciable y en cuanto a los disidentes ********************, ******************** y ******************** se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción de amparo regulada por el arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, porque cesaron los efectos de las actuaciones impugnadas señaladas. I. ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ORDINAL 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 6 Y 15 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, EN CUANTO A LOS ACTOS RECLAMADOS POR LA QUEJOSA ********************. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." De los numerales transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia. También se advierte que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada; esto es, la para la procedencia de este medio extraordinario de defensa se requiere necesariamente que el acto reclamado cause un perjuicio al gobernado que se estime afectado; es decir, que ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por lo que esa situación provoca la génesis de la acción constitucional, la cual puede ejercerla el propio justiciable, o bien, por su representante o apoderado, por su defensor o por cualquier otra persona en los casos previstos por la ley de la materia. El arábigo 6 de la Ley de Amparo prevé la legitimación procesal activa que se traduce en la potestad legal del gobernado para acudir a los órganos jurisdiccionales a pedir el inicio de la tramitación del juicio; o sea, se presenta cuando la acción de amparo es ejercida por quien tiene aptitud legal para hacerla valer, ya sea porque es titular del derecho subjetivo público o porque cuenta con la representación legal o convencional del titular del derecho, o bien, es defensor del agraviado o se trata de cualquier persona, en los casos en los que se reclame algún acto señalado por el normativo 15 de la citada legislación, a saber, se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el inconforme se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Al respecto es ilustrativa la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 76, Primera Parte, página 45, séptima época, con registro 232899, de rubro y texto siguiente: "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo". Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que ********************, quien promovió a favor de la quejosa ********************, señala como actos reclamados a las autoridades responsables los consistentes en: a) la retención y el alojamiento prolongado en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México; b) el traslado de la justiciable de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México a las Subrepresentaciones Locales del Instituto Nacional de Migración en esta entidad federativa ubicadas en Oaxaca de Juárez, en Huatulco, en La Ventosa, en Juchitán y en San Pedro Tapanatepec; y, c) la orden de deportación y su ejecución. Por otro lado, de la razón elaborada por la fedataria judicial adscrita a éste órgano de administración de justicia el dos de enero del año en curso, se desprende que al acudir a las instalaciones de la Oficina de la Subrepresentación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca se entrevistó con la persona que se identificó como Agustín Ortiz Lara, Agente Federal de Migración, en turno, quien le informó que después de realizar una búsqueda en el sistema de ingresos de esa dependencia no encontró registro alguno de la quejosa ********************, por lo que estableció que no le fue posible atender la encomienda dada en el proveído de dos de enero pasado, dictado en este medio extraordinario de defensa. En otro punto, en los proveídos de seis y de diez, ambas datas de enero del año en curso, dictados en este juicio de amparo, se recibieron sendos oficios presentados por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta entidad federativa en lo que informó que desconocía el lugar exacto al cual fue trasladada la quejosa ********************, puesto que las Subrepresentaciones Locales del Instituto Nacional de Migración en esta entidad federativa ubicadas en Oaxaca de Juárez, en Huatulco, en La Ventosa, en Juchitán y en San Pedro Tapanatepec le informaron que no tenían registro de que la citada justiciable haya ingresado a esas estaciones migratorias procedente de una diversa de la Ciudad de México, por lo que aseveró que no contaba con algún comunicado del que se desprendiera la puesta a disposición o el traslado de la disidente a alguna de las estaciones migratorias en esta entidad federativa. En diverso aspecto, en los comunicados con los que se da cuenta, se desprende que el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México, en atención al requerimiento de uno de febrero de dos mil veintitrés, informa que en la base de datos de esa estación migratoria, no se localizó algún registro a nombre de la quejosa ********************, por lo que señala que desconoce el paradero y la ubicación del lugar en el que pudiera encontrarse actualmente la referida disidente; en ese sentido, refiere que solo puede pronunciarse en cuanto a la situación migratoria de las personas que hayan estado a su disposición en la institución a su cargo, por lo que implícitamente reconoce que no dictó alguna resolución en cuanto a la mencionada justiciable. Además, del comunicado ******************** de dos de enero del año en curso, que la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México envió al encargado de la Estación Provisional de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca no se desprende que la quejosa ******************** haya sido trasladada de la estación migratoria señalada en primer orden a la segunda de las indicadas. Con base en los elementos anteriores, se arriba a la conclusión de que ******************** no estaba legitimado para promover el juicio de amparo a favor de la agraviada ******************** conforme a lo estatuido por el arábigo 15 de la Ley de Amparo, porque en la fecha de la presentación de la demanda de amparo la disidente gozaba de su libertad personal y no existía obstáculo que le impidiera promover por sí este juicio de protección de los derechos fundamentales en términos de lo prescrito por el numeral 6 de la citada legislación. Se sostiene lo anterior, porque de las constancias descritas no se advierte que la justiciable haya sido retenida y alojada de forma prolongada en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México, o bien, que haya sido trasladado de la estación migratoria aludida a las Subrepresentaciones Locales del Instituto Nacional de Migración en esta entidad federativa ubicadas en Oaxaca de Juárez, en Huatulco, en La Ventosa, en Juchitán y en San Pedro Tapanatepec; en tal sentido, dado que la inconforme no ha estado privada de su libertad personal, no se encontraba imposibilitada para promover el presente juicio constitucional en términos de lo señalado por el precepto 15 de la Ley de Amparo, sino que podía ejercer por sí la acción de amparo al gozar de su libertad ambulatoria en la fecha de la presentación de la demanda de amparo. No escapa que en la demanda de amparo el promovente señaló que el uno de diciembre de dos mil veintidós, la quejosa ******************** estaba privada de la libertad personal en la Estación Migratoria de Las Agujas, con asiento en la Ciudad de México, y que en esa data acudió a la citada dependencia para entrevistarse con ella, donde le informó que la estaban preparando para trasladarla al Estado de Oaxaca, para su deportación a su país; empero, como se indicó, con las constancias descritas está demostrado que la justiciable no ha estado privada de su libertad personal en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México, ni en las Subrepresentaciones Locales del Instituto Nacional de Migración en esta entidad federativa ubicadas en Oaxaca de Juárez, en Huatulco, en La Ventosa, en Juchitán y en San Pedro Tapanatepec. En esos términos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 y 15 del propio ordenamiento, porque ******************** no estaba legitimado para promover el juicio de amparo a favor de la agraviada ********************, conforme a lo estatuido por el arábigo 15 de esa legislación, sino que la justiciable podía ejercer la acción constitucional por sí, como lo establece el dispositivo 6 del citado ordenamiento, al no tener impedimento alguno para hacerlo; por tanto, con fundamento en lo prescrito por el normativo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo. II. ESTUDIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ORDINAL 61, FRACCIÓN XXI, EN CUANTO A LOS ACTOS RECLAMADOS POR LOS JUSTICIABLES ********************, ******************** Y ********************. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de la disposición jurídica invocada, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." [.]" Como es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Lo expuesto se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, junio de 1999, tomo IX, página 38, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Para el Alto Tribunal del país la improcedencia señalada se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de lo previsto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo no existe motivo para la promoción y resolución del juicio constitucional, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, junio de 1999, tomo IX, página 38, que expone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Una vez que ha sido explicado lo que el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido en torno al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado" podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo indicada. Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que ********************, quien promovió a favor de los quejosos ********************, ******************** y ********************, señala como actos reclamados a las autoridades responsables los consistentes en: a) la retención y el alojamiento prolongado en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México; b) el traslado de los justiciables de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México a las Subrepresentaciones Locales del Instituto Nacional de Migración en esta entidad federativa ubicadas en Oaxaca de Juárez, en Huatulco, en La Ventosa, en Juchitán y en San Pedro Tapanatepec; y, c) la orden de deportación y su ejecución. Por otro lado, de la razón elaborada por la fedataria judicial adscrita a éste órgano de administración de justicia el dos de enero del año en curso, se desprende que al acudir a las instalaciones de la Oficina de la Subrepresentación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, se entrevistó con la persona que se identificó como Agustín Ortiz Lara, Agente Federal de Migración, en turno, quien le informó que después de realizar una búsqueda en el sistema de ingresos de esa autoridad migratoria no encontró registro alguno de los quejosos ********************, ******************** y ********************, por lo que estableció que no le fue posible atender la encomienda dada en el proveído de dos de enero pasado, dictado en este medio extraordinario de defensa. En otro punto, en los proveídos de seis y de diez, ambas datas de enero del año en curso, dictados en este juicio de amparo, se recibieron sendos oficios presentados por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta entidad federativa en lo que informó que desconocía el lugar exacto al cual fueron trasladados los quejosos ********************, ******************** y ********************, puesto que las Subrepresentaciones Locales del Instituto Nacional de Migración en esta entidad federativa ubicadas en Oaxaca de Juárez, en Huatulco, en La Ventosa, en Juchitán y en San Pedro Tapanatepec le informaron que no tenían registro de que los citados justiciables hayan ingresado a esas estaciones migratorias procedentes de una diversa de la Ciudad de México, por lo que aseveró que no contaba con algún comunicado del que se desprendiera la puesta a disposición o el traslado de los disidentes a alguna de las estaciones migratorias en esta entidad federativa. En diverso aspecto, en los comunicados con los que se da cuenta, se desprende que el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México, en atención al requerimiento de uno de febrero de dos mil veintitrés, informa lo siguiente: 1. Que el veintiocho y el treinta y uno, ambas datas de diciembre de dos mil veintidós, los citados quejosos fueron puestos a disposición de esa autoridad migratoria, por lo que reconoce que sí estuvieron alojados temporalmente en ese lugar; lo anterior, con motivo de los procedimientos administrativos migratorios que instrumentó en contra de los disconformes, los cuales señala que se iniciaron porque no contaban con la documentación legal y/o trámite migratorio alguno que acreditara su estancia legal en el país. 2. Sostiene que en los procedimientos administrativos migratorios que se instruyeron en contra de ********************, de ******************** y de ******************** ya se dictaron las resoluciones correspondientes en las que determinó su situación migratoria, por lo que señala que esos procedimientos ya están concluidos; además, indica que en cumplimiento a las resoluciones que indica, el dos de enero del año en curso, los disidentes fueron trasladados a la Estación Provisional de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, lo cual se ordenó realizar mediante el oficio ********************, dirigido al encargado de esta última estación migratoria, de la propia data y precisa que ese traslado no fue para que los disidentes fueran alojados en la Estación Provisional de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, sino para que en cumplimiento de las resoluciones indicada, en ese lugar se les dejara en libertad y para que abandonaran el país por sus propios medios. 3. Refiere que a los disidentes ********************, ******************** y ********************, se les otorgó la salida de las instalaciones de la Estación Provisional de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, por lo que aduce que quedaron en libertad y que el haberlos enviado a esa estación migratoria fue para que ese lugar atendiera las notificaciones de las resoluciones de salida definitiva del país por sus propios medios; en tal sentido, refiere que desconoce si los disidentes actualmente están alojados en una estación migratoria diversa, así como su paradero y su ubicación, o bien, si los disidentes dieron cumplimiento a los procedimientos administrativos migratorios seguidos en su contra o no. Lo anterior evidencia que de acuerdo a lo indicado por el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México, a los disidentes ********************, ******************** y ******************** se les otorgó la salida de las instalaciones de la Estación Provisional de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, por lo que los justiciables quedaron en libertad, en cumplimiento a los procedimientos administrativos migratorios seguidos en su contra, por lo que esa situación da pauta a sostener que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos de las actuaciones combatidas. No se pierde de vista que el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta entidad federativa sostuvo que desconocía el lugar exacto al cual fueron trasladados los quejosos ********************, ******************** y ********************, puesto que las Subrepresentaciones Locales del Instituto Nacional de Migración en esta entidad federativa ubicadas en Oaxaca de Juárez, en Huatulco, en La Ventosa, en Juchitán y en San Pedro Tapanatepec le informaron que no tenían registro de que los citados justiciables hayan ingresado a esas estaciones migratorias procedentes de una diversa de la Ciudad de México y que aseveró que no contaba con algún comunicado del que se desprendiera la puesta a disposición o el traslado de los disidentes a alguna de las estaciones migratorias en esta entidad federativa; empero, esas situaciones no se oponen con lo señalado en el comunicado ******************** de dos de enero del año en curso, que la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México le envió al encargado de la Estación Provisional de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, sino que corroboran que en las estancias migratorias de esta entidad federativa no se encuentran los justiciables actualmente. Bajo esa óptica, es incuestionable que los actos reprochados que motivaron la promoción del presente sumario cesaron porque a los disidentes ********************, ******************** y ********************, se les otorgó la salida de las instalaciones de la Estación Provisional de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, por lo que los justiciables quedaron en libertad, en cumplimiento a los procedimientos administrativos migratorios seguidos en su contra, ya que la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales de la parte quejosa fue reparada, como si en el caso de que se hubiera substanciado este medio extraordinario de defensa se les hubiera concedido el amparo y la protección de la Justicia Federal; de ahí que se actualice el supuesto de inejercicio de la acción de amparo examinado. Al respecto, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional la tesis P.CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, noviembre de 1997, tomo VI, página 71, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En esos términos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, porque en cuanto a los actos reclamados que ******************** señaló en la demanda de amparo respecto de los quejosos ********************, ******************** y ******************** cesaron los efectos de las actuaciones impugnadas; por tanto, con fundamento en lo prescrito por el normativo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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