Gilberto Andrés Ramos Jarquín
Expediente 743/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gilberto Andrés Ramos Jarquín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que este sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 743/2023, promovido por ********************, contra el acto de la autoridad que más adelante se precisará. El problema jurídico en este asunto consiste en analizar la omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite catastral formulada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el cuál, hasta la fecha de la presentación de la demanda (20 de julio de dos mil veintitrés) no se había atendido; y si con ello se transgrede el derecho tutelado por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, mediante escritura pública cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y ocho, volumen quinientos veintiocho, de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Notario Público ciento cinco del Estado de Oaxaca, compareció para adquirir, por contrato de compraventa, la fracción restante del terreno ubicado en el paraje denominado "********************", en términos de la municipalidad de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. Derivado de lo anterior, mediante solicitud de trámite catastral de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, presentada ante la Delegación Catastral en el distrito judicial de Zimatlán del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, el fedatario público solicitó, a nombre del quejoso, el traslado de dominio del inmueble descrito en líneas anteriores. Aduce el promovente que ha comparecido en diversas ocasiones ante la autoridad pero no ha dado respuesta. Es por ello que acude a esta instancia constitucional en defensa de su derecho de petición. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El veinte de julio de dos mil veintitrés, ********************, presentó demanda de amparo, misma que fue turnada a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, con la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que se precisará en el apartado correspondiente. En proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se registró con el número 743/2023 se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto atribuido al Delegado Catastral en el distrito judicial de Zimatlán del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, y como acto reclamado, la violación a su derecho de petición al no dar trámite a su solicitud presentada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el cuál, hasta la fecha de la presentación de la demanda no se había atendido; asimismo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. El quejoso señaló como derecho fundamental violado el contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y las autoridades responsables tienen su residencia en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama lo siguiente: "Reclamo de la autoridad señalada como responsable la violación a mi derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que a la fecha ha sido omisa en dar respuesta a la solicitud de trámite catastral formulada con fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno" De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado, el Delegado Catastral de Zimatlán y Sola de Vega del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, agregó que el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió en la Delegación Catastral de Zimatlán y Sola de Vega, Oaxaca, la solicitud de Trámite Catastral de folio ********************, signada por ********************, Notario Público ciento cinco en el Estado, donde aparece como adquiriente el aquí quejoso ********************; con motivo de lo anterior, mediante formula oficial valorada con el número ********************, de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se dio respuesta a la referida solicitud, lo cual le fue notificado el nueve de agosto del año que transcurre, por conducto de su autorizado ********************; por tanto, se tiene por cierto el acto aquí reclamado. La determinación anterior tiene sustento en la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito18, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la certeza de esa actuación se patentiza con la constancia que remitió la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, a la que se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2º. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación20, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. PROCEDENCIA A consideración de este juzgador, el juicio de amparo es improcedente, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, como se especificó, la parte quejosa reclamó la omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite catastral formulada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el cuál, hasta la fecha de la presentación de la demanda no se había atendido. Bajo esa tesitura, de autos se aprecia que el Delegado Catastral de Zimatlán y Sola de Vega del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, el nueve de agosto de dos mil veintitrés, mediante forma oficial valorada con el número ********************, de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dio respuesta a la Solicitud de Trámite Catastral, lo cual le fue notificado al impetrante del amparo el nueve de agosto del año que transcurre, por conducto de su autorizado ********************. Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite catastral formulada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el cuál, hasta la fecha de la presentación de la demanda no se le había dado, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al haberle dado respuesta a su solicitud de Trámite Catastral, se destruyeron los efectos de lo reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si la negativa ficta aducida no hubiera existido, pues ya no existe silencio por parte de la autoridad, sino que está ya se pronunció sobre la solicitud de la parte quejosa, lo que ya no se estima que invade la esfera jurídica del particular. Por tanto, lo pretendido por la parte afectada al promover el juicio de amparo, era que cesara el silencio de la responsable en relación a que se le diera respuesta a su Solicitud de Trámite Catastral, lo cual, se satisfizo, toda vez que mediante formula oficial valorada con el número ********************, de nueve de agosto de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dio respuesta a la referida solicitud, lo cual le fue notificado el nueve de agosto del año que transcurre por conducto de su autorizado ********************. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente" VII. DECISIÓN En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, este juzgador determina que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el diverso 63 fracción V de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en contra del acto atribuido a la autoridad responsable, en términos de lo razonado en el apartado VI de este fallo constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Del estado de autos se advierte que el informe justificado rendido por el delegado Catastral de Zimatlán y Sola de Vega del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, se agregó el pasado dieciséis de agosto, notificado a las partes el diecisiete siguiente, lo que hace evidente que a la fecha no ha transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se impongan del contenido de dicho informe como lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para este día, se reprograma para las diez horas con diez minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.1 Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado descrito en la cuenta y téngase como prueba del delegado Catastral de Zimatlán y Sola de Vega del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, la documental que remite para tal efecto. Con el informe y la documental referida con antelación, dese vista a las partes. Notifíquese.
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