Gilberta Felipe Gallegos
Expediente 497/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gilberta Felipe Gallegos
Actuaciones
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguense a los autos el oficio 805 de cuenta, firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el veinticuatro de mayo último, en el juicio de amparo directo 1/2018, promovido por Gilberta Felipe Gallegos, de la que se advierte se sobreseyó en dicho juicio; de lo anterior se toma nota para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. IV-A
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguense a los autos el oficio 1675/2018, de cuenta, firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, mediante el cual comunica que en el amparo directo 1/2018, se aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo promovida por Gilberta Felipe Gallegos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), con registro 2009916, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, del rubro y texto siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. Notifíquese. IV-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a trece de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Gilberta Felipe Gallegos, por su propio derecho, contra actos del 1) Juez de Control en Materia Penal y 2) Tribunal de Enjuiciamiento, ambos con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, dentro de la causa penal 329/2016, que hace consistir, literalmente, en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. ACTOS RECLAMADOS: PRIMER ACTO RECLAMADO. 1.- Del JUEZ DE CONTROL EN MATERIA PENAL con residencia en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca le reclamo: LA FALTA DE NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE ASESOR JURÍDICO PARA LA VÍCTIMA dentro de la causa penal 329/2016, FALTA DE ASESOR JURÍDICO que se dio durante el procedimiento de las etapas ya mencionadas en las celebración de las respectivas Audiencias ya indicadas como se puede constatar en los respetivos audios videos de grabación de las referida audiencias celebradas en el procedimiento penal de corte acusatorio oral la primera audiencia de ETAPA INICIAL DE COMUNICACIÓN DE IMPUTACIÓN (artículo 309 primer párrafo, artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales) y la segunda audiencia fechada el día catorce del mes de junio del año dos mil diecisiete, EN SU ETAPA INTERMEDIA (artículos 334, 335, 338, 339 del Código Nacional de Procedimientos Penales), de ambas etapas señaladas, por LA FALTA DE NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE ASESOR JURÍDICO PARA LA VÍCTIMA dentro de la causa penal en cita. A FALTA DE ASESOR JURÍDICO que se dio durante el procedimiento de las etapas ya mencionadas, se transgrede e infringe los preceptos legales de Garantía y Derechos Humanos protegidos por la Constitución Federal, reconocimiento de derechos dirigidos hacia la víctima con rango constitucional, el derecho humano de acceso a la justicia a fin de defender a las personas en contra de actos que vulneren sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución que es el objeto de la ley REGULAR Y GARANTIZAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DEL DEBIDO PROCESO con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales DE LAS VÍCTIMAS quien podrá intervenir legalmente en todo el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido, incluido, en segunda instancia, EL CUAL NO PUEDE SER SUPLIDO POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, toda vez y en razón de que EL ASESOR LEGAL tiene facultades exclusivas y especiales en materia de atención a los pasivos del delito; incluso, cuenta con la obligación de VIGILAR LA ACTUACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL, CUANDO SE CONSIDERE DEFICIENTE. Es más, las autoridades judiciales tienen obligación de considerar a los pasivos y sus asesores jurídicos como partes en el proceso, por lo que ambos normativamente cuentan con una participación activa; en consecuencia, la participación de la víctima u ofendido dentro del proceso penal no podría ser eficaz, si no cuenta con una adecuada y especializada asesoría jurídica proporcionada de manera gratuita por el Estado, cuando no quiera o no pueda hacer su designación, de donde se advierte que se trata de un derecho fundamental irrenunciable. Considerar lo contrario, sería desatender el esfuerzo del reformador constitucional y ordinario, cuyo objetivo, como se ha visto, es el que la víctimas y ofendidos, cuenten con mayor y efectiva participación mediante las mismas herramientas que el imputado, para hacer frente a los procesos penales en que intervienen en defensa de sus derechos, con lo que sin duda, se busca el equilibrio procesal entre las partes. en su caso, no se le designó uno oficiosamente, en términos de los artículos 109, fracciones VII y XV y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 12, fracción IV, 14, 42, 43, 117, fracción II, 124, fracciones I y 125, de la Ley General de Víctimas, 20, inciso c), fracción I, de la Constitución, a fin de que dicho asesor legal participara activamente como parte y así velar por los intereses de la ofendida, aquí parte quejosa; esto es para que estuviera en aptitud de combatir en nombre de la víctima u ofendida por los medios ordinarios o extraordinarios, inclusive sobre la cuantía de Reparación de Daño e imposición del tiempo de penalidad de privación de libertad a que se sentencia, Y SOBRE LA INCOHERENCIA DEL JUEZ EN EL DICTADO DE SENTENCIA (Sentencia de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete) por cuanto a que SI REFIERE en el capitulo titulado CONSIDERANDO en su apartado SEXTO de FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA (ADECUACIÓN NORMATIVA) (a foja 23 párrafo último a foja 24 primero, segundo y tercer párrafos) AL DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA EN AGRAVIO DE LA NOMBRADA QUEJOSA, COMETIDO POR HERMELINDO DIEGO SALGADO, y en su Capítulo Titulado RESUELVE, NO SE PRONUNCIA EN LA SENTENCIA SOBRE SI ABSUELVE O SI CONDENA AL PROCESADO imputado por el DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA EN AGRAVIO DE LA NOMBRADA QUEJOSA, COMETIDO POR HERMELINDO DIEGO SALGADO, Juzgador que no cumple con la exigencia del artículo 17 en su segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO ACTO RECLAMADO. 1.- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA; DENTRO DE LA CAUSA PENAL NÚMERO 329/2016 EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL PENAL, le reclamo: LA SENTENCIA de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, emitida en la causa penal 329/2016 penal de corte acusatorio oral, porque LA SENTENCIA ES INCOHERENTE, el Tribunal de Enjuiciamiento-Jueces, no se pronuncian, ni queda establecida en dicha sentencia SI CONDENAN O SI ABSUELVEN al sentenciado HERMELINDO DIEGO SALGADO, por la comisión del delito de DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA EN AGRAVIO DE LA NOMBRADA QUEJOSA GILBERTA FELIPE GALLEGOS en su carácter de VÍCTIMA DIRECTA. En el dictado de la Sentencia de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, LOS JUECES que resuelven (por unanimidad de votos como queda establecido en el capitulo titulado SENTENCIA en su apartado DÉCIMO), SI REFIEREN en el capitulo titulado CONSIDERANDO en su apartado SEXTO de FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA (adecuación normativa) AL DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA EN AGRAVIO DE LA NOMBRADA QUEJOSA, COMETIDO POR HERMELINDO DIEGO SALGADO, y en su Capitulo Titulado RESUELVE, NO SE PRONUNCIAN EN LA SENTENCIA SOBRE SI ABSUELVEN O SI CONDENAN AL PROCESADO imputado por el DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA EN AGRAVIO DE LA NOMBRADA QUEJOSA, COMETIDO POR HERMELINDO DIEGO SALGADO, Juzgadores que no cumplen con la exigencia del artículo 17 en su segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de esta causa penal 329/2016, a las partes (Imputado Procesado y Jueces del Tribunal de Enjuiciamiento) por medio de la formulación de acusación realizada en la audiencia de su ETAPA INTERMEDIA artículo 342, 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales y del y del Alegato de Apertura artículo 347 de la misma legislación antes invocada, se les hizo saber y de su pleno conocimiento el DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA EN AGRAVIO DE LA NOMBRADA QUEJOSA, COMETIDO POR HERMELINDO DIEGO SALGADO, Y EN LA SENTENCIA de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, emitida en la causa penal 329/2016 penal de corte acusatorio oral, los Jueces del Tribunal de Enjuiciamiento no se pronuncia, ni queda establecida en dicha sentencia SI CONDENA O SI ABSUELVE al sentenciado HERMELINDO DIEGO SALGADO, por la comisión del delito de DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA EN AGRAVIO DE LA NOMBRADA QUEJOSA GILBERTA FELIPE GALLEGOS en su carácter de VÍCTIMA DIRECTA; por tanto resulta ser INCOHERENTE la SENTENCIA dictada, porque que no cumplen con la exigencia del artículo 17 en su segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DEJANDO IMPUNE LA COMISIÓN DE ESE DELITO YA REFERIDO, LO QUE REPRESENTA QUE SE AGRAVIA DE MANERA IRREPARABLE A LA HOY QUEJOSA COMO VÍCTIMA INDIRECTA, VIOLANDO SUS GARANTÍAS, DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS HUMANOS POR EL TIPO DE DELITO, SIENDO ASÍ QUE NO SE DA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL MANDATO CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA IMPARTIDA POR LOS TRIBUNALES EXPEDITOS EN LOS PLAZOS Y TERMINOS FIJADOS POR LA LEY EMITIENDO SUS RESOLUCIONES DE MANERA PRONTA COMPLETA E IMPARCIAL." Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa sustancialmente hace consistir el acto reclamado en: La sentencia de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 329/2016, por el Tribunal de Enjuiciamiento con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. La falta de nombramiento y designación de asesor jurídico en su carácter de víctima directa y víctima indirecta, en las diligencias celebradas en las diversas etapas procesal la causa penal 329/2016, del índice del Juzgado de Control en Materia Penal en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Establecido lo anterior, es que este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado." Por su parte, los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.).". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Por tanto, si el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 329/2016, por el Tribunal de Enjuiciamiento con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y una violación cometida durante el procedimiento. De lo expuesto, resulta evidente que con la emisión del acto reclamado por la citada autoridad responsable, no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente el criterio con número de registro 2005422, Décima Época, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar De la Tercera Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Página: 2953, que es de rubro y texto literal siguiente: "AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME A LOS SUPUESTOS LEGALES PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 170 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 170, fracciones I y II de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo directo está sujeta a dos reglas, a saber: una general y otra especial. La regla general se surte cuando en el juicio natural el quejoso obtiene un fallo desfavorable, o bien, uno parcialmente en su favor -fracción I del artículo 170-. En tal supuesto, lo jurídicamente trascendente es la afectación a la esfera de derechos del impetrante, derivada de haber obtenido un fallo desfavorable a sus intereses, o de no alcanzar todo lo que persiguió en el juicio, con lo cual, sin duda, se colma el interés jurídico necesario que justifica la procedencia del juicio de amparo directo, cuya materia de análisis puede involucrar temas tanto de legalidad como de constitucionalidad. Por su parte, la regla especial opera respecto de fallos definitivos y resoluciones que pongan fin a los juicios contenciosos administrativos, pronunciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal -fracción II del artículo 170-. Esta hipótesis cobra aplicación cuando el fallo recaído en algún juicio contencioso administrativo del conocimiento de los tribunales de que se trata, es de tal modo favorable que acoge íntegramente la pretensión perseguida por el actor en el propio juicio, de ahí que, en tal evento, el juicio de amparo directo procede sólo para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, siempre y cuando, a su vez, resulte procedente y fundado el recurso de revisión que interponga la autoridad demandada en el juicio natural. Por tanto, para efecto de la procedencia del juicio de amparo directo, no deben confundirse los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 170 de la nueva Ley de Amparo, pues la regla general es que el juicio de amparo directo procede cuando el quejoso haya obtenido una sentencia desfavorable, o una parcialmente en su favor, con independencia de la materia que involucre el asunto -fracción I-, mientras que la regla especial se surte en el caso de que el impetrante -actor en un juicio contencioso-, obtenga un fallo de tal modo favorable que acoja íntegramente la pretensión buscada en el juicio, y resulte fundado y procedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, en términos del artículo 104 de nuestra Carta Magna, en cuya hipótesis el juicio de amparo directo procede exclusivamente para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, ya que en esa hipótesis, el impetrante está en posibilidad de obtener un beneficio mayor al inicialmente alcanzado en el juicio contencioso -fracción II-." Ahora bien, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad refiere la parte quejosa, a los cuales se les concede valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la impetrante tiene reconocido el carácter de víctima en dicha causa penal, lo anterior se concluye del análisis que se efectúa a los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa en su demanda de amparo, de los que se desprende, que: 1.- Gilberta Felipe Gallegos -víctima- compareció a las diligencias desahogadas en la causa penal 329/2016, ante el Juez de Control en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 2.- En dicha causa penal el Tribunal de Enjuiciamiento con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, dictó sentencia, en la que refiere la quejosa se omitió especificar si se condenaba o se absolvía al sentenciado Hermelindo Diego Salgado, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja en agravio de la aquí quejosa. De lo anterior se advierte que la parte quejosa se duele toralmente de la sentencia dictada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 329/2016, por el Tribunal de Enjuiciamiento con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; resolución que pone fin al juicio, pues además de lo que resolvió en lo principal, lo da por concluido y la ley común concede el medio de impugnación respectivo. En esa virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de la parte quejosa, respecto del acto reclamado. En consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, para lo que tenga a bien determinar lo conducente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa en el escrito inicial de demanda; y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a María de Lourdes Quevedo Palacios, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, existe registrada cédula profesional a su favor y a Ramón Rincón Huerta, únicamente para oír y recibir notificaciones, en virtud de que no aparece registrada cédula profesional alguna a su favor, que lo faculte legalmente a ejercer la profesión, sin perjuicio de que una vez que acrediten tal carácter con la documental idónea, se le tenga por autorizado en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo reformado. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la Secretaria del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. Téngase por hecha la manifestación expresa de la quejosa, en el sentido de que se opone a la publicación de sus datos personales, para que sea tomada en consideración en su momento procesal oportuno. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), con registro 2009916, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, del rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.". Notifíquese y cúmplase. IV-A
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